Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Reservas en duda
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Bajo el Penoco, El Día: A ponerse armadura
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Los Tiempos: ¿DEL CONTROL DE LA INFORMACIÓN AL CONTROL TOTAL?
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El Deber: El secreto del gas
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Cambio: La justicia tarda, pero llega
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La Prensa: Ya es tiempo de gobernar
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El Diario: ¿Es posible regular el derecho a pensar?
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El Mundo: La madeja
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Opinión: Nueva Ley de Pensiones a la mesa de discusión
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Clarín, Argentina: Las lecciones de la epopeya chilena
El Día: Reservas en duda
Ha causado justificada preocupación tanto en las esferas gubernamentales como en la opinión pública, los recientes trascendidos acerca del informe preliminar de la empresa consultora norteamericana Ryder Scott Company Petroleum Consultants, sobre las reservas de gas bolivianas. De resultar ciertas las cifras que se manejan, Bolivia pasaría de ser gran país exportador de gas natural a país sin gas ni para el mercado interno en un lapso de tan sólo doce años. La tendencia a la baja de las reservas de gas, según los datos de la consultora, impediría no sólo planificar la venta al exterior por carecer del energético, sino que colocaría al país en la lista de países que necesitan importar gas.
Resulta lógico suponer qué tan sombrías perspectivas sobre las reservas de gas liquidarían de plano los proyectos de industrialización del gas boliviano y pondrían en entredicho el futuro de la economía nacional basada en los ingresos que genera la exportación de este recurso natural no renovable. El Gobierno, por tanto, está en la obligación de informar al país de forma clara y amplia, cuál es la verdadera situación sobre este asunto de interés nacional y cuáles son las medidas de contingencia que va a adoptar en breve para evitar una debacle económica de consecuencias preocupantes.
Conviene recordar que en el año 2002 las reservas de gas bolivianas alcanzaban a los 52,3 trillones de pies cúbicos (TCF), según los cálculos de Goldyer & Naughton que realizó la certificación sobre el 98 por ciento de las reservas probadas y probables. Desde entonces ha informado que las reservas han bajado a 27 TCF en el 2005. Tan drástica caída ha movido al Gobierno a contratar a la Ryder Scott Company Petroleum Consultants, para salir de dudas. Esta consultora anuncia que las reservas alcanzan sólo para doce años. ¿Son datos fiables? ¿Qué se hará al respecto? ¿Se oculta información?
Existen sectores de opinión que señalan que las deficiencias más notorias son la exploración y la explotación de nuevas reservas, donde no se ha invertido por inseguridad jurídica y la falta de agenda económica que favorezca y atraiga la inversión privada. En esas condiciones resulta obvio que las reservas disminuyan, aunque no al ritmo que se ha anunciado. Por tal razón, resulta imprescindible que el Gobierno cumpla con las normativas de informar la cuantía de las reservas de gas cada año, de modo que se pueda adoptar medidas correctivas para mantener el flujo comprometido para el mercado externo como fuente de ingreso de divisas y satisfacer el mercado interno.
Ante tales perspectivas pintadas como desalentadoras, corresponde se imponga la verdad de cara al país. ¿Se esfuman la exportación de gas, la provisión del mercado interno y la industrialización del gas prometidas? Frente al plazo fatal, conviene se tomen las previsiones pertinentes. La certificación de las reservas debe dejar de ser un misterio del mismo modo que viabilizar la inversión privada en la exploración y explotación de gas deviene en una necesidad ineludible que el Gobierno debe asumir más temprano que tarde. Porque de lo que haga o deje de hacer en este campo depende el futuro económico de Bolivia.
Viabilizar la inversión privada en la exploración y explotación de gas deviene en una necesidad que se debe asumir más temprano que tarde.
Bajo el Penoco, El Día: A ponerse armadura
El Presidente ha vuelto de Chile más enojado de lo que estaba. Allá se lo observó algo encogido al lado de Piñera, que parecía un presentador de circo, con amplia sonrisa y cuerda para rato. Ayer volvió a insultar a los periodistas. Dijo que son unos farsantes, porque hacen firmar libros a favor de la libertad de expresión sólo en las horas de los noticieros y después no pasa nada. El Gobierno ha conformado una suerte de soviet, al que le ha encargado la enumeración de todas las sanciones que se les podrán aplicar a los medios de comunicación y periodistas que incurran en lo que ellos definan como “racismo”. Como se sabe, el jefazo siempre ha considerado que todo el que lo critica por cualquier motivo, lo discrimina y de esa forma ha acumulado una rabia enorme contra la prensa. En un acto público dio una idea de las ganas que les tiene a los periodistas, cuando comentó sobre un partido de fútbol que jugará este fin de semana contra un equipo de la localidad chapareña de Tiraque. Ha prometido que no habrá rodillazos, siempre y cuando no lo provoquen. A ponerse armadura señores, ya saben dónde.
