En lo que va del año, se conoció que al menos 26 policías de diverso rango y un ex capitán estuvieron involucrados en nueve hechos delictivos. Los casos van desde robo de pruebas hasta tortura y muerte de personas, una en celdas policiales.
Tortura. La autopsia realizada a David Olorio, quien murió el 6 de julio en la FELCC de El Alto.
Al menos 26 policías están vinculados con delitos
Recuento. Los casos van desde robos, extorsión hasta tortura derivada en muerte.
El recuento fue realizado por La Razón, que revisó noticias usando los buscadores de las versiones digitales de medios de comunicación, y tomó en cuenta sobre todo las informaciones difundidas desde enero hasta el 29 de octubre del 2010.
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El comandante general de la Policía Boliviana, general Óscar Nina, reconoció el lunes 25, en entrevista exclusiva con este periódico, que se registraron problemas con algunos efectivos y dijo que todos los casos son investigados. Agregó, sin precisar la cantidad, que hay uniformados que fueron dados de baja.
La unidad de Comunicación del Comando General de la Policía se comprometió el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes pasados a facilitar un cuadro estadístico detallado con información de los casos; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el 29 de octubre, no llegaron los datos ofrecidos.
Los casos. De los nueve hechos en los que están vinculados policías con actos delincuenciales hay tres de muerte de civiles, dos de tortura y golpiza a detenidos (uno ocurrió el año pasado, pero se conoció el 19 de octubre), tres de robo (de oro, pruebas del caso YPFB-Catler Uniservice y de un domicilio en Santa Cruz) y uno por extorsión (ver detalles en el cuadro de la siguiente página).
Uno de los casos más bullados fue la muerte de David Olorio, sospechoso de asaltar al peaje de Vías Bolivia de la autopista de El Alto, el 4 de julio. Las investigaciones revelaron que falleció dos días después por varios golpes propinados por policías que lo arrestaron e interrogaron.
Antes, el 14 de mayo, ocurrió una matanza de seis personas y la desaparición de una en San Ramón. El hecho fue vinculado con el narcotráfico y fueron detenidos el ex capitán Orlando Araujo y el teniente Dagner Paz. El 15 de octubre en La Paz se registró otro deceso en el que están involucrados dos agentes. El general Nina opinó que los abusos y delitos registrados se deben a los resabios de la antigua Policía.
“La Policía de la República era pues reactiva, represiva, abusiva, y tenía como una práctica común la tortura, la violación de los derechos humanos para lograr algunos cometidos investigativos”. Ahora, la institución, aseguró, atraviesa por una transformación.
En todo caso, la organización no gubernamental (ONG) Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) indica que la Policía tiene un mecanismo similar en sus unidades para someter a sus “víctimas” e interrogarlas.
“Parecería que los instruyen en una misma escuela”, dijo el médico forense de ITEI, Marcelo Flores. En los hechos de tortura registrados por esa ONG se identificó que hay efectivos que sometieron a detenidos a la asfixia y descargas eléctricas, entre otros abusos.
Procesos. El 30 de julio de este año, Nina informó de que 273 efectivos fueron dados de baja en los nueve departamentos del país, en aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones. La determinación se enmarcó en el proceso de transformación de la Policía que apuesta a una “depuración de los malos elementos, que, haciendo mal uso del uniforme, se inmiscuyen en problemas de índole delincuencial y en algunos casos se comprometen con bandas de narcotráfico y delincuencia común”.
De los 273 efectivos, 156 fueron retirados indefinidamente luego de que recibieron imputación formal del Ministerio Público. Además, se conoció que hay 25 ex policías presos en las cárceles del país.
Se contabilizó también que tres uniformados fueron procesados por homicidio; 10, por tentativas de homicidio; 23, por lesiones; 18, por robo; 16, por violación; y dos, por tentativa de violación; siete, por tráfico de sustancias controladas, y cinco, por asesinato, entre otros.
“Hemos tenido casos muy graves, pero precisamente quienes han puesto al descubierto estos casos hemos sido también los policías”, dijo Nina el lunes.
Agregó que no se tuvo consideración con el rango de los involucrados. “Este año han sido puestos a disposición oficiales, capitanes, hay un coronel con detención domiciliaria. Estamos en un proceso de transformación y vamos a ser implacables con cualquier funcionario, de la jerarquía que sea”.
Derechos Humanos. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, opinó que todas las denuncias y casos deben ser investigados por un organismo “ajeno a la Policía Boliviana, porque es la única manera de que puedan ser clarificados”.
Agregó que si no hay una investigación transparente, seria e imparcial, la credibilidad de la institución del orden está en juego y se perjudica a la sociedad. Nina aseguró que los casos fueron remitidos a la Fiscalía y luego a los juzgados.
“La Policía no tiene injerencia sobre los fiscales ni los jueces. Lo que ocurra en la Fiscalía o en los juzgados no es responsabilidad ni competencia de la Policía”. Resaltó que uno de los pilares fundamentales de la transformación policíaca es la protección de los derechos humanos.
Más denuncias de tortura a presas
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) denunció que en lo que va del año se registraron al menos cuatro casos de torturas a mujeres presas en el penal femenino de Obrajes de la ciudad de La Paz por parte de efectivos policiales. En uno de los casos, dio a conocer la organización no gubernamental, una reclusa pasó tres meses en una celda de aislamiento, sin las condiciones mínimas y sin baño, pese a que se encontraba enferma.
Una práctica de hace años
En 1995, el mayor Héctor Vega y la capitana Isabel Alemán fueron acusados por robar joyas y $us 8.000 de la casa del futbolista Carlos Borja. En 1998, el ex comandante de la Policía, general Jaime Céspedes, fue sindicado de vender terrenos que no eran suyos por $us 300.000, y el entonces coronel Freddy Rodríguez y el policía Ramiro Casapia, junto con Iván Álvarez Espinoza, fueron acusados de robar el domicilio del político Mauro Bertero.
Caso de Blas Valencia
Por el atraco a la remesa de Prosegur el 14 de diciembre del 2001, el ex coronel de la Policía Blas Valencia recibió la máxima pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto y el ex mayor Freddy Cáceres fue condenado a 22 años. Ambos planificaban y perpetraban asaltos a mano armada, incluidos asesinatos, y para esto contaban con una amplia red de información, protección y colaboración dentro de la Policía.
La banda de Ana Suárez
El 24 de diciembre del 2009, dos policías fueron detenidos tras comprobarse que pertenecían a una peligrosa banda de atracadores liderada por Ana Suárez, quien organizaba todo desde una peluquería. Ambos efectivos tenían en sus cuentas personales 20 mil dólares y poseían otros bienes como vehículos, pese a que sus sueldos fluctuaban entre 900 y 1.000 bolivianos. Suárez fue atrapada cuando su banda trasladaba el botín de uno de los robos.
Filmaciones en Pura Pura
Tres policías dependientes de la Unidad Polivalentes fueron destituidos e imputados por obligar a desvestirse a jóvenes y adolescentes que frecuentaban el bosquecillo de Pura Pura en la ciudad de La Paz. Ellos las grababan y fotografiaban y subían las imágenes de las muchachas a páginas de internet para comercializarlas. La denuncia fue remitida en junio del 2009, se realizaron las correspondientes investigaciones y se los capturó el 14 de octubre. La Razón