Improvisación. Así resumió ayer el ex presidente de la Corte Nacional Electoral, Antonio Costas, al proceso que lleva adelante el actual Tribunal Supremo Electoral de cara a los comicios judiciales de octubre.
"Veo que no hay un calendario electoral, no se han abierto las inscripciones para la actualización del padrón biométrico y no se ha dicho con qué tipo de documentos la gente podrá votar", dijo.
También señaló que la actual administración tampoco ha trabajado en el registro de extranjeros al padrón biométrico y hasta ahora ha dicho si éstos van a participar o no en el exterior, precisó.
‘Vemos que hay mucha improvisación en temas que son elementales", dijo.
Costas también señaló que el Tribunal Supremo Electoral debería mostrar transparencia porque en eso radica la confianza de la gente y no vaya a ser que por esa razón la gente no quiera acudir a las urnas o por el contrario vaya a votar en blanco o nulo.
Por eso sugirió ampliar el debate sobre la prohibición para que los candidatos presenten sus programas y no se realice una elección como dicen “ciega, sorda y muda”.
Tribunal Electoral
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral Wilfredo Ovando, informó ayer que todo está previsto para que unos cinco millones de bolivianos acudan a las urnas el próximo octubre para elegir por primera vez en su historia a 52 autoridades judiciales, de un total de 158 candidatos.
Se elegirán a los miembros del Tribunal Constitucional, del Supremo de Justicia, del Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Señaló que en mayo próximo se pondrá en marcha el proceso de apertura del registro biométrico y la preselección de los candidatos que se postulen ante el Congreso.
Movimiento Sin Miedo
Sobre el tema, el líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, planteó ayer la modificación de la Ley de Régimen Electoral, además del Reglamento de preselección de postulantes al Órgano Judicial para restablecer, a su juicio, el derecho a la libre expresión de los candidatos.
"Este momento histórico que puede abrirse en el país se encuentra en grave riesgo por la decisión y la intención del MAS (Movimiento Al Socialismo) y del Gobierno de llevar adelante un control sobre las candidaturas, de impedir el pluralismo en las mismas y, lamentablemente, en el intento de perpetuar la subordinación del Órgano Judicial al gobierno", afirmó.
También indicó que en caso de no ser escuchados Del Granado advirtió que convocará a todas las instituciones y al pueblo para que se pronuncien sobre el tema.
Con carros fúnebres
El dirigente de los trabajadores independientes de la prensa de Santa Cruz, Franz Araúz, advirtió que la aprobación del reglamento y no permitir que los candidatos expresen sus propuestas ni que los medios los entrevisten, se constituye de nuevo en una vulneración a la libertad de prensa y al derecho de información.
Por eso, este 3 de mayo, día de la libertad de expresión, saldrán en una marcha con ataúdes para simbolizar que la libertad de expresión ha muerto.
Abogados
Asimismo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, informó que ayer en un congreso extraordinario que realizan en Sucre elaboraron un reglamento de preselección y plantean formalmente a la Asamblea Legislativa participar en ésta para que la misma no sea direccionada.
‘Separatistas’ ven discriminación
El abogado Otto Ritter, defensor de Gary Prado, informó que ve discriminación en la selección de candidatos al prohibir que defensores de terrorismo puedan participar.
5 millones de bolivianos irán a las urnas en octubre para elegir a los altos magistrados del Poder Judicial.
52 autoridades Serán elegidas en octubre de una nómina de unos 158 candidatos preseleccionados.
Pasos y apuntes del proceso electoral
1. Financiamiento. El Tesoro General de la Nación desembolsará al Tribunal Supremo Electoral (TSE), unos 100 millones de bolivianos, unos 14 millones de dólares y casi el 50% estará destinado a la estrategia comunicacional.
2. Convocatoria. La Ley establece 150 días a partir de la convocatoria emitida por el órgano electoral, de esos cinco meses, dos corresponden al Congreso, para el proceso de selección por mayoría de dos tercios de votos de los precandidatos.
