José Manuel Loza Oblitas
Tanto el Presidente como el Vicepresidente de la República, en dos actos de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, primero en el aniversario de ese organismo y luego en su Congreso que se realizó en Cochabamba, manifestaron que la nueva Ley Minera sería elaborada conjuntamente con los cooperativistas mineros y otros operadores, desechando, prácticamente, los borradores que habían circulado hasta ese momento, en los que prácticamente no se cumplía con lo establecido en la Constitución Política respecto a los actores mineros y al respeto a las concesiones pre constituidas.
Sin embargo, con sorpresa, se ha conocido que el Ministerio de Minería, en días pasados, ha anunciado que el Gobierno iniciará, en los próximos días, la socialización del borrador final del proyecto de Ley Minera con los distintos operadores del sector, lo que no atiende a la preocupación existente, por la sectarización del Ministro del ramo, y la incorporación de nuevos actores que no están contemplados en la Carta Magna.
En la presente semana, precisamente, se tenían que conformar las mesas de trabajo para esa finalidad a instancias del Jefe de Estado, quien comprendió los cuestionamientos y decidió que no se podía imponer una Ley que no contempla las inquietudes y las necesidades de los diferentes sectores.
Sin embargo, esperamos que la información conocida no sea una más de las versiones ministeriales, de una autoridad que ha sido cuestionada por los cooperativistas mineros, los que han pedido su destitución, posición a la que se suma actualmente la Comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), aunque por diferentes razones.
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Precisamente en los borradores de la Ley Minera, especialmente en uno de ellos, se establecía claramente la creación de Empresas Comunitarias Mineras, creándose un sector que no está contemplado en la Constitución en el área minera.
Esta incorporación ha sido cuestionada por los máximos de las cooperativas mineras, por cuanto, señalaron que esto alentaría el avasallamiento que actualmente sufren por parte de comunarios en diferentes regiones del país, sin que eso signifique cuestionar los derechos que tiene ese sector a crear empresas dedicadas a otros rubros.
En la Carta Magna se indica claramente que los originarios campesinos tienen el derecho exclusivo de explotar los recursos naturales renovables en sus comunidades, a la Consulta, y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos renovables. Con esto se especifica claramente que esa participación, no les da derecho a ser operadores mineros, sino a participar de los beneficios por medio de las regalías que, en este caso, pagan los mineros por la venta de minerales, y que son distribuidos a través del Gobierno central a las Gobernaciones y a las comunidades.
Por eso nos parece que en el gobierno se producen una serie de incoherencias y contradicciones, en lo que se refiere a la Ley de Leyes, y a la misma política minera, la que está destinada a favorecer la producción, a la igualdad y a beneficiar a todos los bolivianos, considerando que los recursos no renovables son propiedad de ellos.
Existe un refrán que señala "zapatero a tus zapatos", y cada sector de la economía nacional debe dedicarse a su actividad, ya que consideramos que si el campesinado y toda la población se dedican a la minería, entonces qué será de la seguridad alimentaria, la que actualmente atraviesa problemas, precisamente por la confusión que existe en cuanto a las atribuciones y obligaciones de cada ciudadano.
Jornada – La Paz
