El “pin” del contrabando (3).
El Ministerio Público investiga al menos tres casos de corrupción en la Aduana Nacional, en los que están presuntamente implicados funcionarios y el gerente de la regional de La Paz, José Luis Lafuente, quien cumple sus obligaciones bajo una imputación judicial y “detención domiciliaria”.
La Aduana Nacional y Comando Operativo Aduanero, allanan un domicilio en La Paz con electrodomésticos de contrabando en 2010. foto ilustrativa ABI.
Las causas se tratan de salidas e ingresos irregulares de vehículos de contrabando, ocurridos en 2009 y 2010. El ejecutivo aduanero tiene arresto domiciliario, pero pidió permiso del Juzgado Octavo en lo Penal para asistir a su oficina y desarrollar así con normalidad su trabajo.
Caso Sachet. Así se llama una de las causas por la que ha sido imputado Lafuente, con quien Erbol intentó comunicarse varias veces. Se trata de la importación irregular de de 1.700 cajas de cosméticos (shampoo y otros) de la marca Head & Shoulders de procedencia falsificada (el adhesivo de los productos decía “industria China”, pero en realidad era “hecho en México”), que pasaron los controles tributarios por “demasía” en la carga y no los de seguridad para la salud.
El funcionario de la Aduana Nacional, según explicó a Erbol la fiscal Rosario Durán, fue imputado por ese caso el 29 de julio de 2010, bajo investigación de asociación delictiva aduanera, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Junto con Lafuente, también están implicados Carla Mabel Morón, fiscalizadora de la Unidad de Fiscalización de la Aduana Regional de La Paz, y Javier Félix Camacho, entonces jefe de la Unidad de Fiscalización de la Aduana Regional de El Alto (incumplimiento de deberes), además de la propietaria de la mercadería, Yamel Bustillos Quisbert (asociación delictiva y delitos contra la salud pública), que en un tiempo tenía detención preventiva.
La importación irregular se descubrió el 18 de septiembre de 2009, cuando el apoderado de la empresa acreditada de la marca en Bolivia, Companex, Ramiro Ángel Aguirre Ruiz, denunció el hecho por “contrabando y falsificación de marcas y contraseñas”. La mercadería había ingresado al país vía Charaña, y posteriormente Desaguadero, tres días antes, el 15.
Paralelamente a la investigación judicial, Lafuente instruyó el “control diferido” de la mercadería, que se trata de un procedimiento aduanero –“para generar riesgo”— de evaluación técnica posterior a la internación de los productos para establecer o descartar irregularidades en los trámites o el contenido de la carga.
El 20 de enero de 2010, en su informe de conclusiones, el funcionario dictó la “extinción de las obligaciones de pago tributario”, debido a que por la carga en demasía Bustillos cumplió con el pago de un saldo de impuestos aduaneros por un valor de 13.159 bolivianos.
Según, Durán, Lafuente solo se remitió a establecer irregularidades tributarias en la importación de la mercadería, no otros elementos, como la adulteración de la marca de los sachets o la composición química de los productos. Una pericia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a través de su perito Gloria Ampara Paco Salazar, determinó el 27 de mayo de 2010 que “no había similitud de los envases” en la marca de los productos en relación al Documento Único de Importación (DUI), que es el certificado de los productos internados.
Y en un informe complementario, el 13 de septiembre de 2010, IDIF estableció que el producto no era para la caspa (“no tenía piritionato de zinc, el principal ingrediente”) y, al contrario, era nocivo, producía el problema. Estas conclusiones nos permitieron fundamentar el delito de “atentado contra la salud pública”, dijo Durán.
La autoridad judicial dijo que Lafuente omitió la necesidad de investigar ese delito también aduanero. “Teniendo conocimiento los funcionarios de que se estaba realizando la investigación (los funcionarios aduaneros) debieron interrumpir el control diferido”.
La imputación contra Lafuente fue dictada el 29 de julio de 2010. El gerente de la Aduana Regional de El Alto fue cuestionado por el directorio de la Aduana Nacional, del que dijo que sus miembros avalaron su nominación en el cargo. “Yo, en la vía penal, como corresponde, estoy asumiendo mi defensa y, obviamente, haciendo prevalecer el derecho constitucional que tiene cada ciudadano de la presunción de inocencia es que continuo trabajando en la institución", dijo el 11 de febrero de 2011.
Los otros dos casos que el Ministerio Público investiga tienen vinculación entre sí. Se tratan de la salida irregular de 11 camiones con cargas de tela del recinto aduanero de El Alto, el 25 de junio de 2010, y de la revisión posterior de cinco de esos motorizados. Lafuente también está implicado en ellos, aunque presentó un memorial “de incidente de actividades procedimentales defectuosas” en contra de una fiscal que siguió el caso anteriormente.
Rubén D. Atahuichi López, ERBOL