La impostura regional

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. Los Tiempos: El Presidente escuchó argumentos

  2. El Deber: La nación por encima de lo ‘plurinacional’

  3. Cambio: Nada justifica la corrupción

  4. La Prensa: El Presidente escuchó argumentos

  5. El Diario: Dudas y desesperanza para las inversiones privadas

  6. El Mundo: Tapaboca

  7. Clarín, Argentina:

  8. El Día: La impostura regional

  9. El Día: Color verde olivo

  10. El Día: Bolítica

  11. El Día: Entre traiciones y zancadillas

  12. El Día: Raúl Prebish y el efecto China

  13. El Día: Bolítica

  14. El Día: Mojones de plastilina

  15. El Día: La pobreza de los niños

  16. El Día: La silla vacía en Washington

  17. El Día: El doble discurso de Hugo Chávez y las FARC

  18. El Día: Bolítica

  19. El Día: Ingratas coincidencias

  20. El Día: El bebé de Rosmery

  21. El Día: La desintegración de la Policía


Los Tiempos: El Presidente escuchó argumentos

NUESTRA PALABRA Esta experiencia enseña que cuando la ciudadanía, con sólidos argumentos, decide hacer respetar sus derechos es posible poner freno a actitudes autoritarias



Corresponde destacar y felicitar la decisión del Presidente del Estado de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del Artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral, decisión que muestra la capacidad que ha tenido de escuchar los argumentos que en contra de esta disposición han provenido desde diversos sectores de la sociedad boliviana.

Ese rechazo se sustenta en que el Artículo 82 viola flagrantemente las libertades de investigación, opinión, información y prensa, pues, como lo hemos señalado en más de una oportunidad, prohíbe a los postulantes al Órgano Judicial a, entre otras acciones, realizar cualquier forma de campaña, "manifestar opinión" o "tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole"; tampoco pueden emitir opinión a su favor o en contra de otros postulantes en medios de  comunicación ni acceder "a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo que postulan".

A su vez, prohíbe a los medios a difundir "documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral"; referirse específicamente a un postulante, en forma positiva o negativas; generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes ni dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante. Finalmente, prohíbe la realización de campaña y propaganda.

Asimismo, una vez más se comprueba que cuando la ciudadanía, con sólidos argumentos, decide hacer respetar sus derechos es posible poner freno a actitudes autoritarias que aprovechan cualquier mecanismo para aplicar su concepción de control total de la sociedad. Por ello es que la decisión presidencial significa también un severo llamado de atención a una serie de áulicos que por defender su circunstancial poder han sido incapaces de generar iniciativas para impedir que se termine de deslegitimar la sin precedentes elección de autoridades del Órgano Judicial, como advirtieron oportunamente las organizaciones del periodismo, editoriales y comentarios difundidos por los medios, algunos pronunciamientos ciudadanos, así como las demandas de representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la COB.

También es necesario reiterar en esta oportunidad que la ciudadanía es la principal beneficiaria de esta revisión, pues sólo en la medida en que esté bien informada podrá elegir libre y correctamente a aquellos postulantes que considere que son los mejores.

Con la norma actual, lo único que hubiera hecho era dar su voto a uno de quienes el MAS quiere que sean autoridades judiciales

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Pero, aún falta un complejo trámite para concretar la reforma y habrá que estar atentos para evitar que quienes, pese a la exhortación presidencial, aún quieren controlar la actividad informativa logren su propósito. Por eso es correcta la decisión de las organizaciones del periodismo de proponer su participación en la elaboración de los artículos que reemplacen el Artículo 82 con el "propósito de lograr que la sociedad tenga totalmente garantizado su derecho a estar veraz, correcta y oportunamente informados", objetivo que es el que ha guiado su acciones y la de sus afiliados en estas últimas semanas de intensa actividad en defensa de derechos inalienables de la gente.

