Problemática. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo que parte de la seguridad ciudadana es competencia de las regiones. Las gobernaciones dicen que no tienen recursos
Movilización. Los reos del penal de San Roque de la ciudad de Sucre continúan pidiendo un aumento en el prediario
El Deber, Marco Chuquimia/Agencias
Gobierno deja lío de las cárceles a gobernadores
Sin explicar la existencia de un reglamento o una norma específica, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, dijo que parte de la seguridad ciudadana en el país está a cargo de las gobernaciones y que este precepto es constitucional.
“La autonomía implica nuevas atribuciones, pero también nuevas obligaciones, es un poco como las tarifas de transporte, en este caso las gobernaciones también están involucradas en seguridad ciudadana. La administración de los recintos, el orden es un esfuerzo que hace a la escala nacional pero también a las gobernaciones y pedirles una participación para atender esta demanda está enmarcada en la Constitución y en la racionalidad”, aseguró el titular de Autonomías.
Este concepto sin embargo no es compartido por el gobernador de La Paz, César Cocarico, que en tono resignado dijo que será momento de conversar con el Ministerio de Gobierno para ver ‘cómo’ se puede apoyar desde las gobernaciones y adelantó que La Paz “tiene exiguos recursos” para atender programas de desarrollo y que un traspaso de responsabilidades afectará a algunas de las obras que se ejecutan actualmente.
Romero no supo explicar en qué norma o reglamento figura legalmente la inclusión de las gobernaciones en la manutención de los recintos carcelarios y reiteró en tres oportunidades que es la propia Carta Magna la que fija atribuciones nacionales, departamentales y municipales.
Para Cocarico, no existe ninguna norma que obligue a las gobernaciones a asumir un gasto de esta naturaleza, pero dijo que ya hubo una conversación preliminar con el titular de Gobierno, Sacha Llorenti, sobre este problema y ahora esperan una convocatoria para exponer las limitaciones que tienen.
La Gobernación de Cochabamba al momento no cuenta con los recursos necesarios para poder colaborar en el incremento de los prediarios para los reos de las cárceles de este departamento, sostuvo por su parte el asesor general Freddy San Millán, al conocer que el director general de Régimen Penitenciario, Antonio Sueiro, inició gestiones con las administraciones departamentales del país con ese objetivo, en el marco de la responsabilidad compartida.
"En lo que corresponde al departamento de Cochabamba es de conocimiento general que nuestros recursos económicos son escasos y que no estaríamos, en estos momentos, para afrontar esa erogación. Pero veremos cómo llegan estas tratativas, cómo se desenvuelven y ver en el futuro qué posibilidades existen", explicó la autoridad.
Sueiro había señalado que el tema de los prediarios es de responsabilidad compartida con todas las gobernaciones y no solamente de exclusivo cumplimiento del Gobierno central.
San Millán dijo que la Gobernación valluna aún no sabe que se haya realizado algún acuerdo y que lo único que conoce es que en diciembre del año pasado se realizó una reunión en La Paz con el Ministerio de Gobierno y las gobernaciones de Potosí, Oruro, Sucre y Pando, en la que se habría tocado la posibilidad de algún incremento.
De igual manera, la Gobernación de Potosí dijo que está a la espera de conocer la normativa para actuar al respecto.
En la jornada
Régimen penitenciario
Pacto para llenar cárceles
El director General de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, dijo ayer que el Ministerio Público y los jueces tienen un pacto ‘implícito’ para llenar las cárceles de presuntos delincuentes, en tal forma que incluso por delitos leves o mínimos las personas detenidas son enviadas a los centros penitenciarios. "Desgraciadamente aquella persona cuando le exigen mucho no puede cumplir ni lo mínimo, entonces su paradero es directo a una cárcel, esto es una combinación entre Ministerio Público y jueces”, dijo la autoridad.
Corte de distrito
Audiencias con normalidad
El presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Williams Alave, informó ayer que los diversos jueces cautelares realizan sus audiencias con total normalidad, pese a que reclusos del penal de San Pedro amenazaron con no dejar ingresar a más detenidos a este recinto carcelario. "Se está llevando con toda normalidad la consideración de medidas cautelares (…) los jueces están cumpliendo, no he recibido ningún tipo de información que se hubiese impedido las audiencias”, agregó.
La Paz
Licitarán moderno complejo
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció ayer que esta semana se licitará la construcción de un moderno complejo penitenciario que sustituirá al vetusto penal de San Pedro, construido en 1895. Llorenti precisó que la nueva infraestructura carcelaria será edificada con una inversión de $us 4 millones con el objetivo de resolver el problema de hacinamiento en el penal paceño, que originalmente fue construido para acoger a 400 presos, pero alberga en la actualidad a 1.500 privados de libertad.
Continúa emergencia en los penales
En los recintos carcelarios de La Paz (Chonchocoro y Centro de Orientación Femenina (COF)), Oruro (San Pedro), Sucre (San Roque) y Potosí (Cantumarca) la emergencia continuaba pese a las declaraciones del director de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, que dio por finalizado el problema y dijo que con el apoyo de las gobernaciones se puede alcanzar las demandas que tienen los reos y reclusas de dichos recintos.
En el COF de Obrajes, las internas desmintieron una posible desmovilización y exigen que sea la Gobernación que de manera escrita se ratifique en el incremento del prediario que reciben deBs 6,60 a 10, tal como exigen.
Informaron que no levantarán las medidas de presión hasta lograr un compromiso escrito de la Gobernación paceña. Desde Chonchocoro, los reos también señalaron que el estado de emergencia continúa y que no levantarán la medida.
De igual manera, los internos de las cárceles de San Roque indicaron que esperarán hasta mañana una resolución al problema, caso contrario adoptarán nuevas medidas de presión, igual que en la prisión de Cantumarca
Los que guardan detención consideran como ‘insuficientes’ los ofrecimientos de las autoridades de Régimen Penitenciario y buscan el compromiso escrito de los Bs 10.