Los operadores políticos y jurídicos de la Gobernación de Cochabamba ejercitan una "descarada injerencia" en la administración de justicia, forzando sanciones legales contra ex funcionarios de la ex Prefectura.
El Jefe de Bancada de PPB-Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, dijo que el pasado 10 de febrero a raíz de la suspensión del proceso contra el ex prefecto Manfred Reyes Villa por el caso puente Sacambaya, por ausencia de la abogada de oficio, se desató una serie de amenazas y presiones contra los administradores de justicia.
Como prueba de sus afirmaciones se refirió al caso del ex director de comunicación, Mario Cortez, a quien se intentó notificarlo con un gran despliegue mediático y calificarlo como rebelde y contumaz a la ley.
Sostuvo que lo mismo sucedió con el caso del ex vocero Erick Fajardo a quien sin respetarse sus derechos constitucionales y el debido proceso, se lo hizo declarar rebelde y con la inmediata emisión de mandamiento de aprehensión.
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Mario Cortez y Erick Fajardo son acusados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, falsedad ideológica y contratos lesivos al Estado, por haber supuestamente cobrado sueldos de la ex Prefectura sin haber trabajado efectivamente en la institución.
ACTOS DILATORIOS
El jefe del área legal de la Dirección Jurídica de la Gobernación de Cochabamba, Fernando Pérez, calificó a las permanentes postergaciones de las audiencias de medidas cautelares como actos dilatorios a los que recurren los procesados para librarse de las sanciones.
Pérez afirmó que el último acto dilatorio, se dio el pasado jueves 10 en la audiencia de juicio oral en contra del ex prefecto Manfred Reyes Villa. En dicha ocasión a sola petición de suspensión de la defensora de oficio fue postergada la audiencia para el próximo viernes 18.
Fuente: ANF
