Habría que ponerle atención a la versión del Vicepresidente, cuando llama “oscurantismo” a lo que otros llaman “descolonización” y “revolución cultural”.
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: En los umbrales de la estupidez
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Bajo el Penoco, El Día: Cumplir no basta
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Los Tiempos: ¿Nueva etapa?
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El Deber: Control de fronteras
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Cambio: Puerto de Ilo y mar para Bolivia
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La Prensa: Control de fronteras
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El Diario: La novísima legislación del “Estado Plurinacional”
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El Mundo: NN.UU.
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Opinión: Educación y conciencia social crítica en la vida
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Clarín, Argentina: Consecuencias de la política de confrontación
El Día: En los umbrales de la estupidez
La ley antirracista recientemente promulgada por el presidente Morales, parece haber activado el dispositivo de la estupidez en la sociedad boliviana y la “epidemia” tiende a agravarse. Tal vez por algún sentimiento parecido a la vergüenza ajena, porque en realidad él es cómplice de la farándula que se ha armado, el vicepresidente García Linera salió el viernes al cruce de toda una avalancha de propuestas, que según reconoció, tienden a llevar al país por el sendero del oscurantismo.
Los que idearon la ley contra el racismo y sobre todo, aquellos artículos que eliminan la libertad de expresión, tal vez creyeron que la comunicación es un elemento concreto y puntual de la realidad social que sólo tiene que ver con periodistas y medios masivos, a los que un régimen autoritario necesariamente tiene que silenciar si pretende mantenerse en el poder de manera indefinida. Lamentablemente, para ellos, la comunicación no es un compartimiento estanco que se puede extirpar, sin alterar el complejo entramado de la cultura y eso involucra por supuesto, obras literarias, telenovelas, programas como Los Simpson, el show de Las Magníficas y obviamente, el diccionario de la Real Academia Española. La furia que ha despertado en el Concejo de Oruro, el uso de la palabra castellana “concejil” no es más que la negación de una lengua, tal vez el rasgo más determinante de una cultura, el más abarcador. ¿A ese extremo vamos a llegar?
Habría que ponerle mucha atención a lo que ha dicho el vicepresidente, cuando llama “oscurantismo” a lo que otros están interpretando como “descolonización” y “revolución cultural” y en función de ello, proponen eliminar las telenovelas, los concursos de belleza, “quemar” libros y a cambio exigen que todos los canales de televisión se conviertan en tribunas populares al estilo Carlos Palenque y que bellas modelos cambien el bikini por atuendos aprobados y reglamentados por el régimen.
Aunque traten de negarlo, todo eso se desprende de una ley “multiuso” que fue ideada para ser instrumento de dominación pero que comienza a escapársele de las manos a los propios creadores. Habría que investigar qué sucedió realmente en El Torno, donde cuatro policías le reventaron el hígado a patadas a un hombre en respuesta a insultos y actitudes que los uniformados suelen calificar como “faltamiento” a la autoridad. No vaya a ser que aquellos agentes se sintieron empoderados para reaccionar de esa manera ante un gesto discriminatorio, lo mismo que pasó con los concejales de Oruro y a la inversa, con aquellos agentes de crédito de una entidad financiera estatal que calificaron a los periodistas como “un sector sensitivo” que los inhabilita para obtener un préstamo.
“La estupidez es el arma más destructiva del hombre, su más devastadora epidemia, su lujo más costoso”, decía el periodista y escritor de origen húngaro, Paul Tabori, autor de uno de los tratados más amplios sobre este factor que parece estar abriéndose paso en Bolivia, un país que pese a todas las crisis que ha atravesado a lo largo de su historia, siempre ha demostrado sabiduría y lucidez para no precipitarse al abismo. Ojalá que la reacción del Vicepresidente esté orientada hacia la búsqueda del equilibrio.
Habría que ponerle atención a la versión del Vicepresidente, cuando llama “oscurantismo” a lo que otros llaman “descolonización” y “revolución cultural”.
