Ante un nuevo “punto de bifurcación”

6939G_Garcia_Linera_Bolivia El vicepresidente Álvaro García Linera popularizó años atrás la teoría del “punto de bifurcación”, entendido como un momento político en el que uno de los bloques en pugna en el precedente “empate catastrófico” logra romper el equilibrio relativo de fuerzas e imponer su modelo de país. La aplicación práctica de la tesis linerista se habría dado entre septiembre y octubre de 2008, con la toma militar de Pando que quebró la resistencia regional del oriente y el forzado acuerdo congresal para someter a referéndum la Constitución de La Calancha y Oruro, de dudosa legalidad. Ahora, con la tensión entre los sindicatos que lograron romper el dogal de la cooptación y la nueva clase burocrática gobernante, el proyecto del MAS se encontraría ante un nuevo “punto de bifurcación”, en el cual podrían aplicarse una vez más las tácticas de violencia paraestatal y criminalización ya empleadas anteriormente contra el campo autonomista. A eso apunta la estigmatización contra los sectores obreros de los últimos días, con voceros oficialistas hablando de un “golpe de Estado sindical” y tildando a los mineros de “reaccionarios golpistas”. Exactamente el mismo guión empleado en el 2008, cuando la absurda tesis del “golpe cívico-prefectural” logró justificar el sesgado aval de Unasur al Estado de Sitio pandino. Sin duda, el epicentro de la maniobra será nuevamente el laboratorio del mal instalado en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, verdadero gabinete ministerial del régimen. El método es el siguiente: 1) estigmatización de los disidentes como golpistas, 2) movilización de tropas de choque “sociales” con el objetivo expreso de producir enfrentamientos violentos (en este caso, el Conalcam) y 3) represión policial y militar contra los “golpistas” que atentaron contra los “movimientos sociales” movilizados. Por supuesto, la puesta en práctica de esta metodología de la violencia no parece tan fácil como años atrás, ya que ahora buena parte de los movimientos sociales están enfrentados a la administración evista. De ahí que el gobierno no acabe de decidir un curso de acción, tanteando la posibilidad de aceptar una derrota limitada u “honorable” en la negociación con la COB, que podría zanjarse con un aumento salarial del orden del 12,5%, financiable mediante la “nacionalización” minera parcial que está en carpeta. Misma que, según aclaró el ministro de minería José Pimentel, no abarcará a la principal empresa del rubro, San Cristóbal, ligada años atrás a los hermanos George y Paul Soros…

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