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¿Una astuta medida?

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El Presidente, desautorizando o desdiciendo al segundo al mando, a partir del domingo 11 de abril del año en curso, reanudó personalmente las negociaciones con los sectores sociales.

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Perú protesta

  2. El Día: Elecciones peruanas: ¿estamos ante el peor escenario?

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Un tiro a matar

  5. El Día: ‘Las cosas andan mal en Bolivia’

  6. Los Tiempos: GAS, DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

  7. El Deber: El Gobernador y la inseguridad

  8. Cambio: ¿Todos contra Humala?

  9. La Prensa: ¿Una astuta medida?

  10. El Diario: Incoherencias en el Gobierno

  11. El Mundo: Sacudón

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Milicias populares en Venezuela


El Día: Perú protesta

Enfoque Internacional

El electorado no ha decidido nada en la primera vuelta de las presidenciales peruanas, pero se le entiende todo. Ollanta Humala, el ex militar y líder de los desheredados -un tercio de la población vive bajo el umbral de pobreza- ha ganado aupándose hasta el 30% de sufragios, lo que, junto a los otros resultados, nos dice mucho sobre el país. Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori -el ex presidente que cumple 25 años de condena por gravísimas violaciones de los derechos humanos- se coloca para disputarle la presidencia, y el tercero, que se queda fuera, es el empresario y antiguo primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski. El ex presidente Alejandro Toledo y el que fue alcalde de Lima, Luis Castañeda, que hace unas semanas parecían las mejores apuestas, han quedado también en la cuneta.

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Pese a que Perú ha crecido en los últimos años por encima del 6%, el voto constituye toda una desautorización del sistema. Humala ha hecho los deberes electorales y ha sido aconsejado por asesores del ex presidente brasileño Lula, y aunque ha suprimido el vocerío bolivariano que consintió en 2006, cuando fue derrotado por el hoy presidente saliente Alan García, sigue siendo para la derecha un candidato antisistema. Keiko Fujimori, por su parte, es tan conservadora como el que más, pero se beneficia del recuerdo de la política asistencialista de su padre, así como de la derrota que infligió al terrorismo de Sendero Luminoso. Y eso la califica, a su vez, con el brumoso adjetivo de populista. Los demás, incluyendo al APRA de Alan García, que ni siquiera presentaba candidato, han recibido en grado diverso un non sastisfecit del electorado, que parecía decir: crecimiento, sí, pero más dignamente repartido, por favor.

Todo ello se debe a una extrema fragmentación del voto, en el que no caben segundas preferencias. Se vota al que se vota y se aborrece al que no. Eso es lo que deja las espadas relativamente en alto. Bajo una óptica estándar los siete u ocho puntos de ventaja de Humala sobre la hija de Fujimori, deberían bastar para darle la victoria. Pero ya en las anteriores presidenciales, el candidato izquierdista había ganado en primera vuelta y hubo zafarrancho general para cortarle el paso, suerte que le cupó al señor García. ¿Se repetirá el caso? Entre Fujimori y el exmilitar hay alguna coincidencia de franjas votantes: los agraviados sin ideología. Y eso aún dificulta más todo pronóstico.

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El Día: Elecciones peruanas: ¿estamos ante el peor escenario?

El vaticinio de Mario Vargas Llosa se cumplió y según su predicción los peruanos en la segunda vuelta tendrán que elegir entre el cáncer y el Sida o el Sida y el cáncer (que cada cual etiquete a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta prefiera). La urgencia informativa, la volatilidad del electorado y las encuestas que iban cambiando según pasaban las semanas dieron plena validez al aserto. Sin embargo, cumplida ya la primera vuelta y a la espera de la segunda valdría la pena reflexionar ante la naturaleza de la situación en la que nos encontramos, intentando desdramatizarla en la medida de lo posible.

No me convertiré en defensor de los populismos, tanto da si son de izquierdas o de derechas, ya que en todos los casos son nocivos para la democracia. El cuento de Laclau sobre la movilización de las masas y las formas transgresoras de hacer política se lo dejo para narrar las experiencias kirchneristas o las bolivarianas que tanto le gustan. Sin embargo, enfrentados ante lo inevitable convendría hacerse unas cuantas preguntas, comenzando por la de intentar explicar por qué el pueblo peruano votó como votó y quiénes son los responsables de que lo haya hecho de una manera y no de otra y en las respuestas hay que incluir, sin duda, a las elites políticas, pero también a las económicas.

Es verdad que Perú ha crecido de una forma fantástica en los últimos años y que los sectores medios se nutrieron de numerosos grupos sociales otrora mucho más desfavorecidos. Basta dar un paseo por Lima o por las principales ciudades del país para darse cuenta de ello. Pese a todo, son muchos más los que no han salido de la postración y quienes, en épocas de vacas gordas, reclaman su parte del pastel. El sistema político peruano, y sus antiguos partidos, ha sido laminado y la imagen que la opinión pública tiene de sus políticos y de las principales instituciones republicanas (parlamento, justicia, partidos políticos) es cuanto menos lamentable. Sólo la presidencia se salva algo y eso, en buena cuenta, por el carácter mesiánico que se le suele atribuir a la primera magistratura, todavía vista como todopoderosa, y el sentir caudillista existente en ésta y otras tantas sociedades del vecindario.

Para colmo de males esta imagen negativa se vio reflejada en una campaña para olvidar y que no figurará en los casos de estudio de ningún gurú de la materia. La única y rescatable excepción, que explica en buena medida lo ocurrido, fue la campaña de Ollanta Humala, de lejos la mejor desde la perspectiva de la mercadotecnia electoral. Los asesores enviados por Lula le permitieron al dirigente “nacionalista de izquierdas” como lo llaman algunos, o populista a secas, como lo denominan otros, elaborar un discurso coherente y bien trabado, eso sí desde la perspectiva de sus propias reivindicaciones e intereses. Al mismo tiempo Humala fue el candidato que, al menos públicamente, más gastó en la campaña y eso también se reflejó en el apoyo popular conquistado.

Otro asunto muy distinto es el de Keiko Fujimori, la única exenta de las constantes subidas y bajadas de las encuestas. Ella se mantuvo siempre firme en torno al 20%, un piso demasiado sólido como para situarla en la segunda vuelta. Es evidente que todavía son muchos los peruanos que, por distintos motivos, viven con añoranza el gobierno de su padre. En ella también han funcionado los elementos mesiánicos y caudillistas presentes en el triunfador de la primera vuelta. Por el contrario, el resto de los contrincantes se subió desde el principio al tiovivo de la mediocridad y en toda la campaña no se apeó de allí. Quizá Pedro Pablo Kuczynski fue la principal excepción, pero su arranque fue demasiado tardío como para arañar esos poco más de 600.000 votos que hubiera necesitado para pasar a la segunda vuelta. Es obvio que la dispersión del voto de los sectores medios urbanos poco lo ayudó.

Si bien no es éste el momento para realizar un sesudo análisis acerca de las motivaciones del fracaso de los candidatos más “tradicionales”, sería oportuno que quienes se han beneficiado del crecimiento de los últimos años tomen buena nota de este resultado, ya que en función de lo que ocurra en la segunda vuelta la deriva puede seguir un camino o el contrario, aunque también podría suceder que no asistamos a cambios dramáticos, lo que sin duda sería la mejor noticia que uno podría recibir.

Según algunas encuestas la igualdad entre Humala y Fujimori frente a la segunda vuelta es, de momento, muy estrecha. La pregunta del millón es cómo votarán en ella los peruanos. Y aquí estamos lejos del típico interrogatorio formulado a los niños pequeños de si quieren más a papá o a mamá. En esta oportunidad habría que cambiar los términos de la cuestión por a quien rechazas menos o a quien temes menos. En este sentido, el voto del miedo y la desconfianza serán los elementos condicionantes del próximo resultado electoral.

Gane quien gane tendrá que hacer generosas promesas para atraer los numerosos electores que le faltan. Humala necesita un 20% más de votos, y Fujimori casi un 28%. Son cifras impresionantes. Si a esto le sumamos la velocidad de crucero alcanzado por la economía peruana, el margen para experimentos populistas es reducido, lo cual no significa que la irracionalidad termine imponiéndose una vez más en América Latina. Pero los esfuerzos de Humala por acercarse a Lula en vez de a Chávez, o los desvelos de Fujimori por recordar sus raíces democráticas están ahí. Cualquier cosa puede pasar en la segunda vuelta y, más importante, cualquier cosa puede pasar después. Lo deseable sería que el triunfador sea capaz de mantener la senda de crecimiento actual restableciendo la confianza popular en la democracia y sus instituciones. De momento eso sólo son buenas palabras y habrá que seguir con atención todo lo que ocurra en Perú.
 

