Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Juventud y pandillas
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Bajo el Penoco, El Día: Lula, en cartelera
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Los Tiempos: A SIETE AÑOS DE LA “GUERRA DEL GAS”
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El Deber: Dios proteja los bosques
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Cambio: Primer Congreso sobre la Coca
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La Prensa: Las libertades ciudadanas
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El Diario: Gobernaciones y alcaldías deben vivir realidades
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El Mundo: "Corrupción"
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Opinión: La huelga y la protesta en la legislación laboral
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Clarín, Argentina: La inseguridad afecta al Censo
El Día: Juventud y pandillas
Se ha concluido que la inseguridad ciudadana que tiene en vilo a la población está ligada, entre otros factores, a la proliferación de pandillas juveniles cuyo elevado número se concentra en el eje central del país. A estas horas lo que hasta hace pocos años era una hipótesis calificada de alarmista, se ha constituido en una lamentable evidencia que la sociedad boliviana en su conjunto debe encarar con la mayor responsabilidad. Ningún esfuerzo aislado dará los frutos que puede generar la acción concertada y conjunta de autoridades locales, departamentales y nacionales junto a la ciudadanía organizada. Se trata, sin duda, del futuro de la niñez y juventud bolivianas.
El problema, por supuesto, deviene en estructural y complejo. Por una parte está la inversión de valores y la disminuida valoración de los principios morales y de vida, mientras que por la otra gravita por su propio peso la tendencia a la desintegración familiar temprana que aqueja a la sociedad boliviana, con las secuelas de desafecto, abandono y maltrato cuyas víctimas propiciatorias son los niños y los jóvenes del país. Las causas son sociales, económicas, culturales y hasta políticas. Ha influido por ejemplo, la falta de empleo, que induce a la migración y ruptura de los lazos familiares. También la carencia de espacios para el entretenimiento sano y forja de valores nobles.
Ha prevalecido desde hace algún tiempo una especie de “dejar hacer y dejar pasar”, una especie de relajamiento del control social cuya factura estamos pagando todos. De hecho, en Santa Cruz por ejemplo, se ha fomentado y tolerado el consumo de bebidas alcohólicas entre la juventud a través de costosas publicidades comerciales. Como si ello fuera poco, la proliferación de bares, cantinas, casas de juego, han alejado a los menores de edad de la sana diversión y la práctica de deportes y la cultura. Para nadie es desconocido que cerca de los establecimientos educativos existen lugares de expendio de alcohol y droga, sin que se tomen medidas drásticas al respecto pese a las denuncias.
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De modo adicional, la población se ha ido tragando su temor creciente y hoy sólo puede dar testimonio de la escalada de la inseguridad. No se trata de estigmatizar a las pandillas con el mote de delincuentes, pues con seguridad que no lo son, pero sin duda que la inacción y la carencia de control sobre sus movimientos puede derivar en actos delictivos, violencia y drogadicción. Para ello hace falta que el control de los padres, los educadores, los ciudadanos, las autoridades y los organismos del orden sea una realidad y no una pose. La tarea es de todos, de largo aliento y debe ser concertada para emprenderla cuanto antes, porque de lo contrario las consecuencias serán más graves.
El hecho que existan más de once mil pandilleros en el eje troncal del país muestra la magnitud del problema. Si bien el Gobierno ha anunciado una norma que limitará la libre circulación de menores en la noche, sólo la acción consciente y coordinada de autoridades locales y nacionales, junto a las organizaciones de base de la colectividad boliviana puede frenar el libre acceso de escolares a tilines en horas de clase, su presencia ilícita en bares y lugares prohibidos. Hará falta -verbigracia- un cambio de actitud de la televisión respecto a la difusión de la apología de la delincuencia, violencia y falta de valores. Será un gran esfuerzo colectivo.
La tarea es de todos, de largo aliento y concertada para emprenderla cuanto antes. De lo contrario las consecuencias serán graves.
