Socialismo a la boliviana

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Socialismo a la boliviana

2. Bajo el Penoco, El Día: Evo en cama otra vez

3. Los Tiempos: LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN, UNA CAUSA COMÚN

4. El Deber: ¿Racismo, de qué lado? | Tres en uno

5. Cambio: Drogas: Bolivia cumple su cuota parte

6. La Prensa: Garantizar la seguridad ciudadana

7. El Diario: El alto costo de las “nacionalizaciones”

8. El Mundo: Sin secretos

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: Corrupción y falta de transparencia

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El Día: Socialismo a la boliviana

Este socialismo a la boliviana se está volviendo cómico, sobre todo, por la actuación de personajes como el ministro de Finanzas, Luis Arce Catacora, quien no deja de alentar a la gente que “de un bolivianito, dos bolivianitos”, los precios van a ir  bajando en los mercados.

Este socialista, cansado tal vez de hacer trampas estadísticas para disimular el incremento de los precios e inventarse explicaciones para justificar la escasez de alimentos y la creciente inflación, acaba de tirar por la borda toda la teoría sobre la “economía planificada por el Estado” y ha culpado a los empresarios por no prever esta coyuntura, en la que se ha mezclado la caída de la producción, la sequía y las políticas erradas tomadas por el Gobierno. “No es el Estado el que produce azúcar, son los ingenios y ellos debieron planificar, prever y programar situaciones de contingencia”, fue la afirmación que hizo el funcionario, en esta rarísima tesis sobre el rol del empresariado y del mercado en un estado socialista.

El hombre debería ponerse de acuerdo con sus postulados económicos y consultar algunas teorías y se dará cuenta que el rol planificador lo tiene el Estado y mucho más en un régimen socialista como el que supuestamente se pretende implantar en Bolivia. Esa planificación debió darse justamente después de tomadas algunas medidas intervencionistas como la prohibición de las exportaciones que actuaron como un desincentivo a los productores.

A la empresa privada no se le puede pedir que cumpla el papel que está llamado a desarrollar el Estado y mucho menos cuando los productores están bajo innumerables condicionantes y amenazas, que no hacen más que activar el nervio del miedo. Y cuando el pánico actúa, el primero en huir es el dinero, ese que debía invertirse en plantar más caña, en sembrar más maíz, en cultivar más trigo y todo lo que está faltando y subiendo de precio. El empresario tampoco tiene el poder de la Aduana y el Ejército, que tendrían que estar controlando mejor las fronteras para que no se escape el azúcar a Perú, donde un quintal cuesta el doble de lo que se paga en el territorio nacional. Este régimen, que dice conocer mejor que nadie al pueblo, debería saber que en el alma de cada boliviano se esconde un comerciante y para ellos no hay socialismo, ni planificación ni precio justo que valga. Los cocaleros responden a esa misma lógica, así como los vendedores de papa de los mercados y las “caseritas” que ofrecen perejil. Claro, para el socialismo “facilón” que practica este Gobierno, que lo único que aprendió en estos cinco años es a reprimir y perseguir, lo más sencillo es echarle la culpa a los ingenios azucareros y amenazarlos con la nacionalización.

En combinación con algunos empresarios asustados, el Gobierno acaba de conformar un “comité de abastecimiento”, algo así como la “Gestapo de la economía”, cuya misión será agarrar del cuello a los productores para que vendan “bueno, bonito y barato”. Son muy pocos en Bolivia los empresarios a los que se puede identificar, localizar y amedrentar para que sigan las órdenes del Gobierno. La gran mayoría pertenece al inmenso mundo de la informalidad, adonde no llega ni llegará el Estado Plurinacional y menos el socialismo boliviano. Nacionalizar la producción de alimentos sería un suicidio porque en pocos años estaríamos peor que Cuba. La mejor recomendación para el futuro inmediato es ir preparando la tarjeta de racionamiento.

Para el socialismo “facilón” que practica este Gobierno, lo más sencillo es echarle la culpa a los ingenios azucareros y amenazarlos con nacionalizarlos.

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Bajo el Penoco, El Día: Evo en cama otra vez

La última vez que el presidente Morales estuvo enfermo fue en mayo, cuando se produjo la mayor ola conflictiva desde que el MAS asumió el poder. Aquella vez, un complicado mal estomacal lo mandó a la cama por una semana, aunque ningún médico llegó a explicar con certeza qué tenía el jefazo. En esta ocasión ha sido la rodilla izquierda la que le falló, aunque la derecha, “la de hierro”, la tiene intacta para cuando toque cualquier ocasión vengativa. El Mandatario fue operado el domingo y deberá permanecer internado por una semana en una clínica de Cochabamba. Hasta ese lugar se trasladó la guapa canciller española, Trinidad Jiménez, quien horas antes había llegado al país para firmar algunos acuerdos y, de paso, reclamar respeto del gobierno boliviano a las inversiones de su país. De cualquier forma y sin afirmar que el presidente se ha vuelto achacoso, sus problemas médicos suelen surgir con cierto oportunismo. Los potosinos sabrán disculpar a Evo Morales por su inasistencia a los actos del Bicentenario, así se ahorran silbidos y el mandatario evita quedar de rencoroso por los conflictos de agosto.

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Los Tiempos: LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN, UNA CAUSA COMÚN

Siendo la inflación un mal que castiga a todos, pero especialmente a los más pobres, corresponde que enfrentarla sea una causa común

Durante los últimos días, y muy a pesar de los esfuerzos que hacen algunas autoridades del área económica, se ha confirmado en los mercados de nuestro país que el precio de muchos de los principales alimentos de la canasta familiar ha subido, que la inflación acumulada hasta octubre es mayor que la prevista por el Gobierno y que la posibilidad de que la escalada de precios se intensifique está poniendo tan nerviosa a la ciudadanía como a quienes conducen la economía nacional.

El tema es, siempre y en cualquier lugar del mundo, muy delicado. Y mucho más en un país como el nuestro, cuya memoria colectiva es particularmente sensible al tema por lo traumática que fue la experiencia sufrida hace ya casi tres décadas, la que pese al tiempo transcurrido no deja de pesar en el ánimo de compradores y vendedores cuando el fantasma de la inflación comienza a asomar.

Y como si los factores económicos involucrados en el tema no fueran de por sí suficientes para que merezca ser tratado con pinzas, se suma a tal necesidad de precaución la facilidad con la que se presta para la manipulación política y la malintencionada difusión de datos, análisis, interpretaciones y especulaciones que con excesiva frecuencia no hacen más que acrecentar la confusión.

Que eso ocurra es parte sustancial del problema, pues es bien sabido que algunos fenómenos económicos -como la inflación, precisamente- suelen depender tanto de factores objetivos -falta de inversiones, debilitamiento del aparato productivo, especulación, excesivo gasto público, entre otros- como de subjetivos -desconfianza, inseguridad, miedo, desinformación-.

Entre la primera serie de causas que confluyen para desencadenar un proceso inflacionario, no cabe duda de que la mayor responsabilidad corresponde a quienes gobiernan y las políticas que adoptan, por ejemplo, para incentivar las inversiones y las actividades productivas y desalentar las especulativas. Y siendo evidente que algunos errores se están cometiendo al imponer ciertas normas a la actividad productiva, principalmente de artículos alimenticios, bien harían las autoridades del área económica al reconocer que los resultados de sus decisiones no son de los mejores.

Es encomiable, en ese sentido, la actitud de la ministra de Desarrollo Rural y Tierra, quien ha anunciado su decisión de convocar a productores, empresarios y Gobierno para analizar el problema y buscar, entre todos los sectores involucrados, las mejores fórmulas para afrontarlo.

No puede decirse lo mismo, lamentablemente, de otras autoridades gubernamentales que prefieren insistir en negar el problema como si ocultar información, manipularla o minimizarla fuera suficiente para engañar a una ciudadanía que, aunque no lea los reportes oficiales diarios, tiene ante este tema acceso a información de primerísima mano: la que obtiene con el sólo acto de hacer sus compras diarias.

Como la inflación castiga a todos, pero especialmente a los más pobres, es de esperar que entre todos los bolivianos -Gobierno, productores, empresarios, comerciantes, analistas e informadores- hagamos causa común para conjurarla. Un cambio de actitud gubernamental sobre la manera como administra la información al respecto sería para eso un paso deseable.

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El Deber: ¿Racismo, de qué lado?

Sobrehumanos esfuerzos tuvieron que hacer nuestros Moldes, Seoane, Lemoine y otros a la par a fin de que, lo que ya era nuestra Santa Cruz de la Sierra, fuese tomada en cuenta como parte integrante de la naciente república de Bolívar. Aquellos lejanos territorios orientales no estaban incluidos en la conformación de la naciente república que empezaba a dar la cara al mundo. Y fue entonces, frente a la gratuita omisión, que nuestros representantes alzaron la voz reclamando un espacio en el mapa respublicano que sólo involucraba montañas y valles.

