Los periodistas no se prestarán al juego del gobierno y no legitimarán la “ley mordaza” que se les quiere imponer bajo la fachada de “ley antirracismo” participando en la elaboración de un reglamento que no significará otra cosa que aprobar los mecanismos mediante los cuales la prensa será acallada y las conciencias apresadas.
Boris Quisbert (izq) participa en la reunión del oficialismo que define el reglamento de la llamada ley “mordaza” (fotos Abi)
Sin embargo el gobierno no cejará en su empeño y para ello ya tiene el instrumento para aparentar una participación de los periodistas. Se trata del dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisbert, el “traidor”, como le gritaron sus colegas al verlo negociando con el oficialismo un reglamento de una ley que sepultará la libertad de expresión; es este mismo dirigente el que sugirió que los medios de comunicación que supuestamente incurran en actitudes racistas, pasen a manos de los trabajadores.
Quisbert, quien durante mucho tiempo quiso ocultar su militancia masista es visto de manera permanente en el palacio de Gobierno donde acude a reunirse con el portavoz gubernamental Iván Canelas de quien recibe instrucciones para intentar dividir a la organizaciones de la prensa.
En estos días se comenta que por debajo se estaría moviendo importantes cantidades de dinero para que aparezcan “periodistas alternativos” o como se llamen, que respaldan los artículos 16 y 23 de la “ley antirracismo”. Además se emitió una orden de palacio para que todos los relacionistas de las entidades públicas asistan a la reunión donde supuestamente debía iniciarse el análisis y el debate de la reglamentación de la cuestionada ley. En realidad de lo que se trata es de hacer bulto y montar el “show” porque la reglamentación, igual que la propia ley, ya está lista y no se le cambiará ni una coma al proyecto original elaborado por el Ejecutivo.
Los inquisidores del “proceso de cambio” 
Los rectores de las universidades en todas partes del mundo son personalidades eminentes, de una trayectoria intelectual destacada y se constituyen en custodios de la libertad de pensamiento. Por ello gozan del apelativo de “magnífico”. Lamentablemente algunos no se hacen merecedores de este tratamiento y se han convertido en vulgares inquisidores.
El actual ministro de Educación, Roberto Aguilar fue rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) pero ahora se ha dado a la tarea de censor amparado por la llamada “ley anticorrupción” cuyas nefastas implicaciones ya se están viendo.
En su despacho un grupo está valuando el contenido de los textos de estudios utilizados en escuelas y colegios. De lo que se trata es de identificar aquellos que, supuestamente, tienen un contenido “racista”. Es de este modo que autores como Alcides Arguedas, Enrique Finot y Gabriel René Moreno serán borrados de la memoria. Es probable que muchos no estén de acuerdo con los criterios de estos y otros escritores pero el pretender prohibirlos o limitar su difusión muestra una actitud oscurantista más propia del medioevo que del muy poco convincente “socialismo del siglo XXI”.