La economía no aguanta retórica

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Lo cierto es que no hay correlación entre lo que sucede en la vida cotidiana de la gente y los anuncios oficiales sobre la marcha de la economía

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: El innecesario paro de salud

  2. Bajo el Penoco, El Día: Gil con jota

  3. Los Tiempos: LA ECONOMÍA NO AGUANTA RETÓRICA

  4. El Deber: Discriminaciones

  5. Cambio: Industrializar el litio

  6. La Prensa: Ilo, un gran paso

  7. El Diario: Cotizaciones a la seguridad social y AFPs

  8. El Mundo: La cuestión

  9. Opinión: El tráfico automotor y la inseguridad de la gente

  10. Clarín, Argentina: Tragedia minera en Santa Cruz


El Día: El innecesario paro de salud

El reciente paro de cuarenta y ocho horas del sector salud en Santa Cruz se ha realizado contra todo pronóstico y sentido común, afectando de manera innecesaria y peligrosa a la población. Se hace preciso señalar que la ciudadanía, además de haber soportado otros paros y medidas de protesta recientes, se ha visto de pronto agobiada por una ola de enfermedades respiratorias y oculares producto de los bruscos cambios de temperatura y la elevada contaminación atmosférica por el humo de los incendios y “chaqueos” indiscriminados que se han venido sucediendo en los últimos meses. La reciente suspensión de la atención de la salud ha sido, de manera evidente: insensible.



La dirigencia de los trabajadores de salud ha mostrado esta vez un comportamiento lamentable. Conviene advertir que se ha pasado por alto la oferta y la voluntad de las autoridades municipales y de la gobernación por atender sus demandas en el marco de una situación crítica, limitada por razones presupuestarias. La entrega inmediata del cincuenta por ciento de los ítems prometidos podía haber sido suficiente para establecer una tregua a todas luces oportuna para seguir brindando atención en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, ha prevalecido la intransigencia y los intereses de grupo para ocultar reiteradas denuncias de irregularidades en las oficinas de Salud Ambiental.

En los hechos esto significa que el paro de salud se ha utilizado como cortina de humo para impedir se lleven adelante medidas que buscan aclarar las denuncias en el marco de la transparencia en las dependencias de Salud Ambiental, conocido como el “botín” del sector salud. A su objetivo de no permitir se realicen movimientos de personal en esas dependencias, han agregado intentos de provocar la renuncia o destitución del Secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación. Asimismo, han pretendido no entender que la deuda histórica de los ítems de salud corresponde al Gobierno, que ya ha entregado un número de ítems a la región, también dentro de sus posibilidades.

Corresponde dejar sentado que resulta sensato y comprensible apoyar la lucha del sector salud para brindar a la población una atención de calidad conforme a los programas establecidos. Por una parte, por la crónica carencia de recursos humanos, materiales y económicos y de infraestructura en la región producto de inadecuadas políticas gubernamentales de larga data, y la falta de coherencia de las autoridades municipales y departamentales para actuar conjuntamente en este terreno, donde a la luz de los nuevos escenarios creados por la Ley de Autonomías, conviene estar interiorizados de los recursos administrativos y el marco legal para un sistema de salud más justo y amplio.

Pero esta necesidad colectiva de Santa Cruz no puede estar sujeta a los intereses de grupos de sector social alguno y menos del sector salud, cuya responsabilidad primera es brindar atención con los recursos que se dispone, sin necesidad de castigar a la población con paros de actividades, cuya consecuencia inmediata es el aumento de los índices de morbilidad y mortalidad en los grupos vulnerables, como son los niños y las mujeres en edad fértil. Todavía más, resulta lamentable que se utilicen las justas demandas del sector salud para evitar se aclaren irregularidades en dependencias administrativas cuya característica ha sido el manejo poco transparente de sus recursos.

Su responsabilidad es brindar atención con los recursos que dispone, sin necesidad de castigar a la población con paros o huelgas.

