¿Cerrar la Caja Nacional de Salud?

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Alucinaciones del gas

  2. El Día: ¿Se dilapidó la herencia?

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Señor fiscal, sus pruebas

  5. El Día: ¿Cerrar la Caja Nacional de Salud?

  6. Los Tiempos: SE DEBE EVITAR LA VIOLENCIA

  7. El Deber: Matices de una nueva estrategia

  8. Cambio: No repetir errores del pasado

  9. La Prensa: Se debe evitar la violencia

  10. El Diario: Situación de la Caja Nacional de Salud

  11. El Mundo: Sin sorpresas

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Luces y sombras del Mercosur


El Día: Alucinaciones del gas

Mortal común que soy, poco entiendo del galimatías de las reservas de gas natural en Bolivia. Se dieron a conocer las cifras oficiales, ocho meses después de recibirlas, al tiempo que en propaganda de diagramas coloridos, se remachaba que el país tiene bastantes reservas para abastecer el consumo interno y las exportaciones.

            ¿Tiene el gas boliviano algún compuesto alucinógeno? Porque si tomamos la acepción de la droga como estupefaciente, el nuestro debe tener algún componente que vuelve zonzo al gobierno. Basta mirar al  Presidente de YPFB perorando en base a cuadros –su propio “miente, miente, que algo queda”, decía Goebbels- con los cuales se quiere tranquilizar al país. Él mismo quería convencerse, leyendo y releyendo las cifras, cual mantra lava cerebro así fuera falaz –el mantra, aclaro, no el mandamás aludido.

            En el lado de la oferta, las reservas probadas de gas están en 9.94 trillones de pies cúbicos (TCF). Una verdad aparente, porque hay que sacarlo de la profundidad con inversiones. Siguió lo que un experto llamó un “mero ejercicio académico” (como soñar qué hacer si se gana lotería de millón de euros), apilando montos de reservas de gas probables, posibles, contingentes, campos sin certificar y prospectos exploratorios en ejecución, para llegar a una ilusoria cifra de reservas en el orden de 15.5 TCF.

En el lado de la demanda, 3.1 TCF para el consumo interno. ¿Ya se ha dotado de gas domiciliario a todas las ciudades, no hay colas de amas de casa esperando una garrafa, y la mayoría de los bolivianos no cocina a leña?

Luego, asombrosa escritura sobre papel mojado, que si bien el papel aguanta todo, el agua lo hace ilegible. Ejes industriales en el centro, oeste, sur, suroeste, este, noroeste y norte del país. Faltaron puntos cardinales, aunque sugiero un “arriba, abajo, al centro y adentro” de viernes de soltero. Aparte de suplir al Mutún –sólo a la mitad de la Jindal- hasta 2017 se instalarían dos plantas de urea, otras dos para convertir gas en diesel mediante procesos de GTL y un par de industrias de polietileno. ¡Media docena de industrias en media docena de años, en país que tardó docenas de años en tener su propia refinadora de estaño!

Las plantas de tercera generación que se implementarán a corto plazo (2011-2012), propiciaron la sospecha de que en YPFB desconocen la “ruta crítica”, método sencillo de programación que, por ejemplo, en la construcción hace que no mezclen cemento y arena sin que los ladrillos hayan llegado a la obra. ¿Ya estarán produciendo las industrias de materia prima para tapones, tuberías y “petrocasas”? ¿Serán ajenos a programar costos de transporte, de materia prima producida en Mutún y Gran Chaco llevada a Oruro?
Después, 10 TCF de los contratos de exportación vigentes con Brasil y Argentina, que, cuidado, tienen cláusulas de cumplir o pagar. ¿Qué pachó, Pacho, con las exportaciones a Cuiabá, Uruguay y Paraguay? ¿Con sueños de los que yo mismo fui preso, de convertir Bolivia en nodo energético del sur sudamericano en base al gas natural? Un experto tarijeño sustentaba que el potencial gasífero de Tarija daba para 300 TCF. Bolivia se veía como el Qatar de América del Sur, moteada de industrias verticalmente integradoras del gas. Estaban en ciernes puertos de licuefacción que acercarían al mar y exportarían gas a México y Estados Unidos. Entonces alguien puso plata y soliviantó a El Alto en la ridiculez de “ni una molécula de gas a Chile” alborotada por el jingoísmo boliviano.

Ahora Chile tiene su planta de LNG, otra en ciernes. Con gas ajeno ofrece el energético al mercado argentino. Perú ya tiene su planta de LNG, sin olvidar el gas domiciliario a la Gran Lima. Cubre demandas en Ecuador, Colombia, México, EEUU, Canadá y Corea; lo ofrece a Chile y Brasil. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CAEB), ente no estatal, destaca que la inversión privada llega con mercados, ¿entienden los expertos de YPFB que nadie se tira a la piscina sin saber si tiene agua?         

