El fiscal general del Estado, Mario Uribe, ordenó al fiscal de Distrito de Tarija, Rodrigo Antelo, que tramite la declaratoria en rebeldía del suspendido gobernador de ese departamento, Mario Cossío.
Refugiado: Mario Cossío Cortez
El fiscal Gilbert Muñoz acusó a Cossío de daño económico al Estado e incumplimiento de deberes por no haber dispuesto oportunamente el cobro de una boleta de garantía por 1,39 millones de bolivianos, pues la proveedora de cemento asfáltico Inbolsur incumplió un contrato valuado en ese monto.
En cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, controlada por el MAS en alianza con la agrupación ciudadana Poder Autonómico Nacional (PAN), destituyó a Cossío de su cargo.
La ex autoridad fugó a Paraguay, donde recibió refugio, pese a los esfuerzos de las autoridades gubernamentales.
Al encontrarse fuera del territorio nacional, Cossío no acude a las convocatorias de la justicia para asumir su defensa legal, por lo que la Fiscalía General del Estado instruyó la tramitación de la rebeldía contra Cossío.
De acuerdo con la legislación vigente, una persona declarada rebelde puede ser procesada en ausencia, con cuya finalidad se le asigna un defensor de oficio. El proceso puede continuar bajo esa figura hasta que se emita la sentencia respectiva y se agoten las apelaciones.
Pese a la instrucción dirigida a la Fiscalía tarijeña, Mario Uribe anunció que no se ha desestimado por completo la posibilidad de gestionar ante la Comisión Nacional de Refugiado de Paraguay (Conare) que se levante el estatus que beneficia actualmente al acusado para tramitar su extradición.
Además del caso descrito, Cossío es investigado por al menos 20 denuncias de irregularidades cometidas cuando ejercía la conducción de la Prefectura de Tarija, aunque ninguna de las causas avanzó aún hasta la etapa de la imputación formal y, menos, la acusación.
El aludido aseguró desde Asunción que es inocente y víctima de una persecución política del Gobierno.
Fuente: La Prensa