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Bajo el Penoco, El Día: Gil con jota

Este Penoco tenía un profesor de ortografía que siempre le recomendaba dormir con el “mataburro” al lado para no ser un gil. Lo que más pedía era no escribir “cajón” con “ge” de gato, porque este tipo de errores puede traer serios problemas. Pero lo que nunca imaginó el estimado profe es que algún día se daría un proceso de cambio tan revolucionario en el país que hasta llegaría a poner en duda el diccionario de la Real Academia Española, sin mencionar al querido y bien ponderado “Pequeño Larousse”. Semejante acto de “descolonización” se está produciendo en Oruro, donde los honorables concejales están furiosos porque algunos periodistas usan el término “concejiles” (con “jota” de jarra”) para referirse a ellos. De nada sirvieron los excelentes argumentos de la directora de un matutino, quien trataba de explicarle al presidente del órgano deliberante orureño que no es lo mismo “ge” que “jota” y que “concejil” es una palabra que tiene siglos de figurar en el diccionario. El honorable presidente del Concejo debe tener algún complejo con la sílaba “jil” y se siente mal cuando la escucha. Habría que considerarlo.

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Los Tiempos: LA ECONOMÍA NO AGUANTA RETÓRICA

Lo cierto es que no hay correlación entre lo que sucede en la vida cotidiana de la gente y los anuncios oficiales sobre la marcha de la economía

Luego de dos décadas de intentos sostenidos por establecer en la región sistemas estadísticos confiables que permitan adoptar decisiones correctas en el campo del desarrollo, nuevamente se ha ido para atrás al subordinar estos sistemas a las necesidades de quienes circunstancialmente ocupan el poder político.

Probablemente es posible señalar a Argentina y Venezuela, donde ha recomenzado la tarea de utilizar las estadísticas en función a su proyecto gubernamental y sus necesidades del momento. Lamentablemente ese ejemplo fue seguido en el país y el resultado es que las oficinas de estadísticas, administradas bajo criterios políticos antes que estadísticos, emiten cifras que son seriamente cuestionadas por los especialistas y quienes están directamente involucrados en el desarrollo de la economía nacional.

Ejemplo de esta situación es que mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha previsto que la inflación para esta gestión será de un 3,27 por ciento, el Observatorio Económico Social -que cuenta con el respaldo institucional del Colegio Departamental de Economistas de Cochabamba, el Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la UMSS y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) – cree que la tasa de inflación alcanzará un 20 por ciento.

De acuerdo a estos especialistas, el INE estima una inflación de 3,27 por ciento debido a que ha modificado el cálculo del Índice de Precios al Consumidor "incorporando productos que la mayor parte de las familias bolivianas no consume ni utiliza como pasajes aéreos, cursos de postgrado" y otros, reduciendo del 49 al 29 por ciento la importancia de los alimentos en la canasta familiar.

Por si fuera poco, esta semana se ha informado que el precio de carne de res, papa y tomate ha sufrido un incremento de precios de 23, 16 y 66 por ciento respectivamente debido, de acuerdo a consultas realizadas por Los Tiempos, a la escasez de oferta que, a  su vez, es consecuencia de fenómenos climáticos y desincentivos. Se incluye en las explicaciones la dada por la ministra de Desarrollo Productivo de que estos incrementos se verían también al feriado de Todos Santos o, como ha dicho el titular de Economía, que se trata de un problema importado si se analiza lo que sucede en los países vecinos.

Lo cierto, empero, es que no hay correlación entre lo que sucede en la vida cotidiana de la gente y los anuncios oficiales sobre la marcha de la economía. Y esta incongruencia puede convertirse en un serio "talón de Aquiles" de la actual gestión. Como se sabe, las autoridades han dado prioridad a las tareas político-ideológicas para avanzar en el camino hacia el control total de la sociedad, como ha explicado el vicepresidente del Estado. En ese proceso, la gestión de la administración pública es también objeto de retórica, pero, como se ha dicho, si ésta no expresa la realidad, puede, cuando sobreviene el tiempo de las vacas flacas, convertirse en un serio detonante de la estabilidad.

Por ello, bien harían las autoridades en comprender que conocer la verdad de lo que sucede en la economía y contar con estadísticas confiables no sólo sirve para planificar adecuadamente la gestión de gobierno, sino también como un parámetro de estabilidad política.

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El Deber: Discriminaciones

El racismo siempre se agazapa en lo lingüístico-cultural para acciones de discriminación que agravian los derechos de las personas y restringen su capacidad para ejercerlos en condiciones de igualdad respecto a todos los miembros de su colectividad.

Ahora que el Gobierno central electriza el ambiente político nacional con una descarga normativa (artículos que amordazan a la prensa) contra el racismo, creando un clima de confrontación cuyo epílogo seguramente le significará una erosión en imagen y prestigio mayor a la que la venía sufriendo desde hace meses. Cabe recordar cierta lectura etnoculturalista de efecto discriminatorio que quienes hoy nos rigen dejaron en la nueva Constitución Política del Estado.