La propaganda oficial machaca que el pueblo boliviano es propietario de las reservas de gas natural y petróleo. ¿Sirve de algo, si no hay gas para encender cocinas? Peor, ante la ausencia de capitales, como en Urkupiña el gobierno desportilla un pedazote de piedra de las reservas internacionales para YPFB: más de mil millones de dólares a un ente estatal cuyo historial de ejecución da para media centena. ¿No se requieren diez mil millones para que Bolivia recupere sitial en producir e industrializar gas, para reemplazar la sangría del diesel importado por gas convertido a combustible?

Aunque el gas natural es incoloro, una canción que ronda mi cabeza es “¿Dónde están tus ojos negros?, quién se los robó, se los llevó lejos de mí”. La respuesta es simple relación directa: las reservas son directamente proporcionales a las inversiones. La llamada “nacionalización de hidrocarburos” las hizo volar cual palomas asustadas a Perú. Brasil descubrió su Presal y construye una planta de fertilizantes nitrogenados en Mato Grosso do Sul. Con gas boliviano para empezar; también pueden traerlo de su mar territorial por el gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo, quizá desocupado en el futuro.

Urge asumir que nacionalizar los hidrocarburos fue la droga que mató a la gallina de los huevos de oro de las inversiones. Mientras tanto, las alucinaciones de la propaganda oficial propician un gesto basado en cómo cargaba su canasta la Caperucita Roja.

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El Día: ¿Se dilapidó la herencia?

Después de incumplir la ley por 4 años, YPFB contrató a la firma Ryder Scott para certificar las reservas de hidrocarburos del país.  Hecho eso, demoró un año adicional en dar a conocer los resultados.

Al fin, el viernes 8 de abril, YPFB dio información oficial sobre reservas de hidrocarburos con la presencia del ministro del área. No estuvieron el Presidente ni el Vicepresidente, como se tenía anunciado.  Eso está bien. No son decisiones políticas, sino valiosa información técnica, responsabilidad de YPFB.

Según YPFB, Ryder Scott certifica que las reservas probadas de gas (P1) al 31/XII/2009, alcanzan a 9.94 TCF a 3.75 TCF las probables (P2) y 6.25 TCF las posibles (P3).  Las P1 son aquellas sobre las que se tiene certeza que en las condiciones económicas actuales y con la tecnología de la fecha, pueden ser producidas.

P2 son aquellas que todavía no llenan las condiciones de las P1 y que no se anticipa puedan ser  producidas.  Las P3 son de carácter especulativo. Con estas cifras, el informe de YPFB hace una serie de malabarismos, afirmando que las reservas del país alcanzan a 19.99 TCF.

Adicionalmente, anticipa una demanda de 14 TCF para los próximos 16 años a ser cubiertos con 15.5 TCF compuestos por 100% de los P1, 50% de las P2 y 10% de las P3 más reservas no certificadas, “contingentes”, tomando en cuenta inclusive reservas a ser descubiertas.  Ejercicio simpático, pero nada profesional ni serio.

Para facilitar al lector una comparación.  El tema de control de reservas de gas es muy parecido al manejo de una cuenta corriente en un banco. Si se tiene un depósito de dinero en un banco (reservas probadas), del cual se retiran montos diariamente (producción de petróleo y gas), este fondo irá disminuyendo, a no ser que se hagan aportes o nuevos depósitos (reservas certificadas y probadas nuevas).  Por lo anterior, cuando se indica cuánto de reservas se tiene, se debe indicar la fecha.  Así Ryder Scott informa que para el 31/XII/2009, se tienen 9.4

TCF de reservas probadas.  A la fecha de la información presentada en Santa Cruz el 8/IV/11, las reservas eran menores porque se está produciendo diariamente.  Siendo más exactos, las reservas probadas (P1) al 10/IV/11, eran 9.19 TC F.

Con ese volumen, se puede garantizar la conclusión de contratos con Brasil al 2020, y la Argentina el 2026 más el consumo interno hasta esa fecha, sin incluir Mutún ni proyectos de industrialización. Con las reservas probadas actuales, no es responsable, ni serio garantizar otros consumos que estén apoyados en la incorporación de nuevas reservas probadas y certificadas.

Lo cierto es que estamos asistiendo al manejo de una herencia de reservas probadas que parecían inagotables y a las cuales no se les ha añadido otros volúmenes.  Este gobierno y YPFB heredaron reservas descubiertas en gobiernos anteriores, despectivamente calificados de neoliberales y entreguistas. La herencia sirve estupendamente para mantener al país, representando el 61% del valor de sus exportaciones.

