Índice de los Editoriales de Periódicos
-
El Día: El país de las trampas
-
Bajo el Penoco, El Día: Hablando de números
-
Los Tiempos: Semana crucial
-
El Deber: La salud en crisis
-
Cambio: Nunca más otra Honduras
-
La Prensa: Tortura y ?servicio a la Patria?
-
El Diario: Gobierno, pueblo y libertad de expresión
-
El Mundo: Correcciones
-
Opinión: Frente al racismo ¿la represión o el desarrollo?
-
Clarín, Argentina: Agresiones a las instituciones de la República
El Día: El país de las trampas
A quién le puede sorprender que el presidente Morales diga que hizo trampa para poder reelegirse, si en Bolivia casi nada se hace conforme a derecho. No hace falta que el Primer Mandatario les estruje su ética a los niños y cualquiera que todavía tiene algo de fe en que este país algún día pueda cambiar. Con haber dicho que no le importan las leyes, sino la política y que él le “mete nomás”, aunque sea ilegal, ya fue suficiente y pruebas hay de sobra para demostrar su paradigma.
La propia Constitución Política del Estado es una trampa gigantesca, que incluyó sangre, negociaciones clandestinas, cambios de última hora y alguno que otro poder de convencimiento. Qué más tramposo puede ser que el denominativo de “plurinacional” que lleva el Estado, en el que solo cuentan los “pluris” de un lado y no los del otro lado del país, a los que no se los baja de “buscapegas” y a los que se les ha negado el derecho constitucional de opinar en la extracción de recursos naturales de los territorios que supuestamente les ha reconocido el régimen.
Trampa hubo en el Referéndum revocatorio, en la definición de las autonomías, en el caso Rózsa, en Pando, en la designación de las autoridades judiciales, en la elaboración de las leyes fundamentales, que terminaron derrocando a alcaldes legalmente elegidos el 4 de abril.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Ahora se quiere recurrir a una gran trampa con la Ley antirracista. El Presidente les ha ordenado a los senadores que aprueben el proyecto tal como está; es decir, incluyendo las graves amenazas a la libertad de expresión, el verdadero trasfondo de esta norma que supuestamente pretende eliminar la discriminación en el país. Los periodistas, trabajadores de la prensa y los propietarios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, han constituido una alianza sin precedentes para oponerse a esta norma, que con seguridad está encaminada a eliminar el último resquicio de democracia que aún le queda a este país. A la lucha de los comunicadores, que llegaron al extremo de paralizar sus actividades en algunas regiones, se ha sumado el clamor de la Iglesia y también de un delegado de la ONU, que advierten del peligro de herir de muerte al sistema democrático.
Pese a que en el Gobierno han asegurado que no se va a modificar la Ley de Imprenta, como propuso una parlamentaria oficialista, el ataque a la libertad de expresión se ha ido consumando a través de diferentes normas, como la Ley del Régimen Electoral, que no sólo prohíbe a los medios informar libremente sobre candidatos y propuestas, pues en el fondo, lo que se busca proscribir es el ejercicio libre de la política. De lo que se trata es de consumar en diferentes etapas una gran trampa, cuya finalidad es cerrar medios y, obviamente, satisfacer las ansias de los gobernantes actuales de encarcelar unos cuantos periodistas, como ha hecho con políticos opositores, parlamentarios, jueces y ex funcionarios.
La semana que viene será crucial para esta ley y está en manos de los senadores evitar que este Gobierno se meta en la trampa más peligrosa. Eliminar la libertad de expresión es atentar contra la vida misma y eso puede ser intolerable para la ciudadanía.
Se trata de consumar una trampa, cuya finalidad es cerrar medios y encarcelar periodistas, como ha hecho con políticos opositores.