Nos referimos al art. 234 del Capítulo Cuarto sobre “Servidores Públicos y Servidoras Públicas”. Este parágrafo establece como requisito de acceso a un cargo público hablar (a la perfección, se entiende) un idioma nativo. El español es la lengua de mayor funcionalidad en Bolivia. Se estima que es el medio de comunicación para el 94% del total de la población urbana y también de un creciente porcentaje de los habitantes de la zona rural, que son bilingües. Solamente en comunidades remotas del altiplano y de los llanos tropicales se puede encontrar a una pequeña minoría que sólo se expresa en su propio idioma, puesto que no sabe nada de español.

Un etnoculturalismo enceguecido por lo racial no pudo ni podrá percibir la referida realidad. Hizo lo que no se debía hacer, en resguardo de la igualdad que en materia de derechos ciudadanos fundamentales debe regir en toda sociedad democrática: discriminar a los más, en lo que respecta a oportunidades de acceso a cargos públicos, por no hablar un idioma nativo. Acaba de darse otro caso de discriminación, pero no por razones de orden étnico-cultural, sino de tipo de ocupación. El Gobierno instruyó que el Banco Unión, del cual el Estado es hoy accionista mayoritario, excluya a los periodistas de su nómina de personas sujetas de crédito bancario.

Estamos ante un innegable caso de etnoculturalismo y de discriminaciones de otro tipo que privilegia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría de la población boliviana. ¿Racismo? Claro que lo es. Sólo que ya luce rango constitucional, razón por la cual nadie podrá caerle encima.Y así, de desventurada manera, marchan las cosas en el país.

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Cambio: Industrializar el litio

El Estado Plurinacional de Bolivia invertirá 902 millones de dólares en cuatro años en el proceso de industrialización de las gigantescas reservas de litio que posee en el Salar de Uyuni. Así, el país dará un salto cualitativo, de ciplópeas dimensiones, en el marco de la explotación de sus recursos naturales para beneficiar al pueblo y cimentar el desarrollo soberano de la patria.

El presidente Evo Morales Ayma los confirmó hace un par de días durante la presentación de la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia, país que posee al menos 100 millones de toneladas métricas, el 70% de las reservas mundiales de ese metal. El restante 30% se encuentra en Chile, con 30 millones de toneladas métricas; Argentina tiene 2 millones de toneladas métricas, y el resto del mundo 7 millones de toneladas métricas.

El plan estatal consiste en tres fases. La primera está orientada a la investigación y empezará el próximo año con una inversión de 17 millones de dólares, e incluye la investigación con científicos bolivianos que ya en 2009 obtuvieron el primer kilo de carbonato de litio con patente boliviana. Es decir, los científicos bolivianos descubrieron una fórmula química que permitirá al Estado transformar las salmueras en litio; todo un logro de la investigación científica en el país.

"Éste es un gran orgullo para todos los bolivianos porque se ha logrado con mucho esfuerzo para transformar la salmuera en estos productos de gran demanda mundial", aseguró el director de la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE), Luis Alberto Echazú.

En ese contexto, los derechos de propiedad intelectual sobre todos los procesos fueron protegidos por ocho patentes tramitadas por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). Durante esta primera etapa también se procesará cloruro de potasio, derivados de litio y el sulfato de potasio, entre otros productos; y se producirán mensualmente 40 toneladas métricas de carbonato de litio, y 1.000 toneladas métricas de cloruro de potasio; se prevén ventas por 6,2 millones de dólares al año.

En la segunda parte del proyecto —que empezará en 2013— no sólo se ampliará la actual planta piloto de Uyuni, con una inversión de 485 millones de dólares, sino que se privilegiará la investigación para mejorar la obtención de litio y potasio, además de iniciar el proceso de industrialización de otros recursos como el boro, magnesio, sulfato, y se buscará desarrollar la tecnología para fabricar baterías.

Durante esta fase, en la que se desarrollará la tecnología para la fabricación de baterías, se prevé producir cada año 30 mil toneladas métricas de carbonato de litio, 700 mil toneladas métricas de cloruro, por los que se esperan ingresos anuales por 374 millones de dólares.

