Resoluciones fraguadas eran vendidas en 23.000 dólares. Exdirector apunta a ministra Achacollo. Silencio: Voceros de las entidades involucradas se excusan de dar una información oficial al respecto.
Entrega: la ministra Achacollo (Izq.) durante un acto de entrega de títulos de tierra.
La Prensa
El Gobierno no da la cara ante denuncias en el INRA
La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Julio Urapotina, guardaron silencio ayer respecto de la denuncia de que funcionarios del INRA-Regional Santa Cruz forman parte de una red dedicada a realizar trámites paralelos a la entidad agraria.
El responsable de Relaciones Públicas del Ministerio manifestó que Achacollo “no pudo ser contactada vía telefónica porque se encuentra realizando varias actividades en Santa Cruz”; mientras que en el INRA dijeron que Urapotina, posesionado el 19 de abril, “no realizará declaraciones a la prensa hasta que no se interiorice sobre las actividades del organismo”.
F.L. y E.R.L., funcionarios públicos responsables del saneamiento de tierras en Santa Cruz y Montero, fueron imputados formalmente por el Ministerio Público de estar involucrados en el tráfico de información y de documentación institucional en complicidad con dos particulares identificados como M.S.V y A.S.P.
IMPLICADO. M.S.V. es considerado uno de los principales involucrados en este caso, porque en dos de sus oficinas fueron encontrados documentos de saneamiento de tierras (originales y fotocopias), recibos de pago por dichos trámites, cheques, una agenda de direcciones con nombres de funcionarios del INRA y autoridades de Gobierno, planos, sellos de instituciones públicas y otros.
Esta persona, que está recluida preventivamente en la cárcel de Palmasola, declaró a la Fiscalía, el 17 de marzo, que es “amigo y asesor personal de la ministra Achacollo y que la apoya en algunas diligencias a nivel político”.
Al ser interrogado por la razón por la que, durante el allanamiento a sus oficinas, llamó al edecán de la autoridad de Estado, dijo que “yo tengo los números de teléfono de su edecán, yo doy cierto tipo de asesoría, apoyo con mi conocimiento, la asesoro, no tengo ítem ni percibo algún sueldo por ello”.
En dicha oportunidad, negó haber acudido a la ministra Achacollo para que facilite la aceleración de trámites en el INRA.
Asimismo, la Fiscalía tomó declaraciones a la secretaria de M.S.V., quien dijo que desde enero de 2011 vio en dos ocasiones a la ministra Achacollo en compañía de su edecán en la oficina de su jefe.
Igualmente, dijo que vio a la Ministra en una vagoneta, la misma que el 17 de marzo fue encontrada y decomisada en la empresa de M.S.V.
Resoluciones fraguadas eran vendidas en 23.000 dólares
Según las investigaciones realizadas por el fiscal Edward Mollinedo, quien lleva adelante el caso del INRA paralelo, el monto aproximado por la venta de tierras saneadas y fraguadas en los departamentos de Santa Cruz y Beni oscilaba entre 23.000 y 50.000 dólares.
En la Resolución de Imputación 009/2011 emitida contra A.S.P., el 18 de marzo, documento presentado ante el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz y al que La Prensa tuvo acceso, Mollinedo informó que éste trabajaba con M.S.V. y vendía las tierras una vez que se fraguaba su saneamiento.
Para este efecto, añade el documento, procedían a contactarse con empleados del INRA de Santa Cruz con el objetivo de obtener la información de la base de datos oficial, fraguaban la documentación, introducían datos falsos y los utilizaban para cumplir sus compromisos económicos por un monto aproximado de 23.000 dólares americanos por cada contrato, aunque hubo casos en los que el monto exigido alcanzaba a los 50.000 dólares.
A.S.P. fue imputado de la presunta comisión de los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.
“Probaré mi inocencia ante el juez”
E.R.L., funcionario del INRA- Regional Santa Cruz y responsable hasta hace poco del saneamiento de tierras en la región de Montero, negó ayer conocer a M.S.V., sospechoso de ser el cabecilla de la supuesta red de falsificadores de títulos agrarios que fue desbaratada a mediados de marzo por la Fiscalía de Distrito de La Paz.
En comunicación telefónica con La Prensa, E.R.L., quien se encuentra bajo detención domiciliaria en la capital oriental, afirmó ser inocente y aseguró que lo probará ante un juez competente.
—¿Conoce al señor M.S.V?
—No lo conozco, no sé ni quién es este señor. La única vez que lo vi fue durante la audiencia.
—¿Cuál es su versión?
—Hay dudas sobre mi actuación, pero yo probaré mi inocencia durante el proceso judicial que se está siguiendo.
Exdirector apunta a una ministra
Exdirector: Juan C. Rojas
Juan Carlos Rojas, exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no descartó que su destitución obedezca a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la presunta existencia de una red nacional de traficantes de documentos e información de saneamiento.
Uno de los integrantes de esta organización, M.S.V., aseguró ser asesor personal de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e intentó acudir a ella por teléfono en el momento en que fue arrestado en su oficina, de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público.
“Evidentemente, las personas que se han encontrado en esta oficina hacen alusión a que la ministra Achacollo hubiera estado en esto”.
Rojas fue destituido de su cargo el 19 de abril mientras entregaba títulos agrarios junto con el presidente Evo Morales en la ciudad de Uyuni, Potosí.
“La otra oficina es de una empresa de servicios de computación cuyo responsable era el señor M.S.V., que actualmente está detenido preventivamente en Palmasola”.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en las mencionadas oficinas se encontró documentación relacionada con el saneamiento de tierras en Santa Cruz y Montero, y que, además, fueron visitadas por la ministra Achacollo en dos ocasiones. La Prensa