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El Deber: La nación por encima de lo ‘plurinacional’

El reciente lío surgido en la Asamblea Legislativa Departamental cruceña terminó tal como lo quería el oficialismo. Tras una serie de incidentes y forcejeos de toda naturaleza, se impuso al fin la presencia -en uno de los curules  asignados a los indígenas- del novel ‘pueblo’ yuracaré-moxeño y -nada menos- en la presidencia de ese cuerpo. Dejando de lado el problema surgido y sus potenciales consecuencias a futuro, más otras preocupantes  preguntas que surgen como resultado de lo sucedido, hay algo que nos ha llamado la atención  en el proceso y que vale la pena comentar.

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Cambio: Nada justifica la corrupción

Tras la destitución del general Ciro Farfán del Comando General de la Policía Boliviana por presuntos vínculos con una banda delincuencial de clonadores de placas de control de vehículos; en los últimos días surgieron una serie de versiones respecto de las causas que presumiblemente alimentan ese flajelo social que golpea desde hace muchos años a la institucionalidad de nuestra entidad del orden.

Es que la corrupción no se limita sólo a las transacciones de dinero, en determinados casos es el precio que se paga a los individuos por participar en decisiones contrarias al interés general y a los que fueran sus propias convicciones.

Los hechos desnudan que lamentablemente la corrupción se apoderó de algunos elementos policiales, sin escrúpulos ni valores, carentes de conciencia social e integridad y que con su actitud mancillan la imagen de una de las instituciones encargadas precisamente de luchar en contra del crimen organizado, hacer cumplir el respeto a la ley y dar seguridad a la población.

Y si la corrupción es un mal social que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta en contra de la sociedad, del orden moral, la justicia y el desarrollo integral de los pueblos; cuando un Estado combate ese flajelo social fortalece la institucionalidad democrática, evita las distorsiones en la economía y los vicios en la gestión publica y frena el deterioro de la moral social.

Sin embargo, ¿qué factores alimentan la corrupción? ¿Son hechos aislados o la muestra de una debilidad institucional? ¿Será la falta de salarios más dignos lo que ‘obliga’ a algunos policías a corromperse e incumplir la ley, y no servir a la población ni garantizar la seguridad de todos?

Las preguntas son muchas y seguramente las respuestas también. Según Ronald Noble, secretario General de la Policía Internacional (Interpol), la corrupción es un fenómeno multifacético propiciado por situaciones históricas y socioeconómicas que difieren en función de los países.

Está presente en todos los estratos de la sociedad. Si bien en el pasado se llegó a considerar como un problema fundamentalmente interno, actualmente suele trascender las fronteras nacionales y su repercusión es de carácter mundial, y sus costes ocultos son incalculables. Es que la corrupción mina la misión policial, empobrece al pueblo y pone en peligro la seguridad de muchos para beneficio de muy pocos. Y si este flajelo se infiltra entre las filas policiales sus consecuencias son aún más devastadoras.

Lamentablemente esto es lo que ocurre con la Policía Boliviana, porque los hechos desnudan cobros ilegales —al margen del proceso regular— a choferes del servicio público que comenten infracciones de tránsito; o por agilizar algún trámite o mantener a un camarada en destinos donde se recaudan recursos; amén de pactos entre policías corruptos y delincuentes, o el soborno que un subalterno paga a su superior para que éste deje pasar por alto alguna falta cometida.

Estos son los males que por la salud institucional de la Policía Boliviana deben ser erradicados. Por eso, el presidente Evo Morales destituyó al general Ciro Farfán —sospechoso de nexos con la clonación de placas de vehículos— y lo reemplazó por el general Jorge Santiesteban, quien asumió el reto de enfrentar a la corrupción que carcome la institucional policial.

Sin embargo, sería incorrecto asegurar que la Policía Boliviana es corrupta, porque los delincuentes uniformados son una minoría. Pero hay una pregunta ineludible: ¿Cómo se explica que algunos policías que cada mes cobran en promedio del Estado —según su jerarquía y antiguedad— entre Bs 1.500 y Bs 8.000 ostenten una vida llena de comodidades? Es en este contexto que el general Santiesteban asumió el reto de erradicar la corrupción policial y ésta tarea merece el respaldo de todos los bolivianos.

La corrupción mina la misión policial, empobrece al pueblo y pone en peligro la seguridad de muchos para beneficio de muy pocos. Y si este flajelo se infiltra en la Policía, sus consecuencias son aún más devastadoras.