La herencia ha dado tranquilidad financiera a todo el país e inclusive ha contribuido a incurrir en hábitos de nuevos ricos como la compra de un satélite y un avión de lujo y repartir bonos a diestra y siniestra.  La herencia ha sido y es tan cuantiosa que podrá durar hasta la segunda década del siglo si nos manejamos con cordura, pero por primera vez se ve que se puede terminar y lastimosamente no se tiene mucho nada concreto que mostrar.  En la forma clásica de dilapidar una herencia el dinero ha sido utilizado en gasto corriente.

Ahora llegó la hora de reemplazar la herencia con reservas nuevas. No se debe olvidar que las condiciones naturales  para la existencia de grandes cantidades de petróleo y gas en el subsuelo están dadas y que el poner un descubrimiento en producción comercial toma cerca de 8 años. Es la obligación del gobierno, el establecer las condiciones legales y sociales que esto sea posible y responsabilidad ineludible de YPFB el descubrir nuevas reservas, por si sola, asociada o por contrato.

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El Día: Bolítica

Las relaciones de Chile con el vecindario nunca han sido de las mejores. Un marco con dos países vecinos dirigidos por líderes nacionalistas de izquierda puede provocar un escenario de mayor tensión".

Mauricio Morales
Politólogo De La Universidad Diego Portales


Se dice que: Chile recibió señales de disconformidad de Evo Morales y de los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial en Perú, lo que anticipa vínculos más complejos en el vecindario".


En este panorama Chile no queda en un buen pie. Quedaría en un escenario de mayor soledad y con dos gobiernos nacionalistas que lo dejan en desventaja".

Ricardo Israel
Cientista Político de la Universidad de Chile

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El Día: Señor fiscal, sus pruebas

El fiscal Marcelo Soza está haciendo todos los esfuerzos para que su nombre figure en el catálogo “Créase o no” de Ripley, no sólo por la colección de absurdos que componen su investigación del llamado “caso terrorismo”, sino porque podría convertirse en el primer “defensor de la sociedad y del Estado” que destruye pruebas que supuestamente deberían servir para incriminar a los acusados. El juez cochabambino que lleva adelante el proceso contra los involucrados en el caso Rózsa, le ha pedido al fiscal que muestre las armas y los explosivos que forman parte del “gran arsenal” que debía ser usado para iniciar una guerra separatista en Bolivia. Con seguridad, a Soza se le activó el único gramo de vergüenza que le queda y afirmó que algunas de esas evidencias han sido destruidas por cuestiones de seguridad. Obviamente siente pudor por entregar un montón de matracas y fierros viejos que no asustarían ni a una patrulla de niños exploradores y prefiere presentar una excusa ridícula que seguramente será aceptada por el juez, que ha demostrado ser un buen cuate del régimen.

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El Día: ¿Cerrar la Caja Nacional de Salud?

Cerrar la Caja Nacional de Salud (CNS) es una advertencia demasiado temeraria para un Gobierno que arruina casi todo lo que toca. La amenaza la hizo el presidente Evo Morales, cuyo régimen impulsa la creación de un sistema único, que supone la desaparición de las diferentes cajas sectoriales, entre las que se encuentra la más grande de todas y seguramente, la que tiene el mayor número de dificultades para atender a sus afiliados, en un país donde la salud es un artículo de lujo para la gran mayoría de los bolivianos.

El Gobierno no opuso demasiada resistencia a las movilizaciones de los universitarios, que terminaron doblándole el brazo en defensa de su propio seguro de salud. Pusieron por delante el respeto a la autonomía y sobre todo, la gran capacidad de convocatoria de los estudiantes.

Era mucho para un régimen que se debilita a pasos acelerados. Sin embargo, con la CNS ha manifestado una evidente tozudez que se explica en la inmensa cantidad de recursos que maneja esta entidad, muy importantes para una administración que comienza a desesperase por los números rojos de sus finanzas. Luego de hablar durante años de una supuesta situación boyante, de bonanza, ingresos multimillonarios y reservas desbordantes, el Gobierno comienza a pronunciar insistentemente la palabra “déficit”. Echar mano a los fondos de la CNS sería de un gran alivio.

La Caja Nacional es ineficiente, corrupta y está manejada políticamente. Siempre se han mencionado estos problemas y el MAS no tuvo reparos para tomar la institución cuando asumió el poder, de la misma forma que lo ha hecho con la Caja Petrolera y otras entidades del sector, cuyos niveles de calidad han decaído por esta burda manipulación gubernamental. Pese a que el Estado tiene la mayor cantidad de afiliados a la CNS, la administración masista no ha hecho el más mínimo esfuerzo por saldar una deuda de más de 600 millones de bolivianos que la mantiene al borde de la quiebra.

La ciudadanía conoce muy bien las dificultades de la CNS. Muchos bolivianos tratan de buscar alternativas cuando necesitan atención médica pronta y ágil, a través de seguros privados. Pero saben muy bien que cuando los problemas van más allá de un malestar estomacal o un dolor de cabeza o cuando los sistemas empresariales les ponen limitaciones, siempre está “la Caja” para hacerse cargo de enfermedades crónicas, medicamentos costosos  y largos tratamientos que requieren equipamiento de última generación.