Los Tiempos: ¿DEL CONTROL DE LA INFORMACIÓN AL CONTROL TOTAL?
Como en las épocas más represivas del medioevo y del oscurantismo militarista, las autoridades del Estado decidirían qué y cómo se lee
En medio del bombardeo de noticias sobre las movilizaciones en contra de dos artículos de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y el caso de la operación de salvataje de mineros enterrados a 700 metros en Chile, casi pasa desapercibida una noticia difundida por la ANF según la cual el ministro de Educación habría declarado que "ciertos libros, a pesar de ser considerados patrimonio literario de Bolivia, deben ser leídos con ‘orientación’ especialmente si tienen contenidos de racismo o discriminación".
Añade la nota que ese dignatario aseguró que "habrá textos a los cuales se deba incluir advertencias para los jóvenes y niños como se hace en las películas indicando que son para gente con criterio formado, ya que el tema no es la prohibición, sino la orientación para ayudar a entender el texto que tenga contenido racista o discriminador". Por último, el ministro de Educación habría dicho que en "algunos textos se habla de los salvajes aymaras o quechuas y esto es una distorsión y falta de respeto para una determinada cultura".
Obviamente esta información está relacionada con la Ley 045 y es una muestra por demás objetiva de lo que se pretende impulsar desde el Gobierno central: un proceso que bajo el pretexto de "descolonizar" busca reglamentar la vida cotidiana de la gente.
No es una posición nueva, pero sí en muchos sectores se creyó que luego de la experiencia del hitlerismo y el stalinismo en la vieja Europa, del tiempo de las dictaduras en América Latina, el control de la lectura de la ciudadanía era algo impensable o restringido a ámbitos religiosos y primaría el respeto al libre arbitrio del individuo. Ahora, como en las épocas más represivas del medioevo y del oscurantismo militarista, se estaría buscando que sean las autoridades del Estado las que decidan qué y cómo se lee.
Los jóvenes, seguramente, no recuerdan los controles y censura que había durante las dictaduras militares en el país. En esas ápocas la tendencia de cualquier texto de marxismo significaba una agravante para la represión y hubo quema de libros, como desaparición de textos en colegios y universidades. No debe olvidarse que en Argentina, por ejemplo, se quitó de las bibliotecas públicas y universitarias (y se requisaba de las particulares en los allanamientos que la Policía secreta realizaba) incluso textos científicos que a criterio de los mandamases de turno eran considerados subversivos. Se llegó a eliminar la teoría de conjuntos por ser peligrosa para la formación del alumno. En Bolivia, y a manera de anécdota sobre a qué extremos de ridiculez -no por ello menos represiva- puede llegar este afán controlador, se acusó a un intelectual de marxismo por tener, entre otros libros, un "Tratado sobre Cubismo"…
Entonces, las autoridades de turno justificaban estas acciones porque esa literatura convertía en "tontos útiles del comunismo" a sus eventuales lectores. Hoy, el pretexto es apoyar el proceso de descolonización que, al parecer, sólo es un instrumento más para avanzar en el control total de la sociedad como ha advertido el vicepresidente del Estado.
¿Hacia ese destino caminamos?
El Deber: El secreto del gas
El tamaño de las reservas de gas que tiene el país se ha convertido en un misterio desde hace cinco años, debido a la falta de la certificación por parte de empresas especializadas.
Esta situación se presenta a pesar de que las exportaciones de gas generan el principal ingreso del Tesoro General de la Nación y también a pesar de que la ley ordena que la empresa estatal informe todos los años sobre el estado de las reservas.
La empresa Ryder Scott fue contratada en enero de este año para hacer el trabajo de certificación, pero el plazo de entrega del informe fue aplazado por el propio Gobierno, en dos oportunidades, sin ninguna explicación. Eso ha dado lugar a mucha inquietud pero también a que se divulguen cifras preocupantes que se filtraron y que son comentadas por expertos en la materia, generando mayor preocupación en la opinión pública.