3. Los próximos tres meses. Estarán bajo responsabilidad del TSE para organizar y realizar el acto electoral junto a los tribunales electorales departamentales.
4. Empadronamiento. Se prevé empadronar a 300 mil nuevos inscritos para las elecciones judiciales que se sumarán a los cinco millones de votantes que están registrados en la base de datos del padrón digital.
5. Los preseleccionados. Para el Tribunal Supremo Electoral la Asamblea Plurinacional deberá preseleccionar a seis postulantes por cada región, para el Tribunal Agroambiental, el Congreso seleccionará hasta 28 personas, para el Consejo de la Magistratura el Legislativo seleccionará hasta 15 candidatos y para el Tribunal Constitucional Plurinacional elegirán a siete magistrados titulares y siete suplentes y el Legislativo hará una preselección de 28 personas.
6. Prohibición. El artículo 182 parágrafo II de la Carta Magna sólo prohíbe que los candidatos realicen campaña electoral. Los parágrafos III y IV del artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral establece que a partir de la convocatoria a elecciones judiciales, ninguna persona, organización social, colegiada o política puede realizar campaña o propaganda a favor o en contra de algún postulante por ningún medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por celular. El Tribunal Supremo Electoral está elaborando un reglamento para establecer las sanciones a los medios de comunicación.
7. Mayoría. El Movimiento al Socialismo, en función de Gobierno, tiene más de dos tercios de los curules en la Asamblea legislativa Plurinacional de 150 miembros. Ellos se encargarán de la preselección de los candidatos.
8. Inconstitucional. El artículo 106 y 107 de la CPE el Estado garantiza la libertad de expresión y de opinión.
‘Pondrán indígenas postizos’
Víctor Hugo Cárdenas Conde, aimara, nacido en Achica Abajo, provincia Ingavi del departamento de La Paz y considerado el primer indígena que llegó al poder como Vicepresidente de la República en 1993 a 1997 en una alianza entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario que postuló a Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente y a él por el Movimiento Revolucionario Tupak Katari. Ahora se muestra seguro y convencido que el tema de la cuota indígena en las instituciones públicas que postula el Movimiento al Socialismo del actual gobierno, es sólo una farsa para “el marketing”. Ahora se plantea de nuevo el tema cuando se realizará la selección de candidatos a altos magistrados del Poder Judicial.
P. ¿Cómo ve la aprobación del reglamento electoral para los comicios judiciales y la exigencia que hayan candidatos indígenas en el Tribunal Constitucional Plurinacional?
V.H.C.: Como una farsa más a las que nos tiene acostumbrado este gobierno que toma el nombre de los indígenas como parte de su marketing electoral.
P. ¿Por qué?
V.H.C: Porque ellos mismos elaborarán las listas de dirigentes sindicales afines al partido de Gobierno, es decir indígenas disfrazados o postizos que sólo responderán a sus lineamientos.
P. El diputado del Movimiento Sin Miedo, Fabián Yacsik, dice que será difícil identificar entre un dirigente indígena masista y un indígena originario sin contaminación política…
V.H.C: Eso es cierto y no lo decimos de memoria, lo hemos visto ya en la elaboración de candidatos a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y finalmente a los mismos miembros del Tribunal Supremo Electoral. En todos se habla de la cuota indígena pero en realidad son dirigentes afines al partido en función de Gobierno.
P. En términos generales ¿cómo observa las elecciones judiciales próximas?
V.H.C: Como una inteligente maniobra o truco para copar el Poder Judicial. La norma legal y los procedimientos electorales están diseñados para que el partido de gobierno se adueñe del Poder Judicial. Por eso es que han emitido algunas normas como que es accesorio el valor del título profesional de abogado y basta ser autoridad indígena. Por eso también han prohibido la difusión y conocimiento de méritos porque todo lo manejarán a su modo.
El Día – Santa Cruz