Es verdad que se necesita mejorar, superar las falencias y adecuar los servicios a las necesidades de todos los afiliados, pero sin duda alguna, la fórmula que propone el Gobierno no es el mejor camino para conseguir la eficiencia. Los afiliados a la CNS corren el riesgo de perder lo único que tienen y ejemplos hay muchos. Sólo hay que ver lo que ha ocurrido con las empresas nacionalizadas y otras compañías que han sido creadas por el Estado Plurinacional para anticipar un futuro catastrófico.

El Gobierno está en la obligación de buscar la universalización de los servicios de salud, mejorarlos y establecer estándares de calidad que ayuden a superar las negras estadísticas bolivianas. Pero eso no pasa por apelar a experimentos que pueden resultar costosos e inciertos para los trabajadores afiliados a la CNS.

 

La Caja Nacional es ineficiente, corrupta y está manejada políticamente. Siempre se han mencionado estos problemas y el MAS no tuvo reparos para tomar la institución cuando asumió el poder, de la misma forma que lo ha hecho con la Caja Petrolera y otras entidades del sector, cuyos niveles de calidad han decaído por esta burda manipulación gubernamental. Pese a que el Estado tiene la mayor cantidad de afiliados a la CNS, la administración masista no ha hecho el más mínimo esfuerzo por saldar una deuda de más de 600 millones de bolivianos que la mantiene al borde de la quiebra.

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Los Tiempos: SE DEBE EVITAR LA VIOLENCIA

En su desorientación, las autoridades han hecho público un documento que hace recuerdo a los "comunicados" de los tiempos de las dictaduras

Una vez más -y como sucede desde diciembre pasado- el Gobierno no atina a solucionar con creatividad, autoridad y sentido de equidad los conflictos sociales que se han gestado por la falta de una estrategia de negociación entre las autoridades del poder central y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la mayoría de las organizaciones a ella afiliadas.

Salvo para quienes propician esta movilización, está claro que la demanda por un incremento salarial de más del 10 por ciento es una demasía que no se sustenta sino en una visión de corto plazo y que, aparentemente, no recuerda que los costos fundamentales de un proceso inflacionario -que podría provocar un incremento sin respaldo de producción—los pagan los más pobres del país. De ahí que se debe buscar equilibrios macro y microeconómicos que permitan que a tiempo de persistir en la política del mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, se precautele la buena salud de la economía del país.

Sin embargo, ante la demanda el Gobierno ha reaccionado erráticamente. Insensibles a la sana crítica, las autoridades no asumen que se está pagando el costo del incremento y posterior anulación del precio de los carburantes que produjo, por un lado, un aumento generalizado de precios y, por el otro, en el campo de las percepciones en el seno del movimiento popular un divorcio con el Gobierno. Es decir, los lazos afectivos que unían al movimiento popular con el MAS y el Gobierno se han debilitado y sólo la figura presidencial, por todo aquello del simbolismo que éste representa, mantenía, aunque afectados, niveles de credibilidad y confianza.

Era sobre esa base que, por lo que se está viendo, el Gobierno debía negociar. Pero, la soberbia y la falta de un análisis crítico de la realidad pudieron más y desde el inicio de las protestas las autoridades han dado pasos en falso continuos, lo que, de una parte, ha envalentonado a los sectores populares y sus dirigentes (que a cada agresión proveniente del Ejecutivo han respondido con otra) y, por la otra, dificulta cada vez más arribar a acuerdos que permitan recuperar la normalidad.

En esa lamentable desorientación, las autoridades han vuelto a caer en error y han hecho público un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) "Por la defensa de la revolución democrática cultural", que, para quienes tienen memoria, hace recuerdo a aquellas manipulaciones de los encargados de propaganda de las sucesivas dictaduras que asolaron al país hasta 1982. Afirmaciones como "los viejos seudo dirigentes sindicales sectarios y extremistas, minúsculos partidos políticos pro imperialistas, trotskistas sectarios"; "vemos en estos sujetos a los principales enemigos de la revolución democrática y cultural", "son simples títeres de la derecha nacional y extranjera", o su llamado a que ya "es hora de defender nuestra revolución y nuestra madre tierra de los enemigos internos y externos", son ejemplos de lo dicho.

En ese contexto, ojalá que el Presidente del Estado pueda reorientar el curso de las negociaciones privilegiando la persuasión antes que la represión y la imposición o, lo que sería peor, el enfrentamiento entre sectores sociales que a nadie conviene porque, como se sabe, es fácil desatar violencia, lo difícil es pararla.