Una tercera fase tiene que ver, precisamente, con la implementación de una industria de baterías de litio para diversos usos, desde los celulares hasta los vehículos ecológicos del futuro, que demandará una inversión de 400 millones de dólares, estará en marcha en 2014 y abrirá las puertas a compañías extranjeras, necesarias para la provisión de tecnología de punta para la industria del siglo 21. Además, Bolivia está en condiciones de financiar el 100% de la inversión para cada una de las tres fases.

Según datos del Gobierno boliviano, el consumo mundial de carbonato es actualmente de 100 mil toneladas métricas al año y las reservas nacionales de litio alcanzan para abastecer al mundo durante 5.000 años, es decir, hasta el año 7.010. En palabras del presidente Evo, Bolivia cuenta con 2.000 millones de toneladas métricas de potasio, que tras un proceso industrial serán transformados en 530 millones de toneladas métricas de carbonato de litio y 3.794 millones de toneladas de cloruro de potasio, cuyo valor en el mercado mundial, con los precios actuales, alcanzará a 927.500 millones de dólares y 10.560 millones de dólares, respectivamente. Otro de los desafíos de la naciente industria del litio en Bolivia es apuntalar el cambio de matriz energética del mundo con vehículos ecológicos no contaminantes del medio ambiente.

Es que el futuro de la industria del litio está asegurado —pese a las advertencias de algunos ‘expertos’ que vaticinan que Bolivia "corre el riesgo de perder el mercado. El mundo es muy dinámico y día a día aparecen nuevos sustitutos para el litio"—, porque el salar de Uyuni contiene las reservas más grandes de litio de la tierra, un metal más liviano y tiene numerosos usos en la industria y aun en la medicina, no sólo de hoy sino del siglo 21.

El litio es fundamental en la fabricación del aluminio reforzado y liviano, que permite la construcción de aviones más livianos; en la industria de la cerámica, que le da mayor resistencia y mejor acabado; en la manufactura de grasas de alta resistencia; en la medicina psiquiátrica, pero fundamentalmente porque el litio se ha convertido en el símbolo de alternativas energéticas a los combustibles fósiles. La batería a base de litio es la más liviana y de más capacidad desarrollada hasta la fecha, y en vista del agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, el vehículo eléctrico va a desplazar al automóvil que usa combustible fósil, y se requerirán inmensas cantidades de litio para la construcción de baterías recargables.

Además, el litio es un metal imprescindible en la fusión nuclear para producir electricidad con alto grado de seguridad y muy bajo impacto ambiental, requiriendo como combustible para la reacción nuclear reducidas cantidades de agua y litio.

Los hechos descalifican cualquier interpretación interesada sobre la soberana decisión boliviana de encarar la industrialización del litio, que se perfila, junto al gas y el hierro, como el cimiento del desarrollo del país.

Bolivia cuenta con un potencial de 530 millones de toneladas de carbonato de litio y 3.794 millones de toneladas de cloruro de potasio, cuyo valor en el mercado mundial alcanza a 927.500 millones de dólares y 10.560 millones de dólares, respectivamente.

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La Prensa: Ilo, un gran paso

El acuerdo marca un vuelco en las relaciones entre Perú y Bolivia, que hasta hace poco estuvieron manchadas por actitudes inamistosas?

La mediterraneidad a la que ha sido sometida Bolivia tras la usurpación de su territorio durante la Guerra del Pacífico es una de las principales causas para que nuestra Patria se encuentre sumida en el subdesarrollo; sin embargo no cabe duda de que el Gobierno dio un paso importante el martes para lograr un acceso al mar con la firma del protocolo complementario que otorga a Bolivia libre tránsito al océano Pacífico a través del puerto de Ilo.

Hay en el hecho una serie de ventajas para el país, uno de los más importantes sin duda es que a partir de ahora podrán atracar buques de gran calado, lo que significa usar ese puerto para realizar exportaciones e importaciones. Pero, claro, no servirá de nada tener un gran puerto si no existen los medios para llegar a éste, por lo que es necesario que se empiece a trabajar de inmediato en la construcción de una adecuada carretera para que los empresarios puedan transportar sus productos para exportar por Boliviamar.

Entonces existen dos tareas urgentes en las que se tiene que trabajar: la primera, construir un puerto, y la segunda, mejorar la conexión carretera. En el primer punto el Perú dispuso el espacio, las condiciones y todo lo que pudiera implicar para poder acceder a ese espacio. Ahora le toca al Gobierno de Bolivia asignar los recursos para asfaltar la carretera que nos lleve hacia Ilo.