Bajo el Penoco, El Día: Cumplir no basta
El Presidente se quejó no hace mucho de los alcaldes que se robaron la plata que les entregó dentro del programa “Evo Cumple”, financiado con préstamos venezolanos. Las irregularidades se han dado básicamente porque ese dinero no ingresa a los municipios de manera formal, a través del Programa Anual Operativo, lo que impide hacer adecuadamente el control y la fiscalización posterior por medio de la Contraloría. Ya lo dijimos a su tiempo, que “no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer” y todo indica que Evo Morales tiene ganas de seguir quejándose. Recientemente se negó a entregar un cheque de 680 mil bolivianos al alcalde de La Guardia, Jorge Morales y se lo dio a un dirigente del MAS de esa localidad que supuestamente invertirá en la construcción de escuelas, cuyo presupuesto casi llega a los dos millones de bolivianos. Seguramente es muy honrado el líder sindical que ahora está forrado en plata, gracias a la confianza del jefazo. Veremos dentro de unos meses si lo que hay en La Guardia es escuela o uno más que anda en Mitsubishi.
Los Tiempos: ¿Nueva etapa?
NUESTRA PALABRA
Todo indica que estamos ingresando en un momento muy complejo, y ojalá que quienes actúen en él estén a la altura del reto que la historia les ha lanzado
Parecería que el encuentro entre los presidentes de Bolivia y Perú en Ilo ha abierto una nueva etapa en el siempre complejo y difícil camino de retorno al océano Pacífico que el país está empeñado en seguir.
Como dijimos en este mismo espacio, se trata de un camino en el que se encuentran tres países -Bolivia, Perú y Chile- que tienen, cada uno, sus propios y legítimos intereses, y que por circunstancias históricas y geográficas están destinados a convivir pacíficamente y terminar de superar las consecuencias de desconfianza y encono provocados por la Guerra del Pacífico de 1879.
Por ello, resulta claro que dar solución a la demanda boliviana -por historia y, ahora, por mandato constitucional– de recuperar una salida soberana al océano Pacífico es un desafío para Perú y Chile. Para el primero, no sólo por la historia común que tenemos, sino porque Bolivia es y puede seguir siendo un sólido compañero de ruta en el camino del progreso. Ambos países compartimos una amplia frontera, valores culturales y tenemos recursos complementarios que pueden ser mucho mejor aprovechados si Perú colinda con una nación en crecimiento sostenido.
La situación es, en el fondo, la misma con Chile. En la medida en que esta nación consolide y afiance sus lazos con sus vecinos Bolivia y Perú, su proyección al mundo se consolidará. De hecho, será muy difícil para Chile terminar de emerger como una potencia regional si tiene en su frontera más próxima un vecino que anualmente recuerda en el concierto mundial su enclaustramiento como consecuencia de un conflicto armado que permitió apropiarse de territorio ajeno. ¿Cómo poder proyectarse al mundo -debieran pensar sus lúcida élites– si Chile no es capaz de solucionar un diferendo de esta naturaleza y que se ha mantenido porque prima en muchos de sus conductores visiones arcaicas y burocráticas de las relaciones internacionales, en un mundo cada vez más interdependiente?
En ese contexto, la propuesta de un senador de uno de los partidos de gobierno de consultar a su población si Chile viabiliza una salida soberana al mar de Bolivia, la misma que ha sido inmediatamente secundada por un parlamentario de la oposición, no tiene precedente y, de tomar cuerpo, abre un nuevo escenario que importa, en sí mismo, nuevos desafíos.
Si bien hay que esperar cómo evoluciona este planteamiento en el vecino país, es importante que nuestras autoridades no improvisen acciones. Es preciso -por donde se mire– impulsar un proceso de debate interno sobre el tema, recuperando la experiencia pasada; evitar los prejuicios y los sectarismos de cualquier índole, que tanto daño hacen a los intereses del país, y pensar con visión de futuro, lo que será posible si se sobreponen, sobre cualquier otro interés, los del país.
De todos modos, es necesario advertir que no hay razones para adoptar una posición triunfalista. Que las autoridades asuman la convicción de que si saben conducir al país hacia el logro de nuestra salida soberana al mar, la ciudadanía sabrá reconocer sus esfuerzos. En cambio, si predomina un falso exitismo, la ciudadanía también sabrá pasar las cuentas respectivas. En definitiva, todo indica que estamos ingresando en un momento muy complejo, y ojalá que quienes actúen en él estén a la altura del reto que la historia les ha lanzado.
