Cacería político-judicial. Van por el gobernador del Beni, Ernesto Suarez


La Fiscalía General presentó a la Corte Suprema de Justicia, la solicitud del enjuiciamiento del gobernador del Beni, Ernesto Suarez, acusado por el gobierno por los presuntos delitos de malversación además de otros. En Sucre ayunan en apoyo a Barrón que se encuentra en detención preventiva. Opositores recurren a la OEA ante ‘cacería’ judicial y por violación de la democracia, persecución de políticos contrarios a Evo y contra la aplicación de la Ley Antirracismo.

image Gobernador del Beni, Ernesto Suárez.

Fiscalía General pide a la Suprema enjuiciamiento del gobernador Suárez



ERBOL.- La Fiscalía General del Estado presentó a la Corte Suprema de Justicia, la solicitud del enjuiciamiento del gobernador del Beni, Ernesto Suarez Sattori, acusado por el gobierno por los presuntos delitos de malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El Ministerio Público emitió un requerimiento acusatorio contra Suarez, solicitando a la Suprema su enjuiciamiento y la remisión del requerimiento, además de los antecedentes, ante la Asamblea Legislativa, porque el proceso contra esta autoridad se efectuará como un juicio de responsabilidades, informó el Ministerio de Transparencia.

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El 14 de julio de 2008, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó la denuncia contra el opositor Suárez, entonces Prefecto del Departamento del Beni, por lo delitos mencionados.

Asimismo, en la oportunidad denunció a Leny Ribera Leigue, Alcaldesa del Municipio de San Ramón, por los delitos de incumplimiento de deberes y Conducta Antieconómica; y otros involucrados en el caso del proceso de contratación de la empresa constructora de los caminos vecinales San Ramón – San Joaquín – Buena Vista.

Según la denuncia, se evidenciaron irregularidades en el proceso de adjudicación de la construcción del camino vecinal San Ramón- San Joaquín- Buena Vista, porque mediante un convenio interinstitucional, entre la Prefectura del Beni y la Alcaldía de San Ramón, se establecía un presupuesto de 1.232.122,59 bolivianos para la obra.

Sin embargo, sin justificación alguna se habría adjudicado la misma por la modalidad de contratación por excepción a la empresa AMEL Limitada por un monto de 1.335.182,00 bolivianos, monto que supera en 103.059, 41 bolivianos a lo presupuestado en el convenio interinstitucional entre la Prefectura del Beni y la Alcaldía de San Ramón.

Ante esta situación, el Ministerio Público ahora emitió el Requerimiento acusatorio, que abre la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el Gobernador y otros involucrados.

Opositores recurren a la OEA ante ‘cacería’ judicial

Los políticos de la oposición trasladaron sus protestas en contra del gobierno de Evo Morales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por violación de la democracia, persecución de políticos contrarios a Evo y contra la aplicación de la Ley Antirracismo.

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El Día

Con cuatro frases el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, interpretó ayer la condena a prisión y detención de dos alcaldes opositores al régimen del presidente Evo Morales: “es la guillotina del Estado que está funcionando", mientras la oposición acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para protestar por la llamada “cacería” de políticos, vulneración de la democracia y en contra de la aplicación de la ley antirracismo.

Los burgomaestres René Joaquino, de Potosí, fue sentenciado a tres años de prisión al concluir el proceso por la compra de autos usados para su municipio, y Jaime Barrón, de Sucre, fue enviado a la cárcel en el inicio de un proceso por racismo por la humillación de una veintena de campesinos el 24 de mayo del 2008.

Ese hecho ha disparado la alerta de los opositores. El presidente de la bancada de Convergencia Nacional (CN)  Mauricio Muñoz, informó que ayer se interpuso en Washington un recurso de amparo por la cacería y para evitar que entre en vigencia la Ley contra el Racismo.

Las denuncias surgen cuando se anuncia para hoy la llegada del Secretario de la OEA, Javier Insulza, a la firma de un convenio con el Gobierno de Morales.

