Marcelo Varnoux
Los empeños, cada vez más inútiles, del gobierno de Evo Morales de presentarse ante la comunidad internacional como un régimen democrático ejemplar, no pueden ocultar una realidad terrible: Bolivia ha perdido gran parte de su cualidad democrática, especialmente durante el régimen del MAS. Esto es particularmente evidente en la esfera de los derechos y garantías políticas que, en teoría, gozan los ciudadanos bolivianos. El régimen masista ha logrado controlar todo el aparato judicial para iniciar procesos esencialmente políticos contra los opositores y disidentes del gobierno que tienen vigencia política o formaron parte de las instancias de gobiernos regionales y locales de oposición desde 2006.
Por esta razón, mucha gente decidió autoexiliarse del país entendiendo que bajo el gobierno de Morales jamás podrán gozar de un juicio justo ni ejercer las garantías del "debido proceso" o gozar de la "presunción de la inocencia". Este grosero atropello a los derechos democráticos y por supuesto, a los derechos humanos de cientos de compatriotas es, en el fondo, del mismo corte que los atropellos de las dictaduras militares. Fiscales y jueces funcionales al gobierno se han convertido en los nuevos "paramilitares" que munidos de poderes discrecionales, interpretaciones caprichosas de las normas y leyes inconstitucionales e inconvencionales, acosan a las figuras más prominentes de la oposición política y regional, pero también a todos aquellos cuyas críticas al masismo los convierten en enemigos del proceso y tienen (o han tenido) alguna participación en instancias públicas de los gobiernos departamentales.
Es el caso de Erick Fajardo, ex portavoz de Manfred Reyes Villa y figura visible de la oposición política, que según el gobierno dejó el país. Tiempo atrás, se le abrió un proceso en base a una acusación sin fundamentos del oficialismo e incluso la juez que en esa ocasión vio la causa determinó su sobreseimiento. Nada de esto sirvió porque varios funcionarios del gobierno tenían en la mira a Fajardo desde hace tiempo y presionaron a la justicia para que, en medio de irregularidades procesales y determinaciones inconstitucionales, se reabra el caso y se continúe con el acoso judicial.
Los últimos fueron un diputado y un asambleísta departamental del MAS por La Paz, que hace poco pidieron al Ministerio Público enjuiciar a Fajardo y a otro analista cruceño por sus ideas políticas.
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Bajo estas circunstancias, resulta natural, comprensible y hasta obvio que la gente prefiera resguardar no sólo su libertad sino también, y sobre todo, su vida a través de un autoexilio doblemente doloroso. Por una parte por la impotencia ante la injusticia de un régimen que hace tiempo da muestras de profunda vocación autoritaria, pero por otra por la disgregación familiar que plantea una interrogante que hasta ahora nadie en el país ha planteado seriamente: ¿Qué ocurre con los hijos, esposas, padres, madres, etc., que dependían de quienes están exilados o en la cárcel? ¿Por qué hasta ahora las instancias de derechos humanos de Bolivia y otras a nivel internacional no se han pronunciado acerca de este problema social que afecta a decenas de compatriotas bolivianos?
No cabe duda que los bienes más preciados del ser humano, en cualquier lugar del mundo, son la vida y la libertad. Estos bienes en la Bolivia gobernada por Evo Morales no gozan de las debidas garantías democráticas.
*Presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política.
El Día – Santa Cruz