El Deber: Control de fronteras
Los empresarios del sector azucarero han pedido al Gobierno que haga lo necesario para controlar la salida del azúcar de contrabando, si quiere contribuir a que se normalice el abastecimiento interno.
El pedido alude a una de las deficiencias más preocupantes del Estado boliviano, que tiene fronteras con cinco países, ninguna de ellas bien guarnecida.
Porque, en efecto, si esas fronteras estuvieran bien cuidadas, en este momento no estaría faltando azúcar en el mercado interno, pero tampoco saldría la droga con tanta facilidad, ni saldría el oro y el estaño, ni el diésel, ni el GLP; los autos ‘chutos’ no seguirían entrando con tanta facilidad a pesar de todas las prohibiciones y el mercado interno estaría protegido, para que surjan industrias y con ellas lleguen los puestos de trabajo.
Esta vez, los industriales azucareros han cumplido su rol, que es el de producir, enviar el porcentaje comprometido a la exportación y dejar lo necesario para atender el mercado interno. Los propios comerciantes han dicho que ellos cumplen con su rol, que es distribuir el producto entre los consumidores.
Por lo tanto, lo que falla aquí es el Estado y su rol de cuidar las fronteras, para que el azúcar que se destina al mercado interno no sea desviada hacia la exportación irregular.
Porque los otros métodos ensayados han resultado incapaces de resolver el problema. El año pasado, el Gobierno nacional ensayó una de las peores fórmulas: prohibir las exportaciones, con lo que se estaba castigando a los productores por algo que hacían los contrabandistas.
Y se sabe que este tipo de medidas no ayuda a resolver el problema, sino a empeorarlo, porque desalienta a los productores al obligarlos a incumplir compromisos de exportación tan difícilmente logrados. Este año, en efecto, el Banco Mundial recomendó no aplicar jamás la prohibición de exportaciones.
Felizmente, esta vez el sector productivo no fue afectado en el país, porque las cifras oficiales indican que la suma de los volúmenes destinados al consumo interno y a la exportación son fácilmente comprendidas en los volúmenes de la producción.
La tarea de controlar las fronteras es muy difícil. Los funcionarios de la Aduana Nacional son superados, en número y en recursos, por los contrabandistas. Las noticias de emboscadas a los funcionarios aduaneros son cosa de todos los días, sobre todo en las cinco zonas rojas del contrabando.
Por lo tanto, parece impostergable la tarea de controlar las fronteras con medios y métodos más apropiados. Los medios y los métodos aplicados hasta ahora han mostrado ser totalmente ineficientes y no vale la pena insistir en repetirlos y observar cómo fracasan irremediablemente.
El Estado boliviano tiene prioridades, como la mencionada, que no son atendidas. Las autoridades dan atención a otros temas, muchas veces intrascendentes en comparación con los prioritarios
El cuidado de las fronteras no es solamente algo relacionado con propósitos militares: tiene que ver con la realización del país, de sus proyecciones económicas y de la creación de condiciones apropiadas para los ciudadanos.
El actual Gobierno tendría que observar los temas esenciales, antes de que sea demasiado tarde.
Cambio: Puerto de Ilo y mar para Bolivia
El 19 de octubre, los presidentes de Perú, Alan García, y de Bolivia, Evo Morales, suscribieron un Protocolo Complementario y Ampliatorio a los convenios firmados en 1992 entre los entonces mandatarios Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora, y no sólo abrieron una importante puerta comercial con oportunidades reales de inversión, sino una nueva senda en las relaciones bilaterales entre dos países hermanados por su común historia y por la cercanía de sus pueblos, y cimentaron un proceso de integración que permitirá que Bolivia acreciente su presencia en la cuenca del Pacífico.
Es que ese acuerdo firmado entre García y Morales puso fin a una etapa difícil y compleja de las relaciones bilaterales de los últimos años y se abre otra de una nueva calidad histórica que pone énfasis en las políticas de Estado que engarzan la coyuntura en el corto plazo con los intereses de ambos países, y en el largo plazo sus intereses nacionales permanentes, políticos, económicos, comerciales, sociales, de defensa y seguridad, culturales y migratorios.