No es de descartar que Ilo pueda en el futuro reemplazar a los puertos chilenos de Arica y Iquique, pero, claro, hay que trabajar mucho para consolidar a este puerto como una alternativa portuaria.

Claro que influye de manera importante para ello el sector privado, que es el que debe realizar las inversiones en Ilo. Para ello el Gobierno de Evo Morales lanzó las primeras señales al anunciar que otorgará una serie de preferencias a aquellos desafíos empresariales, como el no cobrar impuestos y otorgar créditos, por ejemplo.

Hay que reconocer que el trabajo de las cancillerías de Bolivia y Perú fue el de los mejores, porque permitió dar un nuevo impulso al Acuerdo de Ilo firmado en 1992 por los entonces presidentes de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y de Perú, Alberto Fujimori, que sólo atendía a los sectores minero y pesquero.

El acierto del Gobierno de Evo Morales en este tema permite avizorar, y además con esperanza, la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Ilo pueda ser el puerto por el que Bolivia exporte gas a mercados internacionales.

Está claro también que este entendimiento fortalece los lazos históricos, económicos y culturales que unen a Bolivia y Perú.

El acuerdo además marca un vuelco radical en las relaciones entre Perú y Bolivia, que hasta hace poco estuvieron manchadas por actitudes inamistosas tanto del presidente Morales como de su colega peruano Alan García.

Pues bien, esos hechos quedaron para la historia y es destacable que ambos presidentes retomen una relación de amistad que beneficie a los pueblos de ambos países, pero además que permita fortalecer sus economías.

El Continente va en proceso de integración y Perú está demostrando que hasta el concepto de soberanía tiene formas de manejarse, por ello hay que destacar también la actitud del Gobierno peruano.

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El Diario: Cotizaciones a la seguridad social y AFPs

La seguridad de los habitantes de un pueblo no sólo radica en que estén salvaguardados sus derechos, en que haya respeto y consideración por su integridad física y sus valores, en que la familia cuente con todo lo que precisa para alcanzar altos niveles de vida; está, también, en la seguridad contra enfermedades, riesgos profesionales y todo lo que significa un fin digno y respetable, seguro y confiable, para la mayoría de años o sea la llamada “tercera edad” que implica haber sobrepasado los sesenta años.

La seguridad social, creada por decreto supremo el año 1955, ha sentado las bases para la atención médica, maternidad, riesgos profesionales y otros beneficios; anexo a todo ello, fueron asegurados los aportes patronales y laborales para los procesos de jubilación. La seguridad social, dentro del cumplimiento de deberes y obligaciones, marchó muy bien en los siguientes años o sea mientras se organizaban eficientemente los servicios.

Hay que reconocer, sin embargo, que nadie supuso el crecimiento que implicaría el aumento de quienes buscaban beneficiarse con estos medios de seguro; conforme pasó el tiempo, hubo necesidad cada vez mayor de mejorar y aumentar los servicios. Todo esto determinaba una condición: asegurar el financiamiento de lo que se precisaba tanto para atender debidamente los seguros de enfermedad como los que permitirían acceso a la jubilación.

En principio, por lo menos en los primeros cinco años, se tomó conciencia de realidades y los aportes, tanto empresariales como públicos, fueron normales y la Caja Nacional de Seguridad Social mostró situaciones bonancibles; pero, conforme pasó más tiempo, los más descuidados fueron los gobiernos que no aportaban ni siquiera los descuentos hechos a la burocracia estatal y menos los aportes que correspondía y que, lógicamente, estaban presupuestados.

Otro tanto ocurrió con el empresariado privado que, en buena proporción, tampoco hizo los empoces respectivos; por el contrario, se dispuso en otros gastos corrientes el dinero descontado al personal y los destinados por concepto del aporte patronal. La razón aducida fue: “la crisis económica, acompañada de una fuerte inflación, obligó a disponer de medios financieros destinados a la seguridad social y al sistema de jubilaciones”. Las deudas para ambos rubros fueron creciendo y, con ellos, las necesidades tanto de la atención de enfermedades como de retiro de trabajadores que se acogían a un lógico descanso después de haber trabajado muchos años.