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La Prensa: El Presidente escuchó argumentos

La ciudadanía es la principal beneficiaria de esta revisión, pues sólo en la medida en que esté bien informada podrá elegir libre y correctamente.

Corresponde destacar y felicitar la decisión del Presidente del Estado de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral, decisión que muestra la capacidad que ha tenido de escuchar los argumentos que en contra de esta disposición han provenido desde diversos sectores de la sociedad boliviana.

Ese rechazo se sustenta en que el artículo 82 viola flagrantemente las libertades de investigación, opinión, información y prensa, pues, como lo hemos señalado en más de una oportunidad, prohíbe a los postulantes al Órgano Judicial a, entre otras acciones, realizar cualquier forma de campaña, ?manifestar opinión? o ?tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole?; tampoco pueden emitir opinión a su favor o en contra de otros postulantes en medios de comunicación ni acceder ?a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo que postulan?.

A su vez, prohíbe a los medios a difundir ?documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral?; referirse específicamente a un postulante, en forma positiva o negativa; generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes, ni dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante. Finalmente, prohíbe la realización de campaña y propaganda.

Asimismo, una vez más se comprueba que cuando la ciudadanía, con sólidos argumentos, decide hacer respetar sus derechos, es posible poner freno a actitudes que aprovechan cualquier mecanismo para aplicar su concepción de control de la sociedad. Por ello es que la decisión presidencial significa también un severo llamado de atención a una serie de áulicos que por defender su circunstancial poder han sido incapaces de generar iniciativas para impedir que se termine de deslegitimar la sin precedente elección de autoridades del Órgano Judicial, como advirtieron oportunamente las organizaciones del periodismo, editoriales y comentarios difundidos por los medios, algunos pronunciamientos ciudadanos, así como las demandas de representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la COB.

También es necesario reiterar en esta oportunidad que la ciudadanía es la principal beneficiaria de esta revisión, pues sólo en la medida en que esté bien informada podrá elegir libre y correctamente a aquellos postulantes que considere que son los mejores. Pero, aún falta un complejo trámite para concretar la reforma y habrá que estar atentos para evitar que quienes, pese a la exhortación presidencial, aún quieren controlar la actividad informativa logren su propósito. Por eso es correcta la decisión de las organizaciones del periodismo de proponer su participación en la elaboración de los artículos que reemplacen el artículo 82 con el ?propósito de lograr que la sociedad tenga totalmente garantizado su derecho a estar veraz, correcta y oportunamente informada?, objetivo que es el que ha guiado su acciones y la de sus afiliados en estas últimas semanas de intensa actividad en defensa de derechos inalienables de la gente.

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El Diario: Dudas y desesperanza para las inversiones privadas

La “anulación del Decreto Supremo 21.060” y la aprobación del decreto 861 han sembrado desesperanza, incertidumbre y dudas en el empresariado para las inversiones que se creía se producirían en cuanto el Gobierno decida dictar normas jurídicas que garanticen plenamente al capital privado, coopere en la implantación de fuentes de riqueza que generen empleo y otorgue o restablezca facilidades para las exportaciones.

Desde el 1º del presente mes, nadie sabe a qué atenerse sobre cómo y qué serán las políticas económicas que implante el gobierno del MAS. Si esto ocurre a nivel nacional, habría que preguntar qué pasa en quienes, en el exterior, tenían expectativas sobre cuándo y cómo se podría invertir en Bolivia.

Mantener en suspenso a quienes deberían estar en plena producción, ampliación de sus instalaciones y con planificación para una mayor producción con la consiguiente contratación de más personal y avizorar posibilidades para diversificar la economía, no resulta conveniente y menos responsable por parte de las autoridades. El país, y muy prioritariamente quienes buscan combatir la inflación, el desempleo, la falta de producción y productividad, las pocas exportaciones y otros aspectos de la economía que permitan salir del atraso y la dependencia, deberían merecer consideración y políticas serias.

