Investigación: Apunta a Filomena Muruchi, quien tiene antecedentes por contrabando de vehículos ilegales. La Fiscalía busca a otros sospechosos del asesinato de cuatro policías hace 8 meses.
Homenaje: familiares de los cuatro policías asesinados en Saca Saca muestran sus retratos
Ocho meses después del linchamiento de cuatro policías por comunarios de Saca Saca, municipio de Uncía, se detuvo a Filomena Muruchi, presunta autora intelectual del hecho, quien desde el 26 de diciembre guarda detención preventiva en el penal potosino de Cantumarca.
Entre el domingo 30 de mayo y el martes 1 de junio del año pasado, el suboficial Nelson Alcócer, el policía Miguel Ramos y los cabos Rubén Cruz y Esteban Alave fueron capturados por esos comunarios, que los acusaron de haber asesinado el viernes 28 de mayo al joven Adalid Estapa Mamani para robarle su auto.
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Los campesinos se negaron a devolver los restos de sus víctimas, y sus familiares tuvieron que negociar la recuperación de los cadáveres a cambio de no iniciarles acciones penales.
La Fiscalía de Potosí abrió una investigación y logró la captura de Hilarión Estapa el 2 de septiembre del año pasado.
El sexagenario está imputado de haber alentado el crimen para vengar la muerte de su hijo.
Las investigaciones, posteriormente, apuntaron a Filomena Muruchi, quien tiene antecedentes por contrabando de vehículos ilegales. La sospechosa desapareció de la zona y se presumía que viajó a la Argentina, donde hacía negocios.
El fiscal Juan Carlos Ramírez admitió ayer a La Prensa que Muruchi era una de las principales sospechosas identificadas en la primera fase de investigación.
Por las amenazas que desconocidos lanzaban contra los fiscales, el caso pasó a ser manejado por una comisión formada por los juristas Sergio Iporre, Guillermo Flores, César Arano y el mencionado Juan Carlos Ramírez.
Familiares de los asesinados entregaron el pasado martes la ropa que éstos vestían a tiempo de morir para que sean analizadas en el laboratorio especializado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz.
Las viudas denunciaron, además, que hasta hoy sólo percibieron una indemnización de la Administradora de Fondos de Pensiones, que en el mejor de los casos ascendió a 1.500 bolivianos.
La Prensa intentó comunicarse ayer con voceros de la Policía, pero no logró hacerlo.
Hay deudas por los entierros
Ocho meses después del entierro de los cuatro efectivos policiales asesinados, la institución del orden no ha pagado el importe correspondiente a la funeraria que hizo el servicio, denunció Mónica Corrales, viuda del suboficial Nelson Alcócer, y anticipó que la empresa iniciará acciones en contra de los familiares de los fallecidos.
La informante dijo que cuando se velaban los restos de sus seres queridos, los familiares observaron la mala calidad de los ataúdes, cosa que hicieron notar al Comandante de la Policía Nacional, quien ordenó la entrega de otros catafalcos y se comprometió a cubrir el importe, pero no lo hizo. La Prensa, pese a sus esfuerzos, no pudo obtener la versión de la contraparte de esta denuncia.
Para destacar
La Fiscalía tiene en la mira a otros sospechosos por el cuádruple linchamiento.
Sin embargo, mantiene reserva sobre la identidad de los investigados para que no huyan.
Las dos capturas hechas hasta el momento se produjeron en la población de Uncía.
Las dos personas detenidas permanecen en el penal de Cantumarca, Potosí.
Los comunarios del norte potosino amenazaron en octubre con liberar a Hilarión Estapa.
Los ayllus aseguran la inocencia del anciano, pero la justicia no admite sus argumentos.
Sólo dos familias, Alcócer y Cruz, se mantienen en la búsqueda de justicia.
La Prensa