ATT es el censor de los medios. El decreto aprueba normativa dura e imprecisa. La ANP lamenta que el MAS haya puesto “la lápida en el sepulcro” de la libertad de expresión.
Alertan por el cierre de medios
ANTIRRACISMO. Organizaciones de la prensa denuncian que no se clarifica el método para medir quién incurre en racismo y discriminación. Hay temor por la pérdida de empleos
Expresión. Los trabajadores de los medios de comunicación cumplen una función vital en la sociedad boliviana al informar a la ciudadanía la realidad del país
René David Moreno, El Deber
Las organizaciones de periodistas nacionales y algunos medios de comunicación expresaron su descontento ante el reglamento que regirá la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y alertaron que la nueva norma es, previsiblemente, para que el aparato del Estado ‘controle y silencie’ los medios de comunicación privados, bajo el pretexto de luchar contra el racismo y la discriminación.
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Ayer, varias organizaciones de la prensa de Bolivia, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y otras, se reunieron por la tarde en la capital política del país, para analizar el referido reglamento.
Al término de la misma y en consultas hechas a las regionales departamentales, se determinó que habrá un encuentro nacional la semana próxima en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), el 17, 18 y 19 de enero, en la que el gremio a escala nacional va a emitir un pronunciamiento.
Pedro Glasinovic, de la Asociación de Periodistas de La Paz, expuso que el encuentro de Sucre servirá para hacer conocer al pueblo boliviano la posición de los periodistas, “a través de una reflexión serena y tranquila”, los riesgos que significa esta ley para la libertad de expresión.
A su vez, Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), sostuvo que el reglamento “da la sensación que lo único que se ha hecho es mantener lo que dice la ley y que no se ha mejorado para nada, tal como habíamos anticipado”.
El director del diario Los Tiempos de Cochabamba, Juan Cristóbal Soruco, calificó como “documento draconiano” a la reglamentación presentada ayer por el Gobierno.
Aparte de ello, Soruco señaló que hay “una aberración jurídica total” contra los medios impresos porque se los pone bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas y de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones.
Otro aspecto que Soruco cuestionó es que no hay una claridad cómo se va a definir si un medio tiene un contenido racista o discriminatorio. “No está nada claro cómo puede haber un debido proceso, parecería que la autoridad o los ministros deciden que algo que no le gusta y enseguida nos meten una multa. No están específicados los pasos para defendernos”.
De igual modo, Darynka Sánchez, del Comité de la Libertad de Expresión de Cochabamba, expresó que los periodistas de ese departamento rechazan los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo y su reglamentación y que se someterán a lo que estipula la Ley de Imprenta, norma que sigue vigente.
Añadió que la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha convocado una reunión nacional en La Paz para el 19 de enero para dar a conocer su posición, fecha que se celebra un año más de la promulgación de la Ley de Imprenta.
Asimismo, Daniel Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, afirmó que el reglamento de la ley ratifica “una visión totalitaria que limita la libertad de prensa y de expresión.
Castro denunció que con esta norma se atenta al derecho al trabajo porque al determinar el cierre temporal de medios de comunicación, los trabajadores perderán de inmediato sus fuentes de empleo porque ningún medio tendrá la capacidad económica para financiar salarios sin que tenga ingresos.
La intención es controlar
Pedro Glasinovic | Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz
El reglamento que ha sido conocido ayer no es otra cosa que ratificar el carácter punitivo de la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, cuyo objetivo encubierto, como ya lo alertamos las organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa, es el control de los medios de comunicación, lo que atenta gravemente contra la libertad de expresión en nuestro país.
El reglamento lo que hace es disfrazar con un eufemismo el cierre de los medios. El Gobierno utiliza el eufemismo de la inhabilitación temporal de funcionamiento de los medios de comunicación para ocultar su intención política de amordazar a la prensa y penalizar la labor de los periodistas, que ya fue establecida en el artículo 23 de la citada ley que viola la Constitución Política del Estado. El cierre de 360 días es un eufemismo más para cerrar el medio, porque en la práctica ¿qué medio de comunicación va a aguantar un año cerrado pagando a sus trabajadores? tal como establece ese reglamento.
El conjunto de esta norma no es más que la ley que el MAS estaba buscando para controlar el trabajo de la prensa en Bolivia.
Como la ley hay que cumplirla, porque es así, los medios van a hacer lo que ya estaban prácticando: la censura previa y la autocensura. Hay varios periódicos y otros medios de comunicación que han dejado de emitir opiniones en sus páginas web, por el riesgo que significa esto y, naturalmente, van a tener que implantar una especie de censor al interior de su planta de redacción para evitar que se aproveche de la difusión de alguna información, que a juicio del Comité de Lucha contra el Racismo, que está establecido en la ley y que, además, está integrado por la gran mayoría de representantes del Gobierno, penalice al medio.
