Rodillazo a la Iglesia

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Rodillazo a la Iglesia

2. Bajo el Penoco, El Día: El ejemplo boliviano

3. Los Tiempos: LAS JUNTAS VECINALES Y LAS PUGNAS POR EL PODER

4. El Deber: Una respuesta equivocada

5. Cambio: FFAA antiimperialistas

6. La Prensa: La ley de inversiones

7. El Diario: La Alta Comisionada de Naciones Unidas

8. El Mundo: Tolerancia

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: Aerolíneas: abusos y discriminación

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El Día: Rodillazo a la Iglesia

Siguiendo el ejemplo del presidente Morales, ahora todos en el Gobierno quieren dar su propio rodillazo. Es un continuo derroche de hormonas, mientras más primarias sean las reacciones, mejor. Justamente con esos métodos, el Gobierno le dio toda a razón a los obispos de Bolivia, que hace unos días reclamaron por la ausencia de diálogo y de transparencia en el actual proceso de cambio. El encargado de responder a nombre del régimen fue el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, quien volvió a hacer gala de la absoluta intolerancia y falta de inclinación por el debate que se está haciendo normal en la política boliviana, donde la mitad de los opositores se encuentran perseguidos y el resto con numerosos juicios en su contra.

La Iglesia Católica, como miembro activo de esta sociedad, tiene todo el derecho a expresar sus opiniones y hacerlas públicas y no por ello la respuesta debe ser la descalificación y el insulto.  Reclamar el diálogo es un deber de todo ciudadano boliviano, cuya máxima aspiración deber ser la unidad, el respeto mutuo y la conciencia de que todos vivimos en un mismo país, con un Gobierno que debería ser la representación de los intereses del conjunto.

Han sido absolutamente desatinados los comentarios del ministro Llorentty y de algunos parlamentarios oficialistas sobre la Iglesia Católica, una institución que siempre le ha puesto el hombro al Estado boliviano y lo sigue haciendo, al hacerse cargo de responsabilidades públicas, como la salud y la educación, sobre todo en las zonas rurales, donde ningún Gobierno -y tampoco éste-, ha sido capaz de alcanzar ni siquiera en situaciones de emergencia. La molestia sale de órbita después de conocerse el último informe de la ONU sobre la situación social de Bolivia, donde la pobreza no sólo tiende a agudizarse entre los que ya padecen necesidades, sino también que a este paso podría abrirse camino en la clase media.

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¿O es que la crispación se produce cuando al Gobierno del MAS le tocan el tema del narcotráfico? No es la primera vez que los obispos alertan sobre el crecimiento de esta actividad en el país. Demás es que el régimen trate de negarlo. La explosión de los cultivos de coca han comenzado a molestarle incluso al presidente Morales, quien observaba el otro día los lujosos autos en los que andan  sus compañeros del Chapare. Y un Hummer no se compra con dos cosechas de banana o naranja, productos que comenzarán a importarse, tal ya como sucede con la papa y algunas frutas, de continuar la migración de agricultores desde los cultivos legales hacia la coca que termina en las factorías de droga.

El Gobierno ha elegido el camino del autoritarismo, el peor posible para enfrentar todos los retos que se vienen por delante. Sin opositores y con la sociedad amenazada por un régimen punitivo e intolerante, a la administración de Evo Morales le toca abocarse a resolver los problemas de la gente, atender la agenda social, encarar la lucha contra la pobreza para que la inclusión no sea un mero asunto simbólico o letra muerta de leyes que se van olvidando. Los reclamos de la Iglesia son oportunos y debe ser escuchados. Más tarde será el pueblo, otra vez acobardado y desilusionado el que hará escuchar su voz, como siempre ha sucedido.

 

La Iglesia Católica tiene todo el derecho a expresar públicamente sus opiniones y no por ello la respuesta debe ser la descalificación y el insulto.

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Bajo el Penoco, El Día: El ejemplo boliviano

Se encuentra en Bolivia desde el pasado viernes la sudafricana Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH y en el poco tiempo desde su llegada, ha podido descubrir la esencia del problema boliviano. Pillay que se doctoró en derecho en Harvard, felicitó a Bolivia por las excelentes normas que tiene en materia de DDHH, ha puesto de ejemplo al país por los avances registrados en leyes y ha dicho que va postular a Bolivia como el más avanzado en este campo. Todo está muy bonito, según dijo, pero lamentablemente esas normas están de adorno, pues no se aplican en el país. Ella seguramente leyó ese capítulo de la Constitución que exige la consulta a los indígenas sobre la explotación de los recursos naturales o todo lo bonito que se ha escrito sobre justicia comunitaria. Pero también sabe que en la práctica una orden del jefazo vale más y que el linchamiento de policías en Uncía, han sido merecedor de toda la complacencia del régimen. Para qué tantas leyes, cuando todo en la Bolivia de hoy se resume en aquella frase: “Yo le meto nomás, aunque sea ilegal”.