En ese contexto, Perú reafirmó, amplió y otorgó a Bolivia nuevas facilidades portuarias y de libre tránsito que mejoran su cualidad marítima. Hace 18 años, Fujimori y Paz Zamora habían suscrito un acuerdo para el desarrollo industrial y turístico de Boliviamar, además del acceso a la Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE).
El convenio de 1992 sólo fijaba la participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de Ilo, pero ese límite fue superado por el protocolo complementario, ya que abre las posibilidades de inversión a cualquier capital boliviano o en convenios mixtos.
Las ventajas comparativas con el acuerdo de 1992 son enormes, ya que la ZOFIE estará exonerada de impuestos a la Renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo e impuesto a la promoción municipal. Es decir, todas las empresas que se asienten en esa zona van a estar liberadas de impuestos que están vigentes en el Perú, lo que inaugura una serie de posibilidades de inversión de capitales bolivianos en el puerto de Ilo.
Es que el protocolo suscrito también reconoce el derecho de propiedad de personas naturales, jurídicas, inversionistas privados o mixtos, y garantiza las inversiones que se vayan a hacer. En palabras del ministro de la Presidencia, Óscar Coca, "la propiedad privada queda garantizada y esto queda definitivamente, entonces los inversores nuestros directamente van a poder adquirir bienes y quedarse como propiedad y disponer para venta o herencia".
Y lo más trascendente es que, a diferencia del anterior acuerdo, por el que el país sólo participaba, el protocolo firmado entre los presidentes García y Morales otorga a Bolivia la administración de la zona franca en el puerto de Ilo.
Es decir, Bolivia podrá hacer operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, manufactura, producción de mercancías, maquila, ensamblaje, almacenamiento, distribución de mercaderías con destino al exterior, generar insumos, materias primas, productos intermedios, etc. Además, la nueva alianza incluye la ampliación del espacio turístico asignado en 1992, de 2 kilómetros a 3,58 kilómetros.
En esta área de la playa de Ilo, inversionistas bolivianos podrán asumir emprendimientos de hotelería y de otros servicios, donde circulará la moneda boliviana y la libre tenencia de uso y disposición de moneda extranjera.
Entre lo más trascendental del protocolo firmado en Ilo está que Perú reafirmó y consolidó una amplia gama de facilidades portuarias y de libre tránsito que desde el siglo 19 otorga a Bolivia. Su efecto inmediato —una vez el documento sea trasuntado en obras de infraestructura portuaria— será la de otorgar al país una mayor viabilidad económica a través de facilidades reales, concretas y prácticas que permitirán mejorar su cualidad marítima para sus relaciones con el mundo a través del comercio de exportación e importación. Las exportaciones bolivianas, especialmente de minerales, podrán salir por el puerto de Ilo con mejores condiciones hacia los mercados externos.
Y como una fuerte señal que da certidumbre a los inversionistas bolivianos en el Puerto de Ilo, Perú no sólo renovó y amplió por 99 años la zona franca industrial —concedida en 1992—, sino que se transforma en una zona franca industrial y económica especial donde se podrán instalar industrias bolivianas para el mercado externo y donde las exportaciones e importaciones bolivianas contarán con depósitos francos para el almacenamiento de su carga.
Además, el protocolo firmado mejora la cualidad marítima de Bolivia, ya que ambos gobiernos expresaron su convencimiento de que el enclaustramiento marítimo boliviano constituye una situación que afecta las potencialidades de su desarrollo económico y social.
Por eso asumieron una visión solidaria de la integración de ambos países que contribuya a la mejora de la cualidad marítima de Bolivia de manera independiente a la solución histórica que sobre la materia puedan acordar los gobiernos de Bolivia y Chile. En este caso, Perú ratificó que siempre tendrá una actitud constructiva y no será un obstáculo en el caso que, en el marco de las conversaciones boliviano-chilenas se llegue a un acuerdo sobre el acceso al mar de Bolivia, de conformidad con el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario.
Ésta es la trascendencia del protocolo firmado hace cinco días entre los presidentes García y Morales, quienes, al margen de las diferencias ideológicas que pudieran tener, apostaron por la integración de dos pueblos histórica y secularmente hermanados por lazos culturales.
