Los costos de negar la inflación

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Seguridad y defensa

  2. Bajo el Penoco, El Día: Una Barbie para Vanesa

  3. Los Tiempos: DEMASIADOS CAMBIOS

  4. El Deber: Radiografía urbana

  5. Cambio: Millonaria inversión en el Beni

  6. La Prensa: Una radiografía urbana

  7. El Diario: La corrupción, mal de la administración fiscal

  8. El Mundo: Huele mal

  9. Opinión:

  10. Clarín, Argentina: Los costos de negar la inflación


El Día: Seguridad y defensa

El ámbito de la Seguridad y Defensa deviene en trascendental e ineludible terreno donde las relaciones de cooperación entre países, a través de sendos acuerdos, pueden resolver más de un problema y allanar una serie de dificultades de tipo logístico, planificación de operaciones combinadas y fortalecimiento de la confianza mutua. Todavía más, si las relaciones de cooperación abarcan temas tan álgidos como es la situación de emergencia ante los desastres naturales, lo menos que se debe hacer es reconocer en su justa dimensión estos esfuerzos bilaterales y alentar la consolidación de los mismos, especialmente si se trata de los anunciados efectos del cambio climático.



En las pasadas horas, Bolivia y Paraguay han acordado la creación del Consejo de Emergencia ante Desastres Naturales, como un primer paso de una ambiciosa agenda de coordinación en diversos campos que incluyen la actualización de la cartilla de seguridad para procedimientos de cooperación en la frontera, de suya muy necesaria, además de una participación conjunta y planificada de operaciones militares bilaterales para encarar grandes amenazas como son el contrabando y el narcotráfico. Sin duda que tales emprendimientos conjuntos están dirigidos a fortalecer la confianza mutua de ambos países que comparten no sólo una historia común, sino también similares metas.

Conviene recordar que se han anunciado efectos negativos del fenómeno climático “La Niña” en los próximos meses, para los países en vías de desarrollo, especialmente los ubicados al sur del continente americano. Por tanto, la creación del Consejo de Emergencia ante desastres naturales avalado por Bolivia y Paraguay constituye no sólo una medida oportuna y sensata que disminuirá el impacto de los fenómenos climáticos en ambos países, sino que servirá como un área de experiencia y de lanzamiento de los otros puntos importantes que se han planteado en la Cuarta Reunión del Mecanismo de Diálogo 2+2 de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Bolivia y Paraguay.

Sin duda que el intercambio de experiencias e información en materia de gestión de riesgos de desastres y el estudio de amenazas y vulnerabilidades, especialmente en la frontera, puede resultar fructífero y alentador para enfrentar otras actividades que requieran similar cooperación entre países. En todo caso, el solo hecho de tener la voluntad de trabajar de manera conjunta y coordinada, resulta plausible. Es de esperarse  que las intenciones bilaterales se vean materializadas en la práctica, porque es sabido que la región boliviana-paraguaya está sufriendo los graves efectos de una larga sequía.

Los efectos de los últimos fenómenos climáticos han empeorado la situación del Chaco, por lo que se hace preciso pasar de las palabras a la acción cuanto antes. Resulta obvio que del éxito de estas actividades conjuntas ante los desastres naturales depende en cierta forma la realización de otras dentro del diálogo político y militar, además de otras tan necesarias como las cuestiones referidas a la seguridad y navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Por otra parte, será factible en grado diverso una lucha común y coordinada contra el tráfico de armas, estupefacientes, contrabando, explotación ilegal de recursos naturales y la propia trata de personas que preocupan a Bolivia y Paraguay.

Del éxito de estas actividades conjuntas ante los desastres naturales depende en cierta forma la realización de otras, también importantes y necesarias.