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Los Tiempos: LAS JUNTAS VECINALES Y LAS PUGNAS POR EL PODER

Mientras los dirigentes se disputan parcelas de poder, los años y las décadas van pasando sin que se resuelvan los principales problemas de la ciudad

Una nota periodística publicada en las páginas de este matutino da cuenta de las pugnas internas a las que dedican gran parte de su tiempo y energías los principales dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) en Cochabamba. Un nutrido intercambio de acusaciones, mutuas descalificaciones e insultos y no la confrontación de ideas, planes o proyectos relativos a los múltiples problemas que agobian a los vecinos de esta ciudad son la tónica que caracteriza tales disputas, lo que da motivos para sospechar que son ambiciones personales y otros intereses muy ajenos al bienestar colectivo lo que las motiva.

Tan penosa distorsión de la razón de ser de las organizaciones sociales, en este caso las juntas vecinales, no es nada nueva. Es más bien un mal congénito que ha dado lugar a que muchas personas hayan hecho de la dirigencia sindical, gremial, vecinal, deportiva o cívica toda una carrera tan atractiva como el más lucrativo de los oficios.

Por otra parte, el poder que los representados delegan en sus representantes ha sido también tradicionalmente, como ahora, un instrumento muy útil puesto al servicio de quienes detentan el poder político en cualquiera de las instancias de aparato estatal.

Así, en el caso de las juntas vecinales, los sucesivos alcaldes y sus respectivos partidos o agrupaciones ciudadanas siempre han intentado reducirlas a condición de apéndices dispuestos a socapar los desaciertos de la gestión municipal y magnificar sus logros. Los dirigentes que lograron ese cometido fueron generosamente retribuidos por sus servicios, lo que explica que hayan sido y sigan siendo tan apetecidos los cargos directivos.

Lamentablemente, tal distorsión tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de los vecinos en cuyo nombre actúan sus dirigentes. Es que mientras éstos priorizan la defensa de sus propios intereses y los de las camarillas sobre los que se sostienen, los años y las décadas van pasando sin que los principales problemas de la ciudad y sus barrios se resuelvan.

La falta de agua, la basura, la manera caótica como la ciudad crece, las deficiencias del transporte urbano, los pésimos manejos de las principales empresas de servicios públicos, entre muchos otros, son algunos de los problemas que aquejan a la ciudad y sus vecinos pero quienes actúan en su nombre los abordan sólo en la medida en que hacerlo es útil y conveniente para causas más ligadas a los intereses de quienes ejercen el poder que a los de la gente que los padece.

No es casual por eso que de Cochabamba se haya apoderado una especie de escepticismo colectivo, de resignación y pasividad.

Ya no parece importar a nadie que otra década esté terminando sin que se supere la falta de agua, sin que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) deje de ser una empresa que va a la deriva hacia la quiebra, que la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (EMSA) siga sin saber qué hacer con la basura, que el parque Tunari esté siendo sistemáticamente destruido y que todos esos males, entre otros, estén causando el constante deterioro de la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad.

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El Deber: Una respuesta equivocada

El Gobierno nacional ha reaccionado con actitud grosera e iracunda a un pronunciamiento de la Iglesia católica sobre la falta de un diálogo político en el país y sobre la violación de libertades elementales.

Las respuestas del ministro Sacha Llorenti y del senador Eugenio Rojas no fueron, ciertamente, bien meditadas, porque lo único que han hecho es confirmar que, como había dicho la Iglesia, el Gobierno carece de aptitudes para el diálogo.

Con un poco de inteligencia, los funcionarios gubernamentales podían haber convocado a los obispos a un diálogo serio y civilizado, lo cual hubiera sido una suficiente respuesta.

El Gobierno podía haber dado, también, otro tipo de respuesta, con igual propósito. Ya que se trataba de dar una réplica rechazando lo que había dicho la Iglesia, el Gobierno hubiera podido dar las pruebas de que tiene la aptitud y el propósito del diálogo. Para ello hubiera hecho falta una enumeración de las iniciativas de diálogo que hubiera tenido el Órgano Ejecutivo, como prueba de que la acusación de la Iglesia no tiene argumentos.

En cambio, lo que hizo Llorenti fue insultar con una larga lista de adjetivos. Aparte de ser grosera, la respuesta del Gobierno es un error, porque da la razón a la Iglesia y muestra una faceta negativa de la actual administración.

Lo que la Iglesia dijo fue que no hay diálogo y que las libertades elementales están en proceso de eliminación por parte del Gobierno.

Había que responder a esas dos afirmaciones, no insultar. Había que argumentar, no gritar.