Bajo el Penoco, El Día: Hablando de números
Desde que Evo Morales comenzó su guerra contra los medios de comunicación y la libertad de expresión, siempre trató de dividir las aguas de alguna forma. Cuando calificó a los órganos de prensa como sus principales enemigos, dijo que la pelea no era contra los periodistas, sino contra los propietarios. Como este argumento no le funcionó, más tarde ensayó aquello de que “sólo el 10% de los periodistas de Bolivia son dignos y el resto son sucios”. El Gobierno tuvo que recurrir entonces a crear sus propios medios y adquirir otros para que la voz oficialista adquiera más volumen, pero los números no cambiaron, especialmente los relacionados a las encuestas de credibilidad que siguen ubicando a los medios privados en el primer lugar después de la Iglesia y muy por encima de los políticos. En los últimos días, los diarios, las revistas, los canales de Tv, radios, dueños, reporteros, camarógrafos y editores salieron a las calles a protestar contra la “ley mordaza”. También han iniciado la recolección de firmas para documentar el apoyo de la población. A ver si estos números convencen al MAS.
Los Tiempos: Semana crucial
NUESTRA PALABRA
Si lo que en verdad se busca es combatir toda forma de discriminación, es menester mejorarlo sustancialmente con las sugerencias que se han hecho.
En los próximos días se debatirá en la Cámara de Senadores el cuestionado proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que ha sido aprovechado, por los representantes del MAS, para incluir dos artículos en contra de la libertad de opinión y expresión.
Como antecedentes, hay que recordar que se trata de una norma que el Estado boliviano debió procesar hace mucho tiempo, pues es un compromiso asumido por un convenio internacional, pero que el espíritu que anima a las diferentes convenciones en contra de diferentes discriminaciones y que lo hacía a las primeras propuestas de ley sobre el tema era eminentemente educativo y no punitivo como finalmente es el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.
Por esa realidad, los distintos gremios que agrupan a quienes trabajamos en los medios de comunicación han hecho conocer a los parlamentarios sus objeciones, particularmente sobre tres temas centrales. El primero, la falta de una tipificación clara de los delitos que se debe sancionar cuando se trata de discriminación. Las definiciones que incluye la norma son tan subjetivas y amplias que su aprobación abriría paso al arbitrio en función de intereses particulares de los gobernantes de turno.
El segundo, que la Ley de Imprenta -con todas sus limitaciones- tiene la amplitud necesaria para sancionar los delitos de racismo y discriminación, por lo que se la debe aplicar si se cometen delitos de esta naturaleza una vez que sean claramente tipificados. Pero el proyecto contiene dos artículos (el 16 y el 23) con los que busca sancionar a periodistas y a medios, incluyendo el retiro de "su licencia de funcionamiento", y se incorpora al Código Penal los denominados "Delitos contra la Dignidad del Ser Humano", entre los que se incluye el de la "difusión e incitación al racismo o a la discriminación" y los "Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios".
El tercero es que en el proyecto se norma que sea a través de la justicia penal que se juzguen los presuntos delitos de discriminación que se cometan a través de medios de comunicación. Es decir, el Gobierno del MAS lograría lo que ninguno de los Gobiernos de la democracia reabierta en 1982 pudo hacerlo.
Los voceros del oficialismo tratan de confundir a la ciudadanía con argumentos falaces, apuntando a que los gremios del periodismo estarían defendiendo simples intereses crematísticos. Lo cierto, empero, es que en la medida en que el poder limite la difusión de información será la ciudadanía la más afectada porque contará con mala información o con información sesgada por los caprichos del poder. Y aparentemente no es una casualidad que sea en los países miembros de la ALBA donde los periodistas estemos atravesando estos conflictos entre un poder que se quiere omnímodo y un periodismo que ha decidido resistir esta avalancha autoritaria.
De esta manera se puede concluir en que si el interés principal de este proyecto es combatir toda forma de discriminación, es menester mejorarlo sustancialmente con las sugerencias que se han hecho desde varias instancias de la sociedad. Pero, si de lo que se trata es aprovechar el tema de la discriminación para limitar la libertad de opinión, hay que mantenerlo como ha sido aprobado en Diputados.
El Deber: La salud en crisis
Una situación de virtual colapso confronta la atención en los principales hospitales públicos de Santa Cruz de la Sierra, exponiendo a muy graves riesgos la salud de miles de pacientes, en su gran mayoría de escasos recursos, que son atendidos en muy precarias condiciones, según se ha podido constatar recientemente una vez más. El panorama tiende a agravarse por el incremento de afectados con problemas respiratorios y otros por efecto de la prolongada contaminación del medio ambiente, debido a la quema indiscriminada del bosque en vastas zonas de la región y en algunas aledañas a la capital cruceña.
