El punto sobre la I. A la distancia, debaten el ex presidente de la Corte Nacional Electoral Antonio Costas y el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando. El tema: el presente y futuro del proceso electoral boliviano.
El tránsito electoral es complejo
El Tribunal Supremo Electoral sufre su compleja construcción. La elección del órgano judicial será un auténtico salto al vacío
Los procesos y trámites electorales andan demorados. Hay al menos dos artículos de las leyes del Órgano Electoral y del Régimen Electoral que no se cumplen; el empadronamiento biométrico, que debe ser permanente, no acaba de arrancar, y no se ve en el horizonte el anhelado documento único de identidad, que debe desahuciar las fragilidades del actual carnet.
Además, las elecciones del nuevo Órgano Judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional recién serán en octubre de este año, cuando inicialmente debieron realizarse en diciembre del 2010. También están en espera al menos cinco elecciones municipales, allí donde tuvo que renunciar el alcalde a raíz de una acusación del fiscal.
Para el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, estas demoras se explican por el hecho de que el nuevo órgano electoral está en pleno proceso de construcción, “un edificio que hay que construir incluso desde los cimientos”. El TSE no es una continuación de la Corte Nacional Electoral (CNE), esto se construye “desde cero”, aclara la autoridad.
“Desde que nosotros asumimos las funciones, nos hemos avocado a estructurar y organizar como nuevo órgano (el TSE); nosotros siempre hemos dicho que no hemos continuado con el trabajo ni de la Corte Nacional Electoral ni de las departamentales, sino que hemos empezado a organizar desde cero”.
La propia conformación del Tribunal ha sido “paulatina”, pausada, admite Ovando: la Asamblea Plurinacional primero designó sólo a cuatro miembros del Tribunal, “luego, recientemente, hace dos meses (o sea, en febrero) se ha designado a los tres restantes”.
“Desde cero”. Para el ex presidente de la CNE Antonio Costas, no hay tal. En el tránsito que debe haber entre la Corte y el Tribunal, “en los hechos no ha habido un gran cambio; si bien es cierto que el nombre es radicalmente diferente, la esencia de la Corte se refleja en el Tribunal”.
Una prueba de la complejidad de la construcción del nuevo Tribunal —retruca Ovando a la distancia (las entrevistas fueron hechas por separado)— es, por ejemplo, la necesidad que tiene el Tribunal de elaborar más de 70 reglamentos para los futuros procesos electorales, de los cuales cinco para la elección del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Esos nuevos reglamentos deberán regirse a la nueva Constitución Política del Estado debido a que los anteriores no sirven, tienen base en la antigua Carta Magna.
Con todo, Costas advierte que ya existen incumplimientos. Por ejemplo, es el caso de la tercera disposición transitoria de la Ley del Régimen Electoral, en la que se establece el plazo de registro de los bolivianos en el exterior.
Allí se señala que este empadronamiento vence en junio del 2011, y hasta la fecha, a dos meses del término, aún no se ha iniciado nada. Así, será difícil que en dos meses se haga algo, recuerda Costas.
Otro plazo vencido es el de la cuarta disposición transitoria de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional. Esta norma dispone que una vez constituido el Tribunal, debe conformarse una comisión interinstitucional que estudie las condiciones necesarias para la elaboración del nuevo “documento único de identidad (DUI)”, y que en tres meses emita un informe al respecto (o sea, noviembre del año pasado), el cual debe ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sobre ello, Ovando informa que efectivamente la comisión fue formada y funcionó. Ha emitido un último “informe preliminar, pero que por cuestiones de estrategia no quisiéramos dar a conocer todavía (…), lo dejamos con el Ministro de Gobierno”, dice con recelo.
Esencial. Lo que parece un mero detalle de plazos, para Costas es un tema de fondo: el DUI es una vieja aspiración nacional que hoy ya puede empezar a ser una realidad si se usara el registro biométrico elaborado por la Corte Electoral. Es algo que ya se pudo haber avanzado desde la posesión del TSE, en agosto del 2010.
La consecuencia inmediata —señala Costas— es que en los próximos comicios igual se tendrá que recurrir al RUN (registro Único Nacional), la cédula, caduca o no, y otros documentos no siempre confiables. La intención del referido artículo de la Ley del Órgano Electoral precisamente es enmendar las falencias de los actuales documentos de identidad con el uso del biométrico electoral, cuya base asciende a casi cinco millones de registros.
El artículo 99 de la Ley del Régimen Electoral establece que “el Padrón Electoral se actualizará de manera permanente por el Servicio de Registro Cívico ( )”. Esta actualización debe ser permanente porque en el padrón se debe incluir a las personas que cumplieron 18 años, la depuración de los fallecidos, los cambios de domicilio, “la suspensión o rehabilitación de los derechos de ciudadanía a efectos electorales” y el registro de las personas naturalizadas.
Abril. Cuestionado al respecto, Wilfredo Ovando, anuncia que el empadronamiento biométrico permanente será puesto en marcha a fines de abril, pero con terminales sólo en la sede de los tribunales departamentales (en las capitales de departamento) y en algunos centros más poblados. En todo el país se tratará de entre 45 y 50 puntos, admite.
Será luego, 30 días antes de las elecciones, que se llevará a cabo el empadronamiento masivo, con equipo biométrico (en lo posible) en cada notaría del país. Se confirmó que el Tribunal cuenta con casi tres mil equipos (los mismos del anterior proceso electoral) para este cometido.
Antonio Costas ve en esto un retraso de al menos ocho meses, desde agosto del año pasado, cuando se posesionó el Tribunal. El registro biométrico ya debió ser independizado del proceso electoral y haber empezado hace varios meses, porque tiene que ser permanente.
El último registro se cerró en febrero del 2010 —informa Costas— y, en este sentido, ya hay un “rezago registral” de más de un año.
La mayor inquietud del ex presidente de la Corte radica en la posibilidad de que el sistema presente problemas debido al agolpamiento de nuevos inscritos que se viene. Cita como ejemplo que cuando estuvo abierto el registro, entre octubre del 2009 y febrero del 2010 (cinco meses), se tuvo 250 mil nuevos inscritos. Habrá que tomar las previsiones que corresponda frente al acumulado de nuevos, de más de un año, advierte.
Un hecho clave para el pleno rendimiento del biométrico es que éste funcione en línea, conectadas las terminales en todo el país con la central, pues sólo de este modo, por ejemplo, los cambios de domicilio podrán ser registrados adecuadamente; de lo contrario, si no funciona en línea, el sistema empezará a contar como doble inscripción cualquier rectificación que haga alguien inscrito anteriormente.
Antes, cuando se realizó el registro biométrico, el no estar en línea no era problema, pues era la primera vez. Pero ahora, cuando hay una base de datos de casi cinco millones de personas, la probabilidad de que haya personas que se registren más de una vez, es alta, explica Costas.
Sui géneris. Para bien o para mal, la próxima elección del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional será sui géneris. Será la primera elección en el marco del nuevo orden constitucional, la primera en que se eligen a los jueces supremos del país, la primera convocada por el Tribunal Electoral (hasta ahora lo hacía el Congreso). Será la primera, también, en la que los candidatos no harán propaganda alguna, y la primera en que la elección de la ciudadanía estará basada primordialmente en los méritos de los postulantes.
Esta elección originalmente debió ser llevada a cabo el 5 de diciembre del 2010, pero con la Ley 040, del 1 de septiembre del 2010, esto fue modificado y la justa electoral quedó sin fecha. El presidente del Tribunal ya adelantó que los comicios serán en octubre y lo más probable es que —complementa— la convocatoria salga en la primera semana de mayo, pues desde ese momento habrá 150 días hasta el acto eleccionario.
Y he aquí otra novedad del actual proceso. Cuando antes era el Órgano Electoral el que debía acomodar su agenda a la convocatoria emitida por el Congreso, ahora será al revés: la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá adecuar su agenda y trabajo a la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, pues desde que ésta sea publicada, la Asamblea tendrá 60 días para “la postulación y preselección de postulantes” (artículo 77 de la Ley del Régimen Electoral); será luego, en los siguientes 90 días, que el Tribunal deba organizar la justa electoral.
Ovando destaca la peculiar complejidad de esta elección: en realidad se elegirán miembros de cuatro tribunales, el Supremo de Justicia, el Agroambiental, el Consejo de Magistratura y el Tribunal Constitucional, todo en una sola papeleta; habrá 125 candidatos para 56 cargos, preservando la equidad de género y la presencia indígena. Por eso también la relativa demora en la convocatoria.
Costas, sin embargo, no ve tanto problema en el proceso electoral mismo, que —es más— considera simple, de circunscripción departamental y nacional. Lo verdaderamente preocupante y en el que se deberá poner todo el esfuerzo será en el hecho de que la gente votará por los méritos de los candidatos. Así, el asunto clave en la elección será la información que tenga la ciudadanía sobre los candidatos.
Al respecto, según el artículo 80 de la Ley del Régimen Electoral, “el Tribunal Supremo Electoral es la única instancia autorizada para difundir los méritos de los postulantes seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de los 45 días previos a la votación”.
En las ‘cuentas por pagar’ del Tribunal también están pendientes las elecciones municipales, que deben llevarse a cabo de manera obligatoria, una vez que varios alcaldes renunciaron a su cargo.
Sobre esto, Ovando señala que el TSE tiene que priorizar la elección nacional, del Órgano Judicial, y que las municipales vendrán después. Admite que también hay un retraso, pero que lo primero es lo primero.
La autoridad adelanta que hasta finales del 2011 se realizarán entre una o dos de estas elecciones y sólo después de las del Órgano Judicial. Descarta toda posibilidad de que ambos comicios se lleven a cabo de manera paralela: “sería como mezclar agua con aceite”.
La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, instituye el TSE “como el máximo nivel” del Órgano Electoral Plurinacional, con jurisdicción nacional.
La Razón