Posición: La FAM pide respeto por la autonomía municipal, porque los municipios deben decidir sobre sus bienes. El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana sugiere que los bienes inmuebles utilizados para la seguridad ciudadana —por las gobernaciones o las alcaldías— que no estén cumpliendo una función específica podrán ser transferidos al Ministerio de Gobierno o a la Policía Nacional. El anteproyecto surge del viceministerio de Seguridad Ciudadana, dirigido por el ex comandante de la Policía Miguel Vásquez. 
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La Prensa
Plantean revertir inmuebles municipales para la seguridad
El anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana sugiere que los bienes inmuebles utilizados para la seguridad ciudadana —por las gobernaciones o las alcaldías— que no estén cumpliendo una función específica o sobre cuyo uso no se remitan informes fundamentados podrán ser transferidos al Ministerio de Gobierno o a la Policía Nacional.
La propuesta está contenida en el artículo 20 del proyecto de ley y ha desatado ya polémica con los gobiernos municipales. El anteproyecto tiene como origen al viceministerio de Seguridad Ciudadana, dirigido por el ex comandante de la Policía Miguel Vásquez.
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Enterada de esta propuesta, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) pidió que se respete la autonomía de cada municipio, establecida en la Constitución.
Ramiro Zuazo, gerente de proyectos de la FAM, aseguró que “los bienes de los municipios son administrados por el municipio, o sea, no les podemos deslindar, a no ser que sea por una ley específica. De todas maneras (se debería) respetar la autonomía, que el municipio pueda decidir sobre los bienes que son del propio municipio”.
Ante las críticas surgidas de la FAM, este medio intentó entrevistarse con el viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez, pero la autoridad tenía su agenda recargada.
Este tema y otros serán analizados en el directorio de la entidad que aglutina a los municipios el jueves 4 y el viernes 5 de noviembre.
El anteproyecto también establece que los pueblos y comunidades indígenas que posean títulos de territorio comunitario de origen (TCO) podrán transferir tierras de la propiedad comunitaria a título gratuito a favor del Ministerio de Gobierno y la Policía para la construcción de infraestructura para la atención de seguridad ciudadana.
Otro de los planteamientos consiste en que “los medios de comunicación social deberán ceder espacios a título gratuito, destinados a la difusión y emisión de mensajes preventivos de seguridad ciudadana, sujeto a reglamentación”.
El artículo 27 sugiere que todos los motorizados incautados, decomisados y confiscados por delitos de narcotráfico que tengan calidad de cosa juzgada serán transferidos de forma gratuita a favor de la Policía, previo informe fundamentado del Viceministerio de Seguridad Ciudadana a los órganos encargados del control de los bienes incautados.
Deben vivir en el lugar de trabajo
La policía comunitaria deberá estar compuesta por efectivos de la Policía Boliviana en servicio activo que viven en barrios y en comunidades campesinas e indígenas; no sólo deberán vivir en el lugar, sino también tener contacto permanente con su comunidad para brindar seguridad a todos sus habitantes, según el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana.
Los gobiernos autónomos departamentales construirán estaciones policiales en cada distrito o municipio, a su vez los gobiernos municipales harán lo mismo, pero en cada barrio o comunidad campesina o indígena, ambos órganos se responsabilizarán del equipamiento y los servicios básicos.
Policía debe dejar otras actividades
El presidente de la Comisión de Gobierno y Defensa de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, sugiere desligar a la Policía de otras actividades para reforzar la seguridad ciudadana; explicó que sólo el 20 a 30 por ciento de los efectivos presta este servicio.
“Hoy en día, la Policía está cumpliendo funciones en bancos, en entidades privadas, en las embajadas, están en Identificaciones, el 20 por ciento está destinado para cumplir la seguridad ciudadana”, dijo. También propone el aumento de personal.
Anteproyecto de ley
Artículo 16. (Presupuesto)
El presupuesto para el funcionamiento, ejecución y sostenimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene el siguiente financiamiento:
1. Los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación inscritos en la partida presupuestaria del Ministerio de Gobierno destinado a seguridad ciudadana.
2. Los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales asignarán el 7 por ciento de su presupuesto, con recursos provenientes del IDH, para implementar políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de acuerdo con su Plan Operativo Anual y los planes operativos anuales presentados por los comandos departamentales de la Policía Boliviana.
Artículo 20. (Transferencias)
Los bienes inmuebles utilizados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana por los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales y otras entidades públicas que no estén cumpliendo una función específica o no remitan informes fundamentados acerca de su uso podrán ser transferidos al Ministerio de Gobierno o a la Policía Boliviana a título gratuito. Por tratarse de transferencias entre entidades del sector público, éstas no estarán sujetas al pago de ningún tributo ante las notarías de gobierno por su inscripción en registros reales correspondientes.