Cambio: Nunca más otra Honduras
El pasado 30 de septiembre se escuchó desde el Ecuador un campanazo de alerta para los procesos de cambio que impulsan hoy los pueblos de América Latina. Se trató, no cabe duda, de un mensaje brutal de las fuerzas oscuras, de quienes no quieren que cambie nada y que se mantengan los privilegios y la impunidad de pocos. Quienes militan en el campo popular han señalado la necesidad de articular cada vez más y mejor los lazos de coordinación e incorporación de los sectores sociales en la conducción de los procesos políticos que buscan, en definitiva, la liberación de nuestras naciones, independencia política y económica, sin imperios ni patrones. Esto que parece una consigna, ciertamente no lo es a la hora de plantearnos, como pueblos y como naciones, la construcción de un proceso que acabe con el viejo orden colonial y las relaciones económicas y sociales injustas e irracionales que supone la esencia del capitalismo.
La contradicción fundamental para los pueblos de América Latina sigue siendo socialismo o capitalismo, liberación nacional o dependencia y sometimiento al imperialismo norteamericano. En el caso boliviano, tal proceso en transición pasa por la construcción del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Es decir, por el desmontaje institucional del viejo Estado republicano, colonial y decadente que terminó -en las últimas décadas de vigencia en su expresión neoliberal- de ahondar las diferencias sociales, culturales, económicas y políticas. Acabar con esa institucionalidad gastada y anacrónica sigue siendo el reto para un proceso que se ha planteado como eje de sus políticas transformadoras, entre otras cosas, la descolonización y la despatriarcalización del Estado. Los postulados están señalados con precisión en la Constitución Política del Estado vigente y deben ser las directrices fundamentales del proceso.
Se trata, cierto, de un proceso fundacional, de la construcción del nuevo Estado desde los movimientos sociales, pero esta vez no desde el llano marginal y excluyente, sino desde el manejo mismo del poder político que se expresa en la presencia del presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno y de los representantes de las mayorías en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy el proceso de cambio, es decir la revolución democrática y cultural, está en manos de los excluidos de siempre, de los pobres, los obreros y campesinos, en sus comunidades, en sus fábricas, en sus fuentes de empleo, pero también en las esferas del Gobierno, esto es la administración del Estado.
Aquella administración hoy más que nunca debe estar guiada por el mandato popular y por la acción de las masas de la mano de su gobierno. Tal la gran enseñanza del campanazo de Quito que no debe quedar en la condena al imperialismo y sus lacayos internos, ni en los juicios a los que se prestaron y se prestan para la conspiración artera. El campanazo exige hoy mayores grados de organización y conciencia del pueblo, como mayor participación en la toma de decisiones y la definición de políticas públicas.
Al respecto valen las reflexiones que surgieron en torno a lo ocurrido en Ecuador y los retos que se plantean para le revolución ciudadana liderada, indiscutiblemente, por el presidente Rafael Correa.Pocas horas después del ensayo golpista, las agencias de noticias desvelaban, por ejemplo, que "la inteligencia estadounidense penetró a fondo la Policía ecuatoriana", algo que era moneda corriente bajo los gobiernos títeres de los Estados Unidos por décadas en América Latina.
Tal penetración en la Policía del Ecuador -de acuerdo con un informe oficial elaborado en 2008- se produjo a través del "pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones". Philip Agee, ex agente de la Central de Inteligencia Americana (CIA), denunció este mecanismo en varias oportunidades, dice al respecto el periodista canadiense Jean Guy Allard, que publicó un artículo referido al tema.
Allard recuerda también que hace dos años el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, reveló cómo los diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la Policía y a oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y que en los últimos meses "funcionarios norteamericanos se aparecieron en Ecuador" con el pretexto de profundizar relaciones…".
El campanazo del 30 de septiembre puso a prueba los mecanismos creados por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de América y el Caribe (ALBA), que se reunieron rápidamente y tomaron acciones para condenar todo intento de ruptura del orden constitucional y democrático en nuestros países.