Este episodio viene a perjudicar la imagen del país cuando el encandilamiento internacional por el actual Gobierno ha comenzado a debilitarse.

Se ha mencionado en estas páginas el hecho de que ningún gobierno del país había sido acusado ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA por los pueblos originarios y los periodistas bolivianos en el curso de pocos días.

Esas acusaciones han abierto los ojos de muchos extranjeros sobre lo que realmente está ocurriendo en Bolivia. Se ha mostrado que quienes manejan este “proceso de cambio” están cometiendo errores tan graves como dañar los derechos de los pueblos originarios y violar la libertad de expresión.

Lo que podría lograr esta torpe respuesta del Gobierno a la Iglesia católica es que la comunidad internacional se percate de que hay otros errores graves que comete el actual Gobierno, además de los aludidos por los obispos. Un prefecto preso desde hace más de dos años, alcaldes destituidos con todo tipo de pretextos, el control de la justicia, persecuciones políticas enmascaradas, además de un mal manejo de la economía, la destrucción de los bosques, el incremento de los cocales, el poder creciente del narcotráfico y la sensación de disolución que crece en el país, están en esa lista.

Las críticas de la Iglesia merecían una respuesta seria, porque reflejan la preocupación de los bolivianos. Decir que se trata solamente de la “jerarquía” episcopal es tan grosero como asegurar que la protesta del periodismo refleja solamente la posición de los empresarios.

Los temas que preocupan a los bolivianos merecen un tratamiento serio de parte del Gobierno.

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Cambio: FFAA antiimperialistas

"Nos declaramos antiimperialistas porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga. Queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad (…) También nos declaramos anticapitalistas, porque este sistema está destruyendo la Madre Tierra, la Pachamama, es por eso que debemos unir todos nuestros esfuerzos y capacidades para defenderla", aseguró el comandante General del Ejército, general Antonio Cueto Calderón, en una expresión de soberanía castrense en el bicentenario de su creación que se celebró —hace un par de días— en las guarniciones de todo el territorio nacional.

Es decir, la institución castrense se declara antiimperialista, anticapitalista, socialista y comunitaria y no permitirá que ningún poder externo imponga sus designios a los bolivianos. No obstante, esta posición de dignidad y soberanía se intenta presentar como "el sometimiento militar al gobierno de turno" por voceros del viejo sistema político que había sometido a las Fuerzas Armadas a un demérito papel represor del pueblo, a una guardia pretoriana de intereses particulares y ajenos a los de la patria.

Por eso, es necesario puntualizar que la contundente posición militar sólo recoge el mandato popular a través de la más alta expresión de nuestra democracia: las urnas. El 25 de enero de 2009, el 64% de los bolivianos aprobó —por primera vez en nuestra historia— la nueva Constitución Política del Estado.

El artículo 1 de la ley suprema de los bolivianos define que "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país". Es en este marco que el Ejército asume ese mandato constitucional, por lo que la misión de las fuerzas militares es ser parte del actual proceso de cambios estructurales que se edifica por la voluntad soberana de su pueblo.

Pero la lucha popular contra toda forma de colonialismo tiene larga data en este territorio que hoy es Bolivia. Desde los levantamientos indígenas contra el inhumano sistema de la mita, pasando por la rebelión de Tomás Katari, Túpac Katari y Bartolina Sisa, hasta las históricas jornadas de la revolución de 1952, la defensa del agua de 2000, la lucha por nuestros recursos naturales de septiembre y octubre de 2003 y cuanta rebeldía fuera expresada por su pueblo.

Por eso Bolivia renunció a la guerra como medio para resolver las controversias internacionales y promueve la cultura y el derecho a la paz; aunque asume el derecho de la legítima defensa de su integridad, de sus recursos naturales, de su dignidad y de su soberanía.

El artículo 244 de la Constitución Política del Estado da a la institución militar la misión de defender la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, su honor y soberanía, asegurar el imperio de la ley, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral de Bolivia. Es en este contexto que el Ejército boliviano tiene la responsabilidad de precautelar nuestra soberanía y bajo ninguna circunstancia permitir la instalación de bases militares de potencias extranjeras en territorio boliviano.

A cinco años de que el pueblo decidiera con su voto democrático el proceso de cambios estructurales que recorre los caminos de la patria, las Fuerzas Armadas han dado muestras más que suficientes de su estricto apego a la Carta Magna y su sometimiento al Gobierno legalmente constituido. Fueron ellas el firme respaldo constitucional que hizo posible —junto con un pueblo movilizado— que no prosperara el golpe cívico-prefectural que, con apoyo de una potencia extranjera, llevaron adelante fuerzas antinacionales —entre agosto y septiembre de 2008— que intentaron derrocar al gobierno del presidente Morales para dividir Bolivia.