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El Deber: Matices de una nueva estrategia

Hasta el menos avisado observador puede percibir los móviles que inducen a tres expresidentes de la República a congregarse en torno al jefe del Estado, Evo Morales, respecto al tema marítimo. Tanto Eduardo Rodríguez como Carlos Mesa y Jorge Quiroga se hallan en la mira procesal-penal-represiva del Gobierno central. Se los acusa de decisiones que provocaron daños económicos al Estado, una responsabilidad que conlleva penas de cárcel.

Ante una invitación del primer mandatario para que  asesoraran  a  la comisión a cargo de la acción multilateral contra Chile, ninguno de ellos podía incurrir en el despropósito de negarse a hacerlo.  Una negativa  les habría significado un mayor rigor de la represión judicial.

De forma implícita Carlos Mesa se refirió al tema cuando declaró que se retiraría de la ‘misión’ encomendada si prosigue contra él tal acoso procesal.

El Gobierno de Morales tiene igualmente fundadas razones para rodearse de los expresidentes en su nueva ruta estratégica sobre el tema marítimo. Ellas apuntan a objetivos de política interna y externa. Los primeros responden a la necesidad de presentarse ante el pueblo  como agentes de unidad y entendimiento nacionales, respecto a un tema que une a todos los bolivianos, como el de la cuestión marítima. Y ante la comunidad internacional, con fines igualmente políticos, quiere proyectar la imagen de una Bolivia compacta. Todo esto, por supuesto, conviene a su imagen, en momentos en que diversas encuestas muestran un drástico descenso del apoyo popular a la actual gestión gubernamental y a su principal figura.

No era necesaria tanta parafernalia organizativa para proseguir en términos más o menos auspiciosos con la demanda marítima de Bolivia. Poco a poco se afirma la convicción, basada en antecedentes contractuales plenamente vigentes en el campo multilateral,  de que la vía correcta es la trilateral y no la demanda ante un organismo internacional contra el país vecino. El escollo más grave para esta última salida es el Pacto de Bogotá, que con el título de Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, aprobado en 1948 y ratificado después por el propio Congreso de Bolivia, obliga al respeto de los tratados en vigencia, los mismos que solo pueden ser revisados para fines de cancelación o modificación cuando las partes -en el marco de la relación bilateral- así lo decidan. El asunto, en el caso boliviano, se complica, porque las partes no son dos, sino tres: Chile, Bolivia y Perú, país al cual, de acuerdo con un tratado de 1929, corresponde dar luz verde a un eventual convenio chileno-boliviano.

Para la negociación trilateral, la Cancillería, con personal entendido en la materia, podría manejarse con idoneidad y solvencia. De todos modos, sería también de utilidad el aporte de los cinco expresidentes, por mucho que a algunos de ellos les asista motivos específicamente personales para negarse a hacerlo. Sin duda alguna que ellos señalarán al Gobierno la ruta de la trilateralidad, puesto que la otra, la multilateral, es por ahora totalmente errática.

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Cambio: No repetir errores del pasado

"Pensemos en nuestro país, por la paz y la unidad. Quiero trabajo y paz social (…) Estamos dispuestos al diálogo", dijo ayer el principal dirigente de la Central Obrera Bolivia (COB), Pedro Montes, y demandó diálogo al gobierno, aunque, a nombre de los trabajadores, rechazó la convocatoria del ministro de la Presidencia, Oscar Coca, precisamente para reanudar el diálogo y buscar una salida al conflicto social que condena la ciudadanía.

Además, a reglón seguido de su llamado a construir la paz y la unidad, Montes advirtió al gobierno: "Ya hasta da bronca", sobre la negativa oficial de acceder a un incremento salarial del 15% —muy superior a las reales posibilidades de nuestra economía— y anunció que, junto a los dirigentes  de la central sindical, "vamos a asumir una medida extrema".

Es decir, primero convoca a diálogo y a pensar en el futuro del país, pero luego vuelve a advertir con otras medidas de presión, las que —con la experiencia de los últimos días— son previsibles que también sean violentas. Ojalá no sea así.

No obstante, la memoria histórica señala que la paz no se construye vulnerando los derechos de miles de personas que no participan y menos apoyan las acciones violentas que grupos de trabajadores movilizados cometen en La Paz ni con la desestabilización de un gobierno legalmente constituido. Por eso, la intransigente postura salarialista nos trae a la memoria algunos hechos de la atribulada historia patria.

Si bien es cierto que la COB marcó heroícas jornadas de lucha, no sólo por los derechos de sus afiliados sino de sectores secularmente marginados por el Estado colonial; durante procesos de avance político y social —como el que vivimos los bolivianos—, la central sindical asumió posiciones radicales que, a la postre, sólo beneficiaron a los enemigos de clase de los trabajadores, del pueblo.