Estas situaciones de falencia económico-financiera dieron lugar al decrecimiento de los servicios y, en lo posible, a exigir los reembolsos respectivos. En la mayoría de los casos fueron cubiertos con moneda depreciada, no obstante los intereses cobrados y, por el contrario, encarecieron los servicios prestados y de los insumos requeridos. Situaciones más que preocupantes dieron lugar a que en la seguridad social se presenten casos de corrupción, mala administración y otros problemas que dieron lugar al crecimiento de las dificultades. Hoy, ambas instituciones: las del seguro social y las AFPs están obligadas a exigir el pago de lo adeudado tanto por el sector público como del privado; de otro modo, se corre el riesgo de hacer peligrar lo que debería cuidarse con mucho esmero y debe merecer incrementos no sólo en la percepción financiera, sino en la calidad y cantidad de servicios.

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El Mundo: La cuestión

Uno de los mayores errores en los que puede incurrir un legislador es pensar en que él habrá de administrar solo, las normas que establezca y que las medidas irán a resultar maravillosas. El Gobierno, en su afán de rayar la cancha para imponer su programa revolucionario, no ha tenido dificultad en poner en el tapete de discusión normas como es el caso de la Ley Contra el Racismo y la Discriminación y otras que han dado lugar a reclamos justificados, aunque las autoridades no quieran considerarlo de esa manera, viendo las cosas sólo de la forma en que se las ha propuesto.

Las reacciones, en todos los casos, no se han dejado esperar y han sido puestas en evidencia y recogidas por los medios de comunicación, para ponerlas en conocimiento de la comunidad, que finalmente es la que tiene derecho a informarse sobre lo que sucede y sacar sus conclusiones.

En este momento, uno de los temas que mayor relieve han tomado dentro de la comunidad, es el relacionado con la ley Contra la Discriminación, con la cual ninguno de los ciudadanos puede estar en desacuerdo, puesto que el objetivo de la nacionalidad debería tender a mantener a los ciudadanos unidos y sin diferencias.

El hecho que ha desatado reacciones negativas no es precisamente la defensa a la discriminación, sino a la clausura de los medios o sanción a los periodistas que ofrece la ley, por difundir informaciones sobre el tema, porque toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones y por supuesto, responsabilizarse por lo que dice y puede hacerlo por cualquier medio.

Ambas cosas se limitan en forma expresa por los famosos artículos 16 y 23 que han movilizado a los periodistas de todo el país y a los dueños de los medios y que han recibido hasta ahora el respaldo de medio millón de ciudadanos, con la tendencia constante a ser más, aunque todavía se mantiene el deseo de mantenerla, aprovechando una mayoría parlamentaria que impide el autocontrol que se exige a los ciudadanos en otras situaciones.

Las interpretaciones de la norma han llegado a todos los extremos y es precisamente eso lo que se pretende evitar, con la reacción de los periodistas. Ahora no sólo se trata de los medios de comunicación sino que como alguien ha manifestado con propiedad, se trata de un problema de educación, por ello han surgido las opiniones de gente del Gobierno, en sentido de limitar la circulación de algunas publicaciones de autores nacionales, por considerar que tiene contenido discriminatorio.

Se ha hablado de eliminar textos del currículo de las escuelas y lo que es peor se ha hablado de retirar algunos libros de circulación. Mientras algunas personas del Gobierno han desmentido esa posibilidad o han tratado de explicarla, otros están seguros de que ese es el camino y que se debe quemar libros, ese es precisamente el temor de quienes se oponen a dichas normas.

Quienes con criterio obtuso traten de aplicar las medidas dictadas por la Asamblea Plurinacional, definida por el Jefe del Estado como la aplanadora, con seguridad abrirán una artillería abierta, veamos por ejemplo cómo hábilmente, los equipos de información del Gobierno han buscado tres o cuatro opiniones para atribuirlas al periodismo boliviano e inclusive al latinoamericano ya que han cerrado las puertas inclusive al Sociedad Interamericana de Prensa para poder tratar el tema.

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Opinión: El tráfico automotor y la inseguridad de la gente

Las calles de la ciudad de Cochabamba se complican cada vez más, el parque automotor se ha incrementado de tal modo durante los últimos años que ya nadie puede negar una realidad: la ciudad ahora es para los vehículos que han desplazado a la gente.

El diagnóstico de lo que ocurre en la ciudad respecto a graves problemas que se acrecientan día que pasa, por falta de políticas que regulen y ordenen el tráfico de vehículos o por desidia de las autoridades municipales, está a la vista de todos.

