Kevin es uno de los 7.000 jóvenes que integran las 170 pandillas de Santa Cruz. Problema. El microtráfico hace que sea más difícil disolver estos grupos. Faltan políticas estatales.
La sede. Kevin, Juan, Miguelito y ‘Satán’ junto a otros miembros de los ‘Piñateros’ en la esquina de reunión. A la izq. Vigilando la cancha del barrio
Aquí somos respetadísimos, nadie puede venir a molestarnos porque somos bien locos”, dice Kevin (15), miembro de una pandilla juvenil de la zona sur de la ciudad. Sentado, explica que ‘loco’ quiere decir ser muy agresivo por efecto de la marihuana y el alcohol.
Kevin es uno de los 7.000 jóvenes que integran las 170 pandillas de Santa Cruz que fueron censadas en la investigación del sociólogo Guillermo Dávalos (Inequidad y exclusión: pandillas juveniles 2007). Estas agrupaciones marcan su presencia en toda la ciudad y su actividad afecta a la percepción de seguridad ciudadana.
La ola delictiva que en los últimos meses ha tenido como protagonistas a miembros de BDR, DCAD2, Bola Ocho y Mundo Libre, entre otras agrupaciones, despertó la preocupación de los vecinos y provocó reacciones de las autoridades, como el operativo de captura de 27 adolescentes en el barrio El Recreo (Plan Tres Mil) a quienes se acusó de causar destrozos en viviendas y escuelas de la zona.
Sin embargo, mientras las autoridades y la población persiguen a las pandillas juveniles, el microtráfico de drogas prolifera en los barrios y asienta a los menores de edad en estas agrupaciones.
Dávalos sostiene que el problema de las pandillas debe atenderse en el marco de políticas nacionales de redistribución del ingreso, pues el caldo de cultivo para que proliferen estos grupos es la desigualdad socioeconómica (0,6 % según el índice de desigualdad de Gini).
Son las 23:30. Llevamos caminando alrededor de una hora por este barrio en donde los vecinos cuentan que han habido muertos producto de los choques entre pandillas armadas de cuchillos. “Tenga cuidado de no llamar la atención, le puede ir mal”, advierte la dueña de una pulpería, mientras cierra la cortina metálica de su local.
Después de un par de intentos fallidos, finalmente Kevin y algunos de sus compañeros acceden a conversar bajo la condición de guardar sus identidades.
Él está sentado en medio de otros nueve muchachos al lado de una canchita polifuncional. Ellos admiten ser miembros de una pandilla en la que se consume drogas, aunque después lo negarán. “Hay dos casas por acá donde venden ‘cheiro’ (cocaína), si llamás te traen hasta donde estés. Atienden las 24 horas”, asegura. Kevin dice que ellos no son maleantes porque no le roban a nadie. El muchacho largirucho dice que se agrupan entre amigos para protegerse y proteger al barrio de otras pandillas.
Para la directora de Género y Asuntos Generacionales del municipio, María Rosa Valencia, estos grupos de adolescentes representan un problema porque comenten infracciones. Valencia señala que el municipio trabaja a través de la Defensoría de la Niñez para prevenir la inserción de menores de edad en pandillas y el consumo de drogas. Con Bs 14.000.000 de presupuesto para el 2011 esta repartición apoya programas de asistencia a ONG, fundaciones y en proyectos de atención directa a menores.
“Necesitamos el apoyo de otras instituciones, somos 100 funcionarios y no abarcamos todo. Debería haber mayor ayuda de la Policía”, dice.
Pero los miembros de la pandilla que entrevistamos no piensan igual. Ellos dicen que nunca han recibido apoyo de nadie, en algunos casos ni de su familia, y que la Policía sólo aparece para buscarles pelea, aunque saben que ellos tampoco son santos.
Juan (18) ingresó a la pandilla cuando se mudó al barrio hace tres años. “En la pandilla están mis amigos. Me cuidan y me respetan, a mí nadie me ha obligado a drogarme”, afirma. Él niega ser consumidor de cualquier tipo de drogas, aunque algunos de sus compañeros lo desmienten.
Fernando Amurrio, jefe departamental del la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), precisa que el consumo de droga en pandillas es un factor de poder y que su división hace los esfuerzos por controlar el microtráfico de marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína. Sin embargo, esto no es suficiente.
Conforme al estudio Consumo de Drogas en Bolivia 1992-2010 realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), en los últimos ocho años el consumo de marihuana subió entre adolescentes entre los 12 y 17 años: de 0,5% en 1992 a un 4,19% en 2010. Santa Cruz está entre los tres primeros departamentos consumidores.
Dávalos considera que es posible la ‘reconversión’ de pandilleros en la medida que se definan políticas públicas de prevención basadas en alternativas ocupacionales para los jóvenes y centros de rehabilitación médica para narcodependientes de amplia cobertura. Por el momento sólo existen esfuerzos de instituciones particulares como el de la Fundación Ebenezer y sus tres centros, cuyo enfoque religioso, según el investigador, es positivo pero no da cuenta de avances.
“Los pesos pesados me conocen”, sostiene Miguelito (16). Él está sentado al lado de Kevin, Juan y de ‘Satán’.