Criterios
Rayka Flores
Jefe de prensa diario Correo del Sur
Al margen de los criterios que podamos tener los periodistas que por supuesto es un rechazo a los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, pienso que no nos queda más que acatar los dispuesto por las autoridades nacionales, pero con la duda de cómo se va a usar esta norma, cómo se va a utilizar su reglamentación al definir qué es racismo y qué es discriminación. Todavía no queda claro qué nos protege a nosotros en caso de que hayan reclamos infundados.
Wilson Guzmán
Jefe de prensa diario La Estrella del Oriente
Lo primero que va a provocar en los periodistas es la autocensura, es decir, vamos a pensar dos veces con relación a los temas que vamos a abordar, sin necesidad que el medio o alguien nos diga este tema se toca y éste no se toca. Aparte de eso, va a hacer que la misma gente se abstenga a opinar determinados temas por temor a ser procesado con esta ley. Lamentablemente, lo que se ve es que el Gobierno busca controlar la información que sale en los medios.
Periodistas rechazan reglamento de la ley antirracismo
ATT es el censor de los medios. El decreto aprueba normativa dura e imprecisa.
Integrantes del equipo gubernamental que se encargo de recoger las propuestas y elaborar el reglamento de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. – Afka Periodista Invitado
Los Tiempos
Las organizaciones nacionales de periodistas y algunos medios de comunicación expresaron ayer su rechazo y preocupación por las consecuencias que conllevaría el reglamento de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación promulgado ayer por el Gobierno. Señalaron que la nueva norma, al margen de las imprecisiones en su aplicación y las “duras sanciones” que fija, está orientada a que el aparato del Estado “controle y silencie” los medios de comunicación privados bajo el pretexto de luchar contra el racismo y la discriminación.
El Gobierno aprobó ayer el decreto reglamentario de la ley antirracismo, que prevé la suspensión de operaciones hasta casi un año de los medios de comunicación que infrinjan esa norma además de multas pecuniarias y el pago de indemnizaciones –que no están claramente señaladas en la normativa sobre cómo se calcularán– que deben cubrir los medios de comunicación si es que son sancionados por los tribunales.
La ministra de Culturas y la de Justicia, Zulma Yugar y Nilda Copa respectivamente, quienes dieron a conocer la promulgación del decreto en el gabinete ministerial ayer, argumentaron que los periodistas y medios no tienen por qué temer ya que en ningún momento se dispone el cierre del medio.
Ramiro Echazú, dirigente de los periodistas, advirtió que si bien no se van a cerrar los medios, son duras las sanciones ya que atentan contra el derecho al trabajo y la libertad de información debido a que qué medio va a soportar la suspensión de su funcionamiento por casi un año.
Las ministras argumentaron que el reglamento fue elaborado durante tres meses con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales y de los medios de comunicación. Yugar aclaró que este reglamento “no es solamente para normar acciones de los medios de comunicación, sino que interesa a todos los ciudadanos”.
Ayer por la tarde, varias organizaciones de la prensa de Bolivia, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz, se reunieron en La Paz para analizar el referido reglamento. Al término de la misma y en consultas hechas a las regionales departamentales, se determinó que habrá un encuentro nacional la semana próxima en la ciudad de Sucre (Chuquisaca), el 17, 18 y 19 de enero, en el que el gremio a escala nacional emitirá un pronunciamiento.
Pedro Glasinovic, de la Asociación de Periodistas de La Paz, expuso que el encuentro de Sucre servirá para hacer conocer al pueblo boliviano la posición de los periodistas, “a través de una reflexión serena y tranquila”, y los riesgos que significa esta ley para la libertad de expresión.
A su vez, Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), sostuvo que el reglamento “da la sensación de que lo único que se ha hecho es mantener lo que dice la ley y que no se ha mejorado para nada, tal como habíamos anticipado”.
El director del diario Los Tiempos de Cochabamba, Juan Cristóbal Soruco, calificó como “documento draconiano” a la reglamentación presentada ayer por el Gobierno.
Aparte de ello, Soruco señaló que hay “una aberración jurídica total” contra los medios impresos porque se los pone bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas y de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones.
Soruco también cuestionóla falta de claridad en cómo se va a definir si un medio tiene un contenido racista o discriminatorio. “No está nada claro cómo puede haber un debido proceso. Parecería que la autoridad o los ministros deciden que algo no les gusta y enseguida nos meten una multa. No están especificados los pasos para defendernos”.