El protocolo firmado entre los presidentes García y Morales allana facilidades reales, concretas y prácticas que permitirán a Bolivia mejorar su cualidad marítima para sus relaciones con el mundo a través del comercio de exportación e importación.
La Prensa: Control de fronteras
Parece impostergable la tarea de controlar las fronteras con medios y métodos más apropiados. Los aplicados hasta ahora fueron ineficientes?
Los empresarios del sector azucarero han pedido al Gobierno que haga lo necesario para controlar la salida del azúcar de contrabando si quiere contribuir a que se normalice el abastecimiento interno.
El pedido alude a una de las deficiencias más preocupantes del Estado boliviano, que tiene fronteras con cinco países, ninguna de ellas bien guarnecida.
Porque, en efecto, si esas fronteras estuvieran bien cuidadas, en este momento no estaría faltando azúcar en el mercado interno, pero tampoco saldría la droga con tanta facilidad, ni saldría el oro y el estaño, ni el diésel, ni el GLP; los autos ?chutos? no seguirían entrando con tanta facilidad a pesar de todas las prohibiciones y el mercado interno estaría protegido, para que surjan industrias y con ellas lleguen los puestos de trabajo.
Esta vez, los industriales azucareros han cumplido su rol, que es el de producir, enviar el porcentaje comprometido a la exportación y dejar lo necesario para atender el mercado interno. Los propios comerciantes han dicho que ellos cumplen con su rol, que es distribuir el producto entre los consumidores.
Por lo tanto, lo que falla aquí es el Estado y su rol de cuidar las fronteras, para que el azúcar que se destina al mercado interno no sea desviada a la exportación irregular. Porque los otros métodos ensayados han resultado incapaces de resolver el problema. El año pasado, el Gobierno ensayó una de las peores fórmulas: prohibir las exportaciones, con lo que se estaba castigando a los productores por algo que hacían los contrabandistas.
Y se sabe que este tipo de medidas no ayuda a resolver el problema, sino a empeorarlo, porque desalienta a los productores al obligarlos a incumplir compromisos de exportación tan difícilmente logrados. Este año, en efecto, el Banco Mundial recomendó no aplicar jamás la prohibición de exportaciones.
Felizmente, esta vez el sector productivo no fue afectado en el país, porque las cifras oficiales indican que la suma de los volúmenes destinados al consumo interno y a la exportación es fácilmente comprendida en los volúmenes de la producción.
La tarea de controlar las fronteras es muy difícil. Los funcionarios de la Aduana Nacional son superados, en número y en recursos, por los contrabandistas. Las noticias de emboscadas a los funcionarios aduaneros son cosa de todos los días, sobre todo en las cinco zonas rojas del contrabando.
Por lo tanto, parece impostergable la tarea de controlar las fronteras con medios y métodos más apropiados. Los medios y los métodos aplicados hasta ahora han mostrado ser totalmente ineficientes y no vale la pena insistir en repetirlos y observar cómo fracasan irremediablemente.
El Estado boliviano tiene prioridades, como la mencionada, que no son atendidas. Las autoridades dan atención a otros temas, muchas veces intrascendentes en comparación con los prioritarios.
El cuidado de las fronteras no es solamente algo relacionado con propósitos militares: tiene que ver con la realización del país, de sus proyecciones económicas y de la creación de condiciones apropiadas para los ciudadanos.
El actual Gobierno tendría que observar los temas esenciales, antes de que sea demasiado tarde.
El Diario: La novísima legislación del “Estado Plurinacional”
A tenor de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, el Órgano Legislativo (antes Poder Legislativo) se ha abocado desde principios de año a sancionar lo que denomina “leyes fundamentales”, entre ellas la llamada de anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, la de Autonomías, la de Lucha contra el racismo y la discriminación y otras. Algunos diputados han sostenido que los proyectos de ley tuvieron origen en el Órgano Ejecutivo y fueron sancionados sin mayor debate por la mayoría oficialista.