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Bajo el Penoco, El Día: Una Barbie para Vanesa

Para los líderes populistas de la región cualquier cosa es buena para alimentar la imagen del caudillo. La inauguración de una canchita de fútbol, la apertura de un puente peatonal, todo sirve para rodearlo de un halo de grandeza, con discursos rimbombantes y poses por demás empalagosas. La presidenta argentina Cristina Fernández, la viuda a la que tratan de victimizar para que no se note la ausencia de su marido en el Gobierno, tuvo su propia “operación rescate” que intentó vender como la gran hazaña de su administración, contagiada tal vez de lo que sucedió hace poco en Chile. La protagonista del show que montó la mandataria fue una niña boliviana, Vanesa Mamani, rescatada de un pozo de 23 metros tras siete horas de intensos trabajos. Doña Cristina se trasladó con todo su gabinete al hospital donde fue internada la chiquilla, le hizo obsequios ante las cámaras y posteriormente condecoró como grandes héroes a los bomberos que salvaron a Vanesa. Lo mejor de todo, la muñeca Barbie, rubia, imperialista y pulposa que le regaló Cristina a Vanesa.

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Los Tiempos: DEMASIADOS CAMBIOS

El Banco Central es una entidad muy importante, por lo que el excesivo cambio de presidentes no es, de ninguna manera, una buena noticia

La semana pasada y en forma sorpresiva, el Gobierno, por tercera vez desde 2006, ha cambiado al presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y lo ha hecho, como ya se le está haciendo costumbre, por la vía del interinato, es decir, eludiendo el trámite parlamentario.

El Banco Central es una entidad muy importante. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, su función es "mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social", y sus funciones: determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de la moneda y administrar las reservas internacionales.

Está dirigido por un presidente, que por la Constitución y la Ley de Bancos debe ser elegido por la Cámara de Diputados por dos tercios de los miembros presentes para cumplir un período de seis años, y cinco directores nombrados por el presidente del Estado "de entre una terna presentada por la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Bajo esa normativa, llama la atención que el MAS no pueda conformar una terna para que el primer mandatario elija a un titular del BCB que pueda ejercer el cargo con la legitimidad que corresponde. Es fundamental este procedimiento porque de esa manera se evita que la principal autoridad del Banco Central dependa exclusivamente -como parece que ha sucedido hasta ahora- del criterio o humor de los circunstanciales ocupantes del poder, particularmente y en este caso, del titular del despacho de Hacienda o Economía.

Conviene recordar que la elaboración de la Ley del Banco Central, aprobada en la década de los 90 del siglo pasado, busca, precisamente, la autonomía de esta entidad para garantizar que las políticas económicas de la gestión gubernamental no afecten la estabilidad monetaria ni financiera del país. Esto por la mala experiencia que Bolivia vivió -y que culminó en el proceso hiperinflacionario de lo 80- por la sumisión de esta entidad a los dictámenes de los eventuales inquilinos de Palacio de Gobierno o de actores sociales con capacidad de presión.

Pero por lo que se observa, la memoria no es buena y, como en otros sectores, se busca repetir experiencias ya frustradas, y una de ellas es que esta autoridad financiera ahora dependa directamente del Órgano Ejecutivo como demuestra que en casi cuatro años de gestión se haya posesionado a tres presidentes.

Obviamente, lo señalado no hace referencia a la calidad profesional de quienes han pasado por el Banco Central de Bolivia pero, sí a que éstos y los que vengan no tendrán la seguridad legal suficiente para cumplir sus delicadas funciones mientras no sean elegidos como dispone la Constitución Política del Estado y la ley respectiva. Es decir, quienes asuman ese puesto deberán estar conscientes de que dependen de la exclusiva voluntad de sus mandantes y podrán ser retirados del cargo (más allá del ya conocido eufemismo de las "razones personales") cuando, por criterio profesional, adopten decisiones que a aquéllos no les guste. Ésa es la debilidad que provoca el no ser elegido conforme a norma.

Para el país, está claro que el excesivo cambio de presidentes del Banco Central no es, de ninguna manera, una buena noticia.

