El secreto bancario

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: El secreto bancario

2. Bajo el Penoco, El Día: Proporciones aparte

3. Los Tiempos: LOS GASTOS MILITARES, TODA UNA INSENSATEZ

4. El Deber: La actual política monetaria

5. Cambio: Unasur y el reto de la historia

6. La Prensa: Cambios en la Ley de Pensiones

7. El Diario: En conflictos sociales, diálogo sin condiciones

8. El Mundo: Enemigo único

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: En Formosa, una violencia evitable

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El Día: El secreto bancario

El tema del levantamiento del secreto bancario se ha puesto nuevamente de moda, ya no a escala nacional sino que ha trascendido al escenario internacional luego que Bolivia, lo propuso en la última reunión de Ministros de Defensa del continente, aunque su tratamiento no haya prosperado. En apariencia, la postura conjunta de levantar el secreto bancario se presenta como saludable y necesaria para investigar fortunas mal habidas, especialmente las ligadas al narcotráfico, tráfico de influencias, evasión fiscal, corrupción y otras. No obstante, persiste la sospecha de su posible instrumentación en el país como herramienta de una renovada persecución política en contra de la oposición.

Es justamente esta susceptibilidad la que bloquea las iniciativas. Conviene recordar que el secreto bancario es un bien jurídico que protege la intimidad de las personas y su patrimonio, reconocido por la Constitución Política del Estado como derechos individuales. El secreto bancario se erige en el compromiso del sistema financiero establecido en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, para guardar absoluta discreción sobre lo que concierne a los negocios de su clientela, que puede ser levantado si existe una causa legal justificada. Una intencionalidad política sobre este punto deviene en un terreno resbaladizo, sobre el que conviene caminar con suma cautela.

Da la impresión que el Gobierno pretende convertirse en el paladín de la lucha contra el narcotráfico, al proponer que el secreto bancario sea levantado a nivel internacional para luchar contra el crimen organizado. La iniciativa ha sido recibida diplomáticamente  por algunos países y funcionarios de organizaciones internacionales, en el entendido que es un asunto al que debe dedicársele mayor atención y análisis en otra oportunidad, porque es de suyo complejo y polémico, pero sin duda existe coincidencia sobre la necesidad de eliminar el secreto en los casos en que se justifique se atenta contra el bien común. En todo caso, se hace preciso abordarlo de modo responsable y con extrema precaución.

En lo interno, el país cuenta con una ley que combate a la corrupción, por lo que el levantar el secreto bancario no debería resultar un obstáculo insalvable, siempre y cuando se respeten los derechos individuales y el marco legal que los ampara. A nivel internacional el asunto se torna más complicado y exige una coordinación no sólo entre países, expresada a través de la firma de acuerdos marco, sino que también implica la búsqueda de la coherencia jurídica y los derechos de las personas y las instituciones financieras. En otras palabras, otra cosa es pasar de la retórica fácil a los hechos.

Propender a levantar el secreto bancario a nivel internacional puede ser atrayente, al menos en la medida que los países interesados aúnen esfuerzos para una lucha frontal contra el crimen organizado. Sin embargo, ello amerita una amplia coordinación entre países, que se debe verificar en diversos niveles y que toma su tiempo. No se trata de simples enunciados. Por el contrario, implica elaborar una auténtica trama de recursos legales y normativos para que el secreto bancario, sin dejar de ser un bien jurídico de las personas, pueda ser levantado para la acción de la justicia. Sin mediar causas legales justas, esta medida no debe ser utilizada para la instrumentalización de la lucha política.

Sin mediar causas legales justas, levantar el secreto bancario no debe ser instrumento para la lucha política.

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Bajo el Penoco, El Día: Proporciones aparte

Al presidente Morales le gusta el fútbol y a su colega Barack Obama el básquet. El mes pasado, el jefazo recibió un pisotón mientras jugaba un partido en La Paz y en venganza le dio un tremendo rodillazo en los testículos a su oponente. Ayer, durante un “picadito” con familiares y asesores, el jefe de la Casa Blanca recibió un codazo en los labios y tuvo que ser llevado al hospital, donde le dieron 12 puntos de sutura. A diferencia del coleguita boliviano, el mandatario del país más poderoso del mundo reaccionó como un verdadero deportista. Si se hubiera tratado de guardar las proporciones, es decir, reaccionar de acuerdo al nivel del líder y de la lesión que sufrió, Obama hubiera tenido que destripar a su agresor, pero afortunadamente las cosas no se manejan así. En una potencia como Estados Unidos, a la que Evo Morales acusa de todos los males de la humanidad, se puede encontrar un líder que hace esas demostraciones de humildad, y en un país como Bolivia, se puede uno topar con… ríos, montañas, prados y flores ¿no ve?

