El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, reconoció hoy que efectivamente hay una notable presión política en la administración de la justicia en el país, así como lo indica el reciente informe sobre la situación en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay. Sin embargo, la autoridad gubernamental, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de La Paz, atribuyó a la oposición esas presiones políticas en la administración de la justicia boliviana. “Cuando la oposición convoca al Fiscal General del Estado (para rendir un informe sobre el caso Caranavi) es una presión política, cuando la oposición acusa todos los días a través de sus declaraciones públicas y en entrevistas también es una presión política que se está ejerciendo contra los fiscales”, aseveró Farfán.
El informe de la Alta Comisionada, que se refiere a la “Administración de justicia y lucha contra la impunidad”, indica: “a pesar de los esfuerzos del Gobierno (boliviano) para reformar y adoptar legislación y medidas para resolver serios e históricos problemas en la administración de justicia, el sistema de justicia sigue siendo débil, siendo el acceso a la justicia y la alta impunidad los principales problemas. Sigue también expuesto a presiones políticas y económicas de diversa índole. El sistema de defensa pública aún enfrenta dificultades, aunque la apertura de ocho nuevas oficinas rurales expandió su ámbito de acción”.
Fuente: ATB.
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