En criterio de la oposición en el Legislativo. “La Iglesia Católica dio más de lo que pudo y seguirá dando la otra mejilla, pese a los ataques del Gobierno que comete un terrible error al enfrentar a una Iglesia que respetamos y profesamos”, afirmó el diputado opositor Mauricio Muñoz.
LA IGLESIA RESPONDIÓ CON HUMILDAD LA DECISIÓN DEL GOBIERNO Y DIJO QUE ACATARÁ LAS NORMAS Y SEGUIRÁ EN SU TAREA EVANGELIZADORA.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que el Decreto es una muestra de austeridad e igualdad de condiciones para todos y advirtió que los clérigos deberán devolver los pasaportes en dos semanas.
Legisladores de Convergencia Nacional calificaron como una “revancha política” la anulación de pasaportes oficiales y diplomáticos para religiosos. Dijeron que era una acción previsible dentro de las medidas que el actual régimen aplica contra la Iglesia, como la supresión de la materia de religión en la Ley de Educación y la designación del Gobierno de directores y administrativos en escuelas de convenio.
El lunes se conoció que por decisión del Gobierno central las visas diplomáticas del Estado fueron anuladas para la Iglesia Católica y algunos jefes políticos, según el oficialismo, con el fin de no permitir beneficios para ninguna confesión religiosa dentro del Estado laico.
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El diputado y jefe de bancada de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, explicó que es un error de parte del Ejecutivo asumir otro tipo de medidas contra la Iglesia Católica, luego de la controversia surgida en las últimas semanas cuando autoridades oficiales, legisladores y dirigentes sociales atacaron a los obispos y representantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia.
“El Gobierno sigue cometiendo errores, en algún momento consideramos como desatinadas las declaraciones contra la Iglesia a la cual los bolivianos respetamos y la mayoría profesamos. Nos parece que la arremetida permanente contra el clero debería parar y el Gobierno debería respetar la investidura de gente que ha venido a servir a los pobres brindándoles fe, ayuda y posibilidades de desarrollo”, sostuvo.
Para Muños, la Iglesia continuará recibiendo agresiones, pese a que la mayoría de la población en Bolivia es católica y la califica como la entidad de mayor credibilidad y confianza para la sociedad.
“La Iglesia Católica dio más de lo que pudo y seguirá dando la otra mejilla, pese a los ataques del Gobierno que comete un terrible error al enfrentar a una Iglesia que respetamos y profesamos”, agregó el diputado.
IGLESIA CATÓLICA
La Iglesia Católica decidió acatar la decisión del Gobierno sobre la anulación de visas diplomáticas para los clérigos y manifestó que esta medida en realidad no afecta a los purpurados, quienes pueden utilizar otras visas delegadas desde el Vaticano para cumplir sus funciones en ese u otros estados, dentro de la misión evangelizadora que desarrollan en el mundo.
AUSTERIDAD E IGUALDAD
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se refirió a este caso y dijo que el Decreto es una muestra de austeridad e igualdad de condiciones para todos e incluso los funcionarios de Gobierno quedarían limitados al beneficio.
“Antes de este Decreto, la familia del Presidente hubiera podido tener pasaportes diplomáticos, pero no lo solicitaron, así como antes los ex presidentes, ex autoridades y sus familias tenían pasaportes y eso no correspondía. Los funcionarios bolivianos que portan estos documentos ahora pueden ser revisados en los aeropuertos internacionales y esa es otra característica”, declaró.
Con el Decreto sólo quedan habilitados para tener estos documentos los ministros de Estado, embajadores y autoridades oficiales dependientes del Ejecutivo y la Cancillería, mientras los clérigos deberán devolver sus pasaportes diplomáticos en dos semanas.
LEY DE EDUCACIÓN
El Gobierno central a través del proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez (ASEP) diseñado por el Ministerio de Educación determinó el cierre de las normales, católica y adventista, anulando la matriculación nueva a partir de la promulgación de la norma, que se prevé antes de la conclusión de esta gestión.
Con la medida, además, se afecta a 156 unidades educativas, donde se forman 445 mil estudiantes y trabajan cerca de 31 mil profesores. El proyecto de Ley limita las funciones administrativas de la Iglesia Católica en torno a los colegios de convenio, delegando la tuición de éstos al Gobierno central, que podrá definir la currícula educativa y nombrar al personal docente y administrativo.
Finalmente, la materia de Religión y Moral, impartida bajo la fe cristiana católica, es anulada y se cambia por “religiones” ampliando la enseñanza de otras denominaciones y confesiones religiosas, pero también aquella cosmovisión indígena originaria campesina, de la denominada “religión” andina amazónica, que determina el Estado Laico nacional. El Diario