VAN POR LOS GOBERNADORES. “Están tumbando las sardinas y luego van por los tiburones", vaticinó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Nicolás Ribera, al señalar que el próximo paso es derrocar a los tres gobernadores opositores a Morales como lo hicieron con el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández quien ya lleva dos años en prisión sin sentencia acusado de una “masacre” promovida por el mismo gobierno.

A propósito de ello, ayer la Fiscalía presentó una proposición acusatoria contra el gobernador del Beni, Ernesto Suárez.

Mientras eso ocurre en Sucre, un piquete de universitarios se declaró en huelga de hambre indefinida apoyando a Jaime Barrón.

Rubén Costas y Ernesto Suárez, reunidos en el Beni, y la ex prefecta chuquisaqueña Savina Cuéllar expresaron su apoyo a los alcaldes en desgracia y respaldaron al gobernador tarijeño, Mario Cossío, quien denunció un complot del Gobierno para tumbarlo del cargo.

APUNTAN A OTROS. En La Paz un juez rechazó un pedido de suspender las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por supuesta malversación y éste dijo: “ahora apuntan a mí”.

LAS FRASES

“Están tumbando a las sardinas primero y luego van por los tiburones de las gobernaciones”

NICOLÁS RIBERA

“Las acusaciones que hizo Cossío son falsas y le voy a seguir un proceso por calumnias e injurias”

NILDA COPA

“Hay jueces soldados al proceso de cambio encabezado por el presidente Morales”

LUIS NUÑEZ

Gobierno niega todo y contraataca

El Gobierno negó que exista persecución política contra los alcaldes enviados a prisión y coincidieron que se trata de hechos que están en la justicia ordinaria.

En Santa Cruz, el residente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, pidió a los medios a consultar a los órganos de la justicia de Sucre, donde tiene entendido, se dispuso las medidas contra los burgomaestres.

Asimismo, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, dijo que el proceso contra Joaquino está en el ámbito de la justicia y no precisamente en el político, como se pretende hacer ver.

Asimismo, la ministra de Justicia, Nilda Copa, anunció un proceso contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, por acusarla de un complot y el vocero Iván Canelas contra el senador opositor, Marcelo Antezana, por el tema de los misiles chinos.

Injerencia y ‘jueces soldados’

El defensor del Pueblo en Bolivia, Rolando Villena, reconoció que en el país en la práctica existe injerencia en el Poder Judicial como se está observando en algunos procesos que está llevando el Gobierno contra líderes de oposición que no tienen un acceso a la justicia en igualdad de condiciones que el oficialismo. “En lo formal sí hay independencia, pero en la práctica hay cosas que disienten de lo que la teoría dice”, señaló.

Sin embargo, reconoció que el acceso a la justicia no es igual en los procesos seguidos contra líderes opositores a quienes incluso la presunción de inocencia no se toma en cuenta.

“Hay señales que muestran una persecución, pero yo no me atrevería a decirlo”, remarcó.

Asimismo, el ex presidente de la Corte Suprema y ex presidente, Eduardo Rodríguez, dijo que no hay independencia de poderes, mientras que en Estados Unidos, Luis Núñez denunció que en Bolivia hay jueces “que se han convertido en soldados fieles” al presidente Evo Morales en contra de los opositores.

Ayunan en apoyo a Barrón

UNA QUINCENA DE UNIVERSITARIOS CUMPLEN LA MEDIDA EN PLAZA 25 DE MAYO

Ayer, la defensa de Jaime Barrón presentó la apelación para tratar de revertir la detención preventiva

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Los ayunadores son de la Universidad San Francisco Xavier.

Sucre/CORREO DEL SUR

Una quincena de estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca se declararon en huelga de hambre, en repudio a lo que ellos llaman una “injusticia” por la detención preventiva del ex rector y ex Alcalde de Sucre Jaime Barrón. El ayuno voluntario inició alrededor de las 19:00 de ayer en Plaza 25 de Mayo.

El dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Rubén Padilla, dijo que la huelga de hambre es una medida de protesta pacífica que tiene por objeto reclamar la “injusticia” que se cometió al ordenar la reclusión del ex rector, ex presidente del Comité Interinstitucional y ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón en la cárcel San Roque.