El 7 de octubre de 1970 juró la Presidencia el general Juan José Torres y propuso un co-gobierno a la COB, aunque gobernó con intelectuales y militares revolucionarios. Nacionalizó Mina Matilde, expulsó al Cuerpo de Paz y reanudó relaciones con el Chile de Allende y la Cuba de Castro. Estados Unidos bloqueó a su gobierno y suspendió los préstamos del BID y el Banco Mundial. El 1 de junio de 1971, la COB y el POR optaron —a un avance paulatino pero firme de ese gobierno popular— una Asamblea del Pueblo para sustituir la estructura de la democracia tradicional por un órgano de poder con participación popular directa. Este hecho radical allanó el camino al sangriento golpe derechista de Estado del 21 de agosto y dio paso a una dictadura que duró siete años.

Una vez que el pueblo recuperó la democracia, Hernán Siles Zuazo asumió la Presidencia el 10 de octubre de 1982, pero la euforia se tornó muy temprano en incetidumbre y la Unidad Democrática y Popular (UDP) no sólo sufrió tensiones internas y externas, sino que las presiones salarialistas de la COB, y los intereses de la empresa privada y de los movimientos regionales debilitaron al gobierno. El resultado fue la hiperinflación más alta de la historia, el presidente Siles tuvo que recortar en un año su mandato y el fracaso de la UDP desarmó a la izquierda boliviana.

Este proceso conspirativo —de sistemático debilitamiento del primer gobierno popular de la democracia recuperada—, del que no fue ajeno lamentablemente la central sindical, allanó la instauración del neoliberalismo; política que durante 20 años alentó el saqueo de los recursos naturales, hipotecó la soberanía, destruyó el aparato productivo y sembró miles de desocupados en la geografía patria.

En este contexto, si la actual dirigencia de la COB, tal como señaló Montes, apuesta por "la paz y la unidad del país" y la creación de nuevas fuentes de trabajo, no debería repetir los errores del pasado sino asumir que la historia demostró que una desmedida exigencia salarial y la radicalidad política sólo beneficia a los enemigos de clase de los trabajadores que, en el Estado Plurinacional, no es un gobierno nacido de lo más profundo del pueblo.

La COB no debería repetir los errores del pasado sino asumir que la historia demostró que una desmedida exigencia salarial y la radicalidad política sólo beneficia a los enemigos de clase de los trabajadores

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La Prensa: Se debe evitar la violencia

En su desorientación, las autoridades han hecho público un documento que hace recuerdo a los ?comunicados? de los tiempos de las dictaduras.

Una vez más ?y como sucede desde diciembre pasado?, el Gobierno no atina a solucionar con creatividad, autoridad y sentido de equidad los conflictos sociales que se han gestado por la falta de una estrategia de negociación entre las autoridades del poder central y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la mayoría de las organizaciones a ella afiliadas.

Salvo para quienes propician esta movilización, está claro que la demanda por un incremento salarial de más del 10 por ciento es una demasía que no se sustenta sino en una visión de corto plazo y que, aparentemente, carece de memoria para recordar que los costos fundamentales de un proceso inflacionario ?que podría provocar un incremento sin respaldo de producción? son los más pobres del país. De ahí que se debe buscar equilibrios macro y microeconómicos que permitan que, a tiempo de persistir en la política de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, se precautele la buena salud de la economía del país.

Sin embargo, ante la demanda, el Gobierno ha reaccionado erráticamente. Insensibles a la sana crítica, las autoridades no asumen que se está pagando el costo del incremento y posterior anulación del precio de los carburantes que produjo, por un lado, un aumento generalizado de precios y, por otro, en el campo de las percepciones en el seno del movimiento popular, un divorcio con el Gobierno. Es decir, los lazos afectivos que unían al movimiento popular con el MAS y el Gobierno se han debilitado y sólo la figura presidencial, por todo aquello del simbolismo que éste representa, mantenía, aunque afectados, niveles de credibilidad y confianza.

Era sobre esa base que, por lo que se está viendo, el Gobierno debía negociar. Pero la soberbia y la falta de un análisis crítico de la realidad pudieron más y desde el inicio de las protestas las autoridades han dado pasos en falso continuos, lo que, por una parte, ha envalentonado a los sectores populares y sus dirigentes (que a cada agresión proveniente del Ejecutivo han respondido con otra) y, por otra, dificulta cada vez más arribar a acuerdos que permitan recuperar la normalidad.

En esa lamentable desorientación, las autoridades han vuelto a caer en error y han hecho público un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), ?Por la defensa de la revolución democrática cultural?, que, para quienes tienen memoria, hace recuerdo a aquellas manipulaciones de los encargados de propaganda de las sucesivas dictaduras que asolaron al país hasta 1982. Afirmaciones como ?los viejos seudodirigentes sindicales sectarios y extremistas, minúsculos partidos políticos pro imperialistas, trotskistas sectarios?; ?vemos en estos sujetos a los principales enemigos de la revolución democrática y cultural?, ?son simples títeres de la derecha nacional y extranjera?, o su llamado a que ya ?es hora de defender nuestra revolución y nuestra madre tierra de los enemigos internos y externos?, son ejemplos de lo dicho.