Esas leyes, promulgadas por el Ejecutivo al instante de salir de las Cámaras, han venido a ser consideradas de importancia. Pero, puestas en observación en forma general y sin entrar en apreciaciones empíricas, tienen características que vale la pena señalarlas a tiempo y oportunamente, de tal forma que con posterioridad no se llegue a decir que fueron aceptadas sin oposición y que “ni la prensa hizo conocer su opinión”.
En ese sentido, en primer lugar se observa que esas leyes para atacar los males sociales, crean nuevos delitos y más enérgicas sanciones. En segundo lugar, se constata que para combatir esos males son creadas numerosas y crecidas dependencias burocráticas que significarán gran cantidad de cargos, los que, a la par, necesitarán de presupuestos de acuerdo con la responsabilidad de los nuevos funcionarios. Al respecto, es de esperar que éstos no cometan fallas penales y administrativas.
Esos aspectos de la nueva legislación se refieren en realidad a los efectos que son resultado, consecuencia o producto de causas de fondo tanto sociales como económicas. De esa manera, la nueva legislación no ataca, ni mucho menos, las causas que originan los delitos nuevos y antiguos que serán objeto de sanción. No se ha tomado en cuenta en esa forma la relación de causa y efecto que existe en forma natural en la vida de la sociedad. En ese sentido, se puede concluir (a no ser que se considere que la forma es más importante que el fondo), que si no son combatidas las causas y éstas siguen existiendo, los efectos se seguirán produciendo y las burocracias, por más que se empeñen en cumplir sus obligaciones, no resolverán los problemas que señalan las nuevas leyes.
Si una legislación no elimina las causas de fondo y más bien las sigue apuntalando con disposiciones anexas, indudablemente los efectos pervivirán e inclusive aumentarán y serán más agudos, lo cual determinará que los centros de reclusión serán insuficientes, como sucede en todo el país. Harán falta nuevas cárceles y prisiones de varios tipos, que deberán ser construidos sin tardanza, porque los actuales están hacinados y no abastecen ante la cantidad de personas sancionadas por las sentencias de los jueces y provocan que los reclusos protagonicen protestas e inclusive motines sangrientos.
En esa forma, como conclusión general se puede adelantar que la legislación del “Estado Plurinacional” no ataca aspectos estructurales y se limita a un maquillaje superficial que podría fracasar. Al respecto, sería interesante que los Colegios de Abogados que reúnen más de cinco mil afiliados y no han dicho esta boca es mía, hagan conocer su palabra.
El Mundo: NN.UU.
El 24 de octubre ha sido establecido como el Día de las Naciones Unidas y en muchos lugares del globo, se celebra esta conmemoración con un día feriado que recuerda la decisión de los pueblos del mundo de mantenerse unidos, luego de la dura experiencia que resultó para las naciones el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La decisión establecida por las naciones del mundo que crearon la organización en esa fecha de 1948, no contó con que las diferencias se agudizarían en poco tiempo, dando lugar a una polarización que se prologó a lo largo de cincuenta años y que tuvo como consecuencia el surgimiento de posiciones extremas, simbolizadas por la división de la capital de Alemania, la ciudad de Berlín, con un muro que finalmente fue derribado, hecho que dio origen tal vez a un mal mayor que nació con el predominio del más fuerte, quien al sentirse solo se creyó el amo del planeta.
Mientras muchos se resignaron a permanecer sometidos, para continuar recibiendo algunas dádivas, otros mostraron su rebeldía enfrentando a quien tiene aparentemente el control en sus manos acentuando las diferencias, por lo menos en cuanto a lo económico se refiere, con el fenómeno de la globalización de los mercados y en lo político con la tendencia neoliberal que significó beneficio personal para sus promotores, mientras la situación de los pueblos se mantiene en condiciones críticas.
Hoy vemos con preocupación que la globalización de la economía ha llevado a un proceso de industrialización que está terminando con el planeta, estimulando fenómenos como el calentamiento, la polución y otras secuelas que destruyen el medio ambiente, mientras en lo político, el egoísmo y la falta de solidaridad han acentuado el hambre y la pobreza; quienes logran beneficiarse con la situación no tiene dificultad en ostentar el lujo y la riqueza.
