Susana Seleme Antelo – Semanario UNO
Así vivimos en Bolivia. Y no precisamente porque el presidente –que le “mete nomás”, para que luego lo arreglen sus abogados- haya decidido cambiar el tradicional ‘Día del mar’, por el ‘Día del Carajo’. Me permito discrepar y hacerle saber, a través de quienes leen por el, que “el día del carajo”, no es solo un día, pues hace rato sufrimos muchos días …ajos en el sentido utilizado por el héroe del Topater, es decir, como un improperio, un insulto y una humillación.
Muchos días …ajos –¡cuántos en cinco años ‘dizque’ de cambio!- que califican a Bolivia como una sociedad indecente, y no precisamente porque aquí se utilicen esa palabra más que en otros lares, sino porque esta es una sociedad en la que las instituciones humillan a las personas y algunas personas humillan a otras, según el filósofo y profesor israelita Avishai Margalit. En su criterio una “sociedad decente” es aquella que “respeta la independencia e imparcialidad del poder judicial y si los administradores de justicia no humillan a las personas sujetas a su autoridad”.
El profesor no tiene por qué saber que la justicia boliviana tiene un escaso 23% de aprobación ciudadana, percepción que habla de las flagrantes injerencias políticas percibidas por la población, según una encuesta de Ipsos, Apoyo y Mercado, realizada la semana pasada en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los criterios de Margalit sobre sociedades decentes-indecentes, los confirman las recomendaciones de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navy Pillay, en el Informe de su Oficina en Bolivia, presentado la semana pasada en Ginebra.
Dicho Informe urge “a los ministros de Gobierno y de Defensa la adopción de medidas para erradicar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la fuerza pública”. Apunta a “La necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de los derechos humanos”, en particular a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como exigir que se garantice “la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo de todos los procesados, incluyendo casos de corrupción”. A su vez el representante en Bolivia de la Oficina de Derechos Humanos, Denis Racicot, señala que “El ya debilitado y politizado sistema de justicia se mostró más vulnerable al factor político, lo que impactó en el desarrollo de los procedimientos y puso en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales”.
A partir de esas tantas observaciones, es más que evidente que la actual sociedad boliviana no es una sociedad decente sino una de concentrados carajos que humillan e insultan a la sociedad. Y no es argumento válido decir –como han dicho algunos/as- que lo que pasa actualmente son “resabios de gobiernos neoliberales”, o que esas recomendaciones “debieron haberse emitido hace 30 años, en épocas de dictaduras”. Quiénes luchamos contra las dictaduras, damos fe de las condenas hechas por Organismos Internacionales contra las mismas y la ayuda que brindaron a quienes la necesitaron. ¿La brindan a los presos políticos que hay actualmente en Bolivia y a los más de 150 exiliados?
Y es que las recomendaciones de la señora Pillay son válidas ayer, hoy y siempre, aún se trate de un gobierno que se dice ‘de cambio’, porque sobre los Derechos Humanos, las cosas sigue como en las dictaduras, solo que ahora este gobierno va disfrazado de demócrata. En cinco años, ya podían haber erradicado prácticas ‘dizque’ neoliberales ‘sobre procedimientos para beneficio de quienes ostentan el poder’. ¡Qué cinismo, si ‘los del cambio’, han acaparado todo el Poder Judicial y los administradores de in-justicia, responden ciegamente al Ejecutivo, que también domina el Legislativo con mas de 2/3, y controla a los militares, a la Policía, a los movimientos sociales, convertidos en sus milicias de choque.
