Proceso. A un año de la elección del 4 de abril todavía no se ha podido agilizar la aplicación de las autonomías. Para los analistas este sistema de gobierno no se refleja en los hechos
Votación. Hace un año los ciudadanos acudieron a las urnas a elegir a gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales
El domingo 4 de abril de 2010 quedó marcado en la historia democrática de Bolivia porque fueron elegidas 2.502 autoridades departamentales y municipales en todo el país, entre gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales. Todas ellas encaran un proceso para pasar de un Estado centralista a uno autonómico, que está en etapa de transición y sin competencias definidas.
El analista Jorge Lazarte considera que con la elección directa de gobernadores y asambleístas se consagró la existencia de las autonomías, pero se hizo dentro de un marco complicado para encajar todas las piezas que demanda el sistema.
“El problema de las autonomías es la complejidad, por tanto, no está resultando muy viable en su conjunto. Está puesta la ley, pero hay problemas de compatibilización”, señaló Lazarte.
En criterio del politólogo no se ha podido dar el paso para adecuar los estatutos departamentales a la nueva Constitución Política del Estado, situación que perjudica el andamiaje de las autonomías. El problema está, indicó Lazarte, en que el Gobierno no parece tener demasiado interés en el tema y las regiones han bajado el entusiasmo con que lucharon para conseguir las autonomías.
El también politólogo Gonzalo Rojas es más crítico en señalar que formalmente en el país tenemos distintos niveles de autonomías, pero en los hechos sigue operando el centralismo. “Los actores autonómicos están de alguna manera asustados”, indicó.
De todas maneras, considera que en el futuro el país tendrá que enfrentar el desarrollo y la aplicación de un Estado autonómico, pero por ahora hasta los actores institucionales, como las asambleas legislativas departamentales, están funcionando a ‘media fuerza’.
Los mismos asambleístas departamentales de Santa Cruz reconocen esta situación, porque incluso no disponen de independencia en los recursos económicos, pero también consideran que son autoridades de transición y que están enfrentando los cambios, que no solo son en el campo jurídico, sino en la parte operativa de cara al pueblo.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, destaca avances importantes, porque la ley 017, del 24 de mayo de 2010, fue el primer instrumento que permitió la transición de las prefecturas a gobiernos autónomos departamentales, el funcionamiento de las asambleas departamentales, de la autonomía regional del Chaco tarijeño, de la administración municipal y la autonomía indígena originaria campesina.
Además, considera que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, establece cada una de las competencias.
Otra opinión emitió el secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, porque considera que existen trabas que impiden aplicar las autonomías en su real dimensión. El también expresidente del Senado lamenta que el pacto fiscal que definirá la redistribución de los recursos de los departamentos haya sido postergado hasta después de la realización de un censo en el país, que debió realizarse en 2010 y que hasta ahora no tiene fecha definida.
Lo cierto es que todos coinciden en que el paso más visible del proceso autonómico en el país fue precisamente la elección de las autoridades.
Para saber
2.502
Autoridades
Departamentales y municipales fueron elegidas el domingo 4 de abril de 2010 en todo el territorio nacional. El ciudadano acudió a las urnas a emitir su voto
337
Alcaldes
Fueron elegidos en toda Bolivia. Era la primera vez que se elegía a los concejales en listas separadas, por lo tanto el pueblo decidió de forma directa
1.851
Concejales
Se eligieron en todos los gobiernos municipales del territorio nacional. En 11 municipios se desarrolló la autonomía indígena campesina
9
Gobernadores
Por primera vez, el pueblo eligió a los gobernadores por el voto. Junto a ellos también resultaron electos 144 asambleístas por territorio y 100 por población
Desacuerdos traban la Asamblea
Para el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Alcides Villgómez, el primer año ha sido de transición. La aprobación del reglamento interno, habilitación de firmas y resolver el funcionamiento demandó casi cuatro meses.
Las diez comisiones de la Asamblea llevan alrededor de seis meses de trabajo efectivo, porque pese a ser elegidos el 4 de abril, comenzaron a trabajar en junio de 2010.
Villagómez asegura que se han aprobado alrededor de 15 leyes departamentales y más de 200 resoluciones, declaraciones en distintos temas.
Al igual que los de oposición, considera que la parte política ha sido muy conflictiva, porque la alianza Frente Amplio y Verdes cuenta con 14 votos, lo que ha permitido la gobernabilidad con mayoría simple, porque el MAS tiene nueve y los pueblos indígenas cuatro, ya que el curul yuracaré-moxeño no se ha definido.
Entretanto, el representante de los indígenas, Rodolfo López, reconoce que hubo momentos difíciles porque las fuerzas políticas no lograban ponerse de acuerdo para definir algunos temas, pero después fueron encajando el trabajo y ellos han apoyado la aprobación de leyes que favorecen a las provincias.
A su vez, el jefe de bancada del MAS, Edwin Muñoz, considera que ha sido una gestión deficiente y que en el interior de la Asamblea se han presentado varios hechos ilegales. Reclama la poca participación que le permiten a la oposición, según dice que de las diez comisiones solo una están en manos del MAS. También tuvieron que presionar para que les concedan la segunda vicepresidencia de la directiva de la Asamblea y el reglamento no ha sido consensuado. Cuestiona que la mayoría de Verdes solo ha servido para “proteger su mala planificación financiera”, toda vez que más del 60% de las sesiones han sido para modificar partidas presupuestarias.
