El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín, dijo que el caso Caranavi es el hecho más emblemático del sometimiento de la Justicia al poder político.
La población vela a un jóven muerto en los hechos de Caranavi. Foto archivo ANF.
La Paz, 24 Mar. (ANF).- El representante de la Oficina del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, observó, este jueves, que en el país existe una parcialización del Poder Judicial hacia lo político.
“El Poder Judicial se ha vuelto permeable a la influencia política, por lo que el Gobierno debe garantizar la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo en todos los procesos”, dijo Racicot.
El ex candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, ex dirigentes cívicos cruceños Branko Marinkovic, Guido Nayar y el ex asesor del desaparecido Consejo Nacional Democrático (CONALDE), Erick Fajardo, permanecen fuera del país por disposiciones judiciales dictadas en su contra, que a criterio del senador Marcelo Antezana viola el debido proceso.
Racicot advirtió, también, que la Policía Nacional apela al uso excesivo de la fuerza y la violación de derechos humanos. “Hay un uso excesivo de la fuerza que han resultado en posibles muertes extrajudiciales, torturas y tratos inhumanos y degradantes cuya responsabilidad fue atribuida a la policía”.
Según Racicot las violaciones a los derechos humanos y torturas habrían ocurrido en actividades de control público, como en el caso Caranavi y la muerte del presunto delincuente David Olorio Apaza en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
“Existen indicios de que la Policía recurrió al uso desproporcionado de la fuerza en algunos momentos de su trabajo de control en el caso Caranavi. Otro caso es la aplicación de malos tratos y torturas aplicadas a David Olorio en el momento en el que estaba en detención y custodia policial”, sostuvo.
SE VIOLA DDHH: El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín, dijo que en el país se continúan violando los derechos humanos por lo tanto el Gobierno debe tomar en serio esas recomendaciones. “El caso Caranavi es el hecho más emblemático de impunidad violación de derechos humanos, pero además del sometimiento de la Justicia al poder político cuando se excluye del proceso a los principales responsables de la violencia”, sostuvo.
Para el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Cesar Navarro, afirmó que ningún informe puede tener valoraciones subjetivas sino elementos claros y concretos, por lo tanto “asumimos el informe como una recomendación”, para seguir mejorando en el tema de derechos humanos.
La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navy Pillay, en el informe de su Oficina en Bolivia, presentado en Ginebra recomendó al Gobierno y en especial “a los ministros de Gobierno y de Defensa la adopción de medidas para erradicar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la fuerza pública”.
Pillay exigió que se garantice "la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo de todos los procesados, incluyendo casos de corrupción. Todavía tenemos muchos desafíos pendientes, principalmente debido a que no es fácil recuperar el Estado para beneficio de todos los bolivianos y bolivianas, después de tanto saqueo y corrupción heredados de los regímenes neoliberales del pasado”.
Entre el 7 y 8 de mayo de 2010 en Caranavi, Fidel Mario Hernani y David Callizaya Mamani perdieron la vida a causa de impactos de balas de armas de uso policial durante el conflicto social desatado por la construcción de una planta procesadora de cítricos en ese municipio comprometida por el Gobierno.
Otro caso de tortura fue denunciado el 6 de junio 2010 cuando David Olorio Apaza, presunto delincuente involucrado en el robo agravado a las oficinas de Vías Bolivia, falleció con evidentes signos de tortura en celdas policiales en un caso que fue atendido con negligencia y encubrimiento por funcionarios policiales y del Ministerio Público, señala un informe presentado por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.