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El Deber: Radiografía urbana

El espíritu transgresor parece ser dominante en el comportamiento ciudadano mayoritario en Santa Cruz de la Sierra. No hay otra manera de explicar el cúmulo de contravenciones que a diario se cometen a contrapelo de la convivencia civilizada y en franco atropello a las normas que hacen al buen vivir de una comunidad tan abigarrada como la nuestra y que bajo tales circunstancias subsiste en un ambiente que mucho dista de ser el mejor en pleno avance de un nuevo siglo, lo que hace añorar, en especial a nuestros mayores, aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Es que así como está desde hace largo rato, insegura, desbordada, caótica, irrespetada y sucia, la capital cruceña no viene a ser precisamente un buen lugar para vivir.

Como para corroborar cuanto precedentemente se afirma, van algunas muestras: la calle de un populoso barrio permanece loteada desde hace seis meses por usurpadores que se autodenominan los ‘sin lote’, comerciantes que ocupan arbitrariamente las aceras y hasta la calzada con sus mercancías, vecinos que arrojan desperdicios a la vía pública, más un servicio de limpieza urbana en permanente entredicho con el municipio mientras la basura se acumula por doquier. Es la descrita sucintamente hasta aquí,  una radiografía  de la ciudad que ofrece clara imagen del descuido y del abandono en la antesala de los 450 años de la fundación que se cumplirán,  -aun doliéndonos admitirlo- con su calidad de urbe desdorosa y, para colmo, bajo espesos nubarrones y con remotas perspectivas de mejoría.

Vaya la tristísima imagen con que Santa Cruz de la Sierra conmemorará un aniversario más de su fundación en la llanura promisoria, y seguramente como hasta hoy, en medio de la desidia de sus autoridades y ciudadanos que poco y nada hacemos en los hechos por cuidar, mejorar y respetar esta solariega y entrañable capital de nuestro Oriente llanero y cálido.

Mucha de la mejoría con que podemos honrar a este pedazo grande de tierra que nos acoge, depende del propio comportamiento de sus estantes de toda la vida y de sus huéspedes y habitantes ocasionales. Para empezar, guardemos respeto y obediencia a sus normas urbanas, abstengámonos de poner de relieve nuestro aún latente salvajismo destrozando los servicios públicos, afectando monumentos, deteriorando el ornato, las plazas y los paseos, desacatando las normas de circulación peatonal y vehicular, dejando suelto, en fin, un primitivismo espiritual y mental que nos reduce hasta la triste calidad de salvajes carentes de Dios y desconocedores de la ley, la convivencia en orden y en paz y el servicio al bien de todos.

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Cambio: Millonaria inversión en el Beni

Hasta antes de la llegada a Palacio de Gobierno del presidente Evo Morales Ayma —el primer indígena electo en diciembre de 2005 por voto directo del pueblo boliviano—, el departamento del Beni era una de las regiones menos atendidas por el poder centralista en manos de una señorial como rancia élite política que hasta entonces gobernaba Bolivia.

Tanto regímenes dictatoriales como democráticos de viejo cuño utilizaban frecuentemente algunas poblaciones —ubicadas en las extensas llanuras benianas— como centros de confinamiento de políticos opositores y dirigentes sindicales que salían en defensa de los intereses de los secularmente marginados y de los derechos constitucionales del pueblo, de la patria

Es decir, era tanto el abandono al que había sido condenado el Beni, que sus pobladores carecían de los servicios más elementales como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, amén de atención médica y escolar. Es que este departamento sólo contaba para los gobernantes del extinto Estado colonial como un territorio donde se castigaban las ideas, la lucha por la libertad, por la justicia social y por la vigencia de los derechos humanos.

No obstante y en poco más de cuatro años de gestión del presidente Morales, esa dura realidad dio paso a una región pujante que ya avizora su desarrollo apuntalado por la atención del Gobierno nacional que invierte —en el periodo 2009 y 2011— más de 800 millones de dólares en la construcción de cuatro estratégicas carreteras pavimentadas, además de otros millones en la edificación de infraestructura social y productiva, y la dotación a la población beniana de servicios básicos.