Ese procedimiento ha dado lugar inclusive a que los cambios se pronuncien de tal manera que alguien se ha animado a predecir la proximidad del fin del mundo, otros vemos con preocupación la desaparición de las fuentes de agua que limita el riego y que podría dar lugar a la destrucción por escasez del líquido elemento, mientras otros ya realizan el comercio de ese elemento vital, para que la humanidad pueda sobrevivir; sin embargo, no se trata sólo del agua, los suelos han llegado a un estado que sequedad tal que difícilmente podrán producir más alimentos.
En cuanto a nuestro país se refiere, vemos con preocupación el hecho de que los nevados de las cordilleras no sólo van perdiendo su belleza panorámica sino que desaparecen las fuentes de agua que permitían alimentación, riego y generación de energía.
En el oriente, vemos en los últimos días como el cielo está cubierto de humo y los incendios no desaparecen por la irresponsabilidad de las personas que piensan que la única manera de producir es destruyendo la fuente de riqueza y están matando la gallina de los huevos de oro.
La fe de la mayoría predica que Dios puso al hombre en el paraíso para que pueda disfrutar de los bienes que le brinda, los seres menos ilustrados gozan de esos beneficios de la naturaleza, en cambio quienes se consideran sujetos pensantes están empeñados en su destrucción, no sólo comiendo la fruta del árbol prohibido sino derribándolo sin consideración.
Ojalá que la Organización de las Naciones Unidas pueda llevar a la conciencia de la humanidad el verdadero propósito de su creación y se pueda revertir o por lo menos frenar el daño que se produce como resultado de la codicia y la irracionalidad.
Opinión: Educación y conciencia social crítica en la vida
Uno de los postulados de la Constitución Política del Estado establecido en el artículo 80, señala que la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. Añade que la educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas.
¿Qué se puede entender por conciencia social crítica? Paulo Freire, uno de los grandes educadores del siglo XX, decía que hay conciencia pasiva y conciencia crítica. La conciencia pasiva es aquella donde el hombre y la mujer tienen conciencia de la realidad, pero no hacen nada para transformarla. En tanto la conciencia crítica es aquella donde el hombre y la mujer tienen conciencia de la realidad y contribuyen a transformarla.
Esta propuesta del pedagogo abre la posibilidad para analizar si el actual sistema educativo tiene conciencia que contribuya a transformar las actuales condiciones, es decir, la propia educación a partir de los maestros y de los alumnos.
Pero, al mismo tiempo, permite preguntar si los mecanismos que se han empleado hasta el momento, y los que se pretenden emplear en el futuro, son los más adecuados para establecer cambios trascendentales en el proceso educativo.
Existe acuerdo, casi mayoritario, en sostener que lo que se ha logrado hasta ahora en la educación desde la escuela y el colegio no ha sido lo mejor, porque los resultados que luego se ven en la formación superior y en la vida profesional no alcanzan para el optimismo más conservador. Las reformas educativas que se han emprendido en el país no han aportado cambios estructurales en el sistema nacional y muchas de ellas repetitivas, han resultado un fracaso.
Ahora el Gobierno proyecta la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, es decir, una nueva reforma educativa, que debería estar en consonancia con lo que establece la Constitución Política del Estado, es decir, con la formación integral y el fortalecimiento de la conciencia social crítica, algo que durante los pasados días se ha puesto en duda a partir de las declaraciones del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, que sostuvo la necesidad de prohibir libros considerados racistas, como Raza de Bronce de Alcides Arguedas, declaración que aunque fue desmentida por el ministro de Educación, Roberto Aguilar, da pie para preguntarse, qué pasaría si se prohibiera la lectura de libros de cualquier autor o de cualquier temática y de qué manera se puede crear una conciencia crítica, por ejemplo, del país y el racismo, porque si no se conoce la realidad es difícil transformarla. Prohibir la lectura de libros es ingresar al oscurantismo, es pretender combatir el pensamiento y ése no es el camino para desterrar males sociales como el racismo.
No se puede desarrollar una conciencia crítica, anulando fuentes del conocimiento y de la difusión de ideas generadas en diferentes géneros literarios y expresiones culturales. No se puede cerrar los ojos y desterrar los libros a los archivos o a la destrucción sobre realidades que por muy crudas que sean, son escenarios que hablan sobre situaciones dolorosas que han sufrido los pueblos indígenas excluidos de Bolivia, durante muchos años. Corregir esta situación es comprenderla y asumir conciencia de la realidad para transformarla.
