También los paceños demandan más libros para apoyar lucha por la libertad de prensa

Se multiplica apoyo a inédita campaña de la prensa. Ni la indiferencia del Gobierno ni las observaciones legales impidieron ayer que la ciudadanía multiplicara su respaldo a la inédita campaña desarrollada por los periodistas que manifestaron su confianza en llegar al millón de firmas.

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LA CIUDADANÍA HACE COLAS PARA ESTAMPAR SU FIRMA Y RECUPERAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.



La ciudadanía demanda más libros para apoyar lucha por la libertad

La ciudadanía va tomando conciencia sobre las secuelas que acarrearán los “artículos mordaza” contra la libertad de expresión y en varias zonas de la Sede de Gobierno, los transeúntes realizaron largas filas para estampar su firma en la campaña nacional realizada por el movimiento periodístico independiente. Los ciudadanos demandaron a los organizadores habilitar más libros notariados para agilizar la colección de rúbricas.

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) además de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) hicieron conocer su disposición de instalar más puestos con libros notariados abiertos para que la ciudadanía haga conocer su repudio a los intentos del Gobierno de coartar las libertades ciudadanas y de la prensa.

Para el abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, si bien no existen posibilidades prontas de viabilizarse un referéndum o una iniciativa legislativa ciudadana para anular los artículos 16 y 23 de la Ley antirracismo por la falta de voluntad política de los órganos controlados por el Gobierno, la campaña de los periodistas por la libertad de expresión es un duro cuestionamiento de la ciudadanía a la legitimidad del Gobierno.

Entretanto, para las legisladoras de oposición como Centa Reck y Norma Piérola, las críticas, rechazos, desahucios y amenazas de funcionarios del Poder Ejecutivo reflejan el temor de las autoridades al éxito que día a día gana la causa de los periodistas independientes por recuperar la libertad de expresión y de prensa mutilada por dos artículos de la Ley antirracismo.

Ni la indiferencia del Gobierno ni las observaciones legales impidieron ayer que la ciudadanía multiplicara su respaldo a la inédita campaña desarrollada por los periodistas que manifestaron su confianza en llegar al millón de firmas que expresen el rechazo popular a los artículos 16 y 23 de la Ley de Lucha Contra el Racismo, reportó la agencia de noticias NAN Bolivia.

VERSIONES DEL GOBIERNO

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, fue el primero en invalidar la campaña de los periodistas, luego el presidente del Órgano Electoral, Wilfredo Ovando, salió a decir que la recolección de firmas tenía un procedimiento errado, y ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera restó sustento legal a las acciones de los periodistas.

Los senadores opositores Germán Antelo y Luis Pedraza consideraron que esas voces tenían el propósito de desmotivar a la gente, reflejando el temor de que esta vez el Gobierno perderá ante la opinión pública porque los periodistas lograrán sobrepasar el millón de firmas que tendrá un peso moral sobre la Asamblea que se verá obligada a modificar ambos artículos.

Sin embargo, los trabajadores de la prensa en Santa Cruz, Sucre, Trinidad, Cochabamba, Quillacollo, Oruro, La Paz, El Alto, Tarija y Potosí salieron con mayor fortaleza a las calles y plazas más concurridas para recoger la firma de ciudadanos que voluntariamente formaron largas filas a la espera de estampar su rúbrica.

CONCIENCIA CIUDADANA

Los trabajadores de la prensa afirmaron también que su campaña, más allá de la legalidad o no, logró que la ciudadanía haga suya la demanda de anular los artículos 16 y 23 porque entendió que se coarta la libertad de expresión en razón a que ya no podrán expresar su sentir a través de los medios de comunicación.

El Presidente del Órgano Electoral sostuvo que los periodistas erraron en el procedimiento porque debieron solicitar la autorización antes de abrir campaña y aunque no restó legitimidad, ratificó que hay vacío legal que facilite la iniciativa legislativa ciudadana.

A su vez, el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Reina, sostuvo ayer que esa entidad no puede hacer nada porque antes se deben agotar las instancias jurídicas bolivianas y luego recién los interesados puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando pronunciamiento, y en tanto no ocurra, el organismo sólo observa el desarrollo de los acontecimientos.

El Diario