Es que la actual administración gubernamental lleva adelante trabajos de asfaltado del tramo Riberalta – Guayaramerín, de 86 kilómetros; asfaltado de la ruta Rurrenabaque – Riberalta, que tiene un financiamiento de 240 millones de dólares; la carretera VillaTunari – San Ignacio de Moxos, que conectará Cochabamba con Beni y que demandará una inversión gigantesca, de 415 millones de dólares. Esta ruta se abrirá pronto y su impacto será multiplicador, pues los ganaderos, por ejemplo, no necesitarán sacar su producto por Santa Cruz para llevarlo a Cochabamba o hacia La Paz. Otra de las rutas proyectadas por el Gobierno es la carretera que unirá Trinidad con Riberalta.

Es decir, la responsabilidad que nunca antes asumieron los gobiernos neoliberales, hoy la asume la administración del presidente Evo Morales, porque el Beni no es el futuro de la patria sino el presente del Estado Plurinacional que, por voluntad soberana de sus hijos, se edifica en el marco de una democracia profunda que se fortalece desde las ciudades y el campo, desde los barrios y los centros de trabajo, desde las universidades y las escuelas, desde lo más recóndito de nuestra geografía.

Esas cuatro vías estratégicas no sólo vertebrarán al Beni sino que integrarán a Bolivia de este a oeste, de norte a sur, y la conectarán con países como Brasil y Perú a través de Pando y el norte de La Paz; y convertirán a ese departamento amazónico en una de las regiones más vertebradas de la patria.

Esas carreteras —una de ellas en plena ejecución y las tres restantes a punto de comenzar los trabajos— podrían estar listas hacia 2013, de acuerdo con la previsión del gobierno del presidente Evo Morales.

Sin embargo, esas obras camineras que ya se ejecutan y otras que comenzarán a ser ejecutadas en el Beni son parte de una gran estrategia nacional de vinculación carretera.

Como ejemplos podemos citar que se encuentran en plena construcción la vía Santa Bárbara – Caranavi – Río Alto Beni – Quiquibey, que demanda una inversión de 237 millones de dólares; la construcción y pavimentación de la carretera Potosí – Tarija, con 226 millones de dólares; la construcción y pavimentación del tramo Potosí – Cotagaita, con una inversión de 180 millones de dólares; la construcción de la vía Roboré – Puerto Suárez (Santa Cruz), con 94 millones de dólares; y la construcción del camino Potosí – Uyuni, con 84 millones de dólares.

Son hechos que corroboran la trascendental importancia que el gobierno del presidente Evo ha otorgado a la integración de Bolivia.

También se encuentran en ejecución la construcción de la Doble Vía La Paz – Oruro, con una inversión de 597 millones de dólares; la rehabilitación del Tramo II de la vía La Guardia – Comarapa (La Angostura – Bermejo), que demandará el desembolso de 10 millones de dólares; la rehabilitación del Tramo III del mismo camino (Bermejo – Mairana), obra en la que se invertirá más de 9 millones de dólares; y la rehabilitación del Tramo I de La Guardia – Comarapa con 5 millones de dólares, además de otros proyectos en plena ejecución y en la fase final de su preinversión.

Hoy, la vía Santa Cruz – Trinidad es el único enlace con el que cuenta el Beni con el resto de Bolivia y, en este marco, la millonaria inversión vial que ejecuta el Estado Plurinacional sepultará definitivamente el atraso y el abandono al que lo habían condenado los gobiernos neoliberales, y germinará en el desarrollo de una región que hoy, más que nunca, es el presente de una patria que cimienta las bases de su progreso por voluntad soberana de su pueblo.


El Beni avizora hoy su desarrollo apuntalado con una inversión de más de $us 800 millones, entre 2009 y 2011, para la construcción de cuatro estratégicas carreteras pavimentadas, y otros millones en la infraestructura social y productiva, y la dotación de servicios.

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La Prensa: Una radiografía urbana

El mayor problema de nuestras ciudades radica en que sus habitantes carecen de una educación elemental en las leyes de la convivencia.