En el caso del Ecuador, el apoyo al presidente Rafael Correa fue contundente. Incluso Washington no tuvo otra que expresar su respaldo, aunque como siempre de manera ambigua y con cierta distancia oportunista.
El mismo presidente Rafael Correa, una vez liberado por las fuerzas especiales, afirmó que lo que ocurrió en su país el último viernes de septiembre, por la noche, fue un intento de instaurar otra Honduras en América Latina
La Jornada de México editorializaba un día después del ensayo golpista: "La involución que ha vuelto a colocar en el panorama regional esos ejercicios de violencia y barbarie tiene un arranque preciso: el cuartelazo perpetrado en Honduras en junio del año pasado, el cual logró trastocar en forma perdurable el orden institucional, debido, principalmente, a la complacencia que encontró en la comunidad internacional y, muy especialmente, en el gobierno de Barack Obama…".
Nuevos campanazos se escucharán en el continente, que no nos encuentren desprevenidos.
Los procesos de cambio en América Latina seguirán recibiendo mensajes de los viejos agentes de la regresión. El reto de la transformación democrática es articular cada vez y mejor el gobierno del pueblo con el pueblo mismo.
La Prensa: Tortura y ?servicio a la Patria?
Los abusos y el maltrato en los cuarteles no son de ahora y deben de ser, tal vez, incontables los casos que han quedado bajo un manto de silencio?
Conmocionada, la opinión pública nacional ha reaccionado unánime y vehementemente para condenar la tortura a manos de un oficial y de otros uniformados de un conscripto que cumplía su ?servicio a la patria? en el cuartel del regimiento de fuerzas especiales Méndez Arcos con asiento en la localidad de Challapata (Oruro). El haber incumplido determinado horario fue la causa del atroz castigo que tuvo que soportar el joven soldado, amarrado de pies y manos e introducido, una y otra vez, en un cubo con agua mientras recibía golpes e insultos. El hecho ocurrió en este expirante 2009 y las impactantes imágenes captadas por un teléfono celular fueron difundidas a comienzos de esta semana por la red Unitel. Se sabe que los familiares del soldado denunciaron el hecho en febrero pasado pero, al no recibir ninguna atención, entregaron el registro de las imágenes a dicha red.
Hay una orden de baja y el correspondiente proceso ante la justicia ordinaria para los militares que participaron en la tortura, según una comunicación emitida por el Ministerio de Defensa, mientras que el presidente Evo Morales condenó lo ocurrido y anticipó que los responsables de la brutal acción serán severamente sancionados. El Jefe de Estado, además, agradeció a los medios de comunicación por haber divulgado públicamente lo sucedido y confirmó que la investigación fue puesta en marcha. He ahí, dicho sea de paso, la tarea de los medios que aún son capaces de filtrar la luz de la verdad entre las tinieblas y a los que se busca amordazar por la vía de cuestionables leyes actualmente en camino forzoso de su aprobación por mandato presidencial justamente.
Los abusos y el maltrato en los cuarteles militares no son de ahora y deben de ser, tal vez, incontables los casos que han quedado sepultados bajo un manto de silencio como impunes los endurecidos torturadores de uniforme. Los ultrajes contra la dignidad de los jóvenes conscriptos van desde los insultos hasta las agresiones de hecho. Incluso, abusivos e inescrupulosos oficiales y otros mandantes creen tener en los conscriptos mano de obra gratis para diversos menesteres, como recoger cosechas, construir viviendas, servir de choferes y realizar compras en el mercado ?para la señora del comandante?.
Es de esperar que cuanto antes arriben a puerto alguno las investigaciones ordenadas por el propio Presidente del Estado y que no ocurra lo mismo con aquellos episodios del pasado reciente en los que estuvieron claramente involucrados uniformados, como en el ?bombazo? contra un canal de televisión en Yacuiba y otros de los que, no obstante las comprometedoras evidencias, salieron librados de polvo y paja sus autores.