En ese contexto, ojalá que el Presidente del Estado pueda reorientar el curso de las negociaciones privilegiando la persuasión antes que la represión y la imposición o, lo que sería peor, el enfrentamiento entre sectores sociales que a nadie conviene porque, como se sabe, es fácil desatar violencia, lo difícil es pararla.

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El Diario: Situación de la Caja Nacional de Salud

La seguridad social, desde la aprobación del decreto creando la Caja Nacional de Seguro Social sobre la base de la antigua Caja de Seguro y Ahorro Obrero, ha sufrido muchos problemas, especialmente por falta de aportes de las dependencias del aparato público que disponía de los medios financieros, destinándolos a otros rubros. Por muchas décadas – salvo entregas a cuenta – no se ha hecho los empoces respectivos ni siquiera de los porcentajes descontados por planilla a los trabajadores. La fortaleza financiera de la entidad se redujo a contar con los aportes privados que, aunque con retrasos muchos de ellos, se cumplían con alguna normalidad.

La seguridad social, implantada bajo principios de seguridad no sólo en la atención de los seguros de enfermedad y riesgos profesionales sino en los referidos a jubilación (muchos jubilados fueron transferidos a las AFPs por la Ley de Pensiones 1732), préstamos y hasta construcción de viviendas (tarea que luego fue transferida al Instituto Nacional de Vivienda) si se cumplía conforme a los lineamientos originales, hubiese resultado muy buena y eficiente no sólo para los trabajadores sino para otros sectores que el país precisaba atender.

La ineficiente atención, especialmente por carencia de infraestructura y, en casos, por la mala administración, ha determinado que muchos sectores establezcan nuevas entidades para asegurar a empleados y obreros. Los descuidos gubernamentales con la Caja de Seguridad Social y el haberla tenido como “reducto de recomendados, áulicos y partidarios de los gobiernos” ha dado lugar a desmejorar los servicios; el caso se agravó con el ingreso de la corrupción “porque algunos altos funcionarios fueron designados por conveniencias político-partidistas que velaron más por sus mandantes que por los intereses de la institución”.

Por otra parte, hay que reconocer -y así lo hicieron permanentemente muchos afiliados- que la atención médica por parte de profesionales responsables, eficientes y honestos, fue buena -con pocas excepciones que en toda actividad existen-; pero, en general, la falta de medios financieros no permitió mejorar su infraestructura, renovar permanentemente sus equipos y hacer del seguro social nacional un servicio altamente eficiente y responsable.

Hoy los problemas se repiten y es lamentable que de ello se culpe a los trabajadores que nada tendrían que ver con lo malo que ocurre en su interior; por el contrario, si hay errores graves en la Caja de Salud son debido a la falta de responsabilidad de los propios gobiernos que no han sabido preservar y mejorar un servicio que es vital para la comunidad nacional. Hoy, ante los hechos, surge la amenaza del Vicepresidente en sentido de “despedir a quienes no retornen a sus labores” al concluir una huelga. Amenaza que es un despropósito y que no mide consecuencias. Otro es el caso de prevenir con “desplazar a los asegurados a otros sistemas”, como si ello fuese factible y, además, sin haberse medido la capacidad de los sistemas existentes que, en todo caso, no alcanzarían a cubrir a los miles que cubren los servicios de la CNS.

Es preciso atender y servir a la seguridad social desde el principio de cumplir con el Estado, que es la comunidad nacional y dejar fuera de lo que se haga “al partido” y sus intereses que, en todo caso, interesa sólo a quienes conforman el mismo. Por supuesto, no corresponde cargar culpas al personal de la entidad, conociendo quiénes son los responsables y siendo parte de la situación existente. En ese sentido, organizaciones del sector salud, como CASEGURAL y SIMRA, recientemente han dado a conocer que el Estado es “deudor histórico” de la CNS, entidad a la que debe más de 600 millones de bolivianos en su condición de patrón.

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El Mundo: Sin sorpresas

El esperado capítulo final de la novela del terrorismo no logra satisfacer a los pocos interesados por la trama que desde el primer momento, mostró la mano oculta de sus autores que la llevaron adelante con el único propósito de echar sombras y crear incomodidad sobre el mayor distrito del país con abierta oposición al gobierno, la misma que fue expresada en referéndum, elecciones y otros eventos convocados por las autoridades para ver el nivel de su popularidad.

Como la trama no estaba tan bien planificada, como para no dejar resquicios, lo primero que se hizo fue evitar la presencia de observadores internacionales que podían poner en evidencia las irregularidades por todos conocidas y se les pidió cumplir requisitos que en otras ocasiones no son necesarios.