La mentalidad transgresora parece ser dominante en el comportamiento ciudadano mayoritario de quienes habitamos tanto en la ciudad de La Paz, El Alto y en general en todas las ciudades de Bolivia. No hay otra manera de explicar el cúmulo de contravenciones que a diario se cometen a contrapelo de la convivencia civilizada y en franco atropello a las normas que hacen al buen vivir de una comunidad tan abigarrada como la nuestra, y que bajo tales circunstancias subsiste en un ambiente que mucho dista de ser el mejor en pleno avance de un nuevo siglo, lo que hace añorar, en especial a nuestros mayores, aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Es que así como están desde hace largo rato, inseguras, desbordadas, caóticas, irrespetadas y sucias, nuestras ciudades no viene a ser precisamente un buen lugar para vivir.

Para corroborar cuanto se afirma, vamos a tomar como ejemplo las condiciones de habitabilidad con que contamos en la ciudad de La Paz: las calles, especialmente las del centro, ese espacio de convergencia de todos los ciudadanos, han sido tomadas por miles de comerciantes. Y las zonas que han sido privilegiadas por la construcción de un mercado, irónicamente, sólo han servido para atraer a cientos de vendedores que sin ningún reparo se asentaron en las calles aledañas al mercado, al punto de que las amas de casa ya no requieren ingresar allí, pues realizan sus compras mucho antes de llegar a él.

Es el descrito sucintamente hasta aquí uno de los problemas para la convivencia por los que atraviesa el ciudadano, pero aún no nos referimos a la invasión de las calles del centro por los vendedores, lo que junto con el caótico tránsito vehicular pone en permanente riesgo el tránsito de aquel ciudadano de a pie que debe avanzar eludiendo en forma permanente puestos de venta y vehículos que ya casi tiene encima, pues parecen no haberse percatado de su presencia ni de los cientos puestos de venta desparramados.

Y ya que hablamos del tráfico vehicular, no podemos dejar de referirnos al servicio de transporte público. Esos vehículos que, colmados de pasajeros, avanzan las calles de la ciudad con la amenaza de que sus lamentables condiciones mecánicas y los años de servicio terminarán por fundirlos en plena calle. Esto sin mencionar la ausencia de una mínima educación vial de la que adolece el 80 por ciento de los choferes, quienes ?hay que reconocerlo? viven al borde del soponcio por la presión de las condiciones impuestas por el propietario del vehículo y la vorágine del tránsito vehicular que ha invadido las calles.

En verdad, el mayor problema de nuestras ciudades, de La Paz específicamente, radica en la falta de una educación elemental en las leyes de la convivencia. Muchos de los beneficios que podrían concedernos una mejor calidad de vida dependen del comportamiento de los vecinos. Para empezar, guardemos respeto y obediencia a las normas urbanas, tomemos conciencia de que todo lo que nos rodea es tan nuestro como del vecino con el que nos cruzamos a diario. Cuidemos los servicios públicos, cuidemos el ornato, las plazas y los paseos, respetemos las reglas de circulación peatonal y vehicular…

Sin olvidar las obligaciones de las autoridades municipales, en verdad, la responsabilidad de contar con una ciudad mejor depende de quienes vivimos en ella.

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El Diario: La corrupción, mal de la administración fiscal

El presidente Evo Morales, desde que asumió el mando de la nación en enero de 2006, anunció que su gestión tendría la característica de combatir a la corrupción, de no permitir la presencia de ningún acto irregular en quienes cooperen con el régimen. La realidad, en más de cuatro años de gobierno, es que el mal se ha presentado en grandes proporciones y no por denuncia de opositores al régimen, sino por denuncia de la propia Ministra de Lucha contra la Corrupción, en publicación de la prensa del 13 de octubre pasado.