Lo ocurrido en Challapata, que astilla aún más la imagen de las Fuerzas Armadas de la nación, abre también el debate sobre la necesidad de mantener en vigencia el carácter obligatorio del servicio militar, en el que no se termina de erradicar los tratamientos torpes y abusivos contra quienes lo prestan en un país como Bolivia que, además, constitucionalmente se define como ?pacifista? pero se mantiene, sin justificación alguna, en el empeño de gastarse una ponchada de plata en armamento bélico. He aquí la importancia de la sugerencia realizada por el Defensor del Pueblo, de convocar a una consulta ciudadana sobre el tema.
El Diario: Gobierno, pueblo y libertad de expresión
El intento de aprobar una “ley antirracismo” que implicaría control a la libertad de expresión, ha despertado en la colectividad nacional reacciones de diversa índole, pero todas dirigidas a protestar y rechazar la intención que no es otra que la de controlar la libertad de pensamiento que es un derecho inalienable de todo ser humano.
Lo lamentable de esta situación es que el Gobierno, su entorno, el MAS y grupos como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, estarían empeñados en que de todas maneras se apruebe esta ley, aduciendo que es un “derecho de los pueblos luchar contra el racismo”, especialmente el practicado por “neoliberales, gamonales, blancos, blancoides y otros enemigos del campesinado y de quienes son originarios”, dicen. La posición, recalcitrante en todo sentido, llega al extremo de amenazar con actitudes de hecho en caso de haber modificación alguna por parte del Legislativo, especialmente de la Cámara de Senadores que está considerando la disposición.
Creer que “está prohibido pensar” implicaría que nadie -especialmente periodistas, analistas, columnistas, editorialistas y comunicadores en general- puedan emitir opiniones, criterios, ideas, sugerencias o publicar informaciones y comentarios “que no sean del agrado del partido de gobierno” para que “se impongan sanciones económicas” y hasta se llegue a la clausura o suspensión del medio de comunicación que dé paso a tales “ideas racistas y discriminatorias”.
El Gobierno parece que no ha sopesado que el prohibir la libertad de pensamiento y su derivación, la libertad de expresión, es sumamente peligroso y atentatorio -más a la corta que a la larga- a sus propios derechos para comunicarse y expresarse. La medida sobrepasa, y muy de lejos, a las acciones punitivas contra la libertad de expresión de los regímenes más recalcitrantemente dictatoriales, fascistas, nazis, comunistas o de cualquier extremo porque prohibir pensar, emitir ideas y utilizar la inteligencia es arbitrario, peligroso y tiránico contra todos los derechos humanos.
Para el pueblo, siempre libre de expresar todo lo que su modo de pensar y sentir el pensamiento, no tiene explicación la posible medida porque, en el raciocinio popular, implicaría una amenaza para quienes expresan adjetivos calificativos, utilizan motes o sobrenombres, cambian expresiones para designar lo que, en su entender, resulta más comprensible, más común, corriente y hasta familiar.
El antirracismo, pretexto de dicha disposición, sólo es practicado por quienes, imbuidos de complejos de inferioridad, creen que todos son enemigos de todos por el color de la piel, el modo de obrar o pensar, el emitir ideas y criterios, el orientar, criticar o aplaudir; resultan delitos los regionalismos y las opciones que cada pueblo se da para autodesignarse como cree conveniente y adoptar costumbres culturales propias.
Peligrosa la intención que, de ser efectiva, implicará, de hecho, prohibir pensar y dejar todo a disposición de las autoridades que -tal vez sea la intención- designar censores o “juzgadores” del modo de hablar y sentir del pueblo. La verdad es que, con sentido netamente totalitario, los intentos podrían ser muchos, pero la verdad es que nadie, por poder que tenga, anulará la libertad de pensamiento y la de expresión, que son derechos que no pueden ser regulados ni vendidos ni regalados, por ser parte indivisible de la base sustantiva de las libertades, que es el pensar.
El Mundo: Correcciones
Las autoridades del Ejecutivo, en su afán de tomar el control total de la sociedad, llevan adelante un plan que nos ha mostrado sus fases más evidentes con la aprobación de un proyecto de Constitución Política que luego ha dado lugar a una campaña de apropiación de todos los poderes del Estado. El trabajo sólo comenzó por esa tarea; luego, con el argumento de que se dictaban leyes complementarias, para la aplicación de la Carta Magna, se ha comenzado a intervenir en una serie de leyes, en algunos casos cortas, para evitar demoras y que luego comenzaron a ser ratificadas para afirmar el control total.