En más de cinco años, el Gobierno desestimó cualquier posibilidad de otorgar garantías al capital privado y, por el contrario, expresó la intención de fortalecer la producción manejada por el Gobierno en nombre del Estado con una política – no oficial y sin definiciones precisas – socialista, aun a sabiendas de que ha fracasado en el mundo. ¿Cuál es la intención? ¿Qué se pretende con postergarlo todo y no definir lo que se tenga que hacer? La comunidad nacional, al margen de posiciones políticas o sectarias, precisa saber a qué atenerse, cuál será su futuro, cómo se vencerá a la pobreza y cuáles son los pasos inmediatos que se darán en relación con las inversiones nacionales y extranjeras que se mantienen en una expectativa que no puede vislumbrar absolutamente nada.

Declaraciones de los primeros mandatarios muestran diversas posiciones y, en casos coincidentes, surgen contradicciones que siembran dudas en la población; en otras palabras, no hay definiciones de ninguna clase y ello perjudica al propio Gobierno que muestra, en el día a día, su falta de capacidad para administrar el Estado con indefiniciones que luego derivan en problemas sociales.

Mucho se ha experimentado en más de cinco años y no se avizora cambios porque las autoridades no quieren cambiar en aras de superar la crisis, combatir la pobreza, el contrabando, el narcotráfico y la corrupción. Todo muestra que es preciso actuar con mayor seriedad y honestidad con el país. La incertidumbre para todo lo que significa futuro debe terminar y ello será posible en cuanto el Presidente y todo su equipo decidan cambiar efectivamente, haciendo gestión y administrando responsablemente el país, porque cuanto más tiempo transcurra sin los pasos precisos, los problemas adquirirán dimensiones imprevisibles con nuevos estallidos sociales que sólo agravarían la situación.

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El Mundo: Tapaboca

Cuando la insistencia de los reclamos resulta molestosa, es normal que se haga alguna concesión para evitar que la presión termine por convencer, eso es lo que ha sucedido con el terma de la Ley Electoral que por la cantidad de limitaciones que presentaba, resultaba un bozal no solo para los candidatos que no podían decir una palabra para no quemarse, sino para los medios de comunicación que como se sabe, son los preferidos del Gobierno.

La solución parcial llegó precisamente por ese camino, el Presidente dio alguna facilidad a los candidatos para que puedan ser conocidos, dando la instrucción correspondiente a la Asamblea para que pueda abrir debate sobre el tema, mencionando los puntos en que deberán hacerse las modificaciones.

La decisión sin embargo, mantiene las sanciones a los medios de comunicación por si puedan cometer algún exceso que perjudique a los deseos del Gobierno, de tener el control total de ese importante poder del Estado.

La flexibilización de la norma indica de manera expresa que los candidatos podrán ser entrevistados por los medios para conocer sus antecedentes, pero de ninguna manera para que ellos puedan decir algo sobre su futuro desempeño, pues eso sería comprometer su independencia.

Lo interesante resulta cuando se indica que los medios de comunicación podrán entrevistarlos, pero cuando lo hagan tendrán que hacerlo de una manera equitativa.

Si fueran representantes de varias corrientes políticas eso sería fácil, pero la forma de escoger equitativamente entre más de cien ex militantes del MAS resultará una tarea difícil, por otra lado el poder atender a todos en un solo viaje daría lugar a un programa de varias horas.

Si los medios entrevistan a unos antes que a otros, con seguridad ese hecho podría ser interpretado como un acto de preferencia para favorecer a un candidato determinado.

Si ese candidato es cruceño sería un acto de separatismo que daría lugar a la imposición de sanciones que podrían llegar, por la intensidad del castigo, hasta el cierre de los medios.

Por otro lado, como todos los candidatos llegarán a ser del mismo partido no podrán mencionar el alcance de sus funciones hasta que no conozcan las instrucciones correspondientes.

En otras palabras, la modificación de la ley se producirá de tal manera que diga lo mismo con otras palabras y en muchos casos hará puntualizaciones más precisas, para evitar que los candidatos puedan llegar hasta los medios de comunicación.

De esa manera podemos comprender que las disposiciones últimas que modifican la ley, lo que en realidad persiguen es abrir la posibilidad de afirmar que se hicieron las correcciones ante el clamor popular y que ahora nadie puede observar los alcances de la norma que regulará los comicios en los plazos previstos en el pronunciamiento original.

