Propuesta: Anapo y los cocaleros de los Yungas rechazan el planteamiento. Dice que la veda al cultivo les causará pérdidas. La Ley de la Madre Tierra será la norma marco de la que derivarán otras leyes como la de los recursos hídricos, medio ambiente, ley de biodiversidad y otras.
Producción: cosecha de soya en Santa Cruz, en febrero del año pasado
El anteproyecto de Ley de la Madre Tierra contendrá una disposición que obligará a interrumpir por dos años las labores agrícolas para permitir el descanso de las áreas de cultivo durante ese periodo. Las personas que contravengan la norma se harán pasibles a privación de libertad.
El presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara Baja, Galo Silvestre, informó que el objetivo de la propuesta es que la tierra no sea utilizada como una mercancía y que se den soluciones a los problemas que se ocasionan a la tierra.
Representantes de los cocaleros de los Yungas paceños y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresaron su desacuerdo, pues en tal caso sufrirán pérdidas económicas. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) guarda silencio hasta conocer el proyecto final.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), si bien apoya la propuesta, dice que el tema debe ser aplicado de acuerdo con el piso ecológico en que se desarrolle la labor agrícola en cuestión.
“Estamos proponiendo el desarrollo sostenible, que las tierras fértiles para la producción agroindustrial no sean permanentes. Que se haga dos años de producción agrícola, pero también dejemos descansar a la tierra por otros dos años para que recupere su fertilidad”.
Silvestre dijo que, por ejemplo, la soya se planta año tras año y se genera una sobreexplotación de un recurso natural que debe ser protegido.
En respuesta, el asesor jurídico del directorio de Anapo, Fernando Asturizaga, aseveró que en caso de aprobarse esta propuesta, se tendría que “dejar de producir para dedicarnos a la importación de alimentos, pues ésa será la consecuencia inmediata, sin considerar la cantidad de empleos que el sector dejaría de generar”.
Los afiliados a Anapo desarrollan anualmente dos campañas: cultivos de invierno y de verano, mientras que en otros meses se prepara la tierra para la siguiente siembra.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Ramiro Sánchez, dijo que en el caso en Yungas, “la tierra no puede descansar dos años porque no tenemos extensiones significativas para hacerlo, los cocales que tenemos ya están bajo la forma de surcufundios, ¿qué tierra vamos a hacer descansar?”.
Ante el planteamiento, Luis Baldemar, asesor de la CAO, prefirió no hacer comentarios, porque no conoce la propuesta.
Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la CSUTCB, expresó su respaldo al planteamiento, aunque dijo que se debe hacer una diferenciación de acuerdo con la región en la que se hacen los cultivos.
“En el oriente, por el hecho de que hay más humedad, es posible cultivar no sólo una vez, sino hasta dos o tres veces por año, por lo que se puede trabajar continuamente; en cambio, en el altiplano que es totalmente seco, sólo se puede producir una vez al año”, por lo que se debe hacer pausas periódicas.
La ley contendrá, además, sanciones pecuniarias y penales para las personas que incumplan tales decisiones.
“Aquella persona que atente contra un ser viviente, como la Madre Tierra, debe ser sancionada”.
Añadió que no se estudió aún cuáles deben ser las penas de privación de libertad por ese futuro delito agrícola. Silvestre refirió que las propuestas iniciales son de cinco o 10 años de reclusión.
El parágrafo tercero del artículo 345 de la Constitución establece que las políticas de gestión medioambiental se basarán en “la responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal, y administrativa por incumplimiento de la normas de protección del medio ambiente”.
Según Coraite, las sanciones deberán depender de la gravedad y de quién infrinja las normas. El líder cocalero Sánchez dijo que si el descanso de la tierra fuera obligatorio, entonces “los yungueños estaríamos yendo a la cárcel”.
La comisión que elabora la propuesta sugirió, también, que las Fuerzas Armadas y la Policía formen una fuerza conjunta para precautelar las fronteras y eviten el contrabando de los recursos naturales como la madera, el oro y todo lo que tenga que ver con la biodiversidad.
La CSUTCB propone la creación de un tribunal para castigar a los infractores de la norma. Este ente deberá ser formado por representantes de diferentes sectores sociales y empresariales así como el Ejecutivo. Tanto la comisión legislativa como los campesinos plantean la verificación del cumplimiento de la ley bajo el mecanismo de control social.
La comisión espera concluir este mes el anteproyecto para que sea una base de discusión inclusive en el foro mundial sobre medio ambiente, que tendrá lugar en Cancún, México, a fines de mes. Se espera que el documento sea parte del legajo que presentará Bolivia.
Una norma que dependerá de otras
La Ley de la Madre Tierra será la norma marco de la que derivarán otras leyes como la de los recursos hídricos, medio ambiente, ley de biodiversidad y otras. Si bien la propuesta marco abarcará a todos los temas relativos a la tierra, se necesitará de otras disposiciones específicas para su aplicación.
“Esta (propuesta) será como un paraguas, como una ley marco de la que van a derivar otras leyes. Al hablar de la Madre Tierra no sólo estamos hablando del suelo, sino de sus componentes, como la biodiversidad, la flora, la fauna, el agua, aire y todo lo que tiene la Madre Tierra”.
Explicó que en el caso de los recursos hídricos, se propondrá un ente regulador para no desperdiciar el agua, “las grandes transnacionales están succionando a la tierra; por ejemplo, San Cristóbal extrae casi 50.000 litros de agua por día, lo que está afectando a los bofedales y a los recursos hídricos subterráneos. Esa parte nos toca trabajar, no hay un ente regulador con respecto a este recurso”. Aclaró que la reglamentación y otros puntos al respecto se incluirán en la ley de los recursos hídricos.
Por el momento, se debaten los derechos de la Madre Tierra, las obligaciones del Estado, planificación estratégica, seguridad alimentaria, tutela y garantías, entre otros.
Opinión
“No creo que sea una cuestión de ley porque la rotación de la siembra y el descanso de la tierra dependen del tipo de cultivos de la región y básicamente de una decisión que toma el productor en función a los rendimientos que tenga. Una cosa es que, efectivamente, en Bolivia haya grandes extensiones de tierra dedicadas al monocultivo, en este caso la soya, y que no cumplen ninguna práctica de rotación de cultivos o de descanso porque se trata de aprovechar al máximo la tierra. También lo hacen los menonitas que trabajan la tierra tres, cuatro a cinco años y después la abandonan porque acceden a otras propiedades. El problema no es tanto controlar la rotación de cultivos , sino tratar temas de fondo. Los productores que explotan de manera insostenible estas tierras en su gran mayoría no tienen saneadas las propiedades y, por lo tanto, el Estado no verifica el cumplimiento de la función económica social. Será algo novedoso aplicar una sanción penal, nunca la hubo; lo que ha habido es el cumplimiento de la función social y la función económica social. Creemos que serán inaplicables las sanciones, porque hay tareas previas que no se han hecho, y hay varias preguntas sin respuesta. La aplicación de un castigo dependerá de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que está en debate, de las autonomías indígenas y modificarse la ley de tierras, y ¿cómo se pone en ejecución en grandes, medianas y pequeñas propiedades?”.
Gonzalo Colque / Director Ejecutivo Fundación Tierra
La Prensa