Fue el tema de la Ley de Autonomías que cortó de raíz todo lo avanzado en ese campo, en varios distritos el país que luego de una consulta popular habían creado sus estatutos.
En el afán de echar por tierra todo lo avanzado, no sólo se ha conculcado con una ley todo lo avanzado en las regiones sino que se ha llegado al extremo de iniciar procesos a las autoridades, las que dando paso a los planteamientos de la comunidad, llevaron adelante la realización de referéndums.
La Constitución aprobada tiene como especial característica el hecho de que existe un sector de la ciudadanía que resulta privilegiado con relación a los demás, con la excusa de que fueron marginados y discriminados en el pasado.
Ahora ser ha comenzado a elaborar leyes, como la Ley antirracismo que no sólo pretende evitar la discriminación, sino que también propone sancionar en forma severa a quien se atreva a poner en evidencia los casos de discriminación a través de los medios de comunicación, en una acción que coarta las libertades de información y de expresión, enunciadas por la misma Constitución.
Uno de los principales instrumentos con que contaba la sociedad y en particular los pueblos marginados discriminados era el Servicio Militar que en la forma en que estaba establecido, debía ser un instrumento de educación y de integración de los ciudadanos; en especial a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado, tenía también dentro de sus tareas la formación en capacidades, para que los ciudadanos puedan incorporarse a la vida productiva, al retornar a su comunidad.
En circunstancias posteriores, se amplió esa función con la de la alfabetización ya que entendiendo que entre las primeras tareas del Servicio Militar se daba el beneficio de la alfabetización a los conscriptos, se les podía encomendar luego la tarea de llevar ese beneficio a otras personas.
De esa manera el Servicio Militar se convertía en un instrumento de integración y progreso de la sociedad. Por otra parte, la forma de prestar el Servicio Militar se había diversificado con el Servicio Premilitar o el servicio especializado luego de obtener la profesionalización.
Lamentablemente, en la práctica vemos hoy que ninguna de esas tareas se cumple y por el contrario, según denuncias que se hicieron públicas, las Fuerzas Armadas se encontraban preparando en el manejo de armamento militar a grupos irregulares, compuestos por organizaciones sociales o pueblos originarios, con fines que no fueron aclarados del todo.
A esas irregularidades hoy se suman las denuncias de torturas, con la aclaración posterior de que esa es una rutina dentro de la institución armada. Ojala que el Gobierno, empeñado en tomar medidas para favorecer a las mayorías, tome cartas en el asunto y haga las correcciones necesarias, para que la institución cumpla un rol que sea de beneficio para la sociedad, por la inversión que representa.
Opinión: Frente al racismo ¿la represión o el desarrollo?
Las relaciones entre personas, dependen de muchos aspectos, uno de ellos es el orden estatal que los pueblos adoptan, y en ese marco, el papel que la gente cumple en los procesos productivos. En sociedades con fuertes supervivencias feudales, las diferencias basadas en prejuicios y mitos, son profundas. La nobleza, todavía tiene privilegios, ventajas y porciones importantes de poder, sólo a base de su origen, supuestamente divino. En la vieja Europa, algunos sectores presuntuosos pretenden darnos lecciones sobre derechos humanos y democracia, cuando en aquella realidad, hay niveles simplemente inaccesibles para las personas sencillas de clase media o baja. En Inglaterra, España, Bélgica, Noruega y otros, la movilidad social tropieza con barreras infranqueables allá donde comienza la concepción monárquica del Estado. El trabajo, la inteligencia, las invenciones científicas que en otros países generan una amplia y evolutiva movilidad social, en las monarquías tienen un límite, humanamente insuperable.
En nuestra América y en ese contexto en Bolivia, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no hemos podido superar las ideas y las formas estructurales impuestas por la Colonia. Los españoles redujeron a los habitantes del Nuevo Mundo, a la condición de objetos. Ya al finalizar la Edad Media, reprodujeron las etapas más duras y crueles del esclavismo. Felizmente, a pesar de la brutalidad y de la naturaleza absolutista de la colonización, sobrevivieron los aspectos esenciales de las culturas nativas. Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que en ciertos aspectos y proyecciones, se produjo un gran empate cultural. Por eso, a diferencia de lo que sucedió en el norte del Continente, aquí, no sólo en los núcleos más puros de las civilizaciones precolombinas, sino en la mayoría de todos nosotros, hay algo de ese pasado armonioso pero, al mismo tiempo, primitivo.
