Fueron llamados “las primeras víctimas de la lucha por la autonomía” cuando quedaron privados de su libertad. Pero ayer, un juez de Pando determinó revisar esa determinación y dejarlos en libertad provisionalmente. Son acusados de malversar fondos en la administración del referéndum autonómico. El juez aconsejó a los cuatro imputados: Elías Jorge Valdez, Marilyn Aguada, Gonzalo Vargas y Fernando Coelho no comunicarse entre sí y presentarse en forma voluntaria cada 15 días.
El Día
Fueron llamados “las primeras víctimas de la lucha por la autonomía” cuando quedaron privados de su libertad. Pero ayer, un juez de Pando determinó revisar esa determinación y dejarlos en libertad provisionalmente.
Se trata del ex presidente Elías Jorge Valdez y los vocales Marilyn Aguada, Gonzalo Vargas y Fernando Coelho que fueron detenidos, la tarde de este miércoles pasado.
Fueron acusados de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
Sin embargo, ayer, el juez Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar de Cobija, Hugo Michel Lazcano, resolvió aplicarle medidas sustitutivas a la detención especialmente porque los imputados en la audiencia presentaron documentación que les acredita tener un domicilio y un trabajo conocido.
Esas son dos condiciones que exige el nuevo Código de Procedimiento Penal para establecer si hay riesgo de fuga u obstaculización de la investigación que hasta que se realice la etapa preparatoria pueden gozar de su libertad.
Recomendaciones. Sin embargo, el juez aconsejó a los cuatro imputados: Elías Jorge Valdez, Marilyn Aguada, Gonzalo Vargas y Fernando Coelho no comunicarse entre sí y presentarse en forma voluntaria cada 15 días.
El fiscal Vladimir Lazcano, quien en la audiencia pidió que no se conceda la libertad de los acusados, después del hecho anunció que las investigaciones continuarán.
‘Se hizo justicia’. Eso dijo al salir de la cárcel Marilyn Aguada a tiempo de afirmar que el referéndum que administraron el 1 de junio del 2008 fue legítimo y fue legal y no se malversó ni un peso.
Explicó que ellos sólo dieron cumplimiento a la ley emitida por el Consejo Departamental de aquel entonces y que todo el proceso pasó por el Tribunal Constitucional sin que existan observaciones.
Causó sorpresa que entre los detenidos se encuentre Jorge Valdez, ex presidente de la Corte Departamental Electoral, quien renunció a su cargo en las pasadas elecciones y se postuló como candidato a asambleísta. Poco después terminó trabajando como asesor de la Gobernación a cargo de Adolfo Flores, del Movimiento al Socialismo.
La detención de los vocales también llamó la atención en la media luna donde también los vocales de Santa Cruz, Beni y Tarija están siendo enjuiciados por el mismo caso por la Contraloría.
Lazarte: Hubo vicios en el caso
En criterio del ex vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, este caso no debió haber sido decidido por el Ministerio Público, sino que se debería volver al vicio más antiguo del procedimiento, que es la consulta al Tribunal Constitucional.
“Por un lado, las cortes departamentales llevaron a cabo el referéndum por decisión prefectural y, por otro, la Corte Nacional no reconoció estos procesos. Pero no basta con que se hayan emitido dudas sobre la legalidad, tenía que haberse pronunciado juez competente”, indicó.
Eso significa que cuando la CDE y otros convocaron a referéndum, según ley del Tribunal Constitucional de ese entonces, debía presumirse como constitucional toda disposición resolución, decreto, acción, etc., de las autoridades públicas hasta que el Tribunal diga lo contrario.
“No se apeló a lo que definía la propia ley, haciendo la consulta o la denuncia ante el Tribunal Constitucional”, agregó.
‘Son muchos vicios que tiene el caso y que seguramente se irán dilucidando en el transcurso del juicio”, dijo.
Los hechos
Referéndum • El estatuto autonómico sometido a referendo el 1 de junio de 2008 sumó un apoyo del 82% en las urnas y fue impulsado por el entonces gobernador opositor Leopoldo Fernández, preso desde septiembre de ese año bajo la acusación de haber instigado una matanza de campesinos en medio de un conflicto entre opositores y el Gobierno.
Costo • Los vocales electorales fueron acusados por la Contraloría General, controlada por el oficialismo, de haber usado de forma irregular unos 311.000 dólares en la realización de la consulta.
Persecución política • La senadora pandina, Carmen Eva Gonzales, dijo que se trata de una revancha del Gobierno de Evo Morales que siempre combatió a la autonomía.