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El Día: Bolítica

Lamento que no se haya hecho presente en la sesión ninguna autoridad del Órgano Legislativo y destaco la presencia de funcionarios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Han faltado 140 asambleístas".

Katia Domínguez
Presidente De Los Menores Asambleístas


Se dice que: Dieciséis niños y niñas asambleístas electos, además de sus invitados, sesionaron ayer en el hemiciclo de la Cámara de Senadores sin que alguna autoridad de la Asamblea Legislativa esté presente".


"Todas las instituciones del país tienen el reto, especialmente el Gobierno para asignar un presupuesto que impulse políticas, programas y planes que favorezcan a los niños. Se deben materializar las decisiones políticas".

Rolando Villena
Defensor Del Pueblo

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El Día: Un tiro a matar

Ni siquiera el gobernador Costas puede pasear tranquilo por las calles de la ciudad y menos ir en paz a un banco a pagar agua y luz. Tremendo susto el que se llevó la primera autoridad departamental ayer, cuando trataba de jugar al héroe con unos “maleantillos” que le salieron más malos que los más avezados inquilinos de Palmasola. En primer lugar, ya no se puede uno hacerse el machito en esta capital del crimen y por otro lado, cualquier palomillo “robacelulares” le sale a uno con revólver en mano y tira a matar. Por suerte el “prefectuli” tiene la cabeza bien calcificada y la bala prácticamente rebotó, sin provocarle daños mayores. A ver si con esta experiencia la Policía, la Gobernación y por supuesto, el Ministerio de Gobierno se ponen las pilas contra la delincuencia. Este caso es demasiado grave como para que quede sin esclarecimiento, como lo están decenas de atentados ocurridos en los últimos años. No habría que descartar que se trate de alguna dañinera en estos tiempos en los que cualquier cosa sirve para generar cortinas de humo.
 

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El Día: ‘Las cosas andan mal en Bolivia’

Tercio Albuquerque, un abogado brasileño con 32 años de ejercicio, confesó que nunca le había tocado vivir una experiencia como la que tuvo que soportar el pasado lunes en Cochabamba, donde fue amedrentado por agentes del Ministerio de Gobierno, cuando intentaba presenciar la primera sesión de la audiencia conclusiva del juicio por supuesto terrorismo y separatismo contra 39 personas.

Albuquerque, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados de Brasil, fue invitado por sus colegas bolivianos y algunas organizaciones de derechos humanos para actuar como veedor del proceso judicial que tuvo su origen en la matanza del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, ordenada por el Gobierno contra los miembros de una presunta célula terrorista, acusada de varios delitos, entre ellos planificar el asesinato del presidente Morales y buscar el separatismo en Bolivia. El jurista extranjero y otros dos acompañantes, no sólo fueron desalojados del juzgado, sino que agentes de seguridad les quitaron sus pasaportes y les pidieron que abandonen el país porque no tenían una visa especial para presenciar el juicio. Junto con ellos también fueron retirados de la audiencia varios abogados defensores de los acusados, periodistas y legisladores de la oposición.

El profesional brasileño, cuya conclusión fue que “las cosas no están bien en Bolivia”, no podía creer que el juez de la causa sea el primero en incumplir la ley que establece que las audiencias judiciales son públicas y que nadie tiene el derecho a establecer restricciones y menos el Ministerio de Gobierno que actuaba como el dueño de casa en la Corte Superior de Cochabamba, donde fue trasladado este proceso, pese a que originalmente el caso debía ventilarse en Santa Cruz y que, gracias a un decreto del Órgano Ejecutivo, fue llevado a La Paz, donde el fiscal Marcelo Soza condujo la investigación más insólita y seguramente la más contaminada y vergonzosa de toda la historia de la justicia boliviana. Lo que hizo este juez cochabambino es la mejor prueba de la manipulación de la justicia que ejerce el régimen del MAS, que ha asumido la potestad de nombrar a los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público y por lo tanto, conducir a su antojo las investigaciones judiciales en todo el territorio nacional.

La conclusión del caso “terrorismo” viene a cerrar un círculo de oprobio y abuso de poder, cuyas características y antecedentes han sido debidamente observadas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, organismos de la Unión Europea y por naciones como Hungría e Irlanda, que reclaman justicia para los ciudadanos de aquellos países que fueron ejecutados en Santa Cruz, por una orden que, de acuerdo a confesiones del propio presidente Morales, fue él quien la dio.

El abogado Albuquerque ha dicho que denunciará ante las autoridades brasileñas lo ocurrido en Bolivia, donde según afirma, suceden cosas que sólo se dan en las dictaduras. Con este tipo de apreciaciones, al Gobierno boliviano le costará mucho convencer al mundo de lo contrario, aunque hace mucho que organizaciones internacionales se lo vienen remarcando. Es por eso también que se multiplican los casos de refugiados bolivianos en países vecinos donde ya no tienen dudas que en Bolivia se practica la persecución política. Tal como lo refleja la actitud expresada por el régimen el pasado lunes, ya no le importa qué tipo de imagen está proyectando al mundo.

La conclusión del caso “terrorismo” viene a cerrar un círculo de oprobio y abuso de poder, cuyas características y antecedentes han sido debidamente observadas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, organismos de la Unión Europea y por naciones como Hungría e Irlanda, que reclaman justicia para los ciudadanos de aquellos países que fueron ejecutados en Santa Cruz, por una orden que, de acuerdo a confesiones del propio presidente Morales, fue él quien la dio.
 

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Los Tiempos: GAS, DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

"¿De qué nos vale seguir mintiendo a la población?", ha preguntado el Presidente de YPFB. Es de esperar que la pregunta no quede sin respuesta

El pasado viernes, después de más de cuatro años de continuas postergaciones, el Gobierno decidió, al fin, dar a conocer oficialmente los datos reales sobre las reservas de gas con las que cuenta nuestro país. Durante el acto, el Presidente de YPFB hizo una afirmación cuyo real significado está todavía por verse pero que se puede interpretar como un llamado a disminuir drásticamente las esperanzas -o ilusiones– que hasta ahora se depositaron en nuestra riqueza hidrocarburífera.

"Con esta cantidad, lo que decidimos nosotros es pasar de la ficción a la realidad, saber exactamente lo que tenemos. ¿De qué nos vale seguir mintiendo a la población? El Gobierno siempre se ha caracterizado por hacer las cosas mirando la cara del pueblo (…)", dijo, dando a entender que había llegado el momento de inaugurar una época en la que, a diferencia de la que asumió originalmente el Gobierno, la verdad, por dolorosa que fuera, sea la que guíe los actos gubernamentales por lo menos en lo que a su política energética se refiere.

Muy encomiable habría sido si el anuncio de esa decisión hubiera llegado acompañado de muestras concretas de sinceridad y franqueza. Pero aún antes de terminar la frase, el Presidente de YPFB volvió a optar por el fácil método de buscar culpables y eludir las propias responsabilidades. Atribuyó la debacle del sector a la "manipulación financiera" de las empresas inversoras sin mostrar ni un leve asomo de autocrítica, como si los años transcurridos desde la "nacionalización" no hubieran sido más que suficientes para que por lo menos algo de responsabilidad corresponda a quienes se hicieron cargo de la administración de los recursos hidrocarburíferos de nuestro país.

Si todavía no hay el valor suficiente para reconocer los errores propios, es muy poco probable que haya la voluntad e inteligencia necesaria para rectificarlos y así pasar, en verdad, "de la ficción a la realidad". Y es precisamente ese paso el que, más allá de los discursos, el Gobierno no parece dispuesto a dar.

Sólo así se explica, por ejemplo, que hace pocos días se haya presentado la llamada "Estrategia Boliviana de Hidrocarburos", un muy ambicioso plan de desarrollo construido íntegramente sobre lo que el Presidente de YPFB ha calificado como ficción.

No es sorprendente, en ese contexto, que la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH) se haya fijado entre sus objetivos para los próximos años la ejecución de ocho proyectos para los cuales requeriría 2,96 TCF, a pesar de que, según los datos brindados por YPFB, de los 9,94 TCF que suman nuestras reservas, 9,7 ya están destinados a la Argentina, Brasil y a la demanda ya existente del mercado interno, quedando sólo 0,2 TCF para proyectos nuevos.

Como se ve con ese ejemplo, uno entre muchos otros, se ha llegado a un punto en el que la distancia que separa la ficción de la realidad ya no puede ser explicada y mucho menos superada en términos ideológicos pues la aritmética está por encima de cualquier consideración subjetiva. Y es ahí, y no en alguna confabulación externa, donde está el problema que urge resolver.

Por eso, y para evitar en el futuro mayores frustraciones, es de esperar que la pregunta hecha por el Presidente de YPFB: "¿De qué nos vale seguir mintiendo a la población"?, no quede sin respuesta.

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El Deber: El Gobernador y la inseguridad

Esta vez le tocó nada menos que al Gobernador. La máxima autoridad del departamento acaba de sobrevivir a un ataque de la delincuencia en una céntrica calle de la capital cruceña y en plena mañana. Rubén Costas ha vuelto a nacer, pues su vida se vio seriamente amenazada por un disparo que hirió su cabeza. ¿Qué dirá ahora la Policía? ¿Volverá a hablar de hechos delictivos aislados, como lo hizo las veces en las que se cuestionó su debilidad?

El problema es muy grave como para minimizarlo. No debe haber hogar en Santa Cruz que directa o indirectamente no haya sido víctima de la delincuencia. No es cierto que la sensación de inseguridad esté artificialmente alimentada por el sensacionalismo de los medios de comunicación, como lo han dicho algunas veces las autoridades gubernamentales y policiales para justificar su incapacidad ante la arremetida de los maleantes. Hay que admitir penosamente que la delincuencia le está ganando la guerra a la Policía y que los malvivientes se sienten cada vez más fuertes como para cometer sus fechorías, en medio de una alarmante impunidad. El miedo de la gente a sufrir un robo o un ataque en las calles o en sus casas es evidente.

Lo corroboran las encuestas de percepción ciudadana sobre la inseguridad. El temor está instalado en las familias, en los grupos de amigos, en los estudiantes. Una de esas últimas consultas refleja un dato inquietante. El 94% de la población entrevistada en un estudio realizado por Captura Consulting refiere que la delincuencia aumentó el último año en Santa Cruz. Otro aspecto sobresaliente es el cambio de la impresión ciudadana sobre sus causas. La mayoría ahora cree que los delitos se incrementaron por la falta de sanciones. Antes se mencionaban con más frecuencia motivos económicos, como el desempleo o la pobreza. Esta vez la percepción es de que los antisociales delinquen por la excesiva tolerancia y la flexibilidad en las penas.

La Policía es la más cuestionada por el problema, según la encuesta. Luego se critica al Gobierno, a la Alcaldía y, finalmente, a la Gobernación, que tiene ahora en Rubén Costas precisamente a la principal víctima de los asaltantes.

¿Cambiará la realidad de Santa Cruz después del criminal ataque al Gobernador? Como mínimo, se espera una reacción y señales definitivas de un plan serio de seguridad ciudadana, en el que todas las instituciones sumen y dejen a un lado sus diferencias.

La región sufre por tener una Policía pobre y distante. Santa Cruz no resolvió ni con la autonomía el viejo problema del abandono de sus órganos de seguridad. Como en otras áreas, estas falencias ayudan a que la vigilancia sea sólo un negocio de los privados. No hay policías suficientes, pero tampoco hay eficiencia en la administración de los que llegan. Ni qué decir del cáncer de la corrupción policial, que se extiende a la administración de justicia.

La autonomía cambió poco la realidad. Más allá de una ley, se requieren acciones. A este paso, no sería reprochable convocar un cabildo contra la delincuencia. Llega el tiempo de reaccionar.

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Cambio: ¿Todos contra Humala?

El candidato izquierdista Ollanta Humala, quien disputará la presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori el próximo 5 de junio, negó que su eventual triunfo en la segunda vuelta electoral ponga en riesgo la democracia, el crecimiento económico y que generaría inestabilidad, tal como advierten sus detractores que nuevamente enarbolan la bandera del miedo, tal como ocurriera en 2006, cuando el militar (r) perdió el balotaje frente al saliente presidente Alan García.

"En principio no está en riesgo la democracia. En segundo lugar, tampoco está en juego ni en riesgo el crecimiento económico", se vió obligado a declarar Humala, candidato de la alianza Gana Perú. Además, aseguró a los electores peruanos que "es importante generar confianza en la población y decir que este cambio que se va a realizar será gradual, persistente, sin sobresaltos".

Con el 85.3% de los votos escrutados hasta ayer en la tarde, Humala obtenía el 31.2%, contra el 23.2% de Keiko Fujimori, y el 19.4% del exministro conservador Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, en el balotaje del 5 de junio Humala disputará la Presidencia de Perú con la hija del encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, genocidio y corrupción. Y en este marco, la candidatura de Keiko ha despertado temores incluso entre políticos conservadores.

En ese escenario, la decisión que tome el pueblo peruano en el balotaje marcará el rumbo de la política y de la economía peruana. Si bien en los últimos años Perú mantuvo altos niveles de crecimiento económico bajo una política neoliberal que priorizó la inversión extranjera y le otorgó grandes ventajas a los inversores, al menos un tercio de los 29 millones de peruanos no recibieron los beneficios del excedente económico, el que sólo fortaleció al capital privado —nacional y extranjero—. Y el alto porcentaje de votos que alcanzó Humala refleja ese descontento popular.

Según el analista Roberto Mejía Alarcón, la exclusión es mayoritaria en los pueblos altoandinos y amazónicos y existen grandes bolsones de pobreza en los entornos de las ciudades que reclaman su redención. El pueblo, aquel que sobrevive en barriadas y tugurios, quiere más que pan, exige un rol en la vida política y demanda una configuración del Estado para que su voz se deje escuchar y su decisión marque el destino de la nación.

Estas legítimas aspiraciones parece encarnar Humala, quien, a diferencia de la posición radical que había asumido para el balotaje de 2006, cuando perdió la elección frente a Alan García, hoy lidera una alianza política progresista que no insulta sino propone el cambio de las viejas estructuras estatales, una democracia participativa, inversión sin menoscabo de los intereses nacionales, desarrollo autosostenido y redistribución de la riqueza.

Al frente se encuentra Keiko Fujimori que carga con el estigma del autoritarismo de su padre Alberto, quien fue sentenciado en abril de 2009 a 25 años de prisión como autor intelectual de los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en los que fueron asesinados 25 personas, entre ellos un menor de edad, y el secuestro y tortura al periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer (1992).

Además, el apoyo a Fujimori viene de algunos sectores del empresariado y de los cuarteles militares y policiales, según Mejía. En el primer caso, de personajes que sumaron fortunas al amparo de la seguridad brindada en los tiempos de la autocracia, incluyendo el irrespeto a los derechos sociales y económicos de los trabajadores y, en el segundo caso, quienes —en los años del terrorismo— en forma indiscriminada violaron los derechos humanos y hoy muchos están procesados.

En este contexto, el escenario político peruano parece no ser proclive, como lo fue en 2006, para una campaña de "todos contra Humala", sino que se abre un espacio de reflexión para que el pueblo decida, con su voto, si está a favor o en contra del cambio. Y la segunda vuelta electoral del 5 de junio sentenciará una de ambas opciones.

El escenario político peruano parece no ser proclive, como lo fue en 2006, para una campaña de "todos contra Humala", sino que se abre un espacio de reflexión para que el pueblo decida si está a favor o en contra del cambio.

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La Prensa: ¿Una astuta medida?

El Presidente, desautorizando o desdiciendo al segundo al mando, a partir del domingo 11 de abril del año en curso, reanudó personalmente las negociaciones con los sectores sociales.

Los distintos sectores en actual conflicto con el Gobierno nacional, tales como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Maestros de Bolivia, han identificado al Vicepresidente como el ?responsable? de la tensión y malestar existente en las relaciones con el Estado. Se ha llegado a manifestar que la posición del Segundo Mandatario es ?soberbia?, calificativo riesgoso para la actuación de cualquier funcionario. De igual manera se ha recomendado públicamente a la autoridad a no ?retar? a estas instituciones, solicitándole ?que revise su conducta?, toda vez que la idea de pedir su dimisión al cargo ha crecido dentro de estas organizaciones sociales.

Recordemos que el 26 de diciembre de 2010, en virtud de facultades constitucionales que le eran inherentes en su condición de Presidente en ejercicio del Estado, el Vicepresidente promulgó el Decreto Supremo 0748, a través del cual incrementó el precio de la gasolina y otros carburantes. Para muchos analistas, el denominado ?gasolinazo? constituyó el más grande error político del Movimiento Al Socialismo (MAS), el que ha llegado a dañar, según encuestas de diversos medios, la popularidad del partido de turno. Una medida de esta naturaleza ?si bien puede encontrar justificación técnica en los informes de los asesores del Gobierno? no tiene cabida en el territorio nacional, habida cuenta que afecta directamente al bolsillo de la gente. A raíz de esta disposición, la ciudadanía sufrió la escalada más importante de los últimos tiempos, respecto del precio de servicios y bienes primarios (transporte, azúcar, aceite y otros). ¡A la fecha, algunos de éstos no han bajado en la proporción que subieron!

Cuando la bomba se encontraba pronta a estallar y luego de una reunión sostenida con distintos movimientos sociales, el 31 de diciembre del año pasado, el Presidente emitió un discurso a la nación, a través del cual manifestó que derogaba el Decreto Supremo 0748, debido a que su gestión se basa en la obediencia a los pedidos del pueblo. Qué oportuna intervención, sin duda salvó las fiestas de fin de año para muchos. No cabe duda que la decisión tomada causó estragos sobre la figura del Vicepresidente.

Pocos meses después, producto de las movilizaciones destinadas a derogar el Decreto Supremo 809 y, con ello, lograr un mayor incremento salarial al del 10 por ciento dispuesto por el Gobierno, el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional sale a la palestra señalado que el Primer Mandatario no se reunirá con los actuales dirigentes de la COB a efectos de solucionar el presente conflicto, sino que esperará a reunirse con los nuevos representantes a ser elegidos en los comicios previstos para el 1 de mayo del presente año. Además, en el discurso pronunciado el viernes 8 de abril de 2011, instó a las organizaciones simpatizantes al MAS a resistir las medidas de la COB, aspecto que fue tomado como una agresión en contra de los movimientos sociales.

A pesar de la firmeza del citado discurso, el Presidente, desautorizando o desdiciendo al segundo al mando, a partir del domingo 11 de abril del año en curso, reanudó personalmente las negociaciones con los sectores sociales. ¿Coincidencias? ¿Necesidades? ¿Estrategias? Nuevamente se deja malparada nuestra autoridad.

¿Será que la imagen del Presidente no se encuentra en su mejor momento? Parecería que es necesario trasladar los deslices o equivocaciones de la gestión hacia otra figura pública. En términos sencillos, exponer a un político para resguardar la posición de otro. ¿Una astuta medida? De repente, si se piensa en términos de inmediatez. Sin embargo, en el largo plazo, comprometer el icono ideológico del proceso de cambio puede tener un costo incalculable para el MAS. Cuidado con esto.

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El Diario: Incoherencias en el Gobierno

El negocio de las drogas ilícitas, al margen de los grandes y graves problemas que causa al país y al mundo en su conjunto, conlleva serios tropiezos que debilitan hasta la posición de las autoridades. No otra cosa significa el hecho de que funcionarios del régimen no concuerden en sus informaciones, con que las incoherencias sean motivo para dudar de la efectividad de los asuntos puestos bajo su responsabilidad. Ultimamente, a raíz del presunto decomiso de “dos toneladas de droga” cuando, parece, se trata solamente de dos o tres mil gramos, el Ministerio de Gobierno entró en seria contradicción con lo sostenido por un fiscal que, se supone, tuvo la oportunidad de verificar la cantidad de la droga decomisada.

Este tipo de problemas lastima al país y, por supuesto, al Gobierno que pierde autoridad y respeto en el seno de la misma colectividad, porque se supone que el Ministerio de Gobierno tendría que tener la suficiente autoridad como para que fiscales y otros altos funcionarios de su dependencia actúen en concordancia con la realidad. Incoherencias como la denunciada, que trata de ser desautorizada porque “nadie sabe a qué atenerse o a quién creer”, confunden a las propias autoridades del Ejecutivo, dejan mala imagen del Gobierno, dudas sobre sus sistemas de información que ahora, rimbombantemente hasta cuentan con un ministerio y, lo peor, ante los yerros cometidos, no hay autoridad que siquiera llame la atención a los responsables.

“Gobernar -decía Kung Tse (Confucio)- es manejar la verdad, es sentir que se es digno para presentarse ante el pueblo”. Esta frase viene al caso porque las incoherencias que a veces debilitan las acciones del Gobierno no deberían producirse, y si ocurren es por falta de preparación, disciplina, eficiencia, coherencia y responsabilidad de los funcionarios. Esto no debería ocurrir porque lo que afecta al Gobierno daña al Estado y, como tal, es víctima de la burla o siquiera la desconfianza de otros países, organismos internacionales y, para el caso motivo de las incoherencias, de organizaciones que tienen que ver con las políticas que luchan contrºcia de país, sentido de lo que es la ley y cómo debe ser cumplida y aplicada. El país no puede ni debe estar acomodado a “lo que venga y sea”, pues merece respeto y consideración.

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El Mundo: Sacudón

Resulta lamentable cómo las personas se acostumbran a vivir en condiciones poco aconsejables, cuando no está en sus manos el poder resolver los problemas que las acosan o dejar de hacer los esfuerzos necesarios para conseguirlo.

No obstante lo anotado, llegan situaciones a veces muy drásticas que las vuelven a la realidad y les dan las fuerzas necesarias para encontrar un cambio positivo en la situación.

Algo parecido ha estado sucediendo en nuestro país y en particular en Santa Cruz sin que las personas hagan un esfuerzo por ejercer el control sobre la situación y poner los remedios necesarios.

La delincuencia se había apoderado de la ciudad al extremo de que las cosas sucedían delante de las personas y poco o nada se hacía para remediar una situación que en varias oportunidades ha dado lugar a que los medíos de comunicación, en especial en otros lugares del país, digan que Santa Cruz es una ciudad de alto riesgo.

En el mejor de los casos, nos habíamos acostumbrado a tomar las medidas necesarias para evitar correr riesgos y abandonar los lugares donde pueda amenazarnos el peligro y dejar que las cosas sucedan a nuestro alrededor.

En muchas oportunidades, hemos visto con desagrado el hecho de que las personas digan que las cosas les suceden a los demás, pero que ellas están fuera de peligro, menos mal que a mi no me pasa, decían.

Pero el rato menos pensado suceden cosas que tiene que despertar a los encargados y ponerlos a trabajar para que las cosas no sucedan como se habían estado manifestando.

Fue precisamente el Comandante del Departamento, cargo con el que se conocía al Perfecto y consideramos que también al Gobernador, porque es la primera autoridad, corrió el peligro de morir a manos de los delincuentes que tienen sitiada la ciudad y sus alrededores.

No era que pasaba en los barrios alejados, o que le sucedía a la gente que era imprudente, que no había que caminar a la medianoche, fue precisamente a media mañana y en el centro de la ciudad, acompañado de su chofer y posiblemente con personas encargadas de su seguridad, que el Gobernador sufrió un atentando que merecer ser visto con seriedad.

Esperamos que los encargados de la seguridad de las personas tomen las providencias necesarias para que el hecho no vuelva a suceder, no solo al Gobernador sino a ninguna persona.

Hemos comentado en retiradas oportunidades la agilidad con que se moviliza la Policía para reprimir a los ciudadanos, ante un telefonazo de Ministro de Gobierno o de otra autoridad del gobierno central, nos imaginamos que ahora se pondrá a cumplir con su deber sin esperar que le den instrucciones puntuales sobre las cosas que debe hacer o no.

La Ley Orgánica de la Policía y la misma Constitución Política del Estado son claras al indicar que la Policía es la encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, esa tarea se encontraba postergada para cumplir otras tareas menos importantes e inclusive secundarias.

Pero no se trata solo de la Policía, las autoridades judiciales tienen también parte importante en el problema. En muchas oportunidades, hemos escuchado a las autoridades policiales la queja de que ellas detienen a los delincuentes y la justicia los pone en la calle con una rapidez mucho mayor.

No deberían ser gobernadores de Pando o Tarija quienes están encerrados en la cárcel, la autoridades deben ejercer el mando que han tomado sobre todos los poderes del Estado para que garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo sucedido con el Gobernador de Santa Cruz merece atención especial y el agradecimiento de todos al Creador que ha posibilitado que los daños no sean mayores.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Milicias populares en Venezuela

El presidente venezolano Hugo Chávez ha dado un paso más en la transformación del sistema democrático en otro de crecientes rasgos autoritarios, con la legalización de milicias populares, cuerpos de civiles armados encuadrados dentro del partido oficial para defender al régimen.

Se trata de una grosera deformación del funcionamiento republicano y democrático que va en contra del camino recorrido en América Latina para desmilitarizar la vida política y despolitizar a las fuerzas armadas en los procesos de democratización.

Esta última iniciativa, aprobada por el anterior Congreso, en el que Chávez tenía aún mayoría, permite a cualquier ciudadano unirse a la llamada Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo armado de más de cien mil hombres y mujeres que reemplaza a la reserva del Ejército y que tiene al actual mandatario como comandante. Sus miembros, por otra parte, deben estar afiliados al oficialista Partido Socialista Unido y las funciones de estos milicianos van desde custodiar edificios públicos hasta ?defender la revolución bolivariana?. Chávez ha señalado en varias oportunidades que armaría al pueblo frente a una hipotética invasión norteamericana. No existen mayores antecedentes de semejante estructura militar paralela a las Fuerzas Armadas.

La fusión del Estado con el partido gobernante y la idolatría del jefe supremo obedecen a una concepción totalitario que esgrime la doctrina de la ?Nación en armas?, la cual es un mensaje beligerante para el resto de la región.

El presidente venezolano Hugo Chávez sigue dando pasos hacia la transformación del sistema democrático en otro de crecientes rasgos autoritarios.

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