Jorge Lazarte R.
No es muy corriente que un gobierno en menos de una semana tome dos decisiones contradictorias con efecto considerable sobre la economía de la población, y luego termine pidiendo al “pueblo” que le defina cuando puede retornar a la primera decisión.
Todo empezó con anuncios oficiales en los medios de comunicación de que el país se “desangraba” por el contrabando de la gasolina y el diesel subvencionados . A pesar de que estaban destinados a preparar a la población , el gobierno negó que tuvieran algo que ver con los temibles “gasolinazos” del pasado.
Cuando la decisión fue anunciada, la población estaba distraída con la navidad y el año nuevo, como los anteriores de “gasolinazos”, y no esperaba que lo hiciera en una proporción sin equivalente con el de ningún gobierno “neoliberal”. El “gasolinazo” fue del 57% al 82 %, con efectos inmediatos en cadena sobre los precios de abastecimiento cotidiano. El gobierno alegó que estaba terminando con una herencia del “neoliberalismo”, pero no atinó a explicar por qué tardó tanto años en tomar esa decisión, presentada ahora como “necesaria”.
En realidad no lo hizo antes porque estuvo atado a una ideología anti “neoliberal” primaria, de la que fue víctima. Entre el 2006-2008 no reajustó las tarifas para no aparecer de "neoliberal", y que se le recordara que el 2004 el MAS había exigido el acortamiento presidencial ante una subida de carburantes de sólo el 10%. Además en esos estos años el gobierno estaba en plena confrontación con el oriente autonomista. Luego entre el 2008 y el 2009 estuvo más interesado en la aprobación de su Constitución “plurinacional” y en ganar las elecciones generales para acabar con el “empate catastrófico”. Ya el 2010 con todos los poderes institucionales en sus manos, y habiendo ganado en todos los tableros, creyó que todo le era posible.
El decreto del “gasolinazo” lo presentó el vicepresidente, ahorrándole al presidente, fuera del país, conflictos de alma. A su retorno Evo Morales se hizo responsable de la decisión con un argumento complementario que no está en el decreto. Aseguró que era necesario estimular las inversiones en hidrocarburos. Hasta entonces se había prescindido de este argumento porque ponía en cuestión la política de hidrocarburos y la misma “nacionalización” que el gobierno siempre defendió como ejemplar. El presidente además anunció que los precios internos seguirían los precios internacionales, en una suerte de venganza del mercado contra el estatismo oficial. Es decir, su base social tenía muchas razones para no ver “neoliberalismo” en el gobierno, que le había acostumbrado a descalificar de “neoliberalismo” a todo lo que incomoda.
Por razones ideológicas el gobierno empezó denunciando que los que protestaban eran unos pocos desestabilizadores de oposición, y no la población pobre, sus votantes, que había descendido a la calle. La fallida estrategia creyó que bastaba con comprometer a los dirigentes cooptados de los “movimientos sociales”, ignorando lo que ya había ocurrido en todos los meses anteriores. Sin embargo, las imágenes muy impactantes de la televisión recordaban el alzamiento de los años 2000 contra los "neoliberales" . Era el pueblo pobre del “gobierno del pueblo”, en el occidente “masista”, que estaba en la calle, y cuyos portavoces adelantaban que en la semana siguiente habrían marchas hacia la ciudad de La Paz, a la cabeza de los mineros, como en el pasado.
Para evitar lo peor, el gobierno apresuró un viraje de 180 grados, anunciando sin decreto, la “abrogación” del decreto. Dos decisiones contradictorias en menos de una semana, que no tiene antecedentes en el pasado del país. A una tardía decisión, correspondió un peor remate. El gobierno fue víctima por tercera vez de su propia ideología, asegurando que retrocedió porque " gobierna obedeciendo" al “pueblo”, que le habría asegurado que la decisión era necesaria pero inoportuna. El gobierno extraviado en el camino por la fuerza de la presión social que lo detuvo, abdicó de su responsabilidad de gobernar, pidiendo que los “movimientos sociales” le digan cuando debe hacerse el reajuste diferido. La situación crítica le había hecho perder su cotidiana arrogancia.
Sin lugar a dudas, es la mayor derrota política del gobierno en cinco años. Lo que había sido un distanciamiento con su base social en el occidente del país, ahora es una fractura. Quizá el poder está llegado a un punto que marca su propio límite: ya no puede hacer lo que quiera. Esta fractura externa puede convertirse en fractura interna entre los fieles a la ideología originaria, y los pragmáticos por razones de poder.
El gobierno se entrampó sólo en su propia encrucijada. Cualquier decisión que tome hacia adelante tendrá sus costos políticos y sociales. Víctima de sí mismo, salió muy debilitado, vencido no por la oposición sino por su propia gente, que ahora pide cabezas. Tal es su situación que ya no se trata de que tome la mejor decisión sino la menos peor. No deja de ser una paradoja que todo ello ocurra en un momento en el que su poder crece arriba y decrece sobre los de abajo.