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Los Tiempos: LOS GASTOS MILITARES, TODA UNA INSENSATEZ

Tan absurda manera de gastar los \escasos recursos de la sociedad se hace más notable en países pobres, como Bolivia, que podrían darles mejor destino

La IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que durante los últimos días reunió en Santa Cruz a ministros de Defensa y altos funcionarios del sector, ha concluido dejando, como suele ocurrir con este tipo de encuentros, la sospecha de que los resultados prácticos no guardan mayor relación con las expectativas que los preceden y mucho menos con el costo económico que implican. Abundantes declaraciones de buenas intenciones y muy pocos hechos que las respalden fueron una vez más la principal característica.

El contenido de las declaraciones, sin embargo, no deja de tener cierta significación. No es del todo intrascendente, por ejemplo, que ninguna de las propuestas hechas por la delegación de Bolivia, el país anfitrión, sobre los "complots" de Estados Unidos a la democracia y al establecimiento de bases militares en la región haya merecido alguna atención. Se trata, simple y llanamente, de un fracaso ante el que de nada vale la declaración vicepresidencial sobre una especie de éxito simbólico que se habría obtenido al lograr que los reclamos bolivianos se difundan.

Se puede considerar también como un saldo positivo el que se haya llamado la atención, aunque de manera muy insuficiente, sobre la enorme magnitud que está alcanzando en nuestra región la carrera armamentista, una carrera que consume ingentes cantidades de dinero, que al ser destinado a la compra de armas y al sostenimiento de abultados aparatos militares es quitado a otros posibles destinos como la educación o la salud.

La elocuencia de las cifras que dan cuenta de la insensatez de la lógica armamentista contrasta con lo poco convincentes que ante ellas resultan las declaraciones de las autoridades militares que, como si fuera posible ocultar la realidad, insisten en negar que esté exagerándose en los gastos militares.

Lo más lamentable del caso es que tan absurda situación no es propia sólo de países que gozan de un relativo bienestar material, sino también de países como Bolivia que bien podrían establecer un orden muy diferente de prioridades. Y si bien es cierto que el 1,9 por ciento del presupuesto general que Bolivia destina a gastos militares dista mucho de lo que gastan otros países de la región como Colombia (3,4 por ciento), Chile (2,7 por ciento) o Brasil (2,6 por ciento), no es menos cierto que los casi 2.000 millones de bolivianos que eso significa contrastan con lo magros que son los recursos destinados a educación y salud.

En ese contexto, no resulta muy alentador que el principal resultado de la IX Conferencia de Ministros de Defensa del continente haya consistido sólo en "transparentar los gastos militares" y se haya dicho y hecho tan poco para abordar el fondo del problema, que no es otro sino la alarmante tendencia a incrementar, en vez de reducir, en términos tanto relativos como absolutos, los gastos militares.

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El Deber: La actual política monetaria

Al igual que en prácticamente todos los países, el Banco Central de Bolivia es acá el ente responsable de la política monetaria. Ésta se ocupa de la ejecución de mecanismos para mantener la estabilidad económica, promover el crecimiento, evitar la inflación, controlar el tipo de cambio, incrementar o disminuir la oferta de dinero, etc.

Tradicionalmente, las naciones en vías de desarrollo han utilizado los movimientos del tipo de cambio para estimular su desarrollo. En este sentido, se han preocupado siempre de tener una relación cambiaria favorable para impulsar  así su propio crecimiento. Un tipo de cambio competitivo favorecerá al sector generador de divisas -las exportaciones- y reducirá el apetito importador que estimula potenciales déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Aquí en Bolivia, últimamente vemos lo contrario: una política cambiaria de corto plazo enfocada en la revalorización de la moneda nacional mediante alzas del tipo de cambio, con inmediato perjuicio de la actividad exportadora y  que favorece  netamente a los importadores. En este marco de control inflacionario se pretende evitar que bienes diversos producidos localmente salgan al exterior, pero mientras los precios  de muchos de esos bienes no sean reales, el proceso continuará. Asimismo, la mercadería proveniente del exterior no necesariamente baja de precio y cuando lo hace, lo más probable es que ello sea en perjuicio de los productores locales.

Una política monetaria que perjudique a las exportaciones no tradicionales puede poner en peligro la capacidad productiva de quienes se dedican a ofrecer alimentos y enviar al exterior el saldo restante una vez satisfechas las necesidades internas. El caso agropecuario es diferente al de los hidrocarburos y minerales, que ocupan poca mano de obra y se sostienen actualmente por tener precios muy elevados en los mercados externos. La falta de incentivos para los sectores productivos del oriente -aunado a la ya existente dificultad para obtener créditos por la falta de garantías ante la politización del tema tierra- crea más y más dificultades. A ello debe agregarse el creciente encarecimiento de los precios internos bolivianos medidos en dólares, lo que también convierte a Bolivia en un país caro, perjudicando al turismo y a otros sectores terciarios.