Sus efectivos son quienes hoy —en los más recónditos rincones de nuestro territorio— ejecutan una de las políticas sociales de gran impacto en los segmentos más vulnerables de nuestra población. Niñas y niños anualmente reciben el bono Juancito Pinto, que ha permitido bajar los índices de deserción escolar del 6% al 3% en sólo cinco años.

Si asumimos que la primera víctima del imperialismo son las libertades civiles de los pueblos sometidos, concluiremos en que sólo podrá mantener su poder hegemónico si en primer lugar destruye las instituciones nacionales, y esto es precisamente lo que ocurría en el pasado reciente. Bolivia había sido puesta a disposición del secular saqueo de nuestra riqueza a nombre de la denominada ‘democracia pactada’, que no era sino un perverso sistema político de la repartija del poder, mientras intereses ajenos a la patria se adueñaban de nuestro destino, de nuestra soberanía.

El imperialismo es la articulación de un sistema mundial único, caracterizado por las desigualdades de desarrollo, desigualdades no en función de un retraso de ciertos países frente al dinamismo de otras, sino como exigencia de la lógica misma de la acumulación del capital y el intercambio desigual.

En este contexto, Bolivia apuesta por su dignidad, suma fuerzas progresistas, apuntala su democracia, construye el socialismo comunitario y fortalece su soberanía con el apoyo de millones de sus hijos y de su pueblo en armas.

El imperialismo es la articulación de un sistema mundial único, caracterizado por desigualdades de desarrollo, no en función de un retraso de ciertos países frente al dinamismo de otros, sino como exigencia de la lógica de la acumulación del capital y el intercambio desigual.

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La Prensa: La ley de inversiones

Si el Gobierno realmente tiene una actitud positiva hacia las inversiones, lo que queda únicamente es traducir todo ello en una ley de inversiones.

El presidente Evo Morales ha estado repitiendo últimamente, con aparente propósito de mostrar que está hablando en serio, que su Gobierno se propone dar todas las seguridades jurídicas a las inversiones privadas, nacionales o extranjeras.

La personalidad internacional que escuchó más recientemente esas promesas fue la ministra de Relaciones Exteriores de España, Trinidad Jiménez, quien aseguró que, si es así, ella alentaría a los empresarios de su país a invertir en Bolivia.

Se podría decir que ha cambiado también la actitud de algunos funcionarios del Gobierno hacia el sector privado, como se ha visto en las nerviosas gestiones que están haciendo para coordinar acciones con los empresarios en la lucha contra la inflación.

Entonces, quizá haya llegado el momento de traducir todas esas palabras y actitudes en una ley que refleje el nuevo temperamento del Gobierno frente al sector privado: la nueva ley de inversiones.

La única manera que tiene el Gobierno de mostrar que de veras se propone respetar el sector privado y proteger las inversiones es pasando esas ofertas a un texto que contenga todas las seguridades que esperan los inversionistas.

Esa ley ese halla en preparación por parte de los asesores del Gobierno desde hace ya varios meses. Se ha aludido a ella en varias oportunidades, aunque jamás se ha mencionado cuál es el grado de avance que tiene tal documento.

Tampoco se sabe que los empresarios privados nacionales hubieran sido convocados a hablar sobre el tema, a exponer sus puntos de vista y, si fuera posible, a aconsejar.

Algo se sabe sobre esa ley, aunque sea solamente por algunas reacciones que ha provocado. En efecto, los pueblos originarios dicen que el Gobierno pudo haber decidido condicionar y reglamentar el derecho a la consulta previa que tienen los pueblos originarios cuando se trate de la aprobación del proyecto que pueda afectar el medio ambiente.

El Gobierno, en efecto, dijo que esas consultas serían solamente eso, unas consultas, pero que la última palabra sobre los proyectos de inversión la tendría siempre el Gobierno.

Eso, por ejemplo, aparte de merecer un ajuste del texto de la Constitución, tendría que figurar de manera expresa en la nueva ley de inversiones. Incluso los empresarios nacionales verían con muy buenos ojos una definición clara sobre estos temas, ya que son muchas las empresas que han sido afectadas por la acción de pueblos originarios que se oponen a algunos proyectos.

Si el Gobierno va a tener siempre la última palabra sobre este tipo de consultas, y si realmente tiene una actitud positiva hacia las inversiones, lo que queda solamente es traducir todo ello en una ley.

Será necesario también que el Gobierno llame a los pueblos originarios para explicarles cuáles serían los alcances de las reformas que se propone introducir.

Todo indica que éste es el momento oportuno para tomar esas decisiones. El Gobierno ya ha dado el paso más difícil, que es admitir la necesidad de cambios a sus primeras inclinaciones declaradas. Lo que queda por hacer ahora es dar forma de ley al nuevo clima que ha surgido para favorecer las inversiones.