De igual modo, Darynka Sánchez, del Comité de la Libertad de Expresión de Cochabamba, expresó que los periodistas de ese departamento rechazan los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo y su reglamentación y que se someterán a lo que estipula la Ley de Imprenta, norma que sigue vigente.
Añadió que la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha convocado, para dar a conocer su posición, a una reunión nacional en La Paz el 19 de enero, fecha en la que se celebra un año más de la promulgación de la Ley de Imprenta.
Asimismo, Daniel Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, afirmó que el reglamento de la ley ratifica “una visión totalitaria que limita la libertad de expresión.
Castro denunció que con esta norma se atenta al derecho al trabajo porque al determinar el cierre temporal de medios de comunicación, los trabajadores perderán sus fuentes de empleo porque ningún medio tendrá la capacidad económica para financiar salarios sin tener ingresos.
Sanciones
La norma contiene castigos en tres niveles. La sanción de primer grado es económica: entre 10 y 150 días de multa para los medios de comunicación que hubieran incurrido por primera vez en supuestas faltas estipuladas en la ley antirracismo.
La sanción de segundo grado también es económica y establece entre 150 y 300 días de multa contra los medios que incurran por segunda vez en faltas.
Por último, la sanción de tercer grado consiste en el cierre temporal de los medios infractores entre 150 días (cinco meses) y 360 días (un año). Durante ese tiempo, la licencia del ente transgresor estará suspendida.
Perfilan una ley para los medios
Desde la primera quincena de enero se iniciarán las consultas para la redacción de la nueva ley de medios que fue anunciada para esta gestión por la ministra de Justicia, Nilda Copa, quien aseguró que es un compromiso que fue adquirido el pasado año.
Durante las consultas de la reglamentación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Copa dijo que “el principal pedido” de las organizaciones que participaron era una nueva ley de medios, y en el Viceministerio de Descolonización confirmaron que existen avances respecto a los medios impresos con la Ley de Imprenta y que ahora se debe avanzar en otros medios de comunicación como ser la televisión, la radio y el Internet.
El anuncio se produjo a propósito de la presentación del decreto reglamentario de esta ley y fueron las ministras de Justicia y de Culturas, Nilda Copa y Zulma Yugar respectivamente, las que realizaron el anuncio de la promulgación del reglamento.
Se adelantó que se buscarán consensos con toda la bolivianidad para la norma.
Varias de las organizaciones de periodistas que participaron de la reglamentación también adelantaron su participación en esta nueva propuesta, que será trabajada desde este mes y presentada después del primer trimestre de la presente gestión
PREVENCIÓN
En lo referente a las autoridades competentes, el reglamento establece al Ministerio de Educación como “la instancia para implementar las medidas de prevención en el sistema educativo en coordinación con las direcciones departamentales de educación”.
Si bien el Ministerio de Educación está señalado como la instancia competente para implementar las medidas de prevención en el sistema educativo en coordinación con las direcciones departamentales de educación, las unidades educativas (escuelas y colegios) deberán implementar políticas disciplinarias a docentes, profesores y estudiantes en sus reglamentos internos en niveles de educación regular, alternativa y especial.
Además, los colegios “deben vigilar que en el proceso educativo se difundan las corrientes del pensamiento humano con una visión crítica”, visión, sin embargo, que no está especificada.
Por otra parte, en la administración pública, las máximas autoridades ejecutivas son las encargadas de implementar las medidas de prevención por faltas de racismo y discriminación, mientras que las autoridades sumariantes de esas entidades serán fortalecidas para procesar las denuncias ante esas faltas.
Obligaciones de las FFAA y la Policía
El reglamento establece que entre las obligaciones de las dos instituciones armadas del país figura la adopción de políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias.
También deberán adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo e implementar mecanismos no discriminatorios para los ascensos y destinos en función de la jerarquía, antigüedad y méritos profesionales.
Asimismo, se establece que en estas entidades se fortalecerán los mecanismos de no discriminación en los procesos de admisión y reclutamiento de las y los postulantes a institutos y en el sistema educativo y de preparación de docentes, instructores, conscriptos, cadetes, estudiantes y personal administrativo transversalizando principios de igualdad, respeto, sin racismo ni discriminación.
Aprueban reglamento mordaza contra el periodismo boliviano
Gobierno ratifica cierre de medios hasta por un año
CON LA APROBACION DEL REGLAMENTO MORDAZA,, EL GOBIERNO LE PUSO UNA LÁPIDA EN EL SEPULCRO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
El Diario
La ANP lamenta que el MAS haya puesto “la lápida en el sepulcro” de la libertad de expresión.
El gobierno del MAS ha consumado la conculcación de la Libertad de Expresión y ha puesto en riesgo la Ley de Imprenta con la aprobación del “Reglamento Mordaza” elaborado sin la participación del periodismo independiente. Las ministras de Cultura, Zulma Yugar y de Justicia, Nilda Copa, presentaron ayer el reglamento de la Ley antirracista, con los artículos 16 y 23, estableciendo sanciones para los medios de comunicación independientes de hasta 360 días de suspensión. Para el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Juan Javier Zeballos, ninguna empresa informativa puede sobrevivir a un año sin actividades, por lo tanto estas sanciones significan el cierre de medios. Lamentó que el Ejecutivo haya puesto una lápida al sepulcro de la libertad de expresión.
Para la ANP, la inhabilitación temporal de funcionamiento o emisión de un medio de comunicación, implica una sanción definitiva, por los perjuicios que implicaría dejar paradas las actividades, además de las consecuencias laborales que no fueron tomadas en cuenta por los sectores oficialistas que promovieron la reglamentación de la Ley 045. “Las sanciones no eximen a un medio de cumplir con sus obligaciones laborales” dicta la norma.
“Una sanción de 360 días significa una sanción definitiva a un medio de comunicación, porque una empresa por más grande que sea no va a poder mantenerse un año sin ingresos y manteniendo sus egresos, pero eso es en caso de ser sancionado y debemos analizar cuando suceden estos casos y ver los alcances de esta legislación”, dijo.
ESPACIOS GRATUITOS
Para el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) Raúl Novillo, el Gobierno pretende imponer contenidos políticos en los medios de comunicación privados a partir de los espacios gratuitos de “concienciación” sobre el racismo que deberán asumir las empresas informativas “en canales de televisión: al menos veinte (20) minutos al mes, en horarios preferenciales. En radioemisoras: al menos cuarenta (40) minutos al mes, en horarios preferenciales. En diarios y semanarios: al menos una (1) página al mes, y en revistas, media página al mes. En periódicos digitales en Internet, un (1) espacio al mes”.
“Es introducirse a los medios privados para dictar consignas políticas, partidistas y proselitistas, aprovechándose de los medios. Los medios estatales tienen sus sistemas que tranquilamente podrían servir a esos fines”, aseguró.
Novillo anunció que los propietarios de medios de comunicación se reunirán a fin de analizar los conflictos económicos y laborales que podrían contraer las empresas por ceder espacios y asumir responsabilidades ante una “inhabilitación temporal” de funciones.
“Es una imposición y como representantes de los medios de comunicación consideramos que es una medida arbitraria y en los siguientes días vamos a reunirnos para analizar los casos y establecer acciones. Además qué medio o empresa va a funcionar con un año de cierre o inhabilitación de funciones, esta reglamentación no sólo afecta a los medios, sino a los trabajadores”, sostuvo.
INICIATIVA CIUDADANA
Por su parte, el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, aseguró que los periodistas continuarán pidiendo el tratamiento de la iniciativa ciudadana presentada a la Vicepresidencia del Estado. Existe una responsabilidad con la población y con las personas que firmaron los libros durante la campaña de defensa de la libertad de expresión.
“De aquí en adelante hay que seguir pidiendo al Vicepresidente que tome en cuenta la propuesta de ley de la iniciativa ciudadana y la remita a la comisión correspondiente para que pueda considerarse este proyecto de ley, seguimos en pie y consideramos que la iniciativa ciudadana está allí y vamos a acudir a los canales respectivos. No podemos guardarnos las firmas y decirles a esas 400 mil personas (cifra preliminar) que eso fue todo y que lo sentimos mucho, nosotros vamos a seguir con la lucha”, declaró.
POSICIÓN OFICIAL
La ministra de Culturas, Zulma Yugar, presentó la reglamentación en conferencia de prensa y explicó los alcances de las multas y sanciones contra los medios de comunicación, de acuerdo a los “artículos mordaza” de la Ley 045. Para la autoridad, los medios están “susceptibles” y no existe la suspensión definitiva, aunque sí se establece un año de sanción e inhabilitación a radios, televisoras y periódicos.
“No establece el cierre como estaban susceptibilizándose algunos medios, la sanción de primer grado será con 10 a 150 días, las sanciones de segundo grado serán de 151 a 300 días de multa a aquellos medios que incurran en conductas de los incisos 1 a 3 del Art. 16 y en tercer grado serán sancionados con inhabilitación temporal de funcionamiento de 150 a 360 días calendario”, detalló.