Los métodos que humillan
Más que neoliberales, los métodos que utilizan son jacobino-bolchevique-estalinistas: a punta de ‘ajazos’, muchas humillaciones, torturas y muertes. Hagamos un breve repaso: enero 2007, brutal asesinato del estudiante Jaime Urresti en Cochabamba, en manos de enardecidos representantes de movimientos sociales afines al gobierno de cambio. Noviembre 2007, en La Calancha-Sucre, tres personas fallecidas por balas de las fuerzas combinadas del Ejercito y la policía. Septiembre 2008, la matanza en Porvenir-Pando, previa ‘movilización campesino-estudiantil’ orquestada desde el Ministerio de la Presidencia, para provocar un baño de sangre, culpar al entonces prefecto Leopoldo Fernández, detenerlo, trasladarlo a La Paz, violando el debido proceso y la presunción de inocencia, para mantenerlo detenido hace más de 2 años y medio sin juicio ni sentencia ejecutoriada. Esa operación formó parte de la estrategia de liquidar el frente autonomista de la llamada Media Luna, conformada por Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Sigamos, porque la memoria no debe olvidar nunca las acciones contrarias a los Derechos Humanos de un gobierno que se dice de cambio y que nada ha cambiado en sus métodos, comparados con las dictaduras. En septiembre 2008 el periodista Jorge Melgar, es secuestrado por agentes enmascarados en horas de madrugada, golpeado, humillado y trasladado con los ojos vendados también a La Paz. Una vez consumada la ocupación militar de Pando el gobierno detuvo a la agente policial Mirtha Sosa –sin que hasta ahora se sepa cual fue su supuesto delito- quien después denunció abusos sexuales sufridos durante su reclusión.
Como ‘los del cambio’ no pudieron doblegar a Santa Cruz y provocar aquí el baño de sangre que provocaron en Pando -ese fin tenía el cerco de Fidel Surco y sus muchachos en 2008 durante una semana a la capital cruceña- echaron mano del caso terrorismo-separatismo-Rozsa, y luego Sosa. Así asesinaron a mansalva al infiltrado en filas autonomistas, el húngaro-boliviano Eduardo Rozsa y dos de sus compañeros, el 16 de abril de 2009, en Hotel Las Américas. Esta comprobado por expertos húngaros e irlandeses que no hubo enfrentamiento. Como parte del caso del caso Rozsa-Sosa, en diciembre de 2009, los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza fueron secuestrados por agentes del Ministerio de Gobierno y llevados a La Paz en condiciones infrahumanas, con los ojos vendados con cinta adhesiva y cartones. Aun siguen detenidos. Y por el mismo caso Rozsa-Sosa, hay exiliados, personas con detención domiciliaria e imputados, y a todos ellos se le ha negado el debido proceso, la presunción de inocencia y el juicio justo.
El dirigente indígena del Beni, Marcial Fabricano, fue brutalmente flagelado en mayo de 2009, por indígenas partidarios del gobierno, contrarios a las autonomías departamentales por la que Fabricano hizo campaña. Por el mismo motivo, campesinos e indígenas afines al MAS, cercaron a la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en su fundo en el Altiplano paceño, todos golpeados y humillados –menos mal rescatados con vida, aunque heridos- pues luego incendiaron la casa. En mayo de 2010, mediante una brutal represión policial se desbloqueó la ruta a Caranavi, con un saldo de dos jóvenes muertos por agentes del orden policial, que fueron denunciados de haber torturado a muchos. La señora Pillay no ha dicho nada que no sea la más absoluta verdad.
El gobierno ‘indígena-originario-campesino’ -a los que ya olvidó y solo responde a los campesinos cocaleros- se da lujo de tener un senador líder de los temidos “ponchos rojos” de Achacachi, quien afirma que la tortura es justificable porque “a veces es la única manera de arrancar una confesión”. ¿Qué confesión buscaba el hoy senador, cuando torturaba y degollaba perros, como advertencia a los autonomistas cruceños? ¡Qué indecencia: igual que el imperialista George Busch hijo, que justificó las torturas en las cárceles irakíes!
Esos son los métodos de ‘los tiempos de cambio’ y nada que ver con que sean neoliberales o no: son nomás réplicas de los métodos jacobinos, bolcheviques, estalinistas común a todos los regímenes totalitarios: a punta de ‘ajazos’, humillaciones, torturas, sufrimientos y muertes. Dan ganas de decirles…ajos a granel, no un día sino todos los días que les quedan para completar su mandato, cada vez con menos aprobación.
Pero que dejen de humillar y ofender a las y los demócratas de Bolivia, porque ya sabemos que hay quienes no son demócratas ni respetan los Derechos Humanos, ni el debido proceso ni juicios justos: precisamente ellos, los del gobierno que se dice ‘de cambio’.