Por otro lado y si bien la moneda norteamericana se ha debilitado, aún sigue siendo la  divisa mayoritariamente usada en el mundo y conviene ser cautos en este campo de la política monetaria global, sobre todo considerando la intrínseca vulnerabilidad estructural de Bolivia y la pequeñez de su economía.

Hemos asegurado por más de 20 años –desde 1985- una estabilidad macroeconómica loable que todos debemos sostener. En ese positivo marco, conviene siempre tener flexibilidad cambiaria pero tratando de no vulnerar la capacidad exportadora y productiva del país. Aparentemente, la actual política monetaria es “cortoplacista” y de neto efecto anti inflacionario, aunque sin asegurar resultados. Para evitar el alza de precios hay otros mecanismos.

Lo importante -al final- es una visión  estratégica para la política monetaria que sea capaz de mantener el poder adquisitivo de la población y sustentar una mayor capacidad exportadora. Hay que pensar en términos más amplios que los de la mera coyuntura.

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Cambio: Unasur y el reto de la historia

Los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aprobaron ayer un mecanismo para disuadir y castigar intentos de golpe de Estado en la región, reivindicaron la integración como única forma de progreso, acordaron cerrar sus puertos a los buques que circulen por los mares de la región con bandera ilegal de Las Malvinas, y rindieron un justo como sentido homenaje a la memoria del fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner, el primer Secretario General del mecanismo regional de integración más trascendente de su atribulada historia.

A la cita de Georgetown (capital de Guyana) acudieron ocho de los 12 presidentes suramericanos y de manera unánime aprobaron cada una de las determinaciones; entre ellas la más trascendente, por sus alcances en defensa de la voluntad soberana de sus pueblos: la intransigente defensa de la democracia.

La Cláusula Democrática garantiza la vigencia de la democracia regional con la aplicación de una serie de medidas coercitivas en contra de eventuales golpes de Estado como los que enfrentaron gobiernos legítimos como el de Venezuela en 2000, de Bolivia en 2008, y el de Ecuador en 2010; así como la asonada que en 2009 derrocara en Honduras al presidente constitucional José Manuel Zelaya.

Según dispone la cláusula firmada por los presidentes en forma unánime —citada por la agencia Télam—, el instrumento se aplicará "en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos".

Según el documento, cuando se produzca alguna amenaza, la Secretaría pro Témpore de la Unasur podrá convocar al consejo de jefas y jefes de Estado tanto de oficio como a petición del país afectado o alguno de los países miembros. Las sanciones serán la inmediata suspensión de Unasur, cierre parcial o total de fronteras, la suspensión del comercio, del tráfico aéreo y marítimo, de las comunicaciones, de la provisión de energía, servicios y suministros; y se sugerirá la suspensión del Estado en otros organismos regionales e internacionales, se promoverá penalizaciones ante terceros países, además de sanciones políticas y diplomáticas adicionales.

Esta cláusula fue tomada como eje y prioridad de la IV Cumbre de Unasur, en función del intento de golpe de Estado que sufrió recientemente el gobierno de Ecuador a manos de la Policía y otras experiencias cercanas como la destitución del presidente constitucional en Honduras. Del mismo modo, el encuentro de presidentes apoyó una declaración en la que se instó a Gran Bretaña a que "se abstengan de tomar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales de la situación en las Islas Malvinas" y que incluye el compromiso de los países de Unasur de "impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas".

Los presidentes también analizaron el tema de los llamados "fondos buitre", formalmente denominados "fondos de situaciones especiales" y rechazaron "la agresión" que estos capitales ejecutan sobre las economías de los países de América Latina "en su intento por obtener ganancias usurarias a partir de la adquisición de deuda soberana por montos muy por debajo del valor posteriormente reclamado".

Además, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa, decidieron el restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas bilaterales, rotas desde el 1 de marzo de 2008, tras el ataque del Ejército colombiano a un campamento guerrillero de las FARC —en el que murió el entonces Nº 2 del grupo rebelde, Raúl Reyes—, en el extremo norte de territorio ecuatoriano durante la presidencia de Álvaro Uribe.

"Hemos tomado la decisión de restablecer plenamente nuestras relaciones. Celebro mucho este paso tan importante para nuestros pueblos", aseguró Santos; en tanto que Correa señaló que "este es un día de alegría para nuestros pueblos. Tengo que reconocer la transparencia y buena voluntad de Santos para responder con prontitud a los temas sensibles presentados por parte de Ecuador. Hemos empezado a caminar en la dirección correcta".

