Farfán, sin embargo, atribuyó a la oposición esas presiones políticas en la administración de la justicia boliviana.
Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
La Paz, 24 Mar (Erbol).- El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, reconoció hoy que efectivamente hay una notable presión política en la administración de la justicia en el país, así como lo indica el reciente informe sobre la situación en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay.
Sin embargo, la autoridad gubernamental, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de La Paz, atribuyó a la oposición esas presiones políticas en la administración de la justicia boliviana.
“Cuando la oposición convoca al Fiscal General del Estado (para rendir un informe sobre el caso Caranavi) es una presión política, cuando la oposición acusa todos los días a través de sus declaraciones públicas y en entrevistas también es una presión política que se está ejerciendo contra los fiscales”, aseveró Farfán.
El informe de la Alta Comisionada, que se refiere a la “Administración de justicia y lucha contra la impunidad”, indica: “a pesar de los esfuerzos del Gobierno (boliviano) para reformar y adoptar legislación y medidas para resolver serios e históricos problemas en la administración de justicia, el sistema de justicia sigue siendo débil, siendo el acceso a la justicia y la alta impunidad los principales problemas. Sigue también expuesto a presiones políticas y económicas de diversa índole. El sistema de defensa pública aún enfrenta dificultades, aunque la apertura de ocho nuevas oficinas rurales expandió su ámbito de acción”.
Por ello, según Farfán, el gobierno boliviano cree que la oposición de la administración del presidente Evo Morales debe dejar de presionar políticamente a los operadores de la justicia boliviana. “El Órgano Judicial y la Fiscalía son entes independientes y se los tiene que respetar”.
En otro párrafo del mencionado informe refiere que aun constatando los progresos obtenidos en la resolución de muchas causas judiciales, la Alta Comisionada considera que, para garantizar la independencia judicial, es indispensable acelerar el proceso de elección de autoridades judiciales.
Asimismo, el documento señala que la acumulación de numerosos procesos legales en contra de algunos de los principales exponentes de la oposición política, aun en el legítimo anhelo de combatir la corrupción y la impunidad, requiere la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo.
ALGUNAS RECOMENDACIONES DE LA ONU:
"La Alta Comisionada alienta a todas las autoridades concernidas a aunar esfuerzos para celebrar lo antes posible las elecciones de los altos magistrados. En este marco, recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizar un procedimiento transparente y basado en criterios meritocráticos y habilitantes, para la selección de las candidaturas. También insta proceder a la elección del Fiscal General según los mismos criterios.
La Alta Comisionada reitera la necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Al respecto, insta a fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar las conductas violatorias de derechos humanos de miembros de la Fuerza Pública. En cuanto a los procesos recientes e iniciados en los años anteriores, invita el Ministerio Público y el Órgano Judicial a intensificar los esfuerzos para que se imparta justicia en un tiempo razonable, en el respeto de los derechos de las víctimas y de las garantías del debido proceso de los imputados.
La Alta Comisionada recuerda al Gobierno, al Ministerio Público y al Órgano Judicial la necesidad de garantizar la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo en todos los procesos, incluyendo casos de corrupción.
La Alta Comisionada recomienda al Gobierno y al Órgano Judicial que implementen medidas urgentes y efectivas que mejoren el acceso a la justicia en todo el territorio nacional. Ello incluye avanzar en el establecimiento y coordinación de los sistemas de justicia ordinaria e indígena en pie de igualdad, así como fortalecer las capacidades de los operadores de ambos sistemas, a la vez asegurando el pleno respeto de los derechos humanos.