Todas las cifras que se filtraron revelan que las reservas probadas de gas natural están por debajo de los 10 TCF (billones de pies cúbicos), lo que es preocupante porque la última vez que las midieron estaban en 24 TCF.
En esta situación, el experto Álvaro Ríos, que fue cabeza del sector en un anterior Gobierno, dijo que las actuales reservas sólo garantizan el nivel de explotación de estos días por doce años. Un cálculo basado en que las reservas serían de 9 TCF pone en duda la perspectiva de que el país siga exportando los niveles comprometidos a Brasil y Argentina, además de atender la creciente demanda interna.
Ante estas y otras expresiones de preocupación, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que él no conoce las cifras sobre las reservas y que sin embargo garantiza que las existentes permiten cumplir los compromisos de exportación y con el consumo interno.
Pero los expertos, que conocen detalles del informe demorado, opinan lo contrario y recomiendan que se aplique una política que aliente las operaciones de exploración que permitan descubrir nuevas reservas.
Una política de ese tipo ha permitido a Perú incrementar sus reservas a tal punto que en este momento superan a las de Bolivia. El mayor logro de este estilo ha sido el de Brasil, donde la exploración intensiva de todo su territorio y de su plataforma submarina lo convirtió en una potencia petrolera y gasífera en este momento.
El caso Bolivia, por el contrario, muestra que el método de maltratar a los inversionistas lleva a que se paralice la exploración, las reservas no crezcan y las que queden se vayan reduciendo al ritmo del consumo.
Sería bueno que el Gobierno acepte revelar el verdadero nivel de las reservas, lo que le permitiría justificar cambios en la política petrolera, a fin de corregir la tendencia negativa.
De lo contrario, la perspectiva es que el país deje de exportar y se quede sin valiosos recursos de una actividad legal y que incluso se pueda poner en riesgo la normal atención del mercado interno.
Admitir la realidad es el primer paso para tomar decisiones inteligentes, que es lo que corresponde hacer ahora.
Cambio: La justicia tarda, pero llega
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó hace un par de días a prisión perpetua al ex jefe de la Unidad 9, Alberto Dupuy, y a otros tres agentes penitenciarios por torturas y homicidios ocurridos en esa cárcel durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Un reporte de la agencia Télam señala que Dupuy fue condenado a prisión perpetua por cinco casos de homicidio calificado, por alevosía, torturas seguidas de muerte, en un caso; y tormentos agravados por ser perseguidos políticos en 57 casos.
Igual pena recayó sobre Isabelino Vega por un homicidio calificado, un caso de tortura seguida de muerte, y tormentos en otros 54 casos; lo mismo que sobre Víctor Ríos por un caso de homicidio calificado, uno de torturas seguidas de muerte, y tormentos agravados en 55 casos.
El Tribunal condenó también a prisión perpetua a Raúl Aníbal Rebaneyra por un homicidio calificado y 20 casos de tormento agravado. Además, condenó a 25 años de prisión a Elvio Cosso por tormentos agravados, en 43 casos, y tortura seguida de muerte; a Catalino Morel por omisión para evitar tortura seguida de muerte, y a Ramón Manchado Fernández por un caso de tortura seguida de muerte, y tormentos agravados en 13 casos.
También sentenció a Jorge Luis Peralta a 14 años de prisión por tormentos agravados en varios casos; a Segundo Andrés Basualdo, a 11 años, y a 10 años de prisión a Valentín Romero y Héctor Acuña; a 13 años de prisión a Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, los tres médicos juzgados por omisión de evitar torturas seguidas de muerte, a quienes ratificó que deberán seguir detenidos.
En la lectura del veredicto, que duró casi 40 minutos, el presidente del tribunal, Carlos Rozansky, anunció que atento a la magnitud de las penas impuestas se revocará la prisión domiciliaria de Elvio Cosso, Isabelino Vega, Ramón Fernández y Valentín Romero.
Además, se informó que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 23 de noviembre. Los once agentes penitenciarios y tres médicos que se desempeñaban en la unidad 9 de La Plata comenzaron a ser juzgados en abril por los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, Ángel Georgiavis, Rufino Pirles y Dardo Cabo; la muerte por torturas de Alberto Pinto y la privación ilegítima de la libertad y torturas a más de 80 ex presos políticos.