«Están ejerciendo poder político»
Carlos Romero / Ministro de Autonomías
– A un año de la elección de autoridades departamentales y municipales en el país, ¿cuánto ha avanzado el proceso autonómico?
– Habría que tomar en cuenta que tenemos autoridades legítimamente elegidas de manera directa. Tenemos gobernadores, munícipes, concejales y asambleístas departamentales elegidos por mandato popular. Ese es un aspecto importantísimo que hay que reconocer como un avance. Un segundo elemento es que en la composición de algunas asambleas departamentales, especialmente las del oriente boliviano, donde los pueblos indígenas son minoritarios, se ha permitido la elección directa otorgando a las asambleas departamentales una representación no solamente cuantitativa, sino también cualitativa, porque también expresa la esencia de estos pueblos indígenas. Un tercer elemento: hemos tenido asambleas que en el país han aprobado 250 leyes departamentales y otras tantas resoluciones, lo que muestra que están funcionando, están produciendo leyes a favor de sus regiones.
– Pese a estos avances hay percepciones de que seguimos en un país centralizado.
-La descentralización implica la posibilidad de definir políticas públicas que se dan a través de la producción de leyes, entonces cuando digo 250 leyes que han aprobado las asambleas departamentales es que ya están ejerciendo el poder político. ¿Sobre qué pueden aprobar leyes? Sobre las competencias que la Constitución Política del Estado les reconoce como exclusivas. Y a través de las Ley 017 la Asamblea Legislativa Plurinacional ha transferido de manera directa las competencias.
Otro elemento que hay que destacar es la Ley Marco de Autonomías; aunque se ha dicho que no fue consensuada suficientemente, quiero decir al respecto que la hemos consensuado durante más de un año, todo el 2009 y parte de 2010. Esta ley tiene avances importantes, porque no solo define competencias, sino también define mecanismos de coordinación. Es una ley profundamente descentralizadora, define cada uno de los niveles de autonomía.
– ¿Funcionan los cuatro niveles de autonomía?
-Sí, tenemos nueve autonomías departamentales que están funcionando, están dando sus primeros pasos. Tenemos 326 autonomías municipales, de las cuales 140 han avanzado en sus cartas orgánicas municipales; luego tenemos la autonomía regional del Chaco, que ha elegido sus representantes y ha hecho varios encuentros para ir construyendo su estatuto autonómico; contamos con 11 municipios indígenas de los cuales nueve han conformado su asamblea autonómica y están preparando sus estatutos.
Se ha presentado a la Asamblea Legislativa la ley de unidades territoriales y ahora corresponde a esa instancia el tratamiento de la misma. Lo que pretende es que los conflictos de límite sean resueltos en base a acuerdos.
«Hay una fuerte limitación »
Óscar Ortiz / Secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación
– ¿Cuánto ha avanzado el proceso autonómico en la Gobernación de Santa Cruz?
– Por lo menos en el departamento de Santa Cruz está claro que hay un ejercicio autonómico que se comienza a desarrollar tanto en las actividades de la Asamblea Legislativa con las leyes, con el presupuesto departamental y con la aplicación por parte del Ejecutivo del ejercicio de las competencias que tiene.
Está claro que todo esto se ve dificultado por el hecho de que no se haya resuelto el pacto fiscal, es decir que si bien hay un ejercicio legislativo, hay varios aspectos de las competencias que no han sido resueltos y en la medida en que los recursos sigan siendo los mismos en la escala departamental, obviamente esto constituye una limitación muy fuerte. Además, de algunas leyes, las leyes Marco (de Autonomías) y de Educación, que tienen una visión centralista, que siguen entorpeciendo el ejercicio autonómico que en muchos casos incluso suspenden las competencias a la espera de leyes nacionales que regularán las mismas.
– ¿Seguimos en un Estado centralista, pese a que se aprobó un Estado autonómico?
– Lo que puedo decir es que si bien el Gobierno Departamental de Santa Cruz está trabajando en avanzar en el ejercicio legislativo, es innegable que las leyes que han ido saliendo tienen una visión centralista que busca obstaculizar la autonomía, que busca preservar para los ministerios todavía una concentración de las competencias, y obviamente en el tema económico, que es uno de los componentes fundamentales del proceso autonómico, los recursos siguen centralizados y, lamentablemente, la discusión del pacto fiscal se postergó hasta después de la realización del censo, lo cual que nos parece que es un atropello a la autonomía.
– ¿Se han podido completar las transferencias de las competencias del Gobierno, central al departamental?
– Hay una actitud contradictoria de parte del Gobierno que básicamente quiere transferir competencias sin recursos, en muchos casos, como el tema de salud. Y en otros casos, quiere transferir los costos, pero no las transferencias, como en la discusión del prediario, que no quiere transferirnos las competencias en materia de seguridad ciudadana, pero sí quiere que paguemos las cuentas de unas competencias que ellos tienen centralizadas.
– ¿La Ley Marco de Autonomías ha significado un avance?
– No, es un obstáculo para la autonomía, porque crea un panorama aún más confuso. En lugar de aclarar las contradicciones que tiene la Constitución Política del Estado, profundiza la confusión entre las competencias entre los distintos niveles de gobierno, y al mismo tiempo es donde se posterga la discusión del pacto fiscal, que, para nosotros, es el punto de partida en el campo económico.
Fuente: El Deber, Carmela Delgado