Pablo Javier Deheza
El Proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que está llevando adelante el gobierno se trata, ante todo, de una afirmación política por parte del poder actual. Si bien se trata de una Ley (forma aparente) y hace referencia a la problemática real de la discriminación y el racismo (motivo aparente), el fondo mismo del asunto consiste en un alarde de fuerza y una amenaza implícita a la sociedad boliviana (motivo real).
Se trata esencialmente de una expresión de poder porque el mensaje real – ese que está más allá de las justificaciones, las palabras y que se da en la concreción de lo fáctico- dice: tenemos la fuerza para aprobar las leyes que nos den la gana sin que haya nadie al frente y vamos a ir tras aquellos que se atrevan a decir algo.
Frente a un hecho político como este, más que a los periodistas, juristas o bien intencionados ciudadanos, a quienes en verdad les corresponde salir con una réplica coherente es a los actores políticos. Son ellos los que debieran dar una respuesta política articulada, inteligente, formulada en términos políticos, capaz de cuestionar y poner en evidencia el abuso de poder de la cúpula gobernante. Pero el silencio de los mismos es en verdad preocupante.
Los periodistas salen a defender las actividades que realizan en su ámbito profesional buscando no quedar en la mira de la Ley; específicamente su preocupación se refiere a los artículos 16 y 23 de la misma. La posición de los miembros de la prensa, aunque justificada y entendible, no alcanza a tener la profundidad que debería tener un cuestionamiento político integral de fondo al hecho mismo de la Ley en su totalidad. Lo mismo pasa con los juristas. Éstos argumentan, con evidentes y sobradas razones, las formas jurídicas contenidas en la Ley. Se señalan los vacíos, incoherencias y otras observaciones circunscritas al ámbito del derecho. Están también los ciudadanos que en ejercicio de su condición salen a decir su verdad.
Lo que no se ve, lo que falta, lo que está muy lejos, es una respuesta política articulada, formulada en lenguaje político, con contenido político y por actores políticos. Los pocos representantes de la oposición que han salido a expresarse en contra de la Ley lo han hecho de forma por demás solitaria, sin soporte organizacional y quedando a lo mucho en la vacuidad del derecho al pataleo. La actitud generalizada, salvo muy raras excepciones, ha sido pasar haciendo mutis por el foro. ¿Dónde están los liderazgos de los que tanto se habla cuando en verdad se los necesita? ¿Para esto salen a pedir el voto ciudadano? ¿Merece la ciudadanía que los votó verlos jugar al avestruz? ¿Creen que la vida política es un circo o un kindergarten? Es una verdadera pena para la democracia de nuestro país que la argumentación seria y responsable de estos temas pase a estar en las voces de ciudadanos independientes por encima de los representantes elegidos para esos fines.
En ese escenario, se ha de aprobar una Ley que todos saben que está mal. Los unos, desarticulados y sin luces; los otros, obsecuentes ante la palabra del jefazo. Todos serán los cómplices de este daño a la ciudadanía boliviana. No hay debate en el Órgano Legislativo en nuestro país, su existencia es un absurdo. ¿Esta es la democracia que queremos construir? ¿Para esto tuvimos los muertos en las dictaduras? ¿Esto es lo que les vamos a legar a nuestros hijos?
Así están las cosas, un cuadro triste y desvencijado. En un mundo más benigno, en una Bolivia posible, habría políticos de verdad haciendo las cosas en serio. Habría alguien capaz de comprender que las cosas se ganan debatiendo con brillantez. Ante la inevitabilidad de la Ley, bueno sería tomarle el guante al gobierno y asumir en verdad lo que éste nos plantea. Si la idea es un país sin discriminaciones, sin racismos, sin diferenciaciones sesgadas y odiosas entre bolivianos, mandemos entonces a la punta de un cuerno el contenido plurinacional del Estado boliviano.
Si la ley que están aprobando dice (Art. 5) que “se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de… origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía”, entonces lo plurinacional debe desaparecer porque se funda precisamente en ese tipo de consideraciones.
Si la ley que están aprobando dice (Art. 5) que “se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio del otro” entonces lo plurinacional debe desaparecer porque se asienta en este tipo de diferencias y los ideólogos del Estado plurinacional son todos una manga de racistas.
Si la ley que están aprobando dice (Art. 18) que “el Estado garantizará la seguridad física y psicológica de las víctimas, testigos y denunciantes de delitos de racismo y toda forma de discriminación”, entonces el Estado me protege cuando digo que los intelectuales de la actual constitución, del indianismo y del Estado plurinacional son discriminadores y racistas.
Si de verdad vamos a construir una Bolivia sin discriminaciones ni racismos empecemos por donde se debe.