Se dejó sentir, eso es evidente, la voz de nuestros delegados, y también es cierto que no se les cerró las puertas y que se le dio espacio en la naciente Bolivia, a esta lejana y casi desconocida Santa Cruz de la Sierra que pasó a integrar la bolivianidad.
Durante la vida republicana, Santa Cruz de la Sierra vivió condenada a un olvido duro y agraviante. Todas las demás ciudades florecieron, fueron dotadas de servicios públicos que mejoraban según los avances de la modernidad, construyeron carreteras y más tarde vías férreas y experimentaron todas ellas sorprendente modernización urbana, en tanto el solar cruceño arrastraba sin esperanzas las cadenas del olvido y de la frustración. Aunque eufemismo, venía como anillo al dedo aquello de que nuestra Santa Cruz era la Cenicienta de Bolivia, con más de cien años luz de atraso respecto de las urbes de las montañas y los valles.

En todas las épocas en que desde el gobierno centralizado se ejercía la provisión de autoridades departamentales, prefectos, alcaldes y jefaturas militares y policiales, Santa Cruz de la Sierra tuvo incontable gente del interior desempeñándose en esas máximas funciones. Pero que se sepa, nunca, ni siquiera en broma, un cruceño, un hombre de nuestras llanuras, fue honrado confiándole un cargo de importancia en plaza alguna del interior.

Sacar la cara por Bolivia fue misión honrosa para cruceños frente a pretensiones bastardas de personajes vecinos, pero del otro lado de las fronteras patrias. Recordamos, y para muestra basta un botón, que un escritor de renombre, de un país vecino, con fines inconfesables, escribió sobre “Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica”. La réplica concernía desde luego a los portavoces del Estado, mas de esta dirección no se dio alguna reacción y tuvo que ser un patricio cruceño, Molina Mostajo, quien replique al escritor de marras con un libro que, obviamente, escribió y publicó por su cuenta y riesgo.

Gestas cívicas de los cruceños movilizados por sus regalías para encarar obras y servicios, fueron silenciadas violentamente por hordas sedientas de sangre que se movilizaron desde el interior y que protagonizaron salvajes y crueles persecuciones con muertos y heridos, extrañamientos y vejámenes, asimismo, contra la mujer cruceña y sus instituciones diversas. Pero pese a la brutal represión con numerosos muertos del lado nuestro, los cruceños alcanzaron sus metas y lograron recursos que, a la vuelta de poco tiempo, beneficiaron a distritos del interior que miraban con desprecio las luchas cívicas grigotanas.

Hay mucho más que comentar en esta materia. Más adelante volveremos.

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   Tres en Uno   

Sincronizar para fluir
Si bien el reordenamiento vehicular involucra a los conductores, a las autoridades municipales, a Tránsito, etc. existen problemas graves sobre los que se ha escrito y difundido en los medios con pobres resultados. Por ejemplo la falta de sincronización de los semáforos provoca más perjuicios causando demoras, pérdidas, estrés y devaluación de la calidad de vida de los cruceños. Es notable en el primer anillo, a la altura del palacio de justicia, la luz verde, que además de breve no está sincronizada con la del semáforo siguiente, cortando fluidez y generando un ‘bloqueo permanente’. Es notable la diferencia de flujo vial que se percibe en el resto del primer anillo, tanto de un lado como del otro. El otro marasmo vehicular producto de la falta de sincronización se sufre en buena parte del segundo anillo zona este, donde en cada intersección se debe esperar más de un minuto, mientras quedan vías desiertas en sentido contrario. En otras capitales mundiales, la sincronización de los semáforos es la base para una buena transitabilidad.

Especuladores y otros vivillos
La especulación con un producto básico ha provocado situaciones magras para la economía del hogar. El azúcar producido por cuatro ingenios en la región parece no alcanzar para el mercado interno, a pesar de que los números nos digan lo contrario. Se presta la oportunidad para ganar más en menos tiempo. Esconder el azúcar u otro producto con fines especulativos es delito, pero además encarece otros productos dependientes y así el mercado sufre inflación, pagada siempre por los más débiles. Hoy en Santa Cruz algunos juegan al gato y al ratón. Cuando los controles se visibilizan en los mercados surge el producto como el ave fénix; cuando se van, comienza a escasear.

Depredadores por naturaleza
Las viejas prácticas de ‘preparar’ la tierra con fuego siguen dañando al medio ambiente en forma irrecuperable. El problema crece cuando el fuego se descontrola y provoca desmanes. Casi tres millones de hectáreas se han quemado este año, con consecuencias graves para la flora, la fauna, el agua y el aire.  En este caso la tecnología no es tomada en cuenta para detectar a los responsables, y las quemas continúan. No hay un poder coercitivo en los tres niveles de gobernación. Un árbol, además de oxígeno, genera en su proceso natural un equivalente a dos mil vasos de agua por día. Quienes desforesten, quemen y destruyan la naturaleza hoy son los responsables del páramo que dejaremos a las próximas generaciones.