Después, por razones que hemos expuesto en muchos de nuestros trabajos, la independencia no rectificó lo esencial, es decir, la situación de quechuas, aymaras y otros. Millones de seres humanos quedaron marginados y sometidos a trabajos y condiciones reales de vida, iguales o peores que en la Colonia. Los herederos del poder peninsular, tomaron para sí las ventajas y beneficios de los colonizadores expulsados. La división social se mantuvo con características violentas y ofensivas, las minorías inventaron una serie de fórmulas para quedar con el privilegio de tomar el poder y acrecentar sus medios objetivos y subjetivos, en el uso indiscriminado de la violencia, inherente al orden político heredado del Viejo Mundo.
En esas condiciones, la división, la exclusión de los que quedaron con el apelativo de indígenas, fue parte del orden establecido. Para los que nunca entendieron el valor real del ser humano en la historia, esa era la condición, aparentemente imprescindible, para mantener un cierto grado económico y en dimensión estatal una cierta homogeneidad estable. Las minorías ineptas pensaron que la prolongación del régimen feudal tardío, podía ser la fuente de riqueza y de bienestar. Su mentalidad dependiente del orden internacional dominante, o simplemente de sus imposibilidades psicobiológicas, no pudo comprender que el desarrollo y la grandeza es obra de hombres libres, del trabajo realizado en condiciones honorables y de ejercicio evidente de todos los derechos inherentes a la condición humana.
Los prejuicios, los mitos, las pretensiones absurdas de superioridad, son supervivencias de ese pasado. Hubo y hay, no podemos negarlo, diferencias ofensivas, en cuyo ejercicio, unos se colocan en plano de superioridad respecto de otros, agravando la desigualdad. Ese orden, fue modificado parcialmente en 1952, a través de dos medidas, evidentemente, históricas: la Reforma Agraria y el Voto Universal. Sin embargo, los efectos estructurales de la dominación colonial y después de una independencia sin descolonización, se extendieron, obviamente, con otras características. Lo que ahora falta por aclarar, con la debida precisión, es la naturaleza de esas diferencias y de esos desniveles. ¿ Se trata de un tema racista, o es algo más complejo con ingredientes culturales, económicos, políticos y sociales?
Algo que está fuera de discusión, es la relación desigual entre ciertos estamentos de la sociedad boliviana, desigualdad que impide una acción conjunta y desperdicia potencialidades vitales del país. De la respuesta a la interrogante que hemos formulado, dependen las soluciones que debemos adoptar. Repitiendo lo fundamental, ¿ cuáles son las causas o los motivos de las diferencias que evidentemente existen en nuestro medio? ¿ Son de carácter racial, económico, político o ampliamente cultural? En principio y con el compromiso de afinar más este análisis, podemos decir que las causas son múltiples y que esta es una de las deformaciones estructurales de mayor significación en Bolivia.
Frente a una problemática tan antigua y compleja, son muchas las tareas que deben ser ejecutadas. Algo fundamental y fácilmente realizable, es el desarrollo de las zonas rurales. Constituye un imperativo industrializar la agricultura, a fin de transformar los valores culturales del pasado y mejorar la condición socio-económica de los campesinos. Los grupos que podrían ser considerados quechuas y aymaras, máximo en su segunda generación, con buena alimentación y otros medios materiales, somáticamente no tendrían ninguna diferencia con los que ahora vivimos en las ciudades. Aquí en Cochabamba, la gente de las provincias, en muy poco tiempo, logra niveles culturales que le permiten interactuar en igualdad de condiciones con el resto de la población. Urge también una profunda reforma educativa partiendo, precisamente, de la igualdad de los seres humanos. Las diferencias superficiales, no deben ser tomadas como signo de desigualdad o como ofensa. La pluralidad es común a todo grupo humano y quizá sea el motor de su evolución. La modificación de la organización de los factores productivos a fin de ofrecer a cada persona la oportunidad de ganar su pan, es parte de la lucha contra las diferencias sociales. Finalmente, debemos advertir que las relaciones ofensivas entre las personas, son parte del atraso y de la supervivencia ominosa de resabios de la Colonia y de una parte poco equitativa de la República. La consigna, estructuralmente válida, es superar el atraso y la pobreza. En esa dinámica, automáticamente, todos tendremos los mismos medios y las mismas posibilidades. La represión quizá pueda ser justificada pero, sin desarrollo, la pobreza es la primera agresión contra la gente.