Por eso, que los presidentes suramericanos hayan asumido un real compromiso para no sólo preservar la democracia sino profundizarla, es un mensaje claro y contundente a políticos retrógrados —como aquellos que hace una semana se reunieron en el Capitolio para conspirar contra los procesos de transformación que recorren los caminos de América Latina—, en sentido que no estamos dispuestos a tolerar el secuestro de la voluntad soberana de nuestros pueblos.

Es decir, los nostálgicos de las dictaduras del pasado y cómplices del secular saqueo de nuestras riquezas, ya conocen que cualquier intento por asaltar el poder no sólo los condenará a un ostracismo político regional, sino que al frente encontrarán a un pueblo suramericano que camina hacia su integración democrática, en su diversidad, para hacer realidad el anhelo del libertador Simón Bolívar.

"Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria", había señalado el Libertador en su Carta de Jamaica, Kingston, el 6 de septiembre de 1815, respecto de la lucha por la independencia de los pueblos de América Latina. Y a 195 años de esa proclama, hoy se cimienta la Gran Patria que soñara Bolívar.

Que los presidentes suramericanos hayan asumido un real compromiso para preservar la democracia es un mensaje contundente a políticos retrógrados que conspiran contra los procesos de transformación económico-social que recorren los caminos de América Latina.

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La Prensa: Cambios en la Ley de Pensiones

Lo urgente y recomendable es que antes de adoptar el paso, el Gobierno nacional disponga la realización del citado cálculo matemático-actuarial?

Diversos factores obligan a muchos países del mundo, especialmente a los de mayor desarrollo económico (Estados Unidos y naciones europeas) a elevar la edad requerida para el goce de la renta de vejez. Entre aquéllos cabe mencionar los de tipo demográfico: bajan las tasas de natalidad y mortalidad, mientras las de vejez acusan un ostensible y progresivo crecimiento. Cada año es mayor la cantidad de personas de la tercera edad que se acogen al beneficio. Esta circunstancia acorta severamente la distancia que en los respectivos fondos separa a las sumas que demanda el pago global, de las reales disponibilidades financieras. Contribuyen con lo suyo interregnos de crisis de alcance internacional que ponen en apuros a esos valores bursátiles a los que apuestan muchos sistemas de vejez y seguro social.

Nos referimos a los riesgos que comparten todos los sistemas de vejez, sean éstos de simple reparto o de capitalización individual a cargo de empresas privadas.

Entre nosotros, el Gobierno se ubica a contra flecha de la ruta que, en materia de pensiones, a nivel mundial impone la terca y dura realidad. Acuerda con los sectores sociales liderados por gentes afines a su causa, una rebaja drástica de la edad para la renta de vejez (¡de 65 a 58 años!). Incluye en sus planes una reducción del número de cotizaciones requeridas para acceder a la jubilación y, lo que es peor, plantea que los fondos de pensiones, hasta ahora administrados por las AFP, pasen a ser manejados por el Estado.

Consideramos inadmisible que en un asunto tan complejo como delicado, aspectos puramente coyunturales, de tipo politiquero (un Gobierno que ofrece la torta rentista a los sectores sociales a cambio de que den por finalizada su protesta) se impongan a la racionalidad y la prudencia. En el caso, éstas aconsejan un estudio matemático?actuarial previo cuyos datos señalen en forma clara si los cambios a introducir en el régimen de pensiones garantizarán o no su sostenibilidad en el tiempo.

¿Lo será? Menuda interrogante la planteada, pues de ejecutarse tan controvertida mudanza, a plazo mediato, el país verá incrementarse en cifra récord su masa de jubilados. Conste que este aumento colocará igualmente en una situación difícil a los servicios de salud, puesto que los rentistas, por ley, tienen igualmente el derecho a acceder a aquéllos, como cualquier asegurado. Es previsible, en consecuencia, que en menos de una década, tenga lugar un letal desfase entre el monto requerido para el pago de las rentas de vejez y los recursos disponibles, ante lo cual el Gobierno tendría que empezar a desvalijar al Tesoro General de la Nación para hacer frente a la emergencia, epílogo que inevitablemente nos conduciría a un proceso inflacionario. Sobre todo, si las cosas no marchan muy bien en el campo de la macroeconomía, respecto a lo cual contamos ya con señales bastante premonitorias.

Lo urgente y recomendable, en consecuencia, es que antes de adoptar el paso que comentamos, el Gobierno nacional disponga la realización del citado cálculo matemático?actuarial y lo difunda públicamente ni bien el mismo haya sido concluido. Así se tendrá la figura mucho más clara sobre tan delicado asunto que interesa a vastos sectores de la ciudadanía en el país.