De una vez por todas, los cochabambinos debemos olvidar aquella nostalgia de ciudad tranquilidad y de las cosas benignas que nos enorgullecían antes. Hoy estamos viviendo en una ciudad no sólo con los problemas que tienen las capitales donde se registran explosiones demográficas de importancia numérica, sino en una ciudad con problemas sin solución, lo que determina que los mismos se agraven con el paso del tiempo.

La gran cantidad de vehículos automotores de servicio público y particular, ha originado como consecuencia lógica y ante la falta de políticas claras sobre el ordenamiento, una serie de accidentes de tránsito que, según estadísticas, se registran por los menos tres al día, entre atropellos y colisiones de vehículos. Las autoridades de Tránsito están preocupadas por esta situación y como una medida inmediata han decidido llevar adelante, con apoyo de la Alcaldía y de los medios de comunicación, una campaña para evitar lo que denominan los malos hábitos de choferes que no respetan señales de semáforos, invaden los pasos de cebra y calzadas, y no observan límites de velocidad en zonas escolares y hospitalarias. Se trata de un esfuerzo que debe merecer el apoyo de la ciudadanía, porque esta campaña procura concienciar y, en su caso, educar a los conductores de motorizados.

Sin embargo, a propósito de esta iniciativa, es necesario pedir a las autoridades de la Alcaldía y de Tránsito analicen y desarrollen planes serios, técnicamente respaldados con estudios y con participación de todos los gremios de choferes, para el reordenamiento del tráfico vehicular de la ciudad. Es necesario atacar el problema en la causa, sin descuidar, desde luego, los efectos.

Una ciudad que tiene un tráfico desordenado, donde la circulación de líneas de micros y otros vehículos de servicio público se realiza casi de manera general bajo el arbitrio y los intereses de los choferes agrupados en sindicatos, obviamente, que está expuesta a accidentes y a situaciones que ponen en riesgo a las personas.

Una cosa es la educación de los choferes que es importante, porque puede ser considerada lo básico en el respeto que deben tener los conductores de vehículos a la ciudad y las personas, pero otra es que el municipio brinde condiciones de seguridad a partir del ordenamiento de vehículos que han invadido, por ejemplo, el centro mismo de la ciudad, situación que casi ya no ocurre en las grandes ciudades donde se imponen restricciones.

La seguridad vial engloba la educación de los choferes y el respeto que deben tener a las normas básicas de Tránsito, pero al mismo tiempo, se tienen que solucionar los problemas estructurales que desde hace varios años han determinado que la ciudad se caracterice por ser una de las más problemáticas en cuanto a su tráfico vehicular se refiere. Se trata de un asunto pendiente, pero da la impresión que las autoridades ediles ante los constantes fracasos por elaborar planes de reordenamiento, han quedado vencidas frente al poder de los sindicatos de choferes que pretenden ser propietarios de las calles y de las rutas que cubren a diario.

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Clarín, Argentina: Tragedia minera en Santa Cruz

El rescate de los mineros chilenos puso la atención de Chile y del mundo sobre las condiciones de seguridad de las minas y sobre la historia de siniestros mortales, como el que tuvo lugar hace poco más de seis años en la Argentina.

A mediados de la década del 90 se privatizó la explotación de un yacimiento carbonífero de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, gobernada en ese entonces por Néstor Kirchner. El concesionario, un empresario con vínculos con el poder, no realizó las inversiones comprometidas y, como consecuencia, la seguridad de la mina se deterioró y se registraron numerosos accidentes laborales. El concesionario abandonó la empresa, que quedó en manos del Estado Nacional, aunque el poder de policía del trabajo y el control de seguridad estaba en jurisdicción de la provincia.

A pesar de las reiteradas advertencias y reclamos sindicales, ni la Nación ni la Provincia tomaron las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de trabajo y en 2004 se produjo un siniestro que costó la vida a 14 mineros. Según diversas evaluaciones, inclusive oficiales, las condiciones de seguridad del yacimiento siguen siendo deficientes.

Aquella tragedia de Río Turbio fue consecuencia de un serio déficit de las administraciones provincial y nacional, ambas gobernadas por el kirchnerismo. El recuerdo de esta experiencia reclama, por lo tanto, una revisión de las condiciones imperantes en los yacimientos y, considerando las fallas de la acción pública en la materia, con la participación de técnicos de organizaciones civiles y universitarias.

La Argentina tuvo en 2004 un siniestro minero en el que perdieron la vida 14 trabajadores. Ni la provincia de Santa Cruz ni la Nación realizaron las tareas de seguridad requeridas.

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