Clarín, Argentina: Agresiones a las instituciones de la República
El ataque de Hebe Bonafini a la Corte Suprema, lejos de ser un exabrupto aislado, ha sido una manifestación extrema de la política oficial de presiones y agresiones contra la Justicia, como lo prueba el apoyo del Gobierno a dicho ataque. Esto constituye un cuadro de deterioro institucional que preocupa incluso a sectores del oficialismo y que debe revertirse para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones de la República.
En los últimos años, y a medida que se deteriora su imagen en la sociedad y sus posibilidades de éxito electoral, el kirchnerismo ha emprendido una escalada en su política de confrontación en la cual califica cualquier disenso como enfrentamiento bélico y que ha tomado como blancos a las empresas, a la prensa independiente y, más recientemente a la Justicia.
En esta línea, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández y los más conspicuos representantes del oficialismo, en el Parlamento y en los movimientos sociales kirchneristas, han realizado reiteradas manifestaciones agresivas ante fallos judiciales que no se ajustan a las pretensiones o necesidades políticas del oficialismo. En todos los casos se han desconocido los principios básicos de división de poderes y la necesidad de independencia de la Justicia.
El martes pasado tuvo lugar un acto montado y financiado por el Gobierno, con la participación de funcionarios y movimientos sociales oficialistas, para presionar al Tribunal, para que ?destrabe? la aplicación de la ley de medios, que es parte de los dispositivos con la cual Gobierno pretende aumentar su influencia sobre los medios de difusión independientes.
En ese acto, Hebe de Bonafini insultó a los miembros de la Corte y llamó a ?tomar el Palacio de Tribunales? y, al día siguiente, ratificó y amplió sus dichos y acusó públicamente de corrupción al titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti.
Las expresiones de la dirigente fueron inmediatamente criticadas por la oposición y también por miembros del oficialismo y de las organizaciones de derechos humanos. Pero el Gobierno permaneció en un silencio que sólo puede interpretarse como un aval o como una tolerancia cómplice con esas manifestaciones de extrema gravedad. Más aún, el canciller Héctor Timerman ensayó, en un mensaje por Twitter, minimizar los dichos de Bonafini al sostener que el debate debe centrarse en la ley de medios.
En este episodio quedan cristalizados algunos de los principales rasgos de la política oficial, consistente en la utilización de la confrontación política y la violencia verbal, al servicio de una estrategia de limitación de instituciones que tienen la función de equilibrar el juego de poderes en el sistema republicano y de contribuir a la calidad de la democracia. Entre ellos se cuentan la Justicia y el periodismo independientes, los cuales son obstáculos dramáticos para los proyectos de hegemonía política, para los gobiernos que procuran manejar los fondos públicos y los organismos estatales en función de sus intereses partidarios y para los funcionarios que usufructúan la función pública para enriquecerse.
Por ese motivo la defensa de la Justicia y de la prensa independiente no deben considerarse como objetivos de la oposición a un gobierno o un oficialismo de turno, sino como parte de la defensa de las bases del sistema republicano, del buen uso de los recursos públicos y de la consolidación de la convivencia pacífica en la sociedad.
El ataque de Hebe Bonafini a la Justicia, avalado por el Gobierno, forma parte de la política de confrontación política y violencia verbal con la que se ataca a las instituciones destinadas a equilibrar los poderes, monitorear el uso de los fondos públicos y prevenir la corrupción. Por eso, la defensa de la independencia de la Justicia y del periodismo es parte de la defensa de las bases del sistema republicano.