El penal platense fue una de las cárceles que recibió más presos políticos durante la última dictadura militar argentina, debido a que los detenidos provenían de otros centros clandestinos de detención y al llegar a ese penal eran "blanqueados", aunque las torturas continuaban. Varios de los detenidos que fueron liberados eran asesinados a la salida de la prisión, con el fin de que quedara asentada su salida formal de esa unidad carcelaria.
Sin embargo, este 4 de octubre expusieron sus alegatos los abogados defensores de los represores y pidieron que no se califiquen los hechos como delitos de lesa humanidad y que no se aplique la figura de genocidio.
El 24 de marzo de 1976, la entonces presidenta Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén, y la Junta de Comandantes asumió el poder a través del teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti, y designó como presidente de facto a Videla, dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación, y comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". Fue el inicio de la más feroz dictadura militar —junto a la de Augusto Pinochet en Chile— de la que tenga memoria América Latina.
La dictadura impuso el terrorismo de Estado, un proyecto planificado y dirigido para destruir toda forma de participación popular.
El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales con el objetivo de someter a la población mediante el terror y así imponer el ‘orden’ sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia argentina en la que trabajadores, estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales, amas de casa, sacerdotes y otros fueron secuestrados, asesinados, a muchos de los cuales hicieron desaparecer.
La dictadura veía en todas partes a "enemigos de la nación". Por eso detuvo a cuanta persona consideraba sospechosa de ser comunista, la sometió a tormentos físicos, asesinó y ocultó sus cuerpos.
En las cárceles clandestinas o laboratorios del horror —instalados en pleno centro de las ciudades— se detenía, se torturaba y se asesinaba impunemente a personas. Existieron 340 distribuidas por todo el territorio argentino en locales civiles, dependencias policiales y de las FFAA.
La dictadura asumió que la desaparición encubría la identidad de su autor, porque si no había preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie supuestamente sería acusado de nada, y hubo al menos 30 mil desaparecidos. Además, los represores no sólo asesinaron a madres y padres, sino que se apropiaron de niñas y niños nacidos en cautiverio y los inscribieron como hijos propios, los vendieron o los abandonaron.
Por eso es trascendente que 14 criminales argentinos hayan sido sentenciados a penas de entre 25 años de cárcel a cadena perpetua, y aunque aparentan ser hoy venerables ancianos, son los mismos que torturaron y mataron, pero no pudieron eludir sus cuentas con la vida. Olvidaron que la justicia tarda, pero llega.
Es trascendente que 14 criminales argentinos hayan sido sentenciados a penas de entre 25 años de cárcel a cadena perpetua, y aunque aparentan ser venerables ancianos, son los mismos que torturaron y mataron. Olvidaron que la justicia tarda, pero llega
La Prensa: Ya es tiempo de gobernar
Una de las razones por las que gran parte de la población eligió a este Gobierno apuntaba esencialmente a la creación de fuentes de trabajo…
Una evaluación objetiva de lo que en nuestros días ocurre en Bolivia, de manera inevitable llegaría a la conclusión de que salvando algunos interregnos, más ligados a definiciones de tipo superestructural (nueva Carta Magna que enganchando lo nacional con lo multinacional crea un entrevero de problemas en lo legislativo, judicial y administrativo que aún no se logra despejar), la discordia y la rencilla se imponen por amplio margen a lo relacionado con la gestión económica y social.
En lo que hace al Gobierno de Evo Morales Ayma, esa beligerancia abusiva y permanente refulge de hegemonismo, objetivo que obnubiló al partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ni bien llegó al poder.
Como resultado tenemos un interminable rosario de conflictos políticos, primero con las regiones, luego con los sectores de oposición y ahora con los medios de comunicación social.
El Gobierno nacional aparece dedicando la mayor parte de su tiempo y su energía a estos aprontes, a la espera de hacerse de los respectivos lauros: derrotar y someter de cualquier manera a sus posibles adversarios. Pareciera que allí radica su objetivo más importante, aplastar el asomo de cualquier acción ya no política o ideológicamente opositora, sino cualquier visión simplemente crítica a su proceder como gobierno.