Según Transparencia, “hay 568 casos de corrupción” en la actual administración; por su parte un diputado opositor señala que el régimen, al auto calificarse como socialista, habría obrado contrariamente a lo que hacían los gobiernos neoliberales; que, según datos de la ministra de Transparencia, habrían casos de corrupción que contradicen las expresiones del Gobierno. La información menciona que entre las “71 denuncias que el Ministerio de Transparencia dio a conocer, se encuentran 568 funcionarios de reparticiones estatales”; se destaca, caso por caso, la presencia de varias oficinas fiscales, empezando por la Cancillería.

Confirman las denuncias dirigentes vecinales y sindicales: un representante del Distrito 4 de El Alto dijo: “El Gobierno no sólo es neoliberal sino que también está infestado de corrupción por todas partes”. Por su parte, un dirigente de la Central Obrera Boliviana lamentó que hasta el momento, “ninguno de los ex funcionarios de gobierno acusados de corrupción hayan sido sancionados, lo que demuestra que todo es un show político”; finalmente, un dirigente de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, filial Cochabamba, expresó: “no sólo el Gobierno está impregnado de hechos de corrupción sino también los políticos de la derecha neoliberal”.

Según fuentes consultadas, los presuntos casos de corrupción de funcionarios del Gobierno, posesionados por el mismo presidente Evo Morales y por ser de su confianza, suman veinte. Por supuesto, no hubo aclaración o rectificación alguna por parte de autoridad alguna del Poder Ejecutivo; por el contrario, son muchos los casos que preocupan a la colectividad. Este estado de situación moral del Gobierno inquieta a la colectividad en razón a que el Presidente anunció “ausencia total de corrupción en su gestión”. Son muchos los años de gobierno y, que se sepa, ningún caso fue aclarado, juzgado ni sancionado; pero, eso sí, se habla mucho de corrupción y la necesidad de combatirlo.

La corrupción es un mal que ataca a todos los gobiernos, del tinte político que sean: de izquierda, derecha o centro. Las experiencias del mundo muestran infinidad de casos. Los que corrompen son, tal vez, más que los mismos corruptos que ceden a las tentaciones para infringir las leyes y buscar, por cualquier medio, enriquecerse ilícitamente o contar con poderes absolutos para agrandar los ámbitos y fronteras de la corrupción que ellos consienten y permiten.

Las declaraciones del Primer Mandatario, hechas seguramente al calor de buena fe y sanas intenciones, han sido sobrepasadas y, por informes de su Ministra de confianza, hay demostración clara de los hechos que hacen honor a la frase de Napoleón Bonaparte: “No hay hombre que no se venda, sólo hay que saber su precio”. El Presidente y su gobierno tienen la obligación de combatir la corrupción en todas sus formas; pero es preciso que esta labor tan sana empiece por su entorno partidario, sus propias filas de colaboradores, y quienes conforman la administración del Estado; de otro modo, el mal continuará y crecerá peligrosamente.

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El Mundo: Huele mal

Cuando no se tiene un cuidado especial en la conservación de los alimentos y otras situaciones particulares, estos comienzan a mostrar una transformación en su aspecto e inclusive comienza a percibirse de una manera diferente, a través de los sentidos, por ejemplo el olor que despiden. El manoseo que se realiza, en cuanto al Poder Judicial se refiere, ha comenzado a mostrar situaciones especiales que vale la pena analizar, inclusive para ver la intención con la que se realizan las cosas.

El ex alcalde de Potosí y candidato a la presidencia del Estado Plurinacional, ha advertido sobre esta situación en particular, a tiempo de ser conducido a un centro de reclusión, para purgar una culpa cuya transparencia ha sido puesta en evidencia a través de pruebas y que podría ser utilizada en el futuro con otros personajes.

En una situación anterior, era un ex alcalde de Sucre el que recibía una sanción similar, con la acusación de haber violado la Ley de Contra el Racismo y la Discriminación, a pesar de que cuando se cumplieron los hechos de que se lo acusa, la mencionada Ley era una idea que estaba girando en unas mentes que tomaban ese deber de todos los ciudadanos, para convertirlo en un instrumento de persecución, no sólo para algunas autoridades, sino también para los periodista y los medios de comunicación y que con seguridad, seguirá siendo utilizada para otros fines.