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Cambio: Drogas: Bolivia cumple su cuota parte

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) alcanzó a eliminar, hasta este 7 de noviembre, un total de 7.037 hectáreas de plantaciones de coca excedente, es decir, 40,7% por encima de la meta anual comprometida por Bolivia —en el marco de la Ley 1008— ante la comunidad internacional, de 5.000 hectáreas. Esta cifra dada a conocer ayer por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, marca un récord en la erradicación de coca ilegal en los últimos cinco años.

Además, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó que hasta ese día sus efectivos lograron incautar a las bandas de narcotraficantes 1.070 toneladas de drogas, entre cocaína y marihuana, según un informe del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

No obstante, y más allá del exitoso trabajo desarrollado por la FTC y la FELCN, que es altamente destacable, Bolivia encara la lucha contra el tráfico de drogas con recursos mayoritariamente propios, en un contexto de sistemática reducción del financiamiento antidrogas que durante las administraciones neoliberales otorgaba al país el Gobierno de Estados Unidos.

Es que el proceso de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico que encara el gobierno del presidente Evo Morales comienza a demostrar que con limitados recursos económicos, pero con una innegociable voluntad política, sí es posible luchar con éxito contra ese flagelo social que en el mundo mueve miles de millones de dólares, particularmente en los grandes mercados de la droga: Estados Unidos y Europa.

Que la FELCN haya decomisado 1.070 toneladas de drogas —entre cocaína y marihuana— y la FTC eliminado 7.037 hectáreas de coca excedente constituye un hito inédito porque se lo logró sin violar los derechos humanos y en coordinación con los sectores involucrados, pero fundamentalmente en el marco de la soberanía nacional.

De acuerdo con el informe oficial del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, hasta el 7 de noviembre, mientras en la región del trópico de Cochabamba se racionalizaron 5.720 hectáreas de coca excedente; en los Yungas de La Paz 976 hectáreas, en Yapacaní (Santa Cruz) 340 hectáreas, que hacen aquel total de 7.037 hectáreas de coca excedente que fueron racionalizadas y erradicadas en lo que va del año.

Y si las acciones coordinadas en contra del narcotráfico continúan con la eficacia que mostraron hasta el momento, es muy posible que Bolivia cierre la gestión 2010 con la eliminación de más de 8.000 hectáreas de coca excedente, tal como espera el presidente Evo Morales Ayma.

Entonces, estas cifras no solamente demuestran que el actual gobierno acata la ley antidrogas, sino que los compromisos asumidos ante la comunidad internacional son cumplidos de sobremanera y constituyen hechos que no pueden ser cuestionados, a menos que —nuevamente— oscuros intereses políticos de por medio se impongan a la verdadera lucha contra el tráfico y consumo de drogas.

Según datos de la FELCN, entre las 1.070 toneladas de droga incautada en 12.303 operaciones había 22,75 toneladas de pasta base de cocaína y 2,75 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que suma un total de 25,5 toneladas de cocaína, además de 1.045,37 toneladas de marihuana.

Mientras se incautaron 912.282 kilos de sustancias químicas sólidas y 2.096.938 de litros de sustancias químicas líquidas, 5.318 fábricas de cocaína, 7.141 pozas de maceración de coca, 22 laboratorios de cristalización y 17 laboratorios de reciclaje fueron destruidos.

Además, en los operativos antinarcóticos realizados fueron aprehendidas 3.269 personas presuntamente comprometidas con el tráfico ilícito de droga. El informe de Defensa Social también establece que se decomisaron 1.982.582 libras de hoja de coca ilegal y se secuestraron 2.400 libras de hoja de coca que iban a ser transformadas en cocaína.

¿Pero cómo las fuerzas antidrogas lograron alcanzar esas cifras que fortalecen la capacidad de Bolivia, sin participación de la Drug Enforcement Agency (DEA), para enfrentar al narcotráfico? La FELCN, la FTC y las unidades especializadas realizan todos los días del año, incluidos domingos y feriados, operativos con brigadas móviles y en trancas de control de vehículos en las carreteras con la finalidad de evitar no sólo que la coca sea desviada a la fabricación de cocaína, sino que la droga misma sea exportada a los mercados internacionales y comercializada en territorio boliviano.

No obstante, un objetivo que todavía se encuentra pendiente de aplicación es la eliminación de coca en algunos parques nacionales y regiones no autorizadas, aunque, según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, será erradicada el próximo año. Informes de Inteligencia señalan que hay coca excedente en Alto Beni, Palos Blancos, La Asunta, en el Parque Nacional Madidi, la zona de Larecaja y la provincia Bautista Saavedra, en La Paz; y en Yapacaní, Santa Cruz.

En ese contexto, urge que la comunidad internacional presione —tal como lo hace con los países productores de drogas— a los países consumidores de drogas, como Estados Unidos, para que apliquen en su territorio severas políticas de reducción de la demanda de drogas, en el marco de la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico.

Porque solamente si los países ricos e industrializados, con altos índices de consumo de drogas, elaboran políticas de prevención, reducen la demanda interna y asumen plenamente su cuota parte en la lucha contra el narcotráfico será posible derrotar a las transnacionales del crimen, es decir, a los grandes cárteles de traficantes de drogas.

Urge que la comunidad internacional presione a los países consumidores de drogas, como Estados Unidos, para que apliquen severas políticas de reducción de la demanda, en el marco de la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico.

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La Prensa: Garantizar la seguridad ciudadana

La Asamblea Legislativa debiera considerar la necesidad de incrementar sustancialmente el presupuesto anual de la Policía nacional…

El gran crecimiento sufrido en los últimos años por la delincuencia, mal que llega de la mano de una lamentable pérdida de garantías en aquello que es la seguridad para aquel ciudadano que transita por las diferentes ciudades de Bolivia, ha complicado sin lugar a dudas la vida cotidiana de quienes moramos en este país. Otros eran los tiempos en que la delincuencia y particularmente el crimen constituían un fenómeno un tanto ajeno al ciudadano común.

Hasta no hace mucho, el vecino desarrollaba su vida diaria sin preocuparse por la posibilidad de ser víctima de algún atraco y era extraño si por ahí se enteraba de algún malviviente que había invadido alguna casa vecina llevándose algunos bienes de valor. Eran pues tiempos en los que generalmente la inseguridad ciudadana emergía sólo de algunas disposiciones políticas que nos recomendaban caminar ?con el testamento bajo el brazo?.

Lejanos están los tiempos en que podíamos transitar las calles a cualquier hora del día o la noche sin peligro de ser las víctimas propicias de algún grupo de delincuentes. En verdad, el temor de transitar las calles a ciertas horas de la noche sólo implicaba el riesgo de encontrar algún alma en pena que vagara las calles en busca de una oración. Hoy la inseguridad ciudadana ha crecido tanto que parece que incluso las almas en pena prefieren buscar oraciones en otros ámbitos. Tal es la inseguridad en nuestros días.

Naturalmente, este crecimiento de la delincuencia cotidiana, desconocida en nuestro país hasta hace muy poco, desgraciadamente no vino acompañada por un desarrollo cualitativo y cuantitativo de la Policía nacional, lo que evidentemente complica nuestra realidad. Vale decir que aún parece un sueño irrealizable ver en nuestras calles agentes que desde vehículos patrulleros velan por la seguridad de quienes las transitan. En verdad, ni siquiera el número de efectivos policiales se ha incrementado de alguna manera razonable, por lo que naturalmente el problema para el ciudadano común se ha complicado muchísimo más.

Pero el problema no termina allí, pues a nombre de la seguridad de los barrios, en muchas zonas periféricas de las grandes ciudades y en los pueblos ha surgido otro mal muy propio de nuestros tiempos: los linchamientos, hecho que complica mucho más la seguridad del ciudadano común, pues el recorrer algunas calles en las que a uno no lo conocen puede ser muy peligroso ya que podría ser confundido como un ?amigo de lo ajeno? y enfrentar el riesgo de ser sentenciado a muerte por algunos de los vecinos.

Es, pues, tiempo de que las máximas autoridades del Estado Plurinacional vean la mejor manera de remediar en el plazo más breve posible esta situación que amenaza con hacer inhabitables nuestras ciudades y pueblos ante la evidente falta de seguridades mínimas para el desarrollo cotidiano de nuestras vidas. Es muy necesario que la Asamblea Legislativa considere la necesidad de incrementar sustancialmente el presupuesto anual de nuestra Policía nacional a cambio de que dicha institución brinde al ciudadano común garantías básicas de seguridad para que pueda desarrollar su vida diaria y la de su familia.

Eso es lo mínimo que cualquier Estado debe brindar a quienes les ha tocado ser parte integrante de él.