En efecto, si los requisitos hubieran sido permanentes, hubiera sido imposible que sin ellos hubieran podido ingresar al país Rosza y los otros miembros del grupo al que se le atribuye la culpa de toda la trama terrorista, con la seguridad de que no pueden defenderse.

La reaparición del fiscal Soza en escena no fue nada espectacular, ya que se limitó a recuperar la larga lista de inculpados que consiguió acumulara en base a las permanente indicaciones que recibió de los directores de la obra y de la que se convirtió en un obsecuente ejecutor.

A media que avanza el tiempo, las personas que se encargaron de mover las fichas del inmenso juego de ajedrez y que se ocuparon inclusive a trasladar personas desde el exterior del país, para ponerlas en el primer plano de la escena en algunos momentos especiales y también las que fueron protagonistas de los videos, han perdido el libreto y no saben cómo continuar el trabajo, por lo que han decidido atenerse al derecho del silencio, para dejar de abrir la boca.

La expectativa del público está actualmente en el personaje ausente, famoso por su larga lista de implicados y que luego apareció en el video soborno recibiendo el premio por el trabajo realizado; se sabe que en cualquier momento entrará en escena con la misma misión de la primera vez, echar porquería a todo lado tratando de inculpar a la mayor cantidad de personas posible. Nos imaginamos que si como lo dijo en sus declaraciones anteriores, sólo le permitieron oler los billetes para luego retirarlos, ahora estará menos entusiasmado con el papel que le toque cumplir, aunque con seguridad se encuentra bajo amenaza para que cumpla el libreto que le tienen preparado.

Por el momento, la atención del público está centrada en ese escenario y se ha decidido inclusive dejar a los trabajadores del Estado en horario continuo, para que no se pierdan los detalles y estén junto a los televisores esperando los entretelones de esta aparición final.

Por el momento, como ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de la historia del Siglo XX, el tema de la reivindicación marítima se encuentra semi congelado en manos de un grupo de ex presidentes de la ex república de Bolivia, cuya participación parece haber sido comprometida con el levantamiento de unos procesos extraños por gastos reservados, firma de convenio y contratos, y otras irregularidades que les sacaron a relucir para tenerlos silenciados.

La intención de llevar el capítulo final en forma paralela a los planteamientos de los trabajadores, para evitar que ese hecho tenga repercusión en la sociedad, parece no cumplir la misión, ya que la jornada se caracterizó, como en la víspera, por las marchas masivas, bloqueo de calles y carreteras y nuevas demostraciones de repudio a un gobierno que había ofrecido mejorar ostensiblemente las condiciones de vida de los trabajadores, olvidando que la base de esas condiciones está asentada en la canasta familiar que se halla poco menos que vacía.

En ese sentido no habrá sorpresas y se seguirá acusando a los cruceños, tal vez hasta la reina del carnaval, de haber intentado dividir el país y privarlo de su Presidente.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Luces y sombras del Mercosur

El aniversario de los veinte años del Mercosur presenta un balance de luces y sombras, entre las expectativas generadas en su creación y las realidades alcanzadas, y entre los evidentes beneficios comerciales y los escasos progresos en materia política.

El Mercosur no fue una creación original, sino la continuación de un tratado de cooperación firmado entre los gobiernos de Argentina y Brasil en los primeros años de la democracia, aunque el primero fue diseñado con un sentido más comercial que productivo. La reducción de aranceles entre los socios contribuyó al crecimiento del intercambio y, en alguna medida a las inversiones intrarregionales, pero la relación, estuvo siempre sometida a tensiones comerciales.

Para la Argentina, el Mercosur fue, en sus primeros años, una tabla de salvación, ya que fue el único grupo con el cual el país pudo mostrar un superávit comercial, aunque en los últimos años ese resultado se revirtió.

En otros campos, como la cooperación productiva o tecnológica, la creación de instituciones regionales y de sistemas de cooperación y las relaciones entre organizaciones y grupos sociales, los avances fueron poco o nada significativos según el caso.

Más pobre es el balance en coordinación de políticas exteriores, ya que ha prevalecido la priorización de los intereses nacionales en la arena internacional y, en los últimos años, la política multipolar de Brasil y la creación de la Unasur, que diluye la presencia del Mercosur en las negociaciones entre países del Cono Sur.

A pesar de esas limitaciones, el Mercosur promueve la relación económica entre los miembros y cumple un papel de facilitador de negociaciones económicas y políticas. Pero su evolución futura depende tanto de la voluntad de negociación de sus miembros, como de la capacidad de crecimiento de las economías, para evitar que las dificultades locales se transformen en tensiones en la asociación.

El balance de veinte años de Mercosur presenta luces y sombras, entre expectativas y realidades, especialmente en el terreno de las relaciones exteriores.

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