Demás está afirmar que como consecuencia de los cambios realizados la situación ha llegado a ser exactamente la misma y por consiguiente, se mantienen las limitaciones para que la ciudadanía logre tener cierta posibilidad de escoger ente los candidatos por particularidades que pudieran presentarse.

Por otra lado, las condiciones en que se desarrollará el proceso de inscripción y selección de candidatos con seguridad será un motivo para que solo se animen a hacer su postulación aquellos que fueron previamente señalados, de esa manera los demás evitarán el riesgo de ser vetados por la Asamblea que está habilitada para decir la última palabra sobre las postulaciones y que podría inhabilitar a algunos candidatos también para oportunidades futuras.

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Opinión:

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Clarín, Argentina:

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El Día: La impostura regional

Algunos inocentes creen que el jueves pasado se produjo la capitulación de la dirigencia “opositora” de Santa Cruz, con la posesión de la asambleísta de la etnia yuracaré-mojeña inventada por el Estado Plurinacional. Ese fue apenas uno de los tantos remezones que se han producido luego de la rendición voluntaria e inexplicada hasta el día de hoy, que protagonizaron el actual gobernador de Santa Cruz Rubén Costas y su colega beniano, Ernesto Suárez, quienes rompieron la unidad del Conalde y decidieron aceptar la convocatoria ilegal y amañada del referéndum revocatorio del 2008.

Lo ocurrido hace unos días en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, aunque parezca increíble, fue apenas el resultado de una puja por pegas en la que resultaron vencedoras unas ratas que abandonan un barco que comenzó a hundirse hace mucho tiempo y que, obviamente serán ellas precisamente, las aliadas de los futuros inquilinos del inmueble de la avenida Omar Chávez. Lo del jueves ha sido el ingreso triunfal del MAS a aquel edificio y lo ha hecho a su estilo, con una grosera imposición y burlándose de todos con un truco folclórico, cuya finalidad es ofender y humillar a la ciudadanía, que todavía creía en los discursos trillados y las poses desafiantes de los que hace mucho entregaron los sables.

Lo único que ganaron Rubén Costas y Ernesto Suárez con aquella actitud fue figurar de últimos en la lista del patíbulo autoritario del MAS. Ellos deberían saber y tal vez Leopoldo Fernández pueda contarles, que hay cosas peores que la cárcel. La prueba es Pando, convertido en una plataforma de exportación de cocaína hacia el Caribe; en el canchón de unos aventureros que cometen abusos indecibles con la gente sencilla y humilde de esa alejada región. Todo lo que ha ocurrido después de esa famosa conferencia de prensa que dejó atónitos a los bolivianos que creían que había una forma de salvar a la democracia, ha sido el resultado de una única rendición, que la abrió el ex presidente Jorge Quiroga y la sellaron dos prefectos que hasta ese día eran los abanderados de la autonomía y de la defensa del estado de derecho.

La toma de Pando, el exilio de miles de ciudadanos, el encarcelamiento de cientos de opositores, el derrocamiento de decenas de alcaldes, la persecución de empresarios, dirigentes cívicos y ahora jueces, la destitución del gobernador de Tarija y por supuesto, la posesión de una impostora en la Asamblea de Santa Cruz, el pie de toque del último gran golpe, son consecuencia de un acto que tiene pendiente un juicio político. Lo mismo podría decirse de las secuelas que aún les espera a los habitantes de esta región, cuyos medios de vida y de producción están amenazados.

El MAS no viene sólo a romper un pacto político y a repartirse las pegas de la Gobernación. Su intención es destruir el hábitat de esta región, despojarla de su patrimonio para entregarla a esa nueva élite de cocaleros y traficantes de tierras y por supuesto, desbaratar por completo el tejido social que permitió el establecimiento de un pacto y unos consensos que dieron como resultado un modelo exitoso, sostenible y con un inmenso potencial. ¿Quién va a responder por esto?

A medida que se van multiplicando las señales de sumisión, la ciudadanía que le confió el voto a los que prometieron defender la democracia, se va dando cuenta que lo que hay en realidad es una impostura disfrazada de oposición en el departamento. Los verdaderos opositores están presos o en el exilio.
 