Asimismo, manifestó Padilla, la medida extrema es para reclamar el esclarecimiento de la muerte de tres jóvenes en los hechos de noviembre de 2007, durante los enfrentamientos entre la Policía y la ciudadanía de Sucre, que reclamaba el regreso de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la Capital de la República. El dirigente encabeza la medida de presión.

Según se conoció anoche, hoy, viernes, cuatro trabajadores administrativos se sumarán a la medida extrema, mientras que una representación del sector docente recién lo haría el lunes.

EMERGENCIA UNIVERSITARIA

En una sesión del Consejo Universitario de San Francisco Xavier, se decidió declarar a la Universidad en estado de emergencia, debido a que los derechos de sus miembros y ex autoridades están siendo vulnerados a través de procesos judiciales, que “no se rigen a las normas legales establecidas en el país”.

El rector interino de la Universidad San Francisco Xavier, Eduardo Rivero, dijo que las determinaciones del Consejo Universitarios son: declararse en estado de emergencia y conformar una comisión jurídica que elabore documentos para informar a la población sobre este asunto.

Asimismo, se determinó recurrir a instancias nacionales e internacionales para denunciar la vulneración de la autonomía y las leyes en el país. Finalmente, se creó el Comité de Movilizaciones conformado por las dirigencias de la FUL y de los administrativos, que decidió instalar una huelga de hambre.

ORIENTAR

En el Consejo Universitario de ayer se abordó ampliamente la situación de detención del ex rector y docente Jaime Barrón, que está en la cárcel San Roque por los hechos del 24 de mayo de 2008.

En la cita los, consejeros del sector estudiantil, docente y administrativo coincidieron en señalar que la Universidad tiene que volver a ser “la luz del conocimiento y el saber” porque en el país se vienen “vulnerando las leyes”.

En ese propósito, determinaron crear una comisión jurídica que se dedique a orientar a la población sobre las normas legales en vigencia y de cómo se vulneran las mismas, hasta por autoridades que administran la justicia en el país.

En criterio de los consejeros universitarios, los jueces del Tribunal de Sentencia Nº 1, Adalberto Gutiérrez y Carlos Monzón, dispusieron la detención preventiva de Barrón sin regirse a la norma.

LA DEFENSA APELA

El abogado Jaime Tapia, informó que el memorial de apelación a la detención preventiva fue presentado ayer en la Corte Superior, poniendo de manifiesto que el fallo del Tribunal de Sentencia Nº 1 sobre Jaime Barrón, es una “medida ilegal” porque adolece de una serie de defectos en la valoración de la prueba, sobre todo de descargo, falta de fundamentación y contradicciones en la resolución de los jueces Adalberto Gutiérrez y Carlos Monzón.

Tapia considera que la medida es ilegal porque además de no valorar la prueba en su verdadera dimensión, fue valorada en contra del imputado y tampoco se absolvieron las peticiones de la defensa.

“Lo curioso es que cuando nosotros hemos presentado la apelación en la tarde (ayer), horas después el licenciado Barrón es notificado con una explicación complementación y enmienda con la que pretenden corregir o arreglar los defectos del fallo, que ya es totalmente anómalo”, afirmó Tapia y anunció que hoy ratificarán los fundamentos de su apelación y denunciarán ante el Tribunal de Apelación que los jueces pretenden “legalizar lo ilegal”.

FECHA DE JUICIO

La fiscalía fue notificada ayer con una resolución del Tribunal de Juicio que fija para el próximo 20 de diciembre, la audiencia de apertura de juicio contra 18 personas acusadas entre ellas, Jaime Barrón, Aydeé Nava, Savina Cuéllar, Jhon Cava y otros por sedición, asociación delictiva, instigación pública a delinquir lesiones, coacción amenazas y vejámenes y torturas.

El fiscal de Materia, Gustavo Carrión informó que previamente a esa fecha se desarrollarán dos audiencias; la primera el 27 de noviembre, para el sorteo de los jueces ciudadanos que conformarán el Tribunal de Sentencia; y el viernes 3 de diciembre, la constitución del Tribunal con jueces técnicos y jueces ciudadanos.