Las autoridades, que llevan adelante lo que pretenden en el nuevo proceso educativo en el país, tendrían que tener visiones coherentes para evitar contradicciones y confusiones en un asunto que posiblemente es el núcleo central de cualquier transformación social.
Clarín, Argentina: Consecuencias de la política de confrontación
El asesinato del militante Mariano Ferreyra no puede atribuirse al Gobierno, pero sí inscribirse en un clima de confrontación promovido por el oficialismo, que ha derivado en niveles crecientes de agresividad verbal contra opositores, medios de difusión y empresas y prepotencia de grupos de presión sindicales.
Desde el inicio de su gestión, Néstor Kirchner desplegó un estilo de confrontación que muy pronto encendió señales de alerta y advertencias sobre las consecuencias dramáticas que esta política podía tener. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzó por ese sendero, especialmente a partir del enfrentamiento con el agro cuando profundizó la política de polarización e intolerancia. En esta línea se ubica la ofensiva contra los medios de difusión independientes cuyo último episodio es el intento de controlar la distribución de papel de diario.
A esto deben agregarse episodios de violencia física, menor pero inadmisible por parte de funcionarios o personas vinculadas, como las que tuvieron lugar en varias oportunidades en el INDEC, según denuncias trabajadores del organismo, o en reuniones de Papel Prensa, por lo cual hay causas judiciales en curso.
Otro aspecto riesgoso de la política oficial es el aliento al piqueterismo, con un sistema que distribuye ayudas a través de organizaciones sociales, que son beneficiadas de acuerdo a su grado de cercanía con el kirchnerismo. Este sistema desplaza al Estado en su papel de administrar subsidios y promueve la búsqueda de fondos a través, no sólo de la obsecuencia, sino del ejercicio de movilizaciones y presiones sobre organismos públicos.
Pero el aspecto más preocupante de esta política ha sido, como acaba de comprobarse, la utilización de organizaciones sindicales como instrumento de presión, lo cual está acompañado de una creciente libertad de movimientos e impunidad para el sindicalismo oficialista, en primer lugar para la CGT y el sindicato de camioneros liderados por Hugo Moyano. Es así que, en los últimos tiempos han tenido lugar bloqueos de empresas, vías de comunicación y enfrentamientos con sindicatos rivales en luchas por el poder, en ocasiones con uso de armas.
Más aún, el sindicalista, acaba de sostener abiertamente que, si en las próximas elecciones gana la oposición impedirá la gobernabilidad sacando su gente a la calle, algo que el sindicalismo ya ha puesto en práctica en ocasiones anteriores.
Notablemente ni el Gobierno, que agita permanentemente el fantasma de supuestas maniobras destituyentes ni las organizaciones de derechos humanos han criticado esta amenaza a la institucionalidad.
En este contexto es necesario considerar la acción de la patota de sindicalistas vinculados al poder que, ante la pasividad policial, se atribuyó la función de patrullar las vías del ferrocarril y oficiar de fuerza antidisturbios y luego, atacó un grupo de trabajadores y asesinó a Mariano Ferreyra. Cabe agregar la participación de barras bravas, elementos delincuenciales que también operan como patotas de sectores sindicales y políticos.
El gobierno tiene planteado, por lo tanto, dos grandes desafíos. En lo inmediato, colaborar con la Justicia para avanzar en la investigación del crimen y las circunstancias vinculadas, sin proteger elementos amigos. En términos más generales, revertir la política de confrontación para evitar que la deriva hacia el patoterismo y la violencia se profundicen, afectando la convivencia y la institucionalidad.
El asesinato de Mariano Ferreyra debe inscribirse en el clima de confrontación promovido por el Gobierno, y en el accionar del sindicalismo oficialista. Desde 2003 el kirchnerismo mantiene una política de confrontación con niveles crecientes de hostilidad hacia la oposición, la prensa independiente, las empresas y la Justicia. Tiene el desafío de contribuir al esclarecimiento del crimen y revertir la política de confrontación.