Entretanto, el tiempo pasa y la economía nacional marcha a paso de tortuga y no a ritmo de gacela, como debiera hacerlo en este tramo de tan buena coyuntura de mercado internacional para nuestras principales exportaciones, fundamentalmente las hidrocarburíferas y mineras. Es evidente que YPFB no cuenta con el caudal financiero que requiere para ampliar a plazo más o menos mediato sus operaciones.
La inversión extranjera en el rubro se mantiene estancada. Ni siquiera se dispone de un dato preciso sobre el monto de nuestras reservas probadas de hidrocarburos, referencia valiosa no sólo para una búsqueda transparente de objetivos, también necesaria para todo inversor potencial foráneo. Sin embargo, ya se ha comenzado a recurrir a las reservas monetarias del Banco Central de Bolivia.
Decrece, además, la producción agropecuaria (las sequías e incendios forestales agravan esta emergencia) y se prohíbe la exportación de algunos productos, medida que en el futuro inmediato determinará una menor producción.
Toda esta situación tiene como elemental resultado que aquella caída de los índices de desocupación que hace ya muchos años alcanzaron porcentajes alarmantes, en la actualidad sigan creciendo, cuando lo evidente es que una de las razones por las que gran parte de la población eligió este Gobierno apuntaba esencialmente a la creación de fuentes de trabajo que puedan brindarle una básica seguridad social y económica.
Aún es tiempo de que la postura del Gobierno nacional deje de lado esta política de enfrentamiento a la que ha estado abocado en estos últimos cuatro años. Gran parte de la población aún confía en que finalmente aquel cambio que promete una y otra vez el Gobierno de Evo Morales encontrará el camino hacia aquel desarrollo que el pueblo boliviano busca a través del sistema democrático.
El Diario: ¿Es posible regular el derecho a pensar?
Dictada la ley antirracista que vulnera el derecho a la libre expresión, que es parte sustantiva del libre pensamiento, se anunció una “reglamentación”. Por principio, si había la intención de “reglamentar” o complementar la ley, había que evitar la inclusión de puntos controvertidos contrarios a los derechos humanos. Corresponde, pues, entender que ningun decreto, resolución o reglamento pueden ser superiores a una Ley. Consecuentemente, si existe el deseo de enmendar o corregir, lo que corresponde es derogar una mala disposición y reponerla con una que compatibilice los intereses generales y respete los derechos sin distinción alguna.
Para los medios de comunicación en general – prensa, radio, televisión y comunicación alternativa – conjuntamente periodistas, comunicadores, analistas, editorialistas y pensadores de la comunicación, no caben las reglamentaciones porque atentan contra todo principio, especialmente si se tiene en cuenta que el pensamiento – fuente de la que nace toda forma de expresión – razón de ser de la libertad, no puede ni debe ser controlado, regulado, corregido, enmendado, anulado, destruido, reglamentado o manipulado. El pensamiento es bien patrimonial de todo ser humano y no es materia manejable o disponible conforme a interés alguno.
Combatir toda posición racista, evitar insinuaciones o palabras obscenas que lastimen o disminuyan la dignidad humana, que menoscaben valores o que pretendan anular la personalidad o ejercer influencias perniciosas, debe ser obra de todos. Su implementación, realización y concreción en conductas depende de la familia, la educación que se imparta en escuelas, colegios, universidades y toda actividad que permita la superación del ser humano.
Mientras existan medios de comunicación, con su personal especializado y consciente de sus deberes y responsabilidades, todo lo que implica la dignidad y los derechos humanos estarán preservados, cuidados, vigilados y respetados; en estas funciones, nada ni nadie ha cumplido mejor que la comunicación social, que la cultura en sus diversas manifestaciones.
¿Es posible regular el aire o las aguas caudalosas de un río en momentos de tormenta o el paso de las nubes por el cielo? Igualmente, es imposible regular el pensamiento del ser humano que, antes de hacerse expresión, puede abarcar hasta el infinito del universo y concebir las ideas, los criterios y las posiciones más increíbles y fantasiosas sin que nadie pueda condenarlas.
La libertad es bien innato del ser humano siempre que sea ejercida con responsabilidad y, mejor, con vocación de bien común y desterrando todo lo que implique daño u ofensa, dolor y lágrimas, malestar o sinsabor al ser humano; en cambio, el libertinaje es la prostitución de la libertad y puede ser manipulada por causas muy ajenas a lo legal y digno, a todo lo que implica el bien y el respeto a los derechos humanos. ¿Quién o quiénes, cómo y cuándo podrá regularse la libertad de pensamiento y su instrumento, la libertad de expresión, sin atentar contra los derechos del ser humano? Quienes se irroguen derecho ante esa posibilidad, ¿darán la respuesta?