Miguelito también niega la presencia de drogas en el grupo. Él tiene ocho años en el grupo y, a pesar de ser ‘cachorro’(menor), es bien respetado. “Los ‘drogos’ nos dicen que no arruinemos la vida como ellos. Nos cuidan”, comenta. Su mirada distraída y el frenético movimiento de su rodilla derecha advierten su nerviosismo.
En seguida nos piden abandonar el lugar porque ya es muy tarde (0:35) y quizá sea más peligroso salir después. Luego de conseguir el permiso para tomar algunas fotografías, nos retiramos del lugar con la impresión de que dejamos a esos jóvenes más expuestos de lo que estuvimos nosotros.
Enfoques
Prevención
– Redistribución. Asumiendo la explicación de que la inequidad económica y social en Bolivia (0,6 % según el índice de Gini) es el caldo de cultivo para la aparición de pandillas (jóvenes desocupados y sin ingresos), el investigador Guillermo Dávalos propone la formulación de políticas de redistribución de la riqueza dirigidas hacia los sectores afectados.
– Formación y promoción. La formación técnica y la promoción de talentos de niños, adolescentes y jóvenes son formas de prevención en la
medida que constituyen respuestas al índice de deserción escolar (30% de los estudiantes de secundaria en SCZ) y al desempleo. La Bienal Infanto Juvenil es un ejemplo
Interdicción
– Control. La intervención de la Policía (y de la Guardia Municipal a partir de la Ordenanza 000/2011) en los distritos más vulnerables al ataque de pandillas se identifica como una forma de respuesta al problema. La crítica dice que se apunta a los síntomas y no a las causas.
– Antinarcóticos. Mientras las autoridades persiguen pandillas, el microtráfico de drogas prolifera en la ciudad y complica más la prevención de organizaciones juveniles delictivas. En Bolivia la incautación de marihuana se ha disparado en los últimos años y ha crecido de 7 toneladas en el 2000 a 1.973,4 toneladas en el 2009. Santa Cruz es el mayor consumidor de drogas en el país (13,21%)
Proponen alternativas a la persecución criminal
Las reparaciones que el Comando de la Policía de la Villa Primero de Mayo obligó a hacer a jóvenes identificados como miembros de la pandilla Bola Ocho se mantienen intactas. Las paredes del módulo educativo 18 de Marzo fueron repintadas donde estaban los garabatos del grupo y las graderías de madera de la cancha polifuncional colindante al colegio fueron repuestas y así se mantienen hasta ahora.
El comandante de ese distrito policial, Armando Enriquez Cardozo, explicó que esto es consecuencia de la aplicación de un enfoque de prevención que busca corregir a los adolescentes sin provocarles daños ni resentimientos. “Había que cortar el círculo vicioso que genera la detención y liberación posterior de jóvenes integrantes de pandillas”, señaló Enriquez, que indica que su formación como abogado le permite tener una visión distinta de la intervención policial. Para este oficial es más importante enseñar y corregir que castigar. Sin embargo, esta iniciativa todavía es un caso aislado. En la Villa hay alrededor de 10 pandillas, de las que los Bola Ocho, Los Imbañables y Mundo Libre son las más agresivas.
Además de esta propuesta existen otras que todavía se encuentran en ciernes, tal es el caso del planteamiento de la presidenta de la Comisión de la Niñez, Adolescencia del Concejo Municipal, Sibele Ortiz, que propone fomentar la creación de empresas de jóvenes de barrios para prestar servicios al municipio como la provisión de púpitres y bancos o la recolección de basura reciclable.
Ortiz sostiene que dar alternativas ocupacionales y gestionar formas de ingreso digno son formas de contrarrestar el avance de las pandillas que absorben a estudiantes. De acuerdo con la concejal, ambas propuestas fueron remitidas al alcalde Percy Fernández para ser trabajadas como ordenanza municipal.
Señal de Alerta para Santa Cruz
Rodrigo Barahona / Sociólogo
La formación de las pandillas obedece a la propensión natural de los adolescentes y jóvenes de agruparse para realizar actividades comunes fuera de su entorno más cercano.
Con el paso del tiempo y el nivel del compromiso adquirido, pueden pasar de ser un simple grupo informal a un grupo de primer orden después de la familia. Incluso para algunos de ellos es su ‘familia’.
En el país, por lo general, las pandillas están constituidas por muchachos de clase media para abajo, que experimentan difíciles momentos en su vida familiar (divorcios, deserción escolar, problemas económicos, baja autoestima, ausencia de afecto y control, violencia intrafamiliar, etc.).
Todos estos factores inciden en el comportamiento de los adolescentes, que luego canalizan dicho descontento y frustraciones en el seno del grupo creado. Por ese motivo, las actitudes que adoptan frente a la sociedad son de irreverencia, rebeldía y conflicto.
El vandalismo en el que están incurriendo algunas de las pandillas en la ciudad, con asaltos en grupo a personas y la destrucción de bienes públicos y privados, es una señal de alerta para las autoridades y los padres de familia, que deben reaccionar cuanto antes para que éste no se convierta en un problema mayúsculo, al estilo de las ‘maras’ en Centroamérica, cuyos gobiernos lo han asumido como una cuestión de Estado y esto porque la línea que separa a las pandillas de la delincuencia es muy delgada.
Ruy G. D’Alencar, El Deber