Audiencia: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió tanto a los periodistas como al Gobierno y escuchó sus versiones. Una delegación del Gobierno de Bolivia y una representación de la Asociación de Periodistas de La Paz ventilaron ayer ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, la justificación, por un lado, y el rechazo, por el otro, de artículos de la ley del órgano electoral y la Ley Contra el Racismo, normativas que vulneran la libertad de expresión.
Defensa: Antonio Vargas, de la Asociación de Periodistas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (foto izq), y el vocero del Gobierno, Iván Canelas (der.), junto a representantes de la OEA, ayer.
La Prensa
Washington / EFE.- Representantes de los periodistas y del Gobierno de Bolivia se enfrentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) al exponer sus versiones sobre las recientes leyes aprobadas por el oficialismo que afectan a la libertad de expresión.
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El órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinó los argumentos de ambas partes sobre la situación de la libertad de prensa con relación a dos leyes, una contra el racismo y otra sobre régimen electoral.
En concreto, la Ley Contra el Racismo establece sanciones económicas y el cierre de medios que publiquen “ideas racistas y discriminatorias”, y fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.
La otra medida regula la propaganda electoral en elecciones directas a jueces. Como consecuencia, esa ley prohíbe a los candidatos a los órganos electoral y judicial dar entrevistas a periodistas o expresarse en anuncios.
Ambas legislaciones son, en opinión del fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, una “arquitectura jurídica restrictiva” y una forma de pedir “autocensura a los medios” y “amordazar a la opinión pública”. Según dijo en una exposición cargada de tensión y acusaciones, la Ley Contra el Racismo “criminaliza” el trabajo periodístico e “introduce la figura del censor”.
Vargas comparó la relación actual entre periodistas y Gobierno con la de un “matrimonio mal avenido”, en el que los primeros se han convertido en “enemigos” del segundo por destapar sus casos de corrupción. Además, presentó datos sobre 391 agresiones a reporteros entre 2007 y 2009, aunque el vocero del Gobierno, Iván Canelas, objetó que no son datos oficiales y se trata de ataques de personas, no del Gobierno.
Al final de su discurso, el periodista advirtió que “no es tanto lo que es”, en alusión a lo que ocurre ahora en Bolivia, sino “lo que podría llegar a ser” la situación de los medios en el futuro.
Por su parte, Canelas insistió en que el Gobierno “no regula” la profesión e insta a las organizaciones de prensa a “autorregularse”. Y después mostró un video que recopilaba insultos racistas contra el presidente Evo Morales.
Álvaro desahucia la iniciativa civil
El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que una vez que los periodistas lleven las firmas de la iniciativa ciudadana para modificar la ley antirracismo, no pasará nada en la Asamblea.
Como argumento, esgrimió el hecho de que supuestamente se le está preguntando a la gente si es que está de acuerdo con la libertad de expresión y no con la modificación de la norma mencionada. “No preguntaron sobre la modificación al artículo 16, por ejemplo, (de modo que) cuando llegue a la Asamblea, nosotros les diremos que sí, que estamos de acuerdo con la libertad de expresión y ahí se quedará la cosa”.
Además, criticó la presencia de periodistas en la OEA porque supuestamente no agotaron instancias nacionales como el Tribunal Constitucional.
Ya son 3 periodistas rumbo a La Paz
A la marcha iniciada el viernes por el periodista alteño Leopoldo Ibarra, se sumó el domingo el cruceño Franz Araúz y este lunes el también alteño Max Flores.
Los tres marchan rumbo a la sede de gobierno en protesta por la aprobación de los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y piden la anulación del primero y el cambio del segundo.
Ibarra comenzó a marchar el viernes desde la población de Caracollo. Aseguró que espera llegar hasta la plaza Murillo de La Paz para hacer escuchar su reclamo. El periodista alteño se declaró en huelga de hambre por varios días en su ciudad, tras la aprobación de la norma en la que el MAS dispone la posibilidad del cierre de medios como una de sus sanciones y el encarcelamiento de periodistas.
Ibarra fue despedido de su medio después de haber protagonizado la huelga. El domingo, en Konani, se le unió el periodista cruceño Araúz, con el que compartió ya los rigores de la caminata.
Ayer, se les unió Max Flores. Juntos intentaron llegar hasta la población de Calamarca, para descansar allí.
Anoticiado de la marcha, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que estaban en todo su derecho, pero cuestionó que estén viniendo realmente a pie. Insinuó que, a veces, venían en vehículo.
Confrontación
Autocensura de los medios, amordazamiento de la opinión y criminalización del periodismo fueron los argumentos de Vargas.
El Gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país para verificar la situación de la prensa.
Apología del odio racial fue la descripción que el Gobierno hizo del trabajo de algunos medios ante la OEA.
Tema de artículos mordaza se debate en la OEA
GOBIERNO Y PERIODISTAS
Por Agencias y Los Tiempos 26/10/2010
Una delegación del Gobierno de Bolivia y una representación de la Asociación de Periodistas de La Paz ventilaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washigton, la justificación, por un lado, y el rechazo, por el otro, de artículos de la ley del órgano electoral y la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, normativas que vulneran la libertad de expresión.
Mientras eso sucedía en Washington, en La Paz un vecino de la ciudad de El Alto y dos periodistas (uno también de El Alto y otro de Santa Cruz) continuaban ayer su marcha iniciada el pasado jueves en la ciudad de Oruro con rumbo a La Paz, a donde esperan arribar hoy y en la que serán recibidos por organizaciones sociales.
Su protesta, según dijeron, se lleva a cabo en defensa de la libertad de expresión, la modificación de la ley antirracismo, en solidaridad por la presión ejercida contra el periódico orureño La Patria y la autocensura en varios medios de comunicación.
En tanto, el presidente interino de Bolivia, Álvaro García Linera, pronosticó ayer en una conferencia de prensa en La Paz que el fallo de la CIDH de la OEA será la instrucción de que primero se agoten todos los mecanismos posibles en Bolivia, por lo que anticipó que los periodistas no conseguirán nada en esa gestión. “Veo ahí no tanto la intención de corregir las cosas, sino de mantener el show”, dijo.
Arquitectura jurídica
Durante la intervención en la OEA, el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, dijo que ambas legislaciones (Contra el Racismo y la del Régimen Electoral) son una “arquitectura jurídica restrictiva” y una forma de pedir “autocensura a los medios” y “amordazar a la opinión pública”, según dijo ayer en una exposición cargada de tensión y acusaciones, y agregó que la ley contra el racismo “criminaliza” el trabajo periodístico e “introduce la figura del censor”.
Además, presentó datos de organizaciones periodísticas sobre 391 agresiones a reporteros entre 2007 y 2009, aunque el vocero del Gobierno, Iván Canelas, objetó que no son datos oficiales y se trata de ataques de personas, no del Gobierno.
Canelas, posteriormente, repasó uno por uno los artículos constitucionales y legislativos que defienden la libertad de expresión, e insistió en que el Gobierno “no regula” la profesión e insta a las organizaciones de prensa a que lo hagan.
Canelas volvió a mostrar el video que recopila insultos racistas como “indio maldito” al presidente boliviano, Evo Morales, y “animales con forma humana” a la comunidad indígena por parte de periodistas en televisión, prensa y radio.
El portavoz gubernamental denunció que “algunos medios no cumplen con sus propios códigos” y tachó de intolerable que se haga “apología al odio racial” o que “se humille o denigre” a la mayoría indígena del país desde esa plataforma.
En cuanto a la Ley de Régimen Electoral, el Vocero argumentó que “no se trata de una elección política tradicional” porque responde a “sus propias normas” para dejar fuera la propaganda y para que un candidato no se aproveche de “sus amistades y recursos” para salir en televisión.
LAS LEYES
• Las dos leyes en debate en la OEA fueron la ley contra el racismo y la del Régimen Electoral, donde, según denunciaron los periodistas, se observan artículos que coartan la libertad de expresión.
• La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece sanciones económicas y el cierre de medios que publiquen “ideas racistas y discriminatorias” (artículo 16), y fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados (artículo 23).
• La ley del órgano electoral regula la propaganda electoral en elecciones directas, prohíbe a los candidatos a los órganos electoral y judicial dar entrevistas a periodistas o expresarse en anuncios en los medios de comunicación.
En campaña
• Según la comisión que coordina la distribución de libros en todo el país, el fin de semana fueron superadas las 600 mil firmas, por lo que estiman completar el millón hasta fin de mes. El objetivo es acudir a la Asamblea para exigir los cambios en los artículos 16 y 23 de la ley contra el racismo.
• En el departamento de Santa Cruz se han recolectado más de 200 mil firmas en menos de un mes.
• Varios grupos se desplegaron el sábado en la feria de Barrio Lindo y otros salieron el domingo a Cotoca y Paurito. Resta el informe de las provincias y de los municipios alejados de la capital cruceña.
• Recurso. Los diputados opositores Roy Moroni, Adrián Oliva y Norma Piérola presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de los artículos 16 y 23 de la ley contra el racismo y demandaron su inaplicabilidad.