El Mundo: La madeja
La mordaza para los periodistas terminó constituyéndose únicamente en la punta del ovillo que llevará a una serie de medidas del Gobierno, con el propósito de asegurarse para que ninguna de sus arbitrariedades pueda dar motivo a la protesta de los ciudadanos. Mientras el Presidente denunciaba que los empresarios presionaban a los periodistas para que ingresen en una huelga de hambre y realicen otras demostraciones en repudio a una ley que con el pretexto de antirracismo, lo que busca es evitar que la prensa ponga en evidencia los atropellos que se cometen al amparo de una Constitución fabricada a su gusto y sabor, que no la cumplen y que necesita de otras reglamentaciones.
Y llegó también la reglamentación para la ley mordaza y pudimos ver cómo en efecto, los propietarios, o seudo propietarios de los medios del Estado, hicieron que sus trabajadores participen en la negociación, encabezados por el secretario de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, en una clara demostración de que los periodistas pueden pensar de cualquier manera y tienen los mismos derechos, inclusive cuando son convocados por los miembros con los que comparten el oficio o convocados por sus jefes.
Pero la ley y su reglamentación van mucho más allá, ahora el Gobierno se apresta a poner en discusión la nueva Ley del Trabajo y como ya se ha anticipado, en este caso la mordaza no llegará sólo a los periodistas, sino a todos aquellos trabajadores que intenten hacer llegar su voz de protesta contra el Gobierno, en especial si son funcionarios del Estado que por el hecho de medrar del Erario Nacional, estarían obligados a encubrir los atropellos que puedan cometerse desde las esferas del Gobierno.
De esa manera, ya no será la fuerza de la Policía y del Ejército, instituciones afines al Gobierno, por las prebendas recibidas, sino también la justicia, administrada por el Ejecutivo, la que establecerá las acciones para actuar en contra de las personas a las que se les ocurra ejercer su derecho a la libre expresión, de acuerdo con lo que dice la Constitución Política del Estado, mientras esa norma no sea reformada, ya que con todas las modificaciones incluidas en su aprobación, no ha logrado satisfacer la ambición de un Gobierno que cada vez quiere más.
En este caso, parece que los abogados no pudieron legalizar algunas trampas que quedaron al descubierto y que no fue suficiente con meterle, sino que había que legislar al respecto.
Y luego de la Ley del Trabajo, vendrá la de Pensiones, donde con seguridad los ciudadanos de tez clara no podrán beneficiarse con beneficios reservados a los originarios, a pesar de que la mayor parte de ellos sin trabajadores asalariados y por consecuencia los que harán sus aportes obligatorios a los fondos de pensiones y verán en peligro sus ahorros, ya que se ha indicado que esos recursos podrían ser administrados por el Estado, el que en poco tiempo nos ha demostrado que es muy hábil para captar recursos, de los bolsillos de los ciudadanos, como es el caso del impuesto sobre hidrocarburos que de manos de los municipios, desde la Ley de Participación Popular, pasaron a ser de utilidad para otras tareas, como la de alentar la burocracia de la institución petrolera, la única con posibilidad de pagar sueldos por encima del que gana el Presidente, como lo ha anunciado él mismo, intentando crear otro grupo privilegiado al que; sin embargo, podrá ajustar en el futuro, por otras razones, como las anotadas líneas arriba.
Opinión: Nueva Ley de Pensiones a la mesa de discusión
Cuando en la agenda nacional se establecen algunos asuntos que son importantes, parecería que otros, no menos importantes, son relegados. Actualmente la Ley contra el Racismo y fundamentalmente los dos artículos que tienen que ver con la libertad de prensa y de expresión, que son rechazados por el periodismo nacional, están ocupando todos los espacios mediáticos y la atención del Gobierno.
Sin embargo, en estos días se viene discutiendo en los niveles correspondientes una de las leyes que tiene que ver con el futuro de los trabajadores y que es de gran importancia: la nueva Ley de Pensiones, que una vez aprobada, cambiará sustancialmente el sistema de pensiones que rige en el país y que fue reformado por el gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada. El sistema que rige actualmente está basado en la capitalización individual que depende sólo del trabajador y del capital que pueda ahorrar mediante las Administradoras del Fondo de Pensiones, AFP. Anteriormente regía el sistema de reparto solidario.
