Demanda. El Defensor exige sanciones que sienten precedente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de los fiscales de Distrito de Santa Cruz y Tarija.
Victima. Los restos del subteniente Poma fueron velados la anterior semana
La Razón
Según informe forense, el subteniente Poma murió tras una ‘brutal golpiza’
Ante las evidencias, demandó una investigación a fondo que defina responsabilidades y, en el ámbito de la justicia ordinaria, siente precedentes. Un día antes, la Fiscalía General ordenó investigar la muerte de Poma “ante la noticia fehaciente de haberse cometido hechos de connotación penal”.
“El especialista forense en la materia, desde una mirada mucho más fina, nos arroja un informe que establece que evidentemente la muerte había sido producida tras una brutal golpiza, lo que da lugar a un cuadro de elementos importantes para que se prosiga esta investigación”, señaló en declaraciones a la red Bolivisión.
Dijo que otro informe, elaborado por autoridades militares de Santa Cruz, establece que Poma se encontraba con “malnutrición” y que tenía “hematomas en diferentes partes del cuerpo”, además de “hemorragia interna, tanto en los pulmones como en el cerebro”.
También se concluyó que recibió atención médica tras 12 horas del incidente que se produjo el 7 de febrero durante el desarrollo de la materia “Combate cuerpo a cuerpo”, en la que Poma habría recibido la golpiza de sus compañeros porque no quiso pelear en serio con otro oficial de su rango, de apellido Castro, que ya brindó declaraciones sobre el incidente.
El jueves 10, el Comando General del Ejército comunicó que el militar había sufrido una lesión traumática craneal durante el desarrollo de una materia, en cumplimiento al programa de instrucción y entrenamiento militar.
Villena informó de que envió una carta al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, para que se “establezca la verdad” en este caso, además que los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de los fiscales de Distrito de Santa Cruz y Tarija. “Es de esperar que ambos informes converjan y apunten en el mismo propósito, para ambos fiscales puedan elaborar una sentencia inicial y presentar esto a quien corresponda, en este caso los jueces, para que un juez pueda determinar cuál es el grado de delito, tratándose de un hecho que es muy grave”, declaró el Defensor.
“Que se identifique a los responsables, a quienes han dado las órdenes para esa sesión violenta y luego también a los autores materiales, porque no sabemos cuantos habrían intervenido”, insistió.
Dijo que esto debería concluir en la justicia ordinaria, más allá del sumario interno que se realizará en las Fuerzas Armadas. Además de la investigación de oficio que decidió llevar adelante el Ministerio Público, los familiares de Poma presentaron denuncias ante las autoridades policiales.
Antezana desahucia el cierre
El ex jefe militar y actual senador por Tarija, Marcelo Antezana, consideró inviable el pedido de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) para el cierre de la Escuela de Cóndores de Sanandita en Yacuiba, porque se trata de “una institución estratégica para el país”. No obstante, reconoció que son necesarios algunos cambios en el programa de instrucción y entrenamiento militar para evitar situaciones como la que provocó la muerte del subteniente Gróver Poma. “Dudo que eso (el cierre) ocurra” declaró a la agencia PLUS de Tarija.
Albarracín pide una ‘investigación rigurosa’
El ex defensor del Pueblo y actual asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Waldo Albarracín, indicó que a partir de la Asamblea Plurinacional, que tiene una Comisión de Defensa, así como de parte de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo se debe impulsar una investigación rigurosa en torno a la muerte del subteniente Gróver Poma en la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol) de Sanandita.
“Debe desarrollarse una investigación rigurosa sobre el comportamiento en general, las acciones y el desenvolvimiento que se da en esta escuela, bajo la idea de que no hay republiquetas en Bolivia, es decir, instituciones que se sientan eximidas de respetar la Constitución vigente”, señaló Albarracín.
También recordó que en su época como Defensor del Pueblo recibió varias denuncias sobre abusos en recintos militares. “Fueron pocas quejas, pero eso no quiere decir que no hayan más. Lo que pasa es que hay un mecanismo de amedrentamiento muy fuerte, que impide que la víctima se anime a denunciar”.
Por otra parte, afirmó que se creó una “falsa moral” que frena las denuncias fuera de los cuarteles. “Se interpreta como un acto de deslealtad o ausencia de moral militar”, pero es un derecho que debe ser respetado.