En el caso del alcalde chuquisaqueño, se lo acusa por haber participado activamente en un hecho que fue atribuido a los estudiantes de la Universidad de Chuquisaca, al Comité Cívico de ese departamento y a otras instituciones, omitiendo deliberadamente el hecho de que esa situación, de todas maneras condenable, fue producto de los crímenes de La Calancha, cuando se tramaba la aprobación de un proyecto constitucional tontamente discriminatorio, pues favorece a una raza privilegiada sobre los blancoides imperialistas que habitan el país.

La aplicación de medidas similares no cesa y ya se ha anunciado el juicio al gobernador del departamento del Beni y ex dirigente cívico, con argumentos especiales que no vale la pena individualizar, porque en la situación actual, cualquier pretexto sirve.

El Gobernador del Tarija, sin necesidad de ser un clarividente, ha visto que se encuentra en uno de los primeros lugares de la larga fila de candidatos y ha puesto en evidencia las razones por las que podría ser acusado, y ha demostrado con evidencias la claridad con que se han ejecutado algunas tareas, dentro de su gestión.

La larga nómina que manejaba el fiscal Sosa no es sino una punta de lanza de esta lista en la que pueden caer todos los ciudadanos que en algún momento pueden caer poco simpáticos y sabemos que la experiencia de Leopoldo Fernández es bastante clara, lo más posible es que la próxima campaña electoral, para cualquier instancia, tendrá a los candidatos de la oposición haciendo sus proclamas desde la cárcel.

Para que no parezca que la cosa está manejada, se ha decidido poner a un notable cruceño a la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, pero eso hace más evidente la situación; sin que él esté de acuerdo, muchas otras decisiones podrán ser adoptadas por unanimidad.

Mejor la paramos aquí, porque a pesar de que la cosa huele mal, podría suceder, como lo ha afirmado una autoridad de gobierno, que nos encontremos con algún problema psiquiátrico y no con las debilidades observadas por el mayor organismo internacional que sugiere que se institucionalice el sistema judicial para darle transparencia.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Los costos de negar la inflación

La tasa de inflación está compitiendo por el primer puesto en el ranking latinoamericano, tratando de alcanzar a la de Venezuela, todavía la más elevada de la región. Contrariamente a lo que afirma el Gobierno, la inflación no es un tributo al crecimiento económico, ya que otros países están creciendo a tasas similares a la local, con tasas de inflación que son la quinta parte de la argentina, como sucede en Brasil, o incluso un diez por ciento, como es el caso de Colombia.

Más allá de las comparaciones regionales, en el mercado interno, la inflación está provocando un progresivo deterioro de los ingresos, en primer lugar, de los más pobres. Esto se debe a que los mayores aumentos de precios se registran en alimentos y bienes de consumo indispensable que, por sus características no pueden ser reemplazados y que absorben la mayor parte del gasto de las personas de menores ingresos.

Los sectores de ingresos medios y altos, por otra parte, van a afrontar muy pronto los efectos del importante aumento que ya tienen los precios de servicios vinculados con las vacaciones.

Compatible con este estado de cosas, relevamientos de opinión pública encuentran que las expectativas inflacionarias de la población son superiores al 30%.

En este contexto, el creciente irrealismo de las estadísticas de precios del INDEC, impide tener un conocimiento cabal de una variable fundamental para todo tipo de decisiones económicas. Por otra parte, las afirmaciones contradictorias de los funcionarios sobre la existencia o la magnitud del problema, contribuyen a generar incertidumbre, la cual es, en si misma, un factor inflacionario.

El avance de la inflación está provocando, por otra parte, una reducción del tipo de cambio real, en perjuicio de sectores productivos y exportadores. Por ese motivo, negar la inflación y no disponer de políticas para combatirla impone, por lo tanto, un severo costo cada vez más visible, para la economía y la sociedad.

La inflación local está cerca del máximo regional. Negar el problema, que afecta más a los sectores de menores ingresos, tiene costos para la economía y la sociedad.

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