El nuevo proyecto de Ley de Pensiones, a decir de las autoridades del Ministerio de Finanzas, está siendo discutido con diferentes sectores sociales de trabajadores y jubilados y ha sido puesto en conocimiento precisamente para lograr una norma que tengan el consenso correspondiente. Hasta donde se conoce el proyecto contempla una disminución de la edad para jubilarse de 58 años para varones y para mujeres 55, una renta equivalente de acuerdo a los aportes de las personas, beneficios para sectores que no han aportado, mediante aportes de 10 años, y aportes labores y patronales.
En realidad el proyecto no ha llegado a ser difundido adecuadamente a no ser algunos aspectos que se difunden mediante algunos medios de comunicación radiales y televisivos.
Una ley tan importante, como la que comentamos, merece mejores métodos para que los sectores labores de todo el colectivo social, es decir, no sólo en los niveles de la dirigencia, estén absolutamente informados sobre lo que se pretende reformar. El régimen de pensiones, como se ha repetido una y otra vez, es aspecto neurálgico en la mayoría de los países del mundo. Actualmente, por ejemplo, en España y Francia se ha dado una dura polémica porque se pretende elevar la edad de los jubilados de 65 a 68 años, aunque claro está que estas realidades dependen de la expectativa de vida de las personas que en países europeos son mayores a la de países en vías de desarrollo como Bolivia.
Un sistema de jubilación tiene, en cualquiera de los casos, un requisito considerado indispensable y que es la sostenibilidad en el tiempo. Se puede estudiar y aprobar un régimen de jubilaciones menos conservador que otros, pero lo importante es garantizar si el sistema puede durar 30, 40 ó 50 años, es decir, que los cálculos de aportes y otros aspectos garanticen su vigencia y no provoquen a los pocos años la quiebra del sistema.
Hace pocos días en las páginas de información de este diario se publicaron criterios de una experta en seguridad social que reivindica la necesidad de ?salvar? y aplicar el Código de Seguridad Social aprobado el 14 de diciembre de 1956 que es uno de los más avanzados del continente, y que establece la edad de jubilación de las mujeres a los 50 años y de varones a los 55, y que además, prevé normas avanzadas para las personas que no son dependientes asalariadas.
La comisión que analiza el nuevo proyecto de pensiones debe hacer conocer los avances del estudio a la mayor cantidad de gente posible, pero al mismo tiempo, escuchar propuestas de expertos y ciudadanos.
El debate en la formulación de esta ley es inexcusable.
Clarín, Argentina: Las lecciones de la epopeya chilena
El rescate de los mineros chilenos se convirtió en una epopeya humana y tecnológica que galvanizó la atención del mundo y transmitió una lección de temple y cooperación.
Atrapados a más de 600 metros de profundidad, los mineros supieron mantener una organización interna indispensable para su supervivencia física y emocional y para la organización de su rescate. Llegada esa instancia, todos quisieron ser el último en salir y decidieron los turnos en base a criterios operativos. Cualquier sociedad organizada con esos criterios y conductas lograría metas envidiables de progreso en todos sus órdenes.
En la superficie, el rescate fue implementado con celeridad, y la tecnología de la minera estatal Codelco, permitió montar las instalaciones e implementar un operativo de perforación de alto nivel tecnológico, con una eficiencia admirable y dentro de los plazos que marcaban las posibilidades de sobrevida.
Ya rescatados, los mineros volvieron a sus afectos, a sus alegrías y dilemas personales, seguidos por miles de periodistas y millones de personas en todo el mundo. Las comunicaciones globalizadas tuvieron, esta vez, un capítulo de emocionado regocijo.
El presidente chileno Sebastián Piñera siguió en persona el operativo y recibió a los mineros sin interferir en su protagonismo y haciendo partícipes de la hazaña del Estado chileno, a los funcionarios que habían tenido responsabilidades principales en la misma. El mundo tuvo, en este fragmento de la historia, una lección de responsabilidad e hidalguía política.
El rescate de los mineros chilenos fue una epopeya humana y tecnológica que dejó lecciones de comportamiento humano, eficiencia operativa y, también de hidalguía política.