Bajo el Penoco, El Día: Lula, en cartelera
Ya está en Bolivia la película que retrata los primeros 35 años de la vida del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, basada en el libro de la historiadora Denise Paraná, “Lula, el hijo de Brasil”. El filme viene de la mano del productor Luiz Carlos Barreto (Doña Flor y sus dos maridos) y su hijo Fábio Barreto (director). Gracias a esta producción, que surge al final del segundo mandato de Lula, se puede conocer detalles de la durísima vida que le tocó enfrentar a este líder, nacido en una familia misérrima, hijo de un alcohólico bígamo que abandonó a su prole en medio del Sertão, zona desértica y la más pobre del país. Ya en San Pablo, Lula logró convertirse en tornero, actividad que le permitió ayudar a su familia y que le dejó la mano mutilada. Se casó y enviudó a los pocos años. Su esposa falleció en el parto y su hijo nació muerto. El sindicalismo no fue nada fácil para Lula. Fue perseguido en plena dictadura y uno de sus hermanos fue encarcelado y torturado por militares. Pese a tantas vicisitudes, nunca se ha sabido que Lula ande llorando y mascullando su triste pasado, que además de duro, fue real.
Los Tiempos: A SIETE AÑOS DE LA “GUERRA DEL GAS”
Al recordar la "Guerra del Gas", resulta obligatorio que los bolivianos nos preguntemos si valió la pena todo lo hecho desde entonces
A estas alturas del año, hace siete años en octubre de 2003, estaba escribiéndose una de las páginas más importantes y controversiales de la historia contemporánea de nuestro país. En lo político, se derrocaba por medios violentos a un Gobierno constitucional, lo que marcaba el fin de un proceso de estabilidad y fortalecimiento de la institucionalidad democrática que se había inaugurado 21 años antes en octubre de 1982. En lo económico, se iniciaba el desmontaje del modelo que estuvo vigente desde agosto de 1985 cuando se puso en vigencia el DS 21060. Y en lo social, comenzó el desmoronamiento de unas élites que no supieron cumplir su rol y que por su mezquindad y estrechez de miras se condenaron a sí mismas a perder sus privilegios.
A ese punto se llegó después de un largo proceso durante el que fueron incubándose hasta llegar al punto de máxima maduración de muchos factores que al sumarse alcanzaron una fuerza incontenible. Y fue el gas, por el enorme potencial que se le atribuía para mejorar de manera sustancial la suerte de todos los bolivianos, el elemento aglutinador alrededor del que confluyeron todas las frustraciones acumuladas durante dos décadas de democracia y liberalismo y todas las ilusiones alentadas por quienes ofrecían un futuro de ilimitada prosperidad, justicia e igualdad. Fue por eso que los instigadores de las jornadas de octubre las denominaron "la Guerra del Gas".
Ahora, siete años después, se tienen ya suficientes elementos de juicio para evaluar los resultados obtenidos. Y al hacerlo, resulta imprescindible tener al gas, precisamente por haber sido el elemento que inflamó los ánimos, como el criterio principal para juzgar los éxitos y los fracasos.
Al hacer esa evaluación, hay una conclusión unánime a la que llegan todos los expertos en la materia. Es que ninguna de las expectativas que antecedieron a la "Guerra del Gas" de 2003 y a la "nacionalización" de 2006 han sido satisfechas. Muy por el contrario, los resultados han sido calificados como "catastróficos".
Y a juzgar por las cifras que respaldan esas apreciaciones, no parecen exageradas, tanto que incluso las principales autoridades del sector hidrocarburífero lo reconocen y sólo difieren al atribuir la causa del fracaso a factores ajenos a sus propios desaciertos. El mismo presidente Evo Morales ha reconocido que los frutos de la "nacionalización" distan mucho de los esperados pero atribuye todos los fracasos a la acción de "profesionales neoliberales", "agentes infiltrados" o a "traidores", pero de ningún modo a la política hidrocarburífera aplicada por su Gobierno que es, según quienes saben del tema, la única causa verdadera.
Es verdad que como un atenuante se debe reconocer que la situación de muchos bolivianos mejoró gracias a la política social basada en la distribución de bonos dirigidos a ancianos, niños o madres, política que fue adoptada por gestiones anteriores y que no fue inventada por la actual. Sin embargo, y a pesar de ello, las proyecciones al futuro son tan poco alentadoras que al recordar la "Guerra del Gas" resulta obligatorio que nos preguntemos si valió la pena todo lo hecho desde entonces. Y más importante aún, considerar la posibilidad de rectificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
El Deber: Dios proteja los bosques
En pocos años, el país pasó de ser el que recibía premios por el cuidado de sus bosques a ser una tierra de nadie donde los árboles son talados por feroces ‘colonizadores’ que avanzan por todo el territorio, pero con predilección sobre los parques naturales.
La reserva Choré ha sido barrida por cocaleros, el parque Madidi es saqueado todos los días, el parque Noel Kempff se está perdiendo, sigue la exportación de carbón vegetal del bosque seco de la Chiquitania a hornos que funcionan en Brasil, como si el territorio nacional fuera vacante.
Ante este panorama, que es más grave que el contenido en la corta enumeración precedente, el Gobierno nacional parece conformarse con el decomiso de camiones con troncas que circulan por las carreteras, dejando libre el tráfico que se hace por ríos y sendas.
Peor todavía, el Gobierno nacional ha decidido ir adelante en un proyecto carretero que supone la violación del parque natural Isiboro-Sécure, a pesar de la oposición de los pueblos originarios de la zona.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atravesará el parque y no habrá autoridad que evite el asentamiento de ‘colonos’ y la subsecuente llegada de los cocaleros. En efecto, los pueblos originarios del parque temen –y lo han dicho- que el hermoso parque se convierta pronto en otro Chapare.
Desde Brasil, el candidato José Serra ha denunciado que la mencionada carretera sólo servirá al narcotráfico. La ha llamado “a rodovia da cocaína”, pero el Gobierno de Evo Morales muestra que no tiene ninguna intención de frenar el proyecto.
El trayecto de la carretera tiene la licencia ambiental para el primer y último tramos, pero no para el que comprende el parque. Autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) son presionadas para avanzar en el proyecto sin tomar en cuenta la oposición de los pueblos originarios. Las instancias de las Naciones Unidas, que solían ser muy activas en esta materia, parecen ahora adormecidas.
Si este panorama, todavía incompleto, no fuera suficiente motivo de preocupación, están los incendios provocados por quienes avanzan sobre los bosques. Los últimos informes hablan de más de 60.000 focos de incendio, que tienen como aliada a la sequía que afecta a gran parte del territorio.
En este momento, el mejor avión para combatir incendios forestales es el Bombardier 415 de Canadair, con un costo de 26 millones de dólares. Puede portar hasta 6.137 litros de agua. Es usado en todos los países del mundo donde los gobiernos se preocupan por los incendios forestales.
Los bosques bolivianos están desapareciendo. Un informe técnico reveló a principios de octubre que el 41% del territorio boliviano está en proceso de desertización, es decir de convertirse en desierto.
En otros países, como Brasil, los bosques son talados para beneficio de la agricultura, lo que es de todos modos criticado por los conservacionistas. En Bolivia, los bosques están amenazados por incendios y por cocaleros que han decidido convertir todo el territorio en un enorme Chapare.
Como están las cosas, con incendios y asaltantes de bosques, parece que lo único que queda es encomendar a Dios el futuro de Bolivia.
Cambio: Primer Congreso sobre la Coca
Terminó el Primer Congreso sobre la Coca en la localidad de Lauca Ñ. Un evento significativo dada la importancia de la producción de la hoja de coca en el concierto nacional e internacional.
Las resoluciones del magno evento cocalero sin lugar a dudas son trascendentales, no sólo por la problemática en sí, sino porque demuestra la voluntad política de enfrentar la perniciosa presencia del narcotráfico en la región.
Hubo un tiempo en que la hoja de coca fue vista como el principal negocio capitalista en los oscuros espacios de la ilegalidad, es decir, de las mafias dominantes que veían a Bolivia como uno de sus proveedores de ingentes riquezas.
Fueron tiempos oscuros en la política boliviana, el poder del narcotráfico llegó a los espacios gubernamentales, incluso la presidencia de la dictadura de 1980. Permeó las Fuerzas Armadas y la Policía, situación que trascendió los gobiernos neoliberales. Más de un político importante, incluso del Ministerio del Interior, fue visto como "capo de la blanca", refiriéndose a la cocaína.
Por su parte, los Estados Unidos y sus políticas antinarcóticos siempre fueron erráticas, por no decir armadas al calor de sus visiones políticas; su cooperación nunca llegó a actuar con efectividad sobre el ilícito negocio cuyo destino final son sus calles, bares y, por supuesto, las fiestas de muchos millonarios.
A no dudarlo, el gobierno de Evo Morales, nacido desde las movilizaciones sociales de las regiones cocaleras, ha demostrado y demuestra una real política de lucha contra el narcotráfico, prueba de ello es la cantidad de operativos contra las mafias que superan en mucho las de los gobiernos anteriores, que eran fieles a las políticas norteamericanas.
De las resoluciones del ampliado será importante destacar dos de ellas: respetar el cato de coca definido en 2004, gobierno de Carlos Mesa; y respetar los parques nacionales ubicados en las cercanías del Chapare.
Durante los gobiernos neoliberales y sus fuerzas de represión, los cocaleros demandaban el derecho a cultivar un cato de coca por familia, mientras los gobiernos centralistas pro norteamericanos hablaban de erradicación total de la coca.
Desde la llegada del MAS al gobierno, el año 2006, la derecha habló en público y en privado de que la producción de coca crecería desmesuradamente por su ligazón con el narcotráfico.
Ayer la respuesta fue clara, la producción de coca no crecerá más allá del cato; es más, ni aquellas parcelas fraccionadas por familias.
Aquellos cocaleros que tengan más de ese cato van a ser investigados por la federación.
Otra parte resolutiva muestra la identificación de los productores de la hoja con las políticas gubernamentales y la responsabilidad que tienen con el mundo, responsabilidad que llega hasta las calles de Nueva York o San Francisco: todo cocalero que infrinja la Ley 1008 será expulsado de su chaco. Eso es responsabilidad social.
Hay también una resolución ejemplar y que está acorde con las políticas y acciones relacionas con los derechos de la Madre Tierra, las cuales Bolivia lidera a nivel global con la fuerza que le da el presidente indígena Evo Morales. Es el respeto a los parques nacionales, cuyas tierras fueron ambicionadas por nuevos llegados a estas fronteras agrícolas.
Esta resolución muestra con claridad la diferencia que hay entre el productor vinculado al respeto a la Madre Tierra y el capitalista, cuyo objetivo es someter, dominar y aprovecharse de la Madre Tierra hasta agotarla, para luego abandonarla.
Éstas y las otras resoluciones del Congreso sobre la Coca tienen otra característica que los capitalistas desconocen o las minimizarán: están todas enmarcadas en los principios legales del Estado Plurinacional.
No se tolerará ninguna acción de los afiliados que vaya en contra de las leyes, eso es autorregulación y no los vacíos discursos de otros gremios, en especial contrarios a las políticas de protección de los ciudadanos y la patria.
Sin embargo, no debemos desconocer o minimizar la división que existe en el sector cocalero, especialmente con la región de los Yungas, que protagonizan un bloqueo de caminos con demandas que en algunos casos son atendibles, en realidad ya lo fueron, y otras que parecen más políticas que relacionadas con lo genuino del sector.
Una medida que afectaba más a los comerciantes detallistas e inspectores que nada tienen que ver con el tema, señalan los colonizadores de Caranavi, afectados en su economía por la movilización de Adepcoca.
Los yungueños pedían, y se les concedió, que se anule el nuevo reglamento que restringía el cupo de venta de coca para el libre comercio de 15 a 5 libras.