A medida que se van multiplicando las señales de sumisión, la ciudadanía que le confió el voto a los que prometieron defender la democracia, se va dando cuenta que lo que hay en realidad es una impostura disfrazada de oposición en el departamento. Los verdaderos opositores están presos o en el exilio.

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El Día: Color verde olivo

El ex comandante nacional de la Policía, Ciro Farfán, ha comenzado a despertar dudas sobre su destitución. El oficial dijo que antes de que surja el escándalo sobre la camioneta con las placas clonadas, él le había entregado al Ministerio de Gobierno una abultada lista de policías vinculados a graves hechos delictivos. Entre los inculpados hay numerosos capitanes, coroneles y también oficiales de alta graduación.  Según publica la red Erbol, Farfán ha dicho que en la Policía existe una estructura de corrupción que es de conocimiento del Gobierno. Afirma que faltaban tres semanas para que cumpla el plazo de tres meses que le dio el presidente Morales para erradicar la corrupción de la Policía y que justo cuando le pasó “la listita” a las autoridades correspondientes, saltó lo de la camioneta. Se ha dejado entrever que entre Farfán y el Ministro de Gobierno había cortocircuito y eso se deja ver en la actitud agresiva de Sacha Llorentty hacia el General destituido, actitud que se extiende a toda la institución. Seguramente no ha caído nada bien en la Policía la lectura de aquella lista de” jergas coimeriles”. Fue un acto de humillación que los policías saben bien de dónde viene y hacia dónde apunta.

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El Día: Bolítica

Vemos que este anteproyecto de Ley es una nueva arremetida contra los medios de comunicación que pone en riesgo la libertad de prensa, es inconstitucional, porque se atenta contra la libertad de trabajo, la libertad de prensa y la propia CPE".

Franz Araúz
Federación de periodistas independientes de Santa Cruz


Se dice que: El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, dispone que todas las radios y canales de televisión, tendrán la obligación de transmitir los mensajes presidenciales de Evo Morales gratuitamente.


Que todos los mensajes del Ejecutivo sean transmitidos gratuitamente por todos los medios de comunicación va a significar ideologizar a este país, escuchar una sola parte, una sola versión al mejor estilo de Cuba
y Venezuela".

Wilmann Cardozo
DIPUTADO DE TARIJA

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El Día: Entre traiciones y zancadillas

Hasta hace unas semanas pensábamos que de alguna manera los cruceños sabríamos ponerle las cartas sobre la mesa al Gobierno y frenarlo en sus atropellos; insistíamos en que éramos un bastión inexpugnable, la Santa Cruz imparable. Sin embargo, ahora tenemos que reconocer que somos demasiado vulnerables. No sólo que fuimos incapaces de poner coto a la injustificable demanda de un asiento en la Asamblea Legislativa Departamental del inventado pueblo "yuracaré-mojeño", que logró su propósito, sino que, para colmo, hubo componendas con olor fétido dentro de la coalición que acompaña al gobernador Rubén Costas. Hubo traición al Gobernador, pero desgraciadamente él no ha controlado la situación.

Aunque no hubiéramos estado muy convencidos de que la fuerza de Santa Cruz era como la de hace unos años, nunca dejamos de confiar en nuestra dirigencia y de afirmar que el MAS no podría capturar jamás las instituciones cruceñas. Ahora se ve que sólo eran nuestros buenos deseos. O nuestra estúpida equivocación. La dirigencia opositora Verde está desorientada, sin haber logrado consolidar su enorme respaldo ciudadano, y hasta algunos empresarios, que parecían plantar la cara, están sometidos a los caprichos del Gobierno. Ahora resulta que todos en general, tienen deseos de negociar con el MAS para sobrevivir. Algo hay que decir, sin embargo: los cruceños, casi sin excepción, tenemos nuestra cuota de culpa, ya sea por soberbia, ya por dejadez, ya por miedo.

El hecho más patético está sucediendo en estas horas, repetimos, cuando medio centenar de nativos originarios principalmente de Cochabamba –los ya famosos yuracarés– