El régimen autonómico, un año después

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Muchas de las expectativas que acompañaron hace un año la instauración de los primeros gobiernos autónomos han quedado defraudadas

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. Los Tiempos: EL RÉGIMEN AUTONÓMICO, UN AÑO DESPUÉS

  2. El Deber: El precio del azúcar

  3. Cambio: De Koning a Allamand

  4. La Prensa: ¿Es correcta la política de Estado?

  5. El Diario: Relevancia e importancia de la Constitución y las leyes

  6. El Mundo: Clamor

  7. El Día: Bolítica

  8. El Día: El que gobierna, viaja

  9. El Día: Gobierno ‘chuto’

  10. El Día: Historia de una memoria

  11. El Día: Cosas que uno ve

  12. El Día: De ‘chutos’ y ‘chutazos’

  13. El Día: Páginas negras

  14. El Día: Bolítica

  15. El Día: La farsa y la realidad

  16. El Día: País de paz media

  17. El Día: Hay canto de sirenas plurinacionales

  18. El Día: Razones para no vender gas a Chile

  19. El Día: Bolítica

  20. El Día: De trancas y bloqueadores




Los Tiempos: EL RÉGIMEN AUTONÓMICO, UN AÑO DESPUÉS

Muchas de las expectativas que acompañaron hace un año la instauración de los primeros gobiernos autónomos han quedado defraudadas

Un día como hoy, el 31 de mayo de 2010, hace doce meses, se estrenaba en nuestro país el régimen de las autonomías departamentales, con la investidura de los primeros gobernadores departamentales que habían sido elegidos -semanas antes- en el primer acto electoral, convocado expresamente para elegir a través de las urnas a las principales autoridades de cada departamento y municipio, con sus respectivas asambleas legislativas, concejos y juntas municipales.

Se esperaba que ese acto sellara el fin de 185 años de un régimen centralista, al que de manera unánime se consideraba obsoleto y poco apropiado para encarar los retos que el futuro inmediato planteaba a nuestro país. Se suponía que así sería, pues parecía que por fin -después de los tan encarnizados enfrentamientos doctrinales, ideológicos, económicos e incluso bélicos entre las pugnas centralismo y federalismo, primero, y autonomismo después- se había llegado a un punto de entendimiento.

Tal esperanza fue alentada por la aparente decisión de las fuerzas gubernamentales de arriar las banderas del centralismo, tras un hábil giro que se atribuía a una cabal comprensión de las tendencias históricas. Se suponía que, después de tantas décadas, los gobiernos autonómicos a escala departamental y municipal pasarían a formar parte fundamental del andamiaje institucional de nuestro país.

Muchas de esas expectativas, desgraciadamente, han sido defraudadas en gran medida, tras los doce primeros meses de vigencia del régimen autonómico. Es que pese a las declaraciones de buenas intenciones, que abundaron en los discursos de oficialistas y opositores, lo que se impuso en los hechos fue el afán de subordinar la causa autonómica a consideraciones subalternas, más vinculadas con cálculos políticos inmediatistas que con un proyecto estatal, en el que el centralismo deje de ser tan asfixiante como hasta ahora fue.

A tan pobres resultados contribuyó principalmente el afán hegemónico del Gobierno central, que de ningún modo está dispuesto a tolerar nada que se interponga en su marcha hacia la obtención del poder total. Como es fácil comprender, nada hay más incompatible con esos propósitos que la consolidación de regímenes autonómicos, sobre todo si a través de la voluntad popular expresada en las urnas, éstos se constituyen en bastiones de la oposición política.

Así se explica la ferocidad y eficiencia con que a partir del día siguiente de las elecciones de abril de 2010, pero sobre todo desde el 1 de junio de 2010, se puso en marcha un plan de acción para defenestrar por cualquier medio a cuanto gobernador, alcalde, asambleísta o munícipe hiciera falta para mantener esas instancias estatales bajo control de las fuerzas gubernamentales.

Los alcaldes de Potosí y Sucre, y junto a ellos más de una decena de autoridades municipales de ciudades intermedias, fueron las primeras víctimas; y ahora es la Alcaldesa de Oruro la que a duras penas resiste la ofensiva de los batallones de abogados encargados de restaurar el pleno control del Gobierno central sobre los gobiernos municipales. Y en el caso de los gobiernos departamentales, el de Tarija, ya ha sido defenestrado; y el de Beni, se lo tiene acosado en forma permanente.

Así las cosas, no puede decirse que sea muy alentador el balance que arroja el primer año de autonomías.

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El Deber: El precio del azúcar

En toda economía de mercado, la interacción de una serie de factores determina el precio final de los productos alimenticios. Acaso el principal provenga del desequilibrio o los desajustes entre la oferta y la demanda. Si se produce algo por encima de la demanda, el precio baja o aumenta si ocurre lo contrario.

Pero también la intermediación comercial influye en el asunto, aunque en menor proporción. Es que el productor no lleva directamente sus artículos al consumidor. Lo hace a través de terceros que, entre nosotros, conforman densas redes en los espacios feriales del país, particularmente urbanos, los mismos que son tan amplios como numerosos en las ciudades de la red troncal y subtroncal del país. En estos lugares, la ‘ganancia’ de los vendedores incrementa el precio de los productos, aunque no de forma sensible.

En lo que respecta al precio del azúcar, esa gente dedicada a la tercería comercial se enfrenta ahora al Gobierno. En particular, los vendedores del interior del país se empeñan en que el azúcar que llega a sus puestos sea ofertado a precio superior al fijado oficialmente (Bs 6), a fin de hacerse de un rédito tan razonable como necesario. Y el Gobierno se les enfrenta con una radical negativa, anunciando la aplicación de ciertas medidas para salirse con la suya.

Si el precio del azúcar bajó de Bs 8 a Bs 6, fue gracias a la buena campaña de siembra, cosecha y producción de los empresarios cañeros y azucareros. El resultado de todo el exitoso proceso es que, de ahora en adelante, nadie hará ya colas frente a los puestos de venta de un azúcar cuyo precio se disparaba hacia arriba.

¿Quién ganará la pulseada? ¿El Gobierno, en alianza con los productores? ¿Los intermediarios feriales? Es casi imposible la supresión total de estos últimos en toda economía de mercado. El Estado, en coordinación con los productores, para ello, tendrían que hacerse cargo de la venta directa del azúcar, algo que demanda la instalación de miles de puestos de venta en todas las ciudades del país, emprendimientos que casi siempre terminaron en fiasco por la corrupción y el desvío de los productos al mercado paralelo, como lo acredita lo acontecido al respecto en el primer Gobierno del MNR.

Es conveniente, por tanto, que Gobierno, productores de azúcar e intermediarios feriales negocien y se pongan de acuerdo. Y que este hecho satisfaga a todos, particularmente a los consumidores.


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Cambio: De Koning a Allamand

El 13 de agosto de 1900, a 21 años de la invasión a Antofagasta y a cuatro de la imposición trasandina del ‘Tratado de Paz y Amistad de 1904’, el entonces ministro Plenipotenciario de Chile, Abraham Koning, remitió una carta a Bolivia en la que taxativamente advertía: "Es un error muy esparcido opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él, con el mismo título conque Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones".

Es decir, Chile impuso entonces ‘sus derechos de vencedor’, enfoque que en pleno Siglo 21 y en el marco de la integración suramericana ya no puede regir las relaciones internacionales.

No obstante y a 111 años de aquella muestra de soberbia mapochina, la misma que en los recientes años parecía que quedaba sepultada en el cajón de la ignominia por un diálogo que se perfilaba como sincero, otro ministro chileno, esta vez el titular de Defensa, Andrés Allamand, desempolvó esa vieja posición que no sólo ultraja sino que amenaza la civilizada conviviencia entre los países de América Latina.

Es que Allamand advirtió que Chile "tiene (unas) Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial de Chile".

Es decir, el mismo discurso, la misma respuesta a una demanda de un pueblo enclaustrado desde hace 132 años por la fuerza de las armas, por la sin razón y la prepotencia. Ante esta realidad y la nula voluntad de La Moneda para encarar el retorno soberano de Bolivia al mar, el presidente Evo Morales decidió —con el unánime respaldo de su pueblo— demandar al país usurpador ante los tribunales internacionales para reponer la justicia.

La demanda legal que alista el gobierno de Evo alteró la secular posición trasandina respecto de la mediterraneidad boliviana. Por eso Allamand llamó a los chilenos a "seguir estas iniciativas bolivianas con total tranquilidad", ya que "Chile tiene una muy sólida fortaleza: es un país que en esta materia actúa unido" y "tiene en su posición todo el amparo del derecho internacional".

Sin embargo, las palabras del titular chileno de Defensa no sólo rescata la posición de Koning de hace 111 años, sino que están llenas de contradicciones que desnudan que la posición boliviana de acudir a los tribunales internacionales para hacer prevalecer sus derechos es el correcto.

Es que Chile vulneró todos los Tratados bilaterales suscritos con Bolivia antes de la invasión de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, y que su defensa del Tratado de 1904, impuesto bajo la amenaza de reanudar la guerra, no tiene sustento.

Pero a la luz de los hechos, la posición de Allamand no refleja la opinión del pueblo chileno que apuesta la integración, sólo halla sustento en la anacrónica ‘ley suprema de las naciones’, cimentada en un poder militar que alimenta posiciones como las expresadas por el Ministro de marras.

En este sentido, en los últimos años Chile adquirió, con dineros del cobre, tanques Leopard 2A4 —uno de los mejores carros de combate del mundo—, fragatas anti-submarinas, submarinos con capacidad de lanzar misiles SM39 y una flota de aviones F-16 con disponibilidad de mantenimiento y compra de misiles, es decir, con el mismo armamento de los países miembros de la OTAN.

Sin embargo, los sectores ultraconservadores chilenos —al que representa Allamand— olvidan un pequeño pero gran detalle: América Latina vive hoy un proceso de integración en pos de su independencia definitiva. Y en este camino no tiene lugar la amenaza ni la prepotencia sino la solidaridad y la justicia, a la que apuesta un país pacífico como Bolivia que demanda al mundo reparar un tremendo daño histórico impuesto por la fuerza.

Hoy, en América Latina no tiene lugar la amenaza ni la prepotencia sino la solidaridad y la justicia, a la que apuesta un país pacífico como Bolivia que demanda al mundo reparar un daño histórico impuesto por la fuerza.

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La Prensa: ¿Es correcta la política de Estado?

Se percibe que las relaciones bilaterales se encuentran en alta tensión, en un punto de inflexión sumamente delicado. ¿No será momento para reconsiderar nuestra política de Estado frente al enclaustramiento marítimo?

Las declaraciones vertidas por el responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima respecto de la política de Estado boliviana de denunciar el Tratado de 1904 ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse la primera semana de junio del año en curso en El Salvador, han enervado al Ministro de Defensa y actual Canciller de la República de Chile, quien ha expresado públicamente, que cuentan con ??Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial?? de su país. El representante de Estado ha sido contundente al manifestar que Chile actuará unido en relación con el tema marítimo con Bolivia y que encuentran pleno amparo del derecho internacional respecto de su posición sobre el tratado de referencia.

En términos sencillos, la República de Chile ha enviado una clara advertencia al Estado Plurinacional, referente a que está dispuesta a defender la soberanía que ejerce sobre el océano Pacífico con las armas, si fuese necesario. Para nuestros vecinos, al acudir a estos mecanismos de denuncia, previstos por el derecho internacional, concluiría todo proceso de negociación y diálogo entre ambos Estados.

Es importante señalar que para Bolivia es muy difícil cambiar el cauce que ha tomado la estrategia marítima, toda vez que en más de una oportunidad, diversas autoridades han sostenido que Chile habría incumplido el Tratado de 1904. De igual manera, el Primer Mandatario, haciendo referencia al artículo 267 de la Carta Fundamental, en discurso del 23 de marzo de 2011, ha manifestado que, a través de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, se buscará demandar la causa ante el Tribunal Internacional de La Haya. Todas las manifestaciones del Ejecutivo encuentran sustento en la Disposición Transitoria Novena de la norma suprema, misma que señala que ?los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución?. Bajo una interpretación literal de la norma, las autoridades de turno no podrían actuar sino en consecuencia de lo que manda y ordena la Constitución Política del Estado. Qué complicado. ¿Obedecer la Constitución podrá poner en riesgo más de 100 años de paz entre ambos países?

En toda estrategia de negociación, las partes intervinientes deben tirar de las cuerdas lo suficiente como para que éstas no se quiebren, lo suficiente como para encontrar, dentro de las dificultades y la adversidad, la posibilidad de reconducir la trama hacía la mediación y el diálogo. Negociar en extremos, no es negociar. Es imponer.

De acuerdo con las declaraciones volcadas a los medios de comunicación, se percibe que las relaciones bilaterales se encuentran en alta tensión, en un punto de inflexión sumamente delicado. ¿No será momento para reconsiderar nuestra política de Estado frente al enclaustramiento marítimo? De repente lo más aconsejable, bajo un sentido de prudencia y responsabilidad con la nación, sea iniciar un nuevo diálogo con la República de Chile ¿La agenda de los 13 puntos se encuentra desahuciada? Tal vez ésta deba ser el punto de partida.

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El Diario: Relevancia e importancia de la Constitución y las leyes

Hay situaciones en las que la confusión o la desesperación de las autoridades por conseguir “rápidos resultados” los conduce, precipitadamente, a adoptar o cambiar disposiciones, sin tino ni medida alguna; este es el caso de confundir la Constitución con las leyes y los reglamentos, ignorancia de la que participan también organizaciones políticas, cuadros sociales y hasta equipos profesionales que no examinan el sentido y fin de cada una de las disposiciones.

La Constitución Política del Estado tiene lugar primigenio en el orden institucional, constitucional y legal del país; ninguna otra disposición tiene valor o importancia similar porque ocupan sitios siempre inferiores a la Constitución que es Ley de Leyes o inicio y base de todo conglomerado de disposiciones legales.

Luego de la Constitución están las leyes -pensadas, concebidas y redactadas sobre la base de los textos constitucionales- aprobadas por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo; ocupan, pues, el segundo lugar en el orden de las disposiciones; luego, están los decretos supremos, las resoluciones supremas, los reglamentos, las disposiciones prefecturales o de gobernaciones, las ordenanzas municipales y los reglamentos de los municipios.

El caso que ha ocupado la atención del Legislativo, del Tribunal Electoral, de analistas, politólogos y organismos políticos, es el de los reglamentos. Se ha dicho mucho y persistido en ello, que la Constitución “puede tener un reglamento que se sobreponga al texto constitucional”, lo que resulta una aberración. La Constitución puede tener un reglamento siempre que ella misma lo disponga en cualesquiera de sus artículos y especialmente en los transitorios que especifiquen claramente la necesidad de algunas reglas, pero sujetas al texto constitucional. Por otra parte, el Art. 410 establece: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”. El texto es claro y contundente, no sujeto a interpretaciones de conveniencia. Un reglamento puede y debe concordar con el texto constitucional, pero en modo alguno cambiarlo, modificarlo, rectificarlo. Si la Constitución es cambiada debe serlo conforme a sus propias regulaciones (artículo 411) “a través de una Asamblea Constituyente…”

Convendrá, pues, que el Gobierno, el Legislativo y todas las organizaciones gubernamentales, institucionales, políticas, regionales, autonómicas, etc., tomen nota de la Carta Magna; no hacerlo es ignorarla y, de ahí a violentarla sólo hay un paso. Mientras más nos atengamos a los textos constitucionales – aunque hayan crasos errores en ellos, comparativamente con anteriores textos y hasta contradicciones – menos yerros se cometerán en la redacción y aprobación de disposiciones que normen el funcionamiento del país. En todo caso, es importante tomar en cuenta que los reglamentos no corrigen ni regulan ni modifican nada de la Constitución porque no es de su competencia.

Sería importante que tanto los integrantes del Legislativo como del Ejecutivo y de otras instituciones y colegios de abogados, lean y estudien los textos constitucionales; de otro modo, se corre el riesgo de ingresar en campos donde se impongan condiciones de caos y anarquía que no corresponden.

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El Mundo: Clamor

Cuando el Presidente afirmaba que está dispuesto a gobernar atendiendo los pedios del pueblo, se nos ocurrió pensar en las organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana, Junta Vecinales y otros grupos representativos; sin embargo, estábamos nuevamente equivocados, puesto que el clamor iba por otro lado. Los periodistas, pensando en que ellos también podían haber sido considerados en ese grupo que constituye la ciudadanía, no recordaron que el cariño especial que el Presidente les tiene le permitió hacer una clasificación especial, para tenerlos a raya, sin que por ello la comunidad tenga que decir que no los quiere.

Efectivamente, cuando se presentó el texto de la Ley Electoral, el mandatario aceptó gustoso la posibilidad de modificar el famoso artículo 82, para que no se diga que se trata de otra mordaza para los comunicadores y por otro lado, para que ellos puedan favorecer a la comunidad con la información sobre los candidatos a administradores de justicia. Ahora podrá decir, sin posibilidad de desmentirlo que dispuso la modificación y que hizo llegar un nuevo proyecto, aunque en la práctica las cosas se hubieran hecho de tal manera que no cambiaron nada en el contenido, aunque la forma se hubiera variado.

Ahora nos enteramos que el clamor popular llegó también de la mano de los contrabandistas y esos si son amigos, porque sabemos que hay varios miembros muy próximos a las altas esferas del Gobierno que lo practican, a esos si no podía dejar de escucharlos y la ley está pronta, para poner en el parque automotor una buena partida de autos de segunda mano. Con la excusa de que se trata de un país del tercer mundo y que somos pobres y subdesarrollados, el mercado se llena en forma permanente de material de desecho de los países, no sólo industrializados sino mejor organizados.

Con el pretexto de ropa de invierno, Santa Cruz acaba de abrir las puertas a un mercado de ropa usado que llega a la región, aunque su destino original hubiera sido La Paz, Potosí u Oruro, pero que dadas las circunstancias, puede llegar también hacia el oriente.

Pero no se trata solo del invierno, ahora tendremos una gran cantidad de automóviles que serán luego los vehículos desde los cuales se practiquen los atentados contra la seguridad de los ciudadanos, por sus características especiales, blancos, tipo vagoneta y sin placa.

Como la cantidad es muy grande, porque los compañeros ya estuvieron en la frontera con un mes de anticipación a la medida, proveyéndose del material mencionado, el trámite de legalización tomará algunos meses y dificultará las actividades aduaneras, por el gran contingente de interesados en este tipo de importaciones. Ello dará lugar luego a una ampliación de los plazos, a fin de que se cumpla lo dispuesto.

Lo interesante resulta que ese procedimiento, por la legalización, dará lugar a nuevos ingresos para las arcas del Estado y el Ministro de Finanzas podrá hacernos conocer las mejoras que se produzcan en la balanza de pagos.

Lo lamentable de la situación será que la empresa nacionalizada que por el momento mantiene la economía del país, tendrá que incrementar sus gastos en lo relacionados con la subvención a los carburantes y como es sabido, no se puede poner orden en ese rubro, porque el clamor popular lo impide y es además una medida neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, aunque los efectos lleguen por el lado de la canasta familiar y otras situaciones que finalmente derivan en los bolsillos de los ciudadanos que no siempre se cuentan entre los favorecidos por las medidas.

En el fondo, es una nueva demonstración de que los organismos del estado no son capaces de ejercer un control estricto del contrabando y en ese sentido, es mejor dejar las puertas abiertas, aunque después el país tenga que pagar las consecuencias de la sabia medida.

No hay por qué preocuparse, porque en algún momento el mandatario decidirá dar a conocer a las explicaciones sobre el tema a su modo, en una cadena nacional de noticias, para que nadie se queje de no haber escuchado, porque ya sabemos que el proyecto en vigencia es “de por vida”.

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El Día: Bolítica

Si llega la acusación formal daremos curso a lo que dice la justicia. Nosotros en este tema no tenemos nada que ver, es un tema de la justicia".

Edwin Muñoz
Jefe de la Bancada del Mas en La Asamblea Departamental


Se dice que: En caso de que la Fiscalía solicite la suspensión del cargo de los gobernadores del Beni, Ernesto Suárez, y de Santa Cruz, Rubén Costas, los asambleístas del MAS darán curso al requerimiento fiscal en las respectivas asambleas legislativas.


Nuestros adversarios políticos intentan derrocar a Suárez y tomar la Gobernación como lo hicieron en Tarija. La democracia está en riesgo porque el MAS utiliza la justicia con fines políticos".

Fabiola Leiva
Jefe de Bancada de Primero El Beni

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El Día: El que gobierna, viaja

Durante los últimos meses se ha estado comentando sobre la inusitada pérdida de interés del presidente Morales por los viajes. Apenas dos vuelos al exterior desde diciembre del año pasado, es decir, desde que fue detenido en Panamá el ex jefe antidrogas de Bolivia, René Sanabria. Desde hace tiempo también se comenta con mucho más insistencia que quien en verdad maneja los hilos del Gobierno boliviano es el vicepresidente Álvaro García Linera, a quien se le atribuyó la responsabilidad por el “gasolinazo” y quien ha diseñado todo el plan político-jurídico de la elección de las autoridades del Órgano Judicial, que incluye, por supuesto, el desplazamiento de la Policía en el control del servicio de Identificación. García Linera es también el que hace los viajes. Acaba de llegar de Argentina, donde se entrevistó con la presidenta Cristina Fernández y en este momento ya está en Madrid, España, donde ha sido invitado por una universidad para hablar sobre la realidad nacional. Está prevista también una entrevista con el vicepresidente tercero del gobierno español, Manuel Chaves, y con el líder del Partido Socialista. La única ventaja es que el nuevo viajero no confundirá el Reino de España con una república y tampoco dirá que los aymaras lucharon contra el Imperio Romano.

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El Día: Gobierno ‘chuto’

En Bolivia vivimos inventando palabras para disfrazar la ilegalidad. “Coca excedentaria”  le decimos a la coca que es usada para fabricar cocaína y que ha sido durante los últimos 30 años el caldo de cultivo del movimiento político que hoy nos gobierna a todos. “Chutos” son los autos de contrabando, cuyos propietarios han sobornado vigilantes fronterizos, han falsificado placas, han comprado las conciencias de dirigentes campesinos y líderes de ayllus que confiesan sin ambages que son protectores del “contrabando”, actividad que fue calificada por un ex ministro de Educación (de este Gobierno, por supuesto), como un medio de supervivencia habitual de numerosas comunidades rurales, que hoy combinan este rubro con el tráfico de drogas, pues son complementarios.

¿Hace cuántos años que se declaró ilegal a la internación y comercio de ropa usada en el país? ¿Cuántas hectáreas por encima de las que mencionan las leyes hay sembradas en Bolivia? ¿Qué se hace para incorporar a la legalidad al 70 por ciento de las actividades económicas que no pagan impuestos, que no cumplen con los requisitos de sanidad ni ninguna otra norma de comercio o de seguridad, que violan leyes laborales, ordenanzas municipales y hasta penales.

El presidente Morales dice odiar la burocracia y es cada vez más notorio el desprecio que siente por las leyes. Lo dice abiertamente y lo practica con regularidad. No se entiende entonces, que casi al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaba la amnistía para decenas de miles (no se sabe cuántos son) de autos ilegales, el Órgano Ejecutivo lanzaba el Decreto Supremo 772 que establece nuevas restricciones a las exportaciones legales y que provocó un cuello de botella en las fronteras, obligando a retornar a muchos camiones cargados. Ni siquiera el personal de la Aduana, institución que se quejó por el “perdonazo” a los “autos chutos”, podía entender las recientes determinaciones, que agravan aún más la inseguridad jurídica y ahuyentan las inversiones legales.

Durante varias semanas previas, el anuncio de la amnistía de los “autos chutos” estuvo en boca de varios senadores que combinan sus actividades legislativas con ciertos negocios informales, mientras autoridades del área económica hacían intentos por minimizar la medida y en otros casos expresaban cierto rechazo. Esa fue la forma del Estado Plurinacional de lanzar la advertencia a los contrabandistas de que estaba por abrirse la tranquera de la ilegalidad y en consecuencia, dar el banderazo para que puedan cruzar la frontera con su mercadería.

Los que critican la falta de coherencia de un Gobierno que puso en la categoría de “delito penal” al contrabando y que supuestamente le declaró la guerra a los contrabandistas, olvidan considerar que el origen y la razón de ser de este régimen es la ilegalidad y que mientras permanezca en el poder no hará otra cosa más que consolidar este sistema de cosas.  La lucha contra la corrupción, las leyes y los decretos que restringen ciertas actividades, no son más que instrumentos destinados a destruir a los enemigos, cuya lista se ha extendido a todo aquel que insista en respetar las leyes y conducirse por el sendero de la formalidad. El instinto de supervivencia indica que el mejor camino es obviamente el que está marcando el Gobierno “chuto”. Así lo van a asimilar muchos bolivianos que hasta ayer creían que era posible evitar este descalabro.

 

Los que critican la falta de coherencia de un Gobierno que puso en la categoría de ‘delito penal’ al contrabando y que supuestamente le declaró la guerra a los contrabandistas, olvidan considerar que el origen y la razón de ser de este régimen es la ilegalidad y que mientras permanezca en el poder no hará otra cosa más que consolidar este
sistema de cosas. 

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El Día: Historia de una memoria

En diversos momentos históricos los hombres de ciencia han encontrado objetos extraños de diferente textura y forma que los han sorprendido: Una esfera de un material desconocido, una pirámide de metal o cilindros transparentes cuyo significado se ignora, de una manera similar que otras civilizaciones del futuro encontrarían un disco compacto –CD- cuya forma circular lisa les sorprendería al ignorar que contienen información que les daría una idea de lo que somos hoy. Lo que quiero decir que es importante guardar la memoria de las civilizaciones para que otros seres las entiendan y construyan el futuro. Por ello, la memoria escrita, hoy por hoy, es un tesoro a conservar.

Cómo entender, por ejemplo, aquel surrealista ejemplo de la explotación de la plata del Cerro Rico de Potosí, cuya enorme riqueza hubiera permitido construir un puente de plata desde América hasta España. Los historiadores, metodología científica mediante, podrían comprender los avatares del surgimiento de las naciones emergentes de América del Sur por medio de la interpretación de los hechos económicos suscitados en la ruta de la plata. Resulta imposible eludir el hecho que la ciudad de Potosí fue, en su momento, una urbe que albergaba más almas que la capital de Francia, París. En Potosí se comerciaban los más variados artículos procedentes de diversas regiones del mundo.

Todo ello está registrado en la ahora declarada “Memoria del  Mundo”,  que son los testimonios escritos del Fondo Documental de la Real Audiencia de La Plata, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Estos documentos informan sobre el desarrollo de las minas de plata de Potosí, entre 1561 y 1825, cuya explotación se exportó a España y Europa, constituyéndose en el primer eslabón del circuito comercial globalizado para la plata en los siglos 16 y 17. Una perla comparable al patrimonio documental de la Música americana colonial, de los siglos 16 y 17, reconocido “Memoria del Mundo” en 2007.

En todo caso se trata del rescate de la memoria colectiva de los pueblos, a partir de la memoria histórica e individual registrada en documentos que reflejan la historia cultural del Nuevo Mundo en todas sus facetas, desde sus fuentes indígenas, africanas y europeas que nos han dado características religiosas y laicas, civiles y políticas peculiares, refinadas y populares, vocales e instrumentales, místicas y dramáticas, así como también renacentistas, barrocas y clásicas. Un ejemplo más del formidable mestizaje mundial que echa por tierra posturas elitistas y clasistas, y que privilegia la universalidad de los derechos humanos y el destino común de la sufrida humanidad.

La “Memoria del Mundo” se enriquece con un patrimonio documental de importancia internacional, regional y nacional cuya preservación y acceso sin discriminación obliga a los poderes públicos a ingentes esfuerzos, en estricta colaboración con los ciudadanos y los sectores empresarial y comercial. De alguna manera, se reconstruye la historia de la memoria de los pueblos a partir de una memoria de la historia registrada por quienes fueron testigos del paso del tiempo. Quizás sea una vía para entendernos, sobre la base documental que nos demuestra que no somos totalmente occidentales ni hispánicos, ni enteramente americanos. Nos ayudará a recordar de dónde somos y a qué venimos.

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El Día: Cosas que uno ve

Santa Cruz, Aeropuerto Viru-Viru, amanecer del 24 de mayo. Inicialmente creí que se trataba de contrabandistas panameños, posiblemente narcos. Carritos y carritos de equipaje, con al menos cincuentena de inmensos bolsos herméticamente envueltos en plástico, se alineaban ante los mostradores de COPA. Los dueños, todos hombres exceptuando a dos mujeres, una negra y una local, llevaban el pelo al rape y destacaban por la musculosidad de sus cuerpos. Comerciantes no, me dije, y supe que eran soldados, soldados cubanos haciendo qué en Bolivia, no sabía.

Dos oficiales, seguro, porque ante ellos se reportaba la tropa, una docena. Aunque vestían de civil, notoria era su actitud de primates elementales como suele ser la milicada. Me intrigaba el cargamento, todo en bolsas iguales, grandes de metro y más, y altas de cincuenta centímetros. Llevaban una etiqueta que traía una especie de venado, como si fuesen aperos de cazador. Pero para qué sacarían cubanos armas de Bolivia. Lo contrario es más creíble. Era, sin lugar a dudas, contrabando de las fuerzas de cierta revolución para ingresarlas al país donde tristemente no hay nada. Qué clase de contrabando queda la pregunta, porque pienso que se podría comprar más barato en Panamá, desde donde ellos continuarían a La Habana y yo seguiría hacia Houston.

Un borrachito paceño que hacía fila conmigo comentó que aquello parecía el Desaguadero, y fotografió desde el celular. Entonces uno de los mandamases se paró, y caminó hacia él, inquisitivo aunque sin hablar. No le había gustado. Algo tenían que esconder. Era por demás rara la situación, confirmada luego que vimos pasar el cargamento directo hacia el avión, sin cuestionamientos. Creí, porque tengo derecho a creer, que quizá así es como la droga, prominente negocio de la era Morales, sale del país, y que las historias que uno y otro lado cuentan son medias historias, incluida la del general Ochoa, fusilado por Fidel, y de la que he oído una versión distinta, que citaba también a Escobar, el de Medellín.

Uno de los soldados era boliviano, por su pasaporte; oriental. A éste lo acompañaban una mujer y una niña pequeña, con documentos norteamericanos. Al iniciarse el chequeo de narcóticos, los cubanos se burlaban del agente a cargo llamándolo D’Artagnan, mientras hablaban de peleas de gallos en Jagua la Grande. Casi entablé conversación, ya que había pasado yo por allí y por Aguada, pero preferí callar y observar. Los agentes de narcóticos del estado plurinacional ponían énfasis en los dulces y los chicles, con evidente desconocimiento de causa, o porque simplemente no les interesaba. Luego entramos a preembarque y los guerreros se fueron al bar a tomar Coca Cola y tal vez ron. Cuando llegó el avión de Panamá que nos llevaría, bajaron más soldados cubanos de civil, que saludaban de detrás del vidrio a sus camaradas. Obvio que son muchos y que conforman una de las estructuras de poder del emperador iletrado. Pensé en los imbéciles militares de Bolivia bravuconeando acerca de la matanza del Che, y que fuerzas foráneas no hollarían otra vez territorio nacional. Hoy los cubanos les hacen comer desde las botas. Los generales de Bolivia se venden, y barato, como putas (con respeto de ellas).

A tiempo de subir al avión, entraron a la primera llamada. Los miré acomodados en los sillones de cuero de primera clase y asimilé la gran ventaja de pertenecer a la Revolución. La única que fue en clase económica, con el resto, fue la boliviana con su hija, mientras nos cerraban las cortinas y les servían de entrada mojitos y otras vainas. A revolución así, la de aquí y la de allá, pertenecer no quiero. Porque ni contrabandista soy, ni narco, y menos milico de tal por cual.

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El Día: De ‘chutos’ y ‘chutazos’

Hay cosas que uno a veces no logra entender, pero como alguien dijo que “la política es el arte de lo posible”, se ve forzado a hacerlo. El tema de hoy tiene que ver con una propuesta de ley por parte de un senador oficialista, para favorecer con una amnistía a los vehículos “chutos”, indocumentados —sin eufemismos— contrabandeados.

“Economía y Aduana observan la legalización de chutos”, tituló La Razón (25/05/2011) dando cuenta de su preocupación por la posible afectación a una norma que el Órgano Ejecutivo lanzara el 2008 para propiciar la importación legal de vehículos y renovar el parque automotor, vetando el ingreso de los viejos y usados que, por contaminar, son desechados en otros países. Dicha ley podría borrar con el codo lo escrito con la mano.

Según la nota, la presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) exteriorizó su preocupación no sólo porque esa iniciativa debilitaría a dicha entidad en su destacable decisión de luchar contra el flagelo del contrabando, sino porque tal señal podría deteriorar la conducta del “contribuyente cumplidor”, tornándose perversa en contra de la legalidad, repitiendo así el error de los gobiernos neoliberales que para tapar el déficit fiscal recurrían a “perdonazos” tributarios a fin de generar ingresos, así sea dando la venia a un delito.

Pero, si bien los pronunciamientos por separado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la ANB tuvieron coincidencias, también se notó una diferencia: mientras la Aduana estimó que el techo podría ser de 5.000 motorizados, dado que no todo podrá ser “legalizado” (vehículos siniestrados, amolados, remarcados, robados, incautados, etc.), el portavoz del ministerio mencionó más bien 10.000 motorizados, y lo curioso fue el “esfuerzo de cálculo” que se habría hecho para determinar la recaudación que ello podría generar —cinco millones de dólares— lo que significaría, ¿un promedio de 500 dólares por “chuto”?  ¡Ojalá se confirme el mal “esfuerzo de cálculo” realizado!

Muchas dudas se ciernen sobre el tema. ¿Cuál la necesidad de premiar al ilegal y castigar al importador formal? ¿Cuántos autos usados fueron contrabandeados por el solo anuncio de la “ley perdonadora” y cuántos más entrarán ilegalmente hasta su aplicación? ¿Qué de la contaminación y del consumo adicional de combustibles que ello implicará? ¿Nadie pensó en aprovechar la situación para obligar a convertir a GNV los autos contrabandeados? ¿Se permitirá a la Aduana hacer un trabajo profesional en la valoración aduanera? ¿Querrán los contrabandistas pagar las multas? ¿Qué pasará con los autos que no se legalicen? ¿Habrá una prórroga, como la otorgada a los contrabandistas de ropa usada? ¿O se los confiscará? ¿Cómo? ¿Quién? ¡Si el sacrificado COA no tiene pisada en diversas localidades convertidas en verdaderos feudos de contrabandistas!

La historia da cuenta que cuando se premia la ilegalidad y la informalidad, las sociedades languidecen. Con razón se dice que la principal diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es que en los primeros las normas son flexibles pero de aplicación rígida, mientras que en los subdesarrollados “las leyes son duras pero su aplicación es flexible”.

Con esta nueva amnistía para los “chutos”, la sensación de riesgo que había subido y preocupado a los contrabandistas bajará, pero además se premiará a los “vivos” que infringieron la ley,  y se dará un nuevo “chutazo” (patada) a quienes la respetaron.

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El Día: Páginas negras

No se olvide que los jueces han tenido un papel de primera importancia en la historia de las civilizaciones. No puede entonces confiarse la justicia en manos de militancias políticas radicales o insolventes moralmente. Esta es la cuestión que plantea la Ley del Régimen Electoral, a pesar de que el propio Evo ha insistido en que la prensa no tendrá limitación alguna para entrevistar y dar a conocer al gran público las cualidades de los postulantes a los altos puestos del órgano judicial, todavía quedan recovecos en la misma ley que exige la autorización del Tribunal Supremo Electoral para que los periodistas puedan interrogar al postulante. Así que las próximas elecciones para magistrados y jueces tendremos que votar a ciegas. Y si -como es lo más probable- sale de las urnas un Órgano Judicial impropio de un país civilizado, tendremos que acatar las decisiones de un Órgano Judicial capaz de las mayores aberraciones e injusticias.

Esta sería una de las consecuencias de la forma de gobierno que rige actualmente en el país. Si es verdad que un Estado Democrático de Derecho es el que distribuye adecuadamente las competencias estatales en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, la conclusión es que el régimen político del MAS está muy lejos de ser democrático.

Pongamos por ejemplo algunos hechos que enturbian la historia del gobierno masista: Me refiero a Santos Ramírez, hombre de confianza de Don Evo, ex presidente de YPFB actualmente encarcelado, imputado principal de una estafa de gran envergadura. El hecho no pudo disimularse, entre otros motivos, porque en aquella hazaña cayó asesinado el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach.

El segundo punto negro mayúsculo del actual Gobierno fue la captura del ex general René Sanabria detenido en Panamá por delitos graves de narcotráfico y actualmente encarcelado y juzgado en Florida (USA). Sanabria no era un cualquiera. Ocupó los cargos de jefe de la policía antinarcóticos, y luego director de la “inteligencia” de la Policía boliviana. Nadie se enteró de sus turbios negocios: Ni el Ministerio de Gobierno ni el de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. No sigo contando el negociadillo de las placas clonadas por demasiado conocido.

Pero sí mencionaré que el reo Sanabria probablemente se acogerá a la condición de testigo protegido que, según la legislación norteamericana, puede otorgar ciertos alivios a la pena impuesta al condenado.

Con éstos y otros antecedentes, unos frescos fiscales bolivianos pretenden meter sus narices en el proceso contra Sanabria. Ni el tribunal admitirá funcionarios ajenos. Y, muy probablemente, ni el consulado estadounidense les otorgará la visa.
 

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El Día: Bolítica

Lo que sí tenemos, como corresponde, y esto es tranquilizador para los chilenos, es que las Fuerzas Armadas se encuentran en su capacidad plena para resguardar la soberanía y la integridad territorial".

Andrés Allamand
Ministro De Defensa De Chile


Se dice que: La demanda internacional de reivindicación marítima que pretende Bolivia, ha enturbiado el diálogo que venía sosteniendo con Chile sobre una agenda de 13 puntos incluido un acceso soberano al mar.


El discurso ‘bélico’ del Ministro de Defensa de Chile no coincide con lo que señala el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dijo que la mejor forma de avanzar hacia acuerdos es el diálogo".

Rubén Saavedra
Director De Estrategia Marítima

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El Día: La farsa y la realidad

Lo mismo que igual. Fue simplemente una farsa la promesa de hacer cambios sustanciales a la Ley del Régimen Electoral en lo relativo a la libertad de expresión. Se mantienen las restricciones al derecho a la información y lo que es peor, se institucionaliza la censura previa en Bolivia, ya que los periodistas que pretendan entrevistar a los candidatos a ocupar cargos en el Órgano Judicial, deberán mandar antes su cuestionario para que algún funcionario del Tribunal Supremo Electoral, es decir, del régimen, lo tachonee a su antojo. Los operadores del Gobierno del MAS le han agarrado terror a la prensa, porque están convencidos que la comunicación libre tiene más poder del que realmente tiene. Ellos creen, por ejemplo, que los medios poseen la capacidad de hacer quedar de burros a los que son inteligentes y viceversa. No quieren sobreexponer a “sus” candidatos a jueces y magistrados, porque tienen miedo a esas distorsiones, como si la gente fuera tonta y no pudiera darse cuenta con una simple entrevista, quién es quién y para quién juega. De la misma forma están convencidos que la propaganda tiene la virtud de reemplazar a la realidad. Y así están gobernando, a puro spots, jingles y transmisiones en vivo.

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El Día: País de paz media

Recientes noticias de prensa han dado cuenta que Bolivia ha sido calificado como un país de paz media por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con base en 23 indicadores diferentes, conflictos internos e internacionales, así como su nivel de militarización, que configuran una escala para medir la Paz Global. El informe señala que el país ha mejorado su índice de paz, pese a que el puesto con el que ha calificado se encuentra muy alejado de los países considerados pacíficos, como Islandia, Nueva Zelanda, Japón, o de Uruguay, el más pacífico de la región. En otras palabras, todavía hace falta recorrer un largo trecho hacia un país en paz consigo mismo y con los demás.

Si se considera que los niveles de tranquilidad se sustentan en la manera cómo se resuelven los conflictos entre los ciudadanos y sus gobiernos y de qué forma las naciones crean su estabilidad sin utilizar la fuerza militar, corresponde hacer votos porque el país avance hacia un mejor y mayor entendimiento entre oficialistas y opositores, privilegiando el interés colectivo por sobre los mezquinos y ruines intereses personales y de grupo. Asimismo, resulta sensato  alentar la construcción de escenarios de diálogo y consenso, donde el intercambio de criterios sea civilizado y desprendido, especialmente si se consideran asuntos vitales para el bienestar de la ciudadanía.

Bolivia es un país tradicionalmente pacífico, en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, su paz social se ha visto permanentemente alterada por la dinámica de sus conflictos políticos internos, resultantes de la histórica lucha dialéctica en la construcción de la nación boliviana. En esta dirección la unidad de objetivos puede allanar los obstáculos hacia el entendimiento por el progreso y el desarrollo del país. Por otra parte, hace falta todavía mayores esfuerzos en el terreno diplomático para hacer comprender a los países vecinos que la preocupación nacional por ocuparse de sus centenariamente desguarnecidas fronteras no significa de riesgo alguno de agresión.

Conviene recordar que resulta suficiente que Bolivia establezca un puesto militar de vigilancia o emprenda mejoras en las unidades cuartelarias para que voces interesadas acusen al país de ingresar a una escalada armamentista. Basta repasar las páginas de la historia para que gobernantes y ciudadanos asuman que el país está obligado a manejarse con mucha cautela y moderación en esos terrenos de difícil tránsito. Para ello, hace falta que exista una mayor unidad de criterios entre opositores y oficialistas para velar por los intereses mayores del país, tal como sucede en los países vecinos.

La clasificación de país de paz media debería alentar a las fuerzas vivas del país a comprender mejor la dinámica de las relaciones sociales en tiempos de democracia, utilizando en una escala creciente los instrumentos del diálogo, la persuasión y el consenso, tan fáciles de olvidar en una democracia todavía imperfecta y en construcción como la nuestra. El hecho que se recurra de manera reiterada a las medidas de presión, como bloqueos de carreteras y toma de instituciones o predios, o la intolerancia política nos muestra la magnitud de la tarea colectiva a encarar en procura de una paz social. Si se mira bien, lograr un mejor nivel de paz es todavía una tarea posible y necesaria.

La intolerancia política nos muestra la magnitud de la tarea colectiva a encarar en procura de una paz social, aún así, lograr un mejor nivel de paz es todavía una tarea posible y necesaria.

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El Día: Hay canto de sirenas plurinacionales

U n proverbio árabe señala: "La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía".

En la mitología griega, las sirenas viven en una isla del Mediterráneo. Su canto es tan bello que los marinos que las escuchan no pueden resistírseles y arrojan sus naves contra los arrecifes.  "(…) Este canto se revela melodioso y desgarrador, y está colmado de bellas promesas", relata Ulises en La Odisea.

En Bolivia esos cantos vienen igual: nos están diciendo que vamos a elegir altos magistrados del Poder Judicial para que mejore la administración de justicia, en “un hecho inédito” como lo han repetido los oficialistas.

Pero en la realidad, con el poder de la Asamblea Legislativa Plurinacional, seleccionarán a sus “cuates” como lo dijo
un dirigente indígena arrepentido.

Y entonces del “cuoteo” que teníamos durante la era de los mega y pegacoaliciones, ahora tendremos un “cuateo” y no será extraño que alguien jure con el puño izquierdo levantado como lo hizo un miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

En otro hecho,  al unísono la Asamblea Legislativa Plurinacional y el TSE señalaron que “no había tiempo” de cambiar una coma al reglamento de selección de magistrados.

Pero ni bien lo sugirió el presidente Evo Morales, ambos poderes cambiaron de opinión, aunque en ese tema, en otro canto de sirena, maquillaron el artículo 82 en el que le dan la oportunidad de opinar a los candidatos, pero a los medios de comunicación no le permiten abrir los espacios de opinión.

Y así van aumentando los cantos de sirena como que la democracia es directa y participativa según el artículo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Pero ni bien se plantea una iniciativa legislativa ciudadana para cambiar alguna de las tantas leyes que contradicen a la misma CPE, de pronto aparecen los candados legales y políticos como exigir  25% de las firmas del padrón con huellas dactilares, y por suerte no han pedido grupo sanguíneo, o que, en misión imposible, se convenza a los parlamentarios masistas que cedan al pedido de revocatoria de mandato.

Y es así como, en nombre del pueblo y los dos tercios de la Asamblea, se hace y deshace de la normativa, de la vida y milagros de este país.

Y la soberanía que debería recaer en el pueblo, es decir el mandato,  éste ha quedado en poder de los asambleístas del MAS, al extremo que hasta tienen la potestad de interpretar la violación o no a la CPE, en una tarea que antes era ejercida por el Tribunal Constitucional.

Enterado de los cantos de sirena Ulises tapó sus oídos y así pudo salvar su vida y se resistió al cielo y las estrellas que le ofrecían.

Eso no hacen sin embargo algunos funcionales llamados “tarjetas prepago” por la diputada opositora Jessica Echeverría, cuando dice que “los raspan, los usan y luego los botan” a propósito de la detención de un juez que después de tenerlo para sus fines de toma del poder, se lo llevaron a La Paz en mangas de camisa y  luego lo destituyeron. Y colorín colorado, el canto ha terminado…

 

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El Día: Razones para no vender gas a Chile

Durante el reciente Primer Seminario Internacional “YPFB Gas y Petróleo”, ante una pregunta puntual de la prensa, el ministro del ramo afirmó que es imposible vender gas natural a Chile porque el Gobierno actual respeta la decisión expresada en la cuarta pregunta del Referéndum del Gas, convocado bajo la Presidencia de Carlos Mesa en julio de 2004, “de no vender ni una molécula de gas” al vecino país.

La respuesta “de memoria” del ministro puede justificarse por querer zafarse del acoso periodístico, pero la realidad es otra y otras son las razones por las cuales no es posible, en la actualidad, vender gas a Chile.

En primer lugar, no existe un gasoducto por el cual se podría exportar gas a Chile. Antes de pensar en un contrato habría que pensar en un proyecto de gasoducto, con todas las dificultades técnicas y económicas que implica esa empresa. Tampoco se podrían utilizar los gasoductos argentinos, como subrepticiamente se hizo en algún momento por parte de ENARSA: el envío de gas a la Argentina está al máximo de la capacidad del ducto y las ansiadas ampliaciones del GIJA están atrasadas, como de costumbre.

Tampoco existe una solicitud de empresarios o del Estado chileno para comprar gas boliviano. Sobran “declaraciones de interés”, como la que hacemos cuando asistimos a un concurso de reinas de belleza. Pero de negociar contratos, ni sombra. El tema recurrente en esa clase de negocio es la confiabilidad, una materia prima muy rara en nuestro país, desde siempre. Confiabilidad de suministro, de reglas, de imparcialidad de la justicia, que no se adquiere con declaraciones, por demás ambiguas, como las que siguen repitiendo las máximas autoridades del Estado y del sector.

En realidad,  el ministro de Hidrocarburos ocultó la razón más importante: no podemos vender lo que no tenemos. Aunque hubiere compradores en Chile y resultare factible, para el tamaño de ese negocio, la construcción de un gasoducto desde el Chaco hasta posiblemente el megapuerto de Mejillones, al presente no sobra gas para exportar, con base en el informe de Ryder Scott al 31/12/2009, que, por cierto, sigue sin publicarse. Evidentemente se ha declarado la comercialidad del campo Aquío, pero su potencial ha generado contradicciones entre los que saben (los operadores) y los que declaran. En todo caso, la próxima certificación de reservas dará el verdadero potencial de ese campo y de otros que se podría descubrir pronto.

Conociendo estas poderosas razones, el ministro ha buscado una explicación falsa. La IV pregunta del Referéndum del año 2004 no prohibió la venta de gas a Chile, sino ratificó el acuerdo del pueblo boliviano “con la política del presidente Mesa” para utilizar el gas como un medio para obtener una salida libre y útil al océano Pacifico.

Carlos Mesa, quien actuó responsablemente con esa temática, ineludible en ese entonces, ya no es Presidente y existe hoy otra política de relacionamiento con Chile, aunque es siempre más difícil entender en qué consiste.

Por tanto, con esos antecedentes, el Referéndum de 2004 no es ningún obstáculo para una eventual exportación de gas a Chile, si el país y el Gobierno lo estimaran oportuno y si, además, se dieran las condiciones para un tal emprendimiento.

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El Día: Bolítica

El primer requisito para tener un diálogo sólido con Bolivia es el pleno y total respeto de ese tratado (de 1904). Estas conversaciones son de carácter bilateral y no competen a otro país o a organismos internacionales’.

Sebastián Piñera
Presidente de Chile


Se dice que: ¿Cuál es la estrategia de Bolivia hacia Chile? ¿Si la intención es demandarlo ante tribunales internacionales, por qué se toma la iniciativa de pedirle otra propuesta?   ¿No estaban cansados del diálogo improductivo con Santiago?.


  Si tanto se habla del diálogo, que Chile presente una propuesta concreta en el marco de las resoluciones de la OEA, para que se inicie formalmente un proceso de negociación para que Bolivia acceda con soberanía al Pacífico’.

Evo Morales
Presidente de Bolivia

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El Día: De trancas y bloqueadores

Lo que ocurre con el bloqueo en la frontera con Perú, donde están con ganas de empatar el récord de un mes de Evo Morales, debería servir para que el Presidente le ponga freno a las rabietas que están comenzando a encrespar a los chilenos. En la región de Puno, alrededor de 15 mil aymaras han puesto de cabeza a todo el sur peruano, haciendo las mismas demandas que en Bolivia se convirtieron en política de Estado;  es decir, ahuyentar empresas extranjeras. Mirando lo que pasa en ese lugar, donde además de interrumpir un importante corredor de exportación, los manifestantes han saqueado, han tomado rehenes y han causado destrozos de toda índole, uno se pone a pensar qué pasaría si en lugar usar los puertos chilenos, las importaciones y exportaciones bolivianas se hicieran por Perú, alternativa que resurgió recientemente. Qué ocurriría si, por una de esas casualidades, Bolivia consigue un acceso al Pacífico (con o sin). Al día siguiente no serán 15 mil sino más los bolivianos de las 36 nacionalidades, incluidos los híbridos y futuros cruzamientos, los que estarán dispuestos a bloquear y dejarnos a todos fritos, sin comida ni nada. En esta Bolivia donde cada vez se importa más (no confundir con importancia), es bueno tener vecinos serios como Chile y Brasil. Cambiarlos por trancas sería un grave error.

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