Rolando Villena, Defensor del Pueblo. Desde su visión, en el país persisten las culturas autoritarias en los niveles de poder político y otros ámbitos cuyo efecto directo es la vulneración de los derechos humanos y las garantías constitucionales.
• En los ayllus del norte de Potosí, donde en mayo fueron secuestrados, torturados y asesinados cuatro policías, la impunidad campea ante la resistencia de sus dirigentes a la ley y la debilidad del Estado.
• Sobre los casos de Uncía, Caranavi y Olorio, el Defensor dijo que “debemos enfrentar con el máximo rigor, pero también con la serenidad de saber que estamos en una causa noble de poner límite a las fechorías”.
Rolando Villena, Defensor del Pueblo visitó El Diario
“No soy un líder improvisado”, señala con firmeza Rolando Villena Villegas, teólogo y pastor metodista de 64 años y cuatro décadas de experiencia en la defensa de los Derechos Humanos. Desde su visión, en el país persisten las culturas autoritarias en los niveles de poder político y otros ámbitos cuyo efecto directo es la vulneración de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Fue elegido por 113 de los 166 votos del Legislativo el 30 de abril pasado.
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A seis meses de su gestión, el tercer Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, visitó EL DIARIO para realizar una evaluación de la situación política y social, destacando su labor como mediador en los conflictos que marcaron la agenda de este año en materia de Derechos Humanos, algunos de los cuales le valieron roces con autoridades del Ejecutivo.
Así, EL DIARIO inicia un ciclo de entrevistas exclusivas sobre esta gestión de la vida política nacional que ingresa en su tramo final.
¿Se habló durante todo el año de persecución política, vulneración de derechos, cuestionamientos al debido proceso y otros. Cómo está la situación del país en cuanto a derechos humanos?
Asistimos a un proceso de respeto de los derechos humanos que pasa más por enunciados que por medidas de orden práctico que den señales que se están respetando los mismos, cuando hay derechos humanos que no se conocen, no son asumidos por la gente y en nuestro país existen culturas que están permeadas por tendencias autoritarias, que no sólo vienen de la política partidaria sino de otros estratos.
¿Cuál es la relación del Defensor del Pueblo con el Gobierno central?
El Defensor del Pueblo está en la tarea de coordinar con los cuatro poderes del Estado, en trabajos que tienen que ver con el proceso de institucionalización. Tenemos coordinación con los ministerios de Gobierno, Presidencia, Justicia, Educación, Cancillería y de Salud, para que el manejo del poder esté en la línea de los DDHH porque el poder, a veces, puede enceguecer, o perder la perspectiva sobre para qué están en sus puestos los servidores públicos, se olvidan por allí que son servidores y actúan más como jefes.
¿Se ha visto Ud. confrontado con las autoridades de Gobierno durante esta gestión?
Precisamente con el informe de Caranavi. Fue el detonante de algo que posiblemente no pensaban que yo iba a asumir, la defensa de los derechos de estos dos jóvenes que han muerto. La vida es un don supremo y máximo que debe ocupar un lugar cada vez más central en el ejercicio del poder, el Estado y la Policía deben asumir su responsabilidad cuando se concluyan los informes técnicos, debemos enfrentar con el máximo rigor, pero también con la serenidad de saber que estamos en una causa noble de poner límite a las fechorías.
Antes que Ud. sea elegido en el Congreso, el Vicepresidente dijo que el Defensor del pueblo debe defender al Estado, ¿ha actuado en ese sentido?
Hemos tomado eso como una reflexión general, pero de ninguna manera como un mandato, porque de acuerdo a la Ley 1818 el Defensor del Pueblo no recibe órdenes de ningún poder u Órgano del Estado. No se puede hacer una afirmación de esta naturaleza porque el mandato del Defensor del Pueblo es la defensa de los derechos humanos y colectivos de todos los ciudadanos independientemente de cualquier condición. El Estado mismo tiene sus propios mecanismos para defenderse, y esas declaraciones obedecen a otro contexto, pero no a lo que señala la CPE ni la Ley 1818.
Usted fue electo con varios cuestionamientos de la oposición, sin embargo, en el desarrollo de su actividad hubo momentos en los que tuvo posiciones diametralmente opuestas a las del Gobierno. ¿Considera Ud. que el estigma de “Defensor del MAS y del Presidente Evo Morales” ha sido superado?
Cuando recibí la invitación de parte de dirigentes del MAS, nunca me pusieron condiciones ni me dijeron vas a seguir nuestra línea, mucho menos de la figura de Evo Morales a quien conozco desde principios de los 90 y sé de su perfil como dirigente. No soy un líder improvisado, me adscribí a esto porque desde la década de los 70 en la dictadura de Bánzer me formé en la APDHB y todo esto constituye un privilegio para servir a mi pueblo sin perseguir beneficio alguno ni estar de acuerdo con alguna posición política.
Los casos Uncía, Caranavi y Olorio fueron los más emblemáticos de su corta gestión. Háganos, por favor, una evaluación en cada uno de ellos.
El caso más emblemático es de Caranavi, tal es así que ha dado reacción a buena parte del Estado mismo, a partir de sus dignatarios más prominentes, tratando de relativizar la importancia de los informes o tratando de decir que son informes sesgados o subjetivos, cuando vienen de testimonios de la gente que ha sido vulnerada en sus derechos humanos.
¿El caso del atraco a Vías Bolivia y la muerte de David Olorio?
Pusimos en evidencia señales que son inocultables. Buscamos testimonios sobre los momentos previos al atraco en Vías Bolivia, el policía que fue victimado, la detención de Olorio donde es torturado. Fuimos muy contundentes y esto causó reacción en la Policía que incluso hizo acusaciones fuera de lugar, pero luego invité al Comandante Nina y conversamos, felicitando la labor del Defensor del Pueblo. Ahora se debe continuar con las investigaciones y dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos.
En el caso Uncía, los familiares siguen deambulando por los juzgados en búsqueda de justicia. Los dirigentes de los Ayllus no permiten el ingreso a la zona para la reconstrucción. ¿Cómo coadyuvar para que este caso avance?
En el caso de Uncía fue muy difícil encontrar algún mecanismo para ser una parte protagónica del hecho, porque el contexto fue complicado. Estuvimos más cerca de la familia, extremamos esfuerzos para que haya diálogo porque el Ministerio de Gobierno estaba totalmente cerrado y no pudimos coordinar acciones con el ministro Sacha Llorenti, fue más tarde cuando ya la situación era muy complicada.
A esto se suma la visión de los ayllus de Potosí donde están en una suerte de discriminación, porque hay muchos casos que no están resueltos como desapariciones, maltratos, torturas que fueron denunciados y no se hizo nada, entonces ese entorno nos limitó a sólo convocar al diálogo cuando ya no se podía hacer nada y se habían consumado los hechos.
¿Cuál es el seguimiento que está realizando la Defensoría en el caso de los efectivos linchados en Uncía?
Estamos haciendo seguimiento, estamos insistiendo y la primera etapa que ha determinado la Fiscalía General para la investigación del caso es de seis meses, estamos entrando al quinto mes y hacemos votos porque se haga justicia a pesar de la resistencia de los hermanos indígenas que no admiten ser investigados, porque hay un mundo de dificultades como también la debilidad del Estado, para ser más contundente en este aspecto.
El Diario