Aunque García Linera intente desmentirlo, varios voceros del oficialismo ya han adelantado el propósito gubernamental de restringir (“reglamentar”) el derecho a marchar, lo que en buen castellano significa el ocaso en Bolivia de la libertad sindical. Los planteamientos de algunos voceros apurados, no tan duchos como el vice en materia de “estrategias envolventes”, cundieron la alarma en el país: “No queremos marcha, porque somos representantes de las organizaciones sociales también, si quieren proponer, aportar, que nos avisen para esos estamos. No es necesario hacer marchas”, dijo Emiliana Aiza, jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados. Casi en simultáneo, el viceministro de trabajo Félix Rojas confirmaba que se analizan reformas a la Ley General del Trabajo que incluirían cambios al derecho de huelga. De concretarse esto, sería la repetición de la eterna historia de las burocracias “revolucionarias” que llegan al poder utilizando demagógicamente a los trabajadores, para luego anularles sus derechos sindicales y someterlos a una explotación aún más feroz, tal como sucede actualmente en los regímenes neo-esclavistas de China y Cuba (recordemos a Fidel Castro algunos años atrás, convocando a las multinacionales a invertir en el sector turístico de la isla argumentando que “aquí no hay huelgas”). Lo desmentirá el vicepresidente, reiteramos, pero la suya como la del primer mandatario son palabras devaluadas por ellos mismos, tras su jactancia de trampas y vivezas. No hablar es el objeto de la “Ley Mordaza”. No marchar el de la “reglamentación” en ciernes. No pensar es la meta final.