Censura electoral a internet y celulares

censura En anteriores artículos habíamos advertido sobre la intención gubernamental de llevar adelante en octubre próximo unos comicios sin derecho al debate ni a la información, en suma, elecciones que no serían libres. Esto, vistas las prohibiciones a la prensa, que no podrá entrevistar a los candidatos de las elecciones judiciales, y para los propios postulantes, que tampoco tendrán derecho a difundir abiertamente sus trayectorias y propuestas. Pero el análisis de la Ley del Régimen Electoral muestra una situación aún peor.

Sucede que el artículo 82 de la norma establece en su parágrafo III que el gobierno podrá castigar el envío de e-mails, post en las redes sociales y mensajes de texto por celular. ¿Difícil de creer? Pues aquí está: “Artículo 82. (PROHIBICIONES). III. A partir de la convocatoria, ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de su calificación penal”.

La diputada Alejandra Prado dice que “ahora se entiende por qué pidieron el registro de celulares”. Lo cierto es que, como pinta la cosa, tendremos elecciones inconstitucionales, en las que se violarían derechos a la intimidad y a la información protegidos en los artículos 25 y 106 de la CPE. Pero entre tanto atropello, ¿qué le hace una raya más al tigre?

Transparencia

Un gobierno caracterizado por la ausencia de rendición de cuentas, que practica el secretismo y no transparenta su información no sólo incumple sus obligaciones con los ciudadanos sino que también se arriesga a sufrir dolores de cabeza por la incertidumbre que genera. Así parece haber sucedido en pasados días, cuando el hermetismo oficial sobre el avión presidencial produjo versiones de todo tipo y finalmente obligó a fuentes de gobierno a salir a dar explicaciones. Una política de transparencia informativa permanente sería más recomendable.

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