No conformes ahora reclaman la inmediata instalación de una planta de industrialización de la coca, el asfaltado de vías, el traslado del puesto de control de La Rinconada a Unduavi y el aumento de cupos de coca, además de la construcción de un hospital de tercer nivel en los Yungas.
Totalmente fuera de toda ubicación política, también exigen renuncia de dos ministros, dos viceministros y un director.
Es decir, quieren ponerse por encima de las potestades del Presidente, lo cual no puede ser aceptado, a no ser que quieran otro gobierno.
Todo cocalero que infrinja la Ley 1008 será expulsado de su chaco. Queda totalmente prohibido el ingreso a los parques con fines de plantación de coca o actividades ilícitas.
Eso es responsabilidad social.
La Prensa: Las libertades ciudadanas
Autoridades del Ejecutivo han dicho que ninguna iniciativa de los periodistas podrá lograr un cambio en la ley aplicada de manera inconsulta?
La ciudadanía reacciona de manera acertada ante el conflicto que ha creado el Gobierno al decidir atentar contra la libertad de expresión con una ley que, supuestamente, debía atacar al racismo.
La percepción de la ciudadanía fue correcta desde el principio, porque advirtió que la medida del Gobierno que afecta la libertad de prensa iba a reducir también la libertad de expresión del pueblo.
En efecto, los medios de comunicación del país que tenían espacios destinados a recoger y difundir la opinión de los ciudadanos comenzaron a eliminarlos para no hacerse pasibles de las sanciones contenidas en la ley mencionada.
En nuestro medio, La Prensa, en el que proclamamos nuestro carácter de diario interactivo, en el que difundimos y recogemos ideas, convirtiéndonos en una tribuna del pensamiento, hemos decidido suprimir esos espacios.
Lo mismo han hecho otros diarios del interior y la agencia de noticias de Radio Fides.
Es que como medios ya no nos atrevemos a difundir la opinión de los ciudadanos porque sobre sus directores y sobre los propios medios podría caer una sanción ciega prevista por la conflictiva ley.
El temor es que todo esto se trata de un instrumento creado para cerrar medios que sean incómodos al Gobierno. La mecánica podrá ser fácil, en vista de que la justicia también responde a los intereses del Gobierno.
Es tal el dominio que tiene el partido de Gobierno de todos los instrumentos de la democracia, que la autoridad electoral ya ha desahuciado la posibilidad de un referéndum sobre este tema, como quieren los luchadores de la libertad de expresión.
No hay democracia, dice la consigna de esta lucha, sin libertad de expresión. Esto es tan cierto que los ciudadanos ya no podrán expresar sus opiniones de manera democrática en los medios de comunicación, pues la ley les ha cerrado el acceso a esos medios.
Esa ley condena a los ciudadanos a ser meros espectadores, sin derecho a participar ni opinar. Meros espectadores de los medios pero también de la democracia. Ahora queda claro que los medios son instrumentos de la democracia y que ésta pierde cuando aquéllos son afectados.
Se trata de un panorama parecido al de Venezuela, donde el Gobierno de Hugo Chávez clausura medios a su antojo, persigue periodistas y los encarcela, como ocurre en Cuba, donde los periodistas que le caen mal al régimen llegan a morir en las cárceles.
La respuesta de los periodistas bolivianos a este atentado contra la libertad de expresión ha sido unánime, valiente y está obligando al Gobierno a mostrarse contrario a las libertades democráticas.
Autoridades del Ejecutivo han dicho, en efecto, que ninguna iniciativa de los periodistas tiene esperanzas de lograr un cambio en la ley aplicada de manera inconsulta y prepotente. Se ha dicho que cualquier iniciativa contra la ley sería un desacato.
En cuestión de criticar desacatos, el Gobierno no podría arrojar la primera piedra, pues la propia ley contra el racismo afecta la Constitución y pone en evidencia que el Gobierno miente cuando dice que respeta la Ley de Imprenta.
El pueblo boliviano, tan perceptivo como siempre, ha definido su posición: está del lado de la libertad.
El Diario: Gobernaciones y alcaldías deben vivir realidades
Ningún régimen prefectural o municipal del pasado puede jactarse de haber solucionado sus problemas económico-financieros; por el contrario, todos han sufrido dificultades por falta de medios para encarar obras de infraestructura y hasta para enfrentar presupuestos mínimos de funcionamiento.
La Ley de Participación Popular ha permitido que el Presupuesto General de la Nación desglose partidas a favor de prefecturas, municipios y universidades de tal modo que dispongan de lo más necesario para encarar sus obligaciones y, además, puedan planificar en mejor forma sus presupuestos. Al margen de ellos, las alcaldías han conseguido, finalmente, organizar en mejor forma la recaudación de impuestos y acrecentar sus arcas.
La Participación Popular, medida de grandes alcances, permitió la disponibilidad de dinero para municipios que antes no contaban ni con lo más necesario, a fin de que puedan hacer frente a obligaciones perentorias y, además, iniciar obras de infraestructura – especialmente en establecimientos educativos y de salud -, atención de empiedre de calles, pavimentado de plazas, ornato e higiene de sus pueblos.
Actualmente, no obstante los avances logrados con sanas administraciones presupuestarias, hay falencias que no se compatibilizan y que no encuentran cauces de solución debido, especialmente, a la falta de entendimiento, coordinación y mutua cooperación entre gobernaciones y municipios que deben encarar hasta problemas de límites entre diversos poblados.
Hay poca disposición en gobernadores y alcaldes para iniciar campañas en pro de la unidad y la integración entre sus pueblos; hay diferencias regionalistas que dificultan todo y hay posiciones de intransigencia de grupos interesados en cuidar o preservar intereses secundarios sin ver lo general, lo que beneficiaría al conjunto de cada comunidad.
Es preciso que gobernaciones y municipios acuerden reuniones en las que identifiquen los problemas comunes y que requieren rápidas soluciones y no esperar que el Gobierno central adopte medidas. Hay situaciones en las que cada pueblo, mediante sus autoridades, puede encarar tan sólo con sentido de país y vocación de servicio. Muchas de las obras a realizarse, especialmente en los campos de la salud y la educación, pueden beneficiar a las poblaciones de varias comunidades.
Es preciso, igualmente, establecer derechos propietarios que tengan los diversos municipios para evitar confrontaciones o vanas discusiones entre entidades y personas que podrían asociarlos a otros problemas y crear situaciones conflictivas difíciles de solucionar. El país, quiérase o no, desde la vigencia de la Ley de Participación Popular, ha sufrido cambios; lo grave es que muchas autoridades no han sabido acomodarse a esos cambios y proceder en consecuencia.
Las circunstancias han cambiado y corresponde que, de consuno con el Gobierno central, cada gobernación y municipio – o todos en conjunto – encaren sus problemas, estudien y planifiquen soluciones por el mismo hecho de haber casos en los que no es preciso disgregar sino juntar los problemas y darles soluciones conjuntas en beneficio de las comunidades. Vanas discusiones que generen nuevos problemas es lo que más debería evitarse, puesto que la concertación, la armonía y el diálogo pueden conseguir lo que no siempre logran las actitudes políticas.
El Mundo: "Corrupción"
El concepto de corrupción está tan relacionado con la sociedad que podemos encontrar sus raíces en el origen mismo de la humanidad, fueron los griegos los que comenzaron a profundizar el conocimiento y a darse cuenta de que los problemas se relacionan con el comportamiento mismo de las personas. No podemos dejar de pensar en Sócrates que puso el dedo en la llaga y en base a sus teorías, mostró que todas las personas deberían pensar en el bien de la humanidad y por ende sentir que todos deben trabajar por llevarlos por la ruta de la felicidad. Inmediatamente surgieron las contradicciones y de los sofistas, epicúreos, cínicos y otros grupos salió la idea de que el ser humano debe pensar primero en sí mismo, pero no profundizaron en cómo esa actitud egoísta se convierte en un atentado contra los demás.
Intentar cambiar una situación que se ha venido presentando desde el origen de la humanidad con un decreto, resulta tan absurdo como pensar también que la convivencia de los seres humanos no puede ser posible; sin embargo, ello no puede ser producto de imposiciones sino de razonamiento y estudio.
La historia política de la sociedad está plagada de ejemplos que muestran cómo los gobernantes pensaron en sí o en el círculo que los rodeaba y dejaron de lado la posibilidad de que los demás puedan compartir.
Para el actual Gobierno, que se ha propuesto desarrollar una serie de cambios que le permitan mejorar la sociedad boliviana, el problema ha sido tocado en forma directa y ha decidido crear un Ministerio Anticorrupción buscando eliminar esa lacra de nuestra sociedad; sin embargo, en la práctica el problema ha sido tomado con un criterio totalmente político, para tratar de demostrar que los corruptos fueron los anteriores y que el actual gobierno está libre de culpa.
De esa manera empezó una persecución que a pesar de que sus efectos no son reales, no ha dejado de profundizar distancias y de causar problemas a personajes que en algún momento tuvieron en sus manos los destinos del país y que con seguridad, como lo hacen los actuales, pensaron también que sus decisiones podrían llevarnos a contar con una sociedad feliz, en la cual todos puedan merecer su parte.
De esa manera se puso en la mira a los ex gobernantes e inclusive a personas que estuvieron detrás de ellos, desempeñando funciones de segundo o tercer nivel, con el propósito de mostrar que las medidas funcionan.
Lamentablemente, dentro de ese proceso tuvieron que saltar algunas situaciones en las cuales fueron precisamente quienes estando en el actual gobierno resultaron envueltas en situaciones deshonestas que por su magnitud se ganaron las pantallas de la televisión y las portadas de los diarios.
Con el deseo de conseguir satisfacer esas ideas, se piensa que el esfuerzo por conseguir la satisfacción para todos, viene por el camino de la planificación y se habla de crear empleos, de desarrollar industrias y de otras medidas que puedan mejorar la situación; sin embargo, no tardan mucho en darse cuenta de que ello no deja de ser un sueño que debería tardar mucho tiempo en dar los frutos esperados, peor aún si todavía no se comenzaron.
El pensar en que hay un sector de la sociedad que tiene el derecho de ser el primero en contar con los beneficios, nos parece aventurado ya que los menos favorecidos insistirán en obtener resultados rápidos, buscarán que los ofrecimientos se cumplan en tiempo breve y terminarán enfrentándose unos con otros, en el afán de ser los primeros.
Esos intentos por beneficiarse, en ambos extremos, serán otras tantas vías abiertas para el imperio de la corrupción. Debemos convenir en que se tata de un proceso que bien vale ser iniciado, pero que de ninguna manera puede ser una medida revolucionaria, capaz de cambiar con un decreto la mentalidad de la humanidad, porque lamentablemente el problema es del planeta y no de un país.
Opinión: La huelga y la protesta en la legislación laboral
El Gobierno ha hecho conocer que en la nueva Ley General del Trabajo se incluirá la regulación de las medidas de protesta, como las marchas y huelgas que realicen los trabajadores y sectores sociales del país. El objetivo sería que existan normas de carácter rápido que puedan ser cumplidas anticipadamente a la ejecución de una medida.
No cabe duda que la huelga y la protesta social son medidas extremas que ejercitan los sectores cuando sus peticiones o demandas, de diferente índole, no son escuchadas, unas veces por la parte patronal y otras por organismos oficiales del Gobierno, cuando se trata de reivindicaciones que tienen un alcance social de mayor dimensión y que generalmente los gobiernos de turno las califican como medidas con tinte político.
La nueva Ley General del Trabajo buscaría, según sostienen autoridades de Gobierno, que los trabajadores cumplan lo establecido dentro del marco legal. Todo esto parecería una redundancia, porque la huelga en la legislación laboral desde hace décadas está debidamente legislada. En este sentido no hay nada que descubrir, a no ser que las nuevas disposiciones que serían aprobadas, establezcan restricciones de fondo para las medidas de presión, huelgas y marchas, de los sectores sociales con penalidades correspondientes.
Es cierto que ningún sector social debería llegar a medidas extremas porque la solución negociada de los conflictos es el marco de la institucionalización de lo que se denominada el diálogo laboral, que debe ser sincero y constructivo y que además se caracterice por su oportunidad o sea una dinamicidad que lo consagre como vía expedita en la cuestión socio-laboral. El acuerdo satisfactorio es lo que se conoce como la concertación laboral que a su vez se fundamenta en la justicia social.
La huelga como protesta laboral es legal si se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley sustantiva que regula el ejercicio de este derecho constitucional y desde luego tiene la finalidad de presionar para la atención de requerimientos laborales dentro de características enmarcadas en el respeto a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. Éstas son normas generales que están en la legislación nacional actual y que en realidad tienen carácter universal.
Cuando el Gobierno anuncia regulaciones sobre la huelga y la protesta social, no está señalando nada nuevo. Sin embargo, con el anuncio que ha realizado y que llegaría a cristalizarse en la nueva legislación laboral, surgen dudas sobre la intencionalidad de tal propósito que podría abarcar disposiciones que no sólo regulen el derecho a la huelga y la protesta, sino que la restrinjan y en su caso la sancionen.
Hay que reiterar que los pasos para llegar a estas medidas extremas están absolutamente establecidos en la norma laboral y no habría que realizar mayores modificaciones en este sentido.
La protesta social en todo caso tiene su origen, como se ha dicho, en demandas insatisfechas, que a su vez se fundamentan cuando los petitorios o las solicitudes que realizan los sectores sociales no son atendidos en forma oportuna o simplemente cuando determinadas políticas empresariales y gubernamentales sostienen esa especie de estrategia o política del desgaste, que consiste en dilatar el problema, para que los huelguistas se debiliten o la protesta se prolongue hasta llegar al punto del fracaso.
Los trabajadores y los sectores sociales en general deberían conocer en detalle cuáles serán las normas que se pretenden introducir en la nueva Ley General del Trabajo sobre esta materia, pues a partir de las declaraciones de las autoridades, parece que superarán la legislación actual vigente.
Clarín, Argentina: La inseguridad afecta al Censo
La realización del Censo 2010, programado para el próximo miércoles 27, plantea una situación inédita derivada del temor de la población por la inseguridad.
En las últimas semanas comenzó a circular la información de que mucha gente tenía miedo de recibir a los censistas y de que, incluso, no participarían en el crucial relevamiento de datos. El Gobierno, que en un primer momento desestimó este estado de ánimo, debió asegurar que las actividades estarían custodiadas por miles de efectivos de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, promover que en los edificios de propiedad horizontal las consultas se realicen en espacios comunes, organizar la toma de datos en las villas de emergencia por organizaciones de los propios lugares y, finalmente, informar públicamente que no es necesario que el censista ingrese en las casas.
Este cuadro contrasta con el de censos anteriores, en los cuales la población colaboraba en forma en forma entusiasta y hospitalaria con los censistas. Y a esto se agrega la desconfianza sobre la calidad del trabajo, la cual ha sido puesta en cuestión por especialistas en el tema y que surge también de la pérdida de credibilidad del INDEC, encargado del Censo.
Se trata, por lo tanto de un clima penoso que puede afectar el relevamiento de información crucial para el conocimiento de la sociedad y para el desempeño del Estado, de los investigadores sociales y de las empresas. En necesario que el Gobierno atienda esta situación reforzando los mensajes de seguridad y los operativos destinados a garantizarla el día del relevamiento.
La inseguridad puede afectar la realización del Censo 2010. Es necesario que el Gobierno refuerce el mensaje de seguridad y la garantice el día del relevamiento.