‘Ojalá que esta experiencia sirva’

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: La carreta delante de los caballos

  2. El Día: Obsesión estatizante y narcisismo opositor

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Ya ni eso…

  5. El Día: ‘Ojalá que esta experiencia sirva’

  6. Los Tiempos: LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA AGENDA NACIONAL

  7. El Deber: ¿Quién no tiene un arma?

  8. Cambio: Bs 50 diarios para marchar

  9. La Prensa: No empeoremos las cosas

  10. El Diario: A favor del latifundio y contra la propiedad privada

  11. El Mundo: Experiencia

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Incertidumbre por presión sindical


El Día: La carreta delante de los caballos

¿No es al revés? Claro que es al revés; pero también sucede lo otro; de eso ni duda cabe. Varias cosas que suceden hoy en Bolivia tienen la impronta de esa realidad: la carreta por delante y los caballos después.

Hay problemas y situaciones de la vida que tienen la virtud de probar hasta dónde llega la lucidez para razonar o la capacidad para actuar; o a la inversa: hasta dónde la ineptitud o la estupidez. Ahora no sabríamos decir quién está en cuál lado. Que eso lo diga el “soberano”; él es el juez.

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Uno de esos problemas es el mar. Por encima de tratados y normas, una decisión política con Chile era el rumbo adecuado para el acceso soberano al Pacífico. Lo dijo Morales varias veces. La agenda bilateral de hace cinco años, más la diplomacia de los pueblos y la confianza mutua, eran parte de esa estrategia. A su vez, el Canciller por poco no dijo que el mar ya estaba a la vuelta de la esquina. Sólo faltaba “una propuesta oficial escrita”.

Con ese antecedente se esperaba un 23 de marzo distinto. ¡Al fin un logro espectacular! En medio de la convulsión estridente de dinamitas y gases lacrimógenos, el mar de la ilusión venía como anillo al dedo. Una expectativa tensa precedió al día de homenaje al héroe del Topáter. Algo nuevo se trae entre manos el Presidente, ¿qué será?

Desde Chile se avizoró otra realidad. Su profesionalismo en diplomacia  les permitió predecir un cambio en la actitud de Morales. Después del gasolinazo frustrado, la popularidad de éste cayó en picada. En situaciones similares, varios gobiernos recurrieron al tema del mar. ¿Haría otro tanto Morales? La probabilidad era muy alta. Chile no se equivocó. Opiniones de diversa fuente en Bolivia le confirmaron.

Para lo que sigue después no hay otra explicación. Acosado por los problemas, Morales dio un salto acrobático de join venture; un giro de 180 grados, como varios han dicho. Sin reparo calificó de “trampa” el inútil empeño de los cinco años. En realidad Bolivia leyó lo que no estaba escrito; escuchó lo que nadie dijo: la palabra “soberanía” siempre estuvo ausente. “Chile no aceptaba discutir el tema formalmente de manera oficial”, reveló el Canciller.

Pero en lo que hace al efecto buscado, Morales tampoco se equivocó. El sorpresivo cambio de estrategia desplazó a un segundo plano –por lo menos momentáneamente- la convulsión social que rodeaba el Palacio Quemado. Es el madero salvador. ¡No falla! Luego del lance, junto a otro tema distinto corría su imagen por el mundo.

Ahora queda la factura del desafío. La simultaneidad de diálogo y litigio con Chile está desahuciada. Se pinta largo, complejo y oneroso el pleito. Falta información, no hay datos. Bolivia acaba de habilitarse para recurrir a los tribunales internacionales. Se han creado varios organismos a la rápida. Morales se portó fino con los ex presidentes: “la necesidad tiene cara de hereje”. Todo revela improvisación emocional, incongruente con la importancia y seriedad del tema. ¿No era mejor pensarlo primero bien  y después tomar la decisión?
     El autor es columnista independiente.

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El Día: Obsesión estatizante y narcisismo opositor

El Estado Plurinacional (EP) no encuentra equilibrio. Al igual que en Bolivia, su antecedente o referencia jurídico político, el discurso de los gobernantes pasa de manera asombrosa de un período radical de derechas a otro radical de izquierdas. De socialistas a neoliberales. No aparecen los matices.  En la oposición ocurre lo mismo, sufre de vértigo conceptual doctrinal.

La ciudadanía, entre absorta y triste, contempla cómo casi ninguno sabe de lo que está hablando.  El MAS, catapultado al poder con la promesa “del cambio”, un caballo de Troya para todo residuo de la izquierda más conservadora y retrógrada de entre los políticos bolivianos. Entendieron, una vez más, que era “ahora o nunca”, no para  reivindicaciones político sociales, sino para salir de la pobreza. La corrupción convertida en debilidad manifiesta en la administración del Estado.

Las reivindicaciones o la Torre de Babel. El grueso de los seguidores, indígenas y campesinos aglutinados en los denominados movimientos sociales, el 30% de la población nacional, entendió, cada uno a su manera, lo que debería significar el cambio –se trataba básicamente de recibir lo que se pida-, traducido esto en reivindicación legal por postergaciones recientes o ancestrales y, por tanto, reclamos que deberían plasmarse en derechos reconocidos en la CPE y las leyes, eliminando discriminaciones y marginalidades inaceptables en democracia y hasta en sociedades mínimamente civilizadas. Otras eran más rupestres, compartidas con  sectores marginales urbanos, pues  la falta de oportunidades les dejaba con pocas o nulas posibilidades de ascenso económico y social; era la hora de compensar. Sin embargo, el Estado privilegia a las FFAA ante educación, salud, empleo, no atiende las exigencias básicas de los sectores desprotegidos, no por falta de ingresos sino por incapacidad.

No basta la intención ni la buena voluntad. La improvisación ha caracterizado los planes y programas económicos de los últimos cinco años. Al éxito en las reformas políticas se contrapone el desastre en el control o descontrol del gasto público, en la promoción de inversiones; se frenó a los sectores privados más competitivos, hubo confusión en la definición estratégica pública – privada en las áreas más prometedoras como son la agroindustria, la explotación de minerales (incluyendo el hierro y el litio) y la industrialización del gas. No es posible seguir justificando con estupideces la inoperancia, ignorancia, deslealtad, en que se convierten los  argumentos de verdaderos vendepatrias ante los reclamos por la marcha del proyecto con la Jindal Steel & Power. ¿Se lo quiere entregar a Venezuela el Mutún?, dígalo el gobierno de una buena vez, para que Puerto Suárez, Santa Cruz y el país entero haga oír su voz.

La empresa bandera del EP a la deriva, se hunde. YPFB reúne todos los signos y síntomas malignos apuntados a otros sectores. Después de años escondiendo información, ocultando  desde agosto 2010 el estado de las reservas de gas, manipulando gestores que deberían dar estabilidad técnica a la empresa (de nuevo un presidente dedicado a fiscalizar en persona los surtidores la emisión de facturas, repitiendo el ridículo de otro que casco en testa trepado a un cisterna pretendía controlar el contrabando de combustible), se pelea con todos los que hoy garantizan el servicio en casi todo el territorio nacional. ¿Salvará la debacle “invertir”, para otros, sinónimo de “botar”, los 1.800 millones de dólares (MD) anunciados el 2011? La producción bajó, las reservas no son suficientes ni para soñar con la industrialización, Brasil se convirtió en competencia y en Argentina empiezan por calificar de “ilógico” el precio que nos pagan, apuntando que lo más “razonable” es aplicar una cláusula de los contratos de 2006 para “renegociar” (J Lapeña, Presidente del Instituto Argentino de Energía, www.hidrocarburosBolivia.com). El país vuelve a preguntarse, ¿qué pasó, cuando se echó prácticamente a Petrobras y se abrieron los brazos a Venezuela con Petroandina?

La agenda en Cochabamba entre Hugo Chávez y Evo Morales. Analizarían cómo han llegado ambos a la cola de los países respecto a seguridad jurídica a las inversiones, a estar entre los países menos atractivos del mundo para la inversión externa, de líderes de la corrupción, de la inflación, del menor crecimiento respecto a sus vecinos, denunciados por flagrantes atropellos a los derechos humanos, a la libertad de información y al Estado de Derecho. ¿Se podrían de acuerdo en algo tan básico, que es mejor dejar hacer y dejar trabajar que meterse en todo sin saber prácticamente de nada? ¿Qué pasó con la plata?

El país ha tenido los mejores ingresos de su historia, por la mayor demanda externa y los altísimos precios a sus productos tradicionales y no tradicionales,  por las remesas de millones de compatriotas que sudan fuera por oportunidades que no encuentran dentro, los dólares del tráfico ilegal de drogas (reconocidos por el Vice,  unos 700 MD anuales) y, los 10.000 MD en reservas en el BCB. Pero ahora, por fin se supo que la deuda pública interna y externa casi se llevan todo. En boca del Presidente, no hay plata para aumentar sueldos y que el déficit fiscal para el 2011 está calculado en 880 MD.  Que el país está endeudado hasta el jopo: el 85% de la mentada reserva “neta” está en papeles, son bonos del Estado emitidos y transferidos a inversores privados.

En definitiva, el país está acorralado. Entre un gobierno con una obsesión, cantar loas al porcentaje de la economía controlado por el Estado (alrededor del 35%), aunque sus empresas arrojen  pérdidas, y de otra, una oposición narcisista que agota sus energías delante del espejo preguntándose quién es el más bello. Críticos recalcitrantes a Evo Morales hasta que los invita a Palacio donde hacen gala de la mejor de las  sonrisas: basta el aroma del Quemado, cercanía al símbolo del poder,  para cambiarles el humor.
 

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El Día: Bolítica

Ante la desidia del Gobierno central para protegernos del narcotráfico, las autoridades locales y departamentales y la sociedad civil están convocadas a un cónclave regional para buscar soluciones y alcanzar una sociedad sana".

Carlos Dabdoub
Ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz


Se dice que: Santa Cruz es la ciudad más peligrosa de Bolivia. Es una triste verdad que tenemos que asumir todos los cruceños. El reconocimiento de esta verdad será el punto de partida para el cambio".


Santa Cruz debe elaborar su propio plan de seguridad ciudadana. Si no lo hacemos nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. La voluntad política es vital en ello. Tenemos una ley de Seguridad Ciudadana
apliquémosla".

Jimmy Ortiz
Analista Político

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El Día: Ya ni eso…

Una de las tantas explicaciones que justificaba los sucesivos triunfos del MAS, nada menos que en cinco contiendas electorales en cinco años, estaba relacionada con la tranquilidad que tal vez podría traer al país el hecho de que el campeón de los bloqueos estuviera en el bando correcto y que por lo tanto, las protestas, los dinamitazos, las piedras y los “hasta las últimas consecuencias” cesarían un poco y el ciudadano de a pie podría, al menos, tomar un micro sin miedo a que de aquí dos cuadras algún sindicato, asociación, movimiento, junta o fraternidad esté bloqueando y quemando llantas. Pero ocurre que ya ni eso, pues los mismos compañeros de antiguas barricadas, le están haciendo probar de su propia medicina al presidente Morales, quien está soportando el mayor número de protestas y malestar social de los últimos 41 años. Así lo asegura un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), entidad que ha registrado 240 conflictos el primer trimestre de 2011, unos 30 más que en el mismo periodo del 2010. Para suavizarlo un poco (así nomás es él), el Vicepresidente ha bautizado a los conflictos como “tensiones dialécticas  creativas”. Pero sabe señor vice, mucho ya se están pasando de creativos ustedes. La verdad es que del lado contrario hacían menos daño al país.

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El Día: ‘Ojalá que esta experiencia sirva’

¿Qué es lo que no se ha prometido en materia de lucha contra inseguridad? ¿Cuántos planes han diseñado para enfrentar este problema? ¿Qué es lo que todavía no ha ocurrido en esta ciudad abierta de par en par al crimen? Obviamente, nunca antes una autoridad de la jerarquía del gobernador Rubén Costas había sido blanco de la delincuencia y es el mismo mandatario el que paradójicamente exclama desde la cama de una clínica, después de haber salvado su vida por un milagro: “Ojalá que esta experiencia sirva”.

Rubén Costas habla como un ciudadano común, como todos aquellos que diariamente son víctimas de atracos, de robos y de ataques violentos, hechos que no consiguen sacar las autoridades de la pasividad frente un problema que se lleva vidas humanas, destruye familias y el patrimonio de personas que trabajan y producen para lograr su bienestar. Gracias a Dios el Gobernador se recupera y puede hablar y protestar por todos. Seguramente ahora también tendrá todo el ánimo para comenzar a cambiar la historia de Santa Cruz, una capital cuyas estadísticas de criminalidad han comenzado a llamar la atención de la prensa extranjera, que reporta azorada el florecimiento de cárteles internacionales de la droga que cometen asesinatos y ajustes de cuentas en plena vía pública.

El grito del Gobernador puede servir por supuesto, para que se acaben esas jugarretas llamadas planes de seguridad que nacen y mueren en una sola noche y que son promovidos desde el Ministerio de Gobierno simplemente como una estrategia mediática. Lo sucedido con Rubén Costas debe provocar vergüenza en la Policía, politizada, abocada casi exclusivamente a los afanes de persecución política del régimen, corrompida por el narcotráfico y absolutamente desentendida del sufrimiento de la población que se las ingenia como puede para protegerse de los criminales. Ojalá se acabe esta actitud infantil del Gobierno central que se niega a coordinar y cooperar con las regiones porque en el fondo parece disfrutar de lo que ocurre, no sólo porque tiene la oportunidad de debilitar a las autoridades locales de la oposición, sino porque la inseguridad termina convirtiéndose en funcional al sistema autocrático violento y represor.

Todo en la vida tiene un propósito y habrá que aprovechar el grave incidente del Gobernador cruceño para actuar de una vez por todas contra ese tumor llamado cárcel de Palmasola, paraíso de la injusticia, un verdadero infierno donde los criminales “perfeccionan” sus habilidades y donde reclusos y policías han establecido sus propias reglas que determinan en gran parte la situación de intranquilidad en la que viven los vecinos de todos los barrios.

¿Hasta cuándo vamos a soportar ese oprobio que nos amenaza, nos mata y nos mantiene en un miedo constante? ¿Tiene que morir alguien? ¿Quién? La inseguridad es todavía un problema manejable en Santa Cruz, pero atacarlo con firmeza depende de una reacción que involucre al conjunto de la sociedad. Depende de los políticos, de la Policía, de las empresas y los ciudadanos. Se trata de decidir si vamos a soportar para siempre una Policía corrupta e ineficiente, unas autoridades complacientes con el crimen y sin interés por el bienestar de la gente. El asunto es optar por una ciudad encaminada a la insostenibilidad por la vía de las mafias y el crimen organizado o por una comunidad donde se puede vivir, trabajar y salir por las calles en paz.

El grito del Gobernador puede servir por supuesto, para que se acaben esas jugarretas llamadas planes de seguridad que nacen y mueren en una sola noche y que son promovidos desde el Ministerio de Gobierno simplemente como una estrategia mediática. Lo sucedido con Rubén Costas debe provocar vergüenza en la Policía, politizada, abocada casi exclusivamente a los afanes de persecución política del régimen, corrompida por el narcotráfico y absolutamente desentendida del sufrimiento de la población que se las ingenia como puede para protegerse.

 

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Los Tiempos: LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA AGENDA NACIONAL

Ojalá que la iniciativa presidencial no se diluya con el impacto noticioso del hecho que la motivó, pues el problema debe recibir la atención que merece

Tuvo que ser nada menos que el Gobernador de Santa Cruz, uno de los personajes más importantes de nuestro país, el que por pura suerte sobreviva a un ataque en pleno centro de su ciudad, a pocas cuadras de la sede del gobierno departamental y a plena luz del día, para que el problema de la seguridad ciudadana, identificado ya hace mucho tiempo por la ciudadanía como uno de los más importantes, reciba por fin la atención que merece.

Hasta anteayer, cuando no era un personaje principal, sino miles las víctimas anónimas de las muchas formas de delincuencia que asuelan todas las ciudades de nuestro país, el problema de la seguridad ciudadana estaba muy lejos de figurar entre las prioridades de la agenda pública nacional. Era inimaginable, por ejemplo, que el Presidente del Estado Plurinacional convoque a una "Cumbre por la seguridad ciudadana" y mucho menos que los diputados y senadores anuncien su decisión de "acelerar" la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana de la que todos parecían haberse olvidado.

Que haya sido el Gobernador cruceño la más reciente víctima de la delincuencia ha servido también para que los altos mandos de la Policía Nacional dejen de minimizar el asunto con afirmaciones como la que hizo hace poco una autoridad policial que, al referirse al tema, sostuvo que hablar de inseguridad ciudadana es una exageración pues, según su evaluación del problema, lo único que hay es una serie de "hechos delictivos aislados".

Después de la vigorosa reacción presidencial ante el atentado sufrido por el Gobernador Costas, tampoco es probable que alguna autoridad gubernamental o policial ose afirmar que la inseguridad ciudadana es sólo una "sensación artificialmente alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación", como lo dijo hace no mucho tiempo un funcionario gubernamental.

Es por supuesto lamentable que haya sido necesario llegar a un extremo como éste; que la violencia criminal haya tenido que afectar a la principal autoridad de la ciudad más damnificada por la delincuencia de nuestro país para que se sacuda la conciencia colectiva sobre la magnitud y gravedad del problema. Se debe reconocer que tanto gobernantes como gobernados estábamos llegando ya a ese peligroso punto en el que los males, por lo frecuentes que son, terminan por ser aceptados pasivamente como parte de la normalidad. Cuando las personas o las sociedades llegan a ese punto es cuando hasta las más importantes causas pueden darse por perdidas y es bueno que el gesto solidario y valiente del Gobernador Costas haya servido para evitar que eso ocurra.

Ha sido al influjo de esa súbita toma de conciencia sobre la magnitud del mal que el Presidente Morales, además del noble gesto de visitar a su rival político en el hospital, ha decidido incorporar la seguridad ciudadana en la agenda de las prioridades nacionales y para ello ha convocado a una reunión de alto nivel en la que deberán participar gobernadores, alcaldes, autoridades policiales y representantes de todas las instituciones que, directa o indirectamente, tienen algo que ver con la seguridad ciudadana.

Es de esperar que la iniciativa no se diluya junto al impacto noticioso del hecho que la motivó, pues la sociedad espera que sus gobernantes se acuerden de sus problemas siempre, y no sólo circunstancialmente.

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El Deber: ¿Quién no tiene un arma?

Por personales constataciones estábamos convencidos plenamente de que adquirir un arma, cualquiera fuese sus características y fines, era difícil, por no decir directamente imposible, y solo se lo lograba previo engorroso trámite en más de una oficina a cargo de dos o más burócratas plenos y  orondos.

Las severas y estrictas limitaciones no concernían únicamente a la compraventa de armas en sí. A la vez había que sortearlas o superarlas en tratándose de la compra de municiones, balas, cartuchos, pólvora, perdigones y otros implementos. En nuestro medio, la afición a la cacería de animales silvestres imponía una serie de obstáculos fiscalizadores que eran imposibles de soslayar.

¿Será que todas las limitaciones que regían para la compraventa de armas de fuego han sido derogadas? ¿Será que en estos tiempos de graves descontroles la compraventa de armas de fuego de todo calibre es tan libre como la adquisición de un paquete de velas, por decir algo graficante? Vale la pena despejar esta duda que agudamente se nos ha metido en la mollera a los ciudadanos en general, sin excepción alguna.

Y como parece que en esta cálida, inmensa y abigarrada Santa Cruz de la Sierra cada vez nos conocemos menos unos y otros, no hay más el sentimiento de familia que otrora nos unió e hizo correr en nuestras venas sangre fraterna, pues allí estamos los autóctonos y los allegados mirándonos con recelos manifiestos y muchos, es lo peor, con un arma que se adquiere hasta en pulperías, bajo el poncho.

Hasta cierto punto, la tenencia de armas tiene poderoso justificativo tomando en cuenta lo peligroso que se hace moverse en medios que, como el nuestro, aparece copado por criminales sin Dios ni ley. Pero a pesar de esta verdad incuestionable, no se podrá concebir nunca la liberalidad que rodea la compraventa de armas de fuego de terrible poder mortífero.

Es preocupante en grados realmente extremos la tenencia de armas en casi todos los hogares de nuestra congestionada y heterogénea, amén de prevenida y justamente alarmada, urbe. Mas, por muy preocupante que sea la sensación de inseguridad pública e irrevocable la determinación de autoprotegerse, el comercio de las armas de fuego no puede aceptarse de ningún modo como si se tratase de la compraventa de velas o cosas por el estilo.

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Cambio: Bs 50 diarios para marchar

"Desde que llegamos ya vamos con una suma de 300 bolivianos, mañana (hoy) nos van a dar otros 50 (bolivianos) y así sucesivamente de acuerdo a los días que nos quedemos. En el momento en que se suspenda nosotros tenemos que retornar inmediatamente a nuestras regiones (…)", aseguró ayer Celso Medina, un trabajador pandino de la Caja Nacional de Salud (CNS) de la ciudad de Cobija.

¿Y los 50 pesos diarios no le alcanzan?, preguntó al trabajador movilizado por la COB una reportera de la Red Patria Nueva. "No alcanzan, pero ya nos privamos de un desayuno para tener un buen almuerzo y comprar un pancito para la noche ¿no?, entonces eso es lo que estamos nosotros acá sufriendo. Exactamente estamos sufriendo de la alimentación y el hospedaje es muy sacrificado", agregó Medina, en una declaración que revela que la permanencia de cientos de trabajadores en La Paz tiene un costo, un altísimo costo para "trabajadores que luchan por un incremento salarial".

Y si es cierto que "miles de asalariados" del interior del país están presentes en La Paz —como dicen algunos dirigentes— ese costo se multiplicaría. Pero un cálculo sólo sobre 500 asalariados de otras ciudades en la sede de gobierno, demandaría la erogación de 25.000 bolivianos diarios, es decir, se tendría que haber pagado al menos 100.000 bolivianos en los últimos cuatro días, según el dato proporcionado a la Red Patria Nueva por el trabajador pandino Celso Medina.

En ese contexto, ¿cuál es la fuente o las fuentes de esos recursos para sostener en La Paz a cientos de trabajadores del interior del país? ¿Es la COB, las federaciones o las confederaciones afiliadas las que financian ese elevado costo? ¿O será que ese financiamiento corre a cuenta de aquellos sectores eltraconsevadores que intentaron en 2008 derrocar al presidente Morales?

Las preguntas son muchas y las respuestas    —al menos por el momento— no aparecen. Entonces, urge que los dirigentes de la central sindical expliquen, no sólo a los trabajadores sino al pueblo, sobre la fuente de esos recursos con los que se financia la permanencia en La Paz de cientos de maestros, salubristas, universitarios y municipales del interior del país. Es que la declaración de Medina encuentra base de sustento, porque no es coherente que trabajadores —en el caso del magisterio con un promedio de 2.200 a 2.800 bolivianos mensuales— eroguen de su propio bolsillo gastos extraordinarios que cubran su estadía en La Paz, con al menos dos comidas al día, alojamiento y otros gastos emergentes.

No es el caso de dirigentes como Jaime Solares, quien, pese a percibir 12.130 bolivianos mensuales y aportar 1 boliviano a la COB, considera "insuficiente" el incremento salarial del 10%.

En ese contexto, la población paceña condenó unánimente la violencia que desatan grupos de vándalos incrustados en las marchas de la central sindical, porque sería faltar a la verdad asegurar que son todos los trabajadores movilizados quienes participan de esos actos reñidos con la ley.

Sin embargo, una dirigencia politizada y liderada por personajes como Solares —a quien, un ex preso político de la dictadura de Hugo Banzer, Pedro Mariovo, identificó la noche del martes como a uno de sus carceleros mientras estuvo detenido en la cárcel de Chonchocoro— no puede seguir mintiendo a los trabajadores de base.

No es cierto que el gobierno no atendió las demandas laborales. Los ocho puntos de la agenda, que discutieron durante 18 horas, fueron positivamente respondidos; incluso el incremento salarial, porque el compromiso del presidente Morales de decretar un aumento superior a la inflación, que en 2010 llegó al 7,8%, fue cumplido. Se fijó en 10%.

Y mientras la política salarialista de la COB atenta contra los habitantes de La Paz con la explosión de dinamitas —ayer fueron heridos seis policías— el Jefe de Estado trabaja y entrega obras en varias regiones de la geografía patria.

Los ocho puntos de la agenda fueron positivamente atendidos; entre ellos el aumento salarial, porque el compromiso de decretar un aumento superior a la inflación, que en 2010 llegó al 7,8%, fue cumplido. Se fijó en 10%.

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La Prensa: No empeoremos las cosas

¿El Estado habrá negociado la ?nacionalización? de ciertas empresas mineras a cambio de la imposibilidad de incrementar el salario de los trabajadores en los porcentajes demandados?

La Constitución Política del Estado dispone, en su artículo 349, que ?los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo?. En consecuencia, previo procedimiento administrativo de expropiación, también previsto por la Carta Fundamental, se podría decir que la Asamblea Constituyente generó las condiciones legales perfectas para que el Gobierno pueda ?nacionalizar?, cuando considere necesario, emprendimientos económicos que tienen como objeto la explotación de recursos naturales no renovables.

Bajo este contexto, la declaración realizada por el Presidente, respecto de ?estatizar? aquellas empresas mineras que todavía no fueron recuperadas a favor del Estado, no debería extrañar a nadie. Una medida de esta naturaleza constituye parte de la estrategia del Programa de Gobierno, conducente a recuperar la posesión, propiedad y gestión de los recursos naturales. No podemos olvidar que el proceso de nacionalización de las empresas capitalizadas en Bolivia empezó el 1 de mayo de 2006 y, desde la citada fecha, en cada aniversario del día del trabajador, recordando las movilizaciones en la ciudad de Chicago del año 1886 que dieron lugar a la reivindicación de los derechos del sector obrero, hemos tomado razón de la recuperación de diversas empresas, originalmente de propiedad del Estado.

Sorprende, sin embargo, la oportunidad en que se anuncia este hecho. El Primer Mandatario viene sosteniendo diversas reuniones con la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Mineros, concernientes a la derogatoria del Decreto Supremo 809, relativo al incremento salarial del 10 por ciento promulgado por el Gobierno. Como ha venido informando este medio, las negociaciones entre partes no han logrado un acuerdo, aspecto que ha derivado en que la huelga general indefinida dictada por la COB y las marchas y bloqueos en la ciudad de La Paz se intensifiquen. Incluso, el día de hoy los diversos sectores en conflicto han amenazado con obstruir las principales carreteras que unen al país.

Es evidente que el Gobierno se encuentra en un serio aprieto, toda vez que no ha podido satisfacer el pliego de peticiones de los movimientos sociales y, con ello, devolver la paz a favor de la ciudadanía. ¿Habrá llegado el momento de otorgar concesiones? ¿El Estado habrá negociado la ?nacionalización? de ciertas empresas mineras a cambio de la imposibilidad de incrementar el salario de los trabajadores en los porcentajes demandados? Aparentemente, la ausencia de una fórmula que solucione este dilema motiva a nuestras autoridades a generar un conflicto de mayores repercusiones, que de repente, si éste es bien administrado, podría distraer la atención de la gente respecto de lo que estamos viviendo día tras día.

Sin embargo, es importante preguntarse, ¿cuál es el costo de este cálculo político? Sin duda, cualquier comunicación realizada por nuestros mandatarios, respecto de la ?nacionalización?, ?estatización? y/o ?expropiación? de la propiedad privada, de las inversiones nacionales o extranjeras, tiene un efecto contrario a los intereses del Estado. Si bien uno puede compartir que los recursos naturales no renovables (hidrocarburos y minerales) son de propiedad inalienable e imprescriptible de todos los bolivianos, no es menos cierto que la industria minera, dadas sus características, requiere imprescindiblemente de importantes cantidades de recursos para ser rentable. ¿El Presupuesto General del Estado podrá sustentar, sin la intervención de capitales externos, las necesidades del sector minero? ¿Es estratégico ahuyentar a inversionistas internos o internacionales?

El Presidente debe actuar con prudencia y no dejarse llevar por impulsos emocionales o por malos asesoramientos. Bolivia se encuentra en una situación difícil? no es necesario empeorar las cosas.

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El Diario: A favor del latifundio y contra la propiedad privada

La anunciada política contra el latifundio propuesta por el Gobierno actual por medio del INRA prácticamente ha sido sustituida por la lucha contra la propiedad agraria mediana y pequeña. En efecto, hace tiempo que las autoridades respectivas han dejado de afectar latifundios y en cambio, anuncian a diario anulación de títulos de propiedad de predios pequeños y medianos, algunos de los cuales están en producción, respetan las disposiciones legales, más bien, merecen el mayor apoyo y protección.

Si se observa los numerosos edictos que publica el INRA en la prensa (ver EL DIARIO, 22-12-2010) se constata que están siendo revertidos al Estado numerosos fundos medianos que no llegan a las 2.000 hectáreas y algunos son hasta de 6 hectáreas y que si no están en producción se debería a que carecen de créditos y respaldo para que cumplan la función económico-social, o bien no existen las condiciones sociales oportunas para que entren en actividad. Los casos son numerosos y los propietarios se han visto obligados a apelar a instancias superiores para confirmar que están siendo víctimas de represalias políticas, venganzas personales e inclusive abusos de autoridad.

Pero lo más notable de la situación es que también están siendo afectados campesinos propietarios de fundos de pocas hectáreas, a los cuales o bien se les quita toda su tierra o bien se les reduce la superficie de la parcela que poseen con título ejecutorial y se les condena a la condición de campesinos sin tierra o agricultores minifundistas y se les niega la posibilidad de ir a la gran producción que, como se dice, aplastará a la pequeña como un carrito de mano es sobrepasado por una locomotora. En esa forma, mientras se olvida afectar latifundios, ahora se arremete contra propiedades medianas y pequeñas, aplicándose así una política contraria a los anuncios iniciales y cuando se habla de alcanzar la seguridad alimentaria.

Para completar esa política agraria se afirma que por la anulación de los títulos individuales de propiedad, las tierras de campesinos “revertidas” quedan vacantes o bien serán destinadas en el futuro a grupos comunitarios para dotaciones en propiedad colectiva, aunque no se ha informado oficialmente sobre medidas en ese sentido. En todo caso, lo digno de observación es que los afectados por la política de tierras del INRA ya no son los latifundistas, sino más bien los medianos y pequeños propietarios. Es más, por otro lado el INRA está aplicando una política de dotación de latifundios a grupos étnicos reducidos que, en muchos casos, no cumplen, ni mucho menos, la función económica.

Otro aspecto que revela el tratamiento erróneo que se está dando a la tierra en todas las regiones del país es que el INRA está dedicado a defender a grandes latifundistas vinculados con el Gobierno, como en el caso revelado de dos senadores latifundistas de las filas del oficialismo, uno de los cuales tenía 12.000 hectáreas sin cumplir la función económico-social y a quién no se le afectaba su terreno “por consideraciones” personales, actitud que sumada a las anteriores hace ver que el problema de la tierra en el país tiende a agravarse en vez de encontrar solución.

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El Mundo: Experiencia

Mientras las autoridades de gobierno hacen anuncios de despidos y otras sanciones a los trabajadores, al mejor estilo neoliberal, las organizaciones laborales radicalizan sus medidas, exigiendo un aumento salarial que pueda paliar sus necesidades.

En reiteradas oportunidades hemos mostrado que el Gobierno, lejos de aplicar una plan de trabajo que pueda fortalecer la economía, incrementar el desarrollo y crear fuentes de trabajo en bien del país, ha estado tomando decisiones parciales que lejos de mejorar la situación han logrado consecuencias desfavorables, como el desacertado decreto que elevaba el precio de los carburantes, como lo hacían las recetas del Fondo Monetario Internacional, que no hizo otra cosa que profundizar el encarecimiento del costo de vida.

Como ya ha sucedido en el país en otras circunstancias, este Gobierno ha tendido la ventaja de que la mejora en los precios de las materias primas en el mercado internacional evitó una espiral inflacionaria, pero el hecho de no haber aprovechado la situación impidió lograr que la situación reditúe mayores beneficios para el país.

No obstante la experiencia de los gobernantes en realizar movilizaciones y otras demostraciones de presión en el pasado, ha resultado incapaz de conocer la receta que pueda poner freno a esas mediadas sin el apoyo de la fuerza pública que se ha visto seriamente afectada por las reacciones.

Ahora se ha anunciado la movilización de grupos organizados afines al Gobierno para enfrentar las movilizaciones, con el riesgo de que las consecuencias puedan ser funestas.

Contrariamente a lo que se había indicado en varias oportunidades, las manifestaciones no son producto de las presiones empresariales, ni de organizaciones políticas de ideas conservadoras, sino de organizaciones populares que luego de haber respaldado a los gobernantes con su voto, se sienten defraudadas por los resultados.

Los afectados por las medidas adoptadas, tanto para el Gobierno como por los sectores en conflicto, han sido en su totalidad los mismos, ya que la< situación afecta solo relativamente a los sectores empresariales productivos que en todo caso tienen como instrumento los precios de los con los que salen al mercado.

La aprobación de un incremento salarial significará una nueva elevación en los precios de los productos industriales mientras para los sectores bajo control del Estado significarán una disminución de los recursos del Erario nacional.

El Gobierno ha anunciado por otro lado una nueva reunión para negociar con los trabajadores en el fin de semana, con intención de encontrarlos debilitados por las amenazas de retiros o disminución de salarios por los días no trabajados, medidas que parecen no afectar a los huelguistas.

A la situación de conflicto se ha sumado el caso de la Caja Nacional de Salud cuya quiebra ha sido anunciada por la Ministra de Salud que considera que esa institución se ha convertido inviable por la carencia de recursos para garantizar sus actividades.

Como en los otros casos de conflicto, otra vez los afectados resultan los sectores más necesitados de la sociedad, ya que la Caja solo ha venido atendiendo a los ciudadanos con menores ingresos que no se encuentran en posibilidades de acudir a los centros privados de atención sanitaria.

Visto el panorama de esa manera, solo se pede pensar en nuevas jornadas de tensión y protestas, con el riesgo de terminar en enfrentamientos más severos que los realizados hasta el presente y que han cobrado como víctimas a varios contusos, tanto entre los manifestantes como en la fuerza policial, pero que podrían ser más graves en el futuro como nos muestra la experiencia del pasado.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Incertidumbre por presión sindical

La incertidumbre sobre la inflación real y la competencia política entre dirigentes sindicales puede convertirse en una combinación peligrosa para la economía y para los intereses de los trabajadores.

Días pasados, el titular de la CGT, Hugo Moyano, anunció que el sindicato de Camioneros acordó un aumento salarial del 24%, lo cual fue bienvenido por el Gobierno y presentado como pauta para el resto de las negociaciones en curso.

Pero a poco de eso, gremios no alineados con Moyano, dieron a conocer que exigirían aumentos mucho más elevados, como sucedió con Mercantiles, el que tiene el mayor número de afiliados.

Si estos planteos, destinados a disputar lugares en las internas sindicales y políticas, se efectivizan, se corre el riesgo de iniciar una carrera de exigencias y conflictos y de precios y salarios que puede afectar tanto las expectativas de los inversores como la inflación.

Y esto, en un contexto donde ya existe una elevada incertidumbre por varios motivos entre los cuales figuran la generada por el año electoral, el avance del sindicalismo oficialista, la decisión del Gobierno de aumentar su presencia en las empresas cuyas acciones tiene la ANSeS y los proyectos de sectores del oficialismo para radicalizar la política de intervención estatal en la economía.

Es de esperar, por lo tanto, que se imponga la prudencia y que el Gobierno sepa negociar con la dirigencia sindical para evitar una escalada sindical conflictiva.

La competencia de pedidos de aumentos de salarios, en un contexto de inflación e incertidumbre, puede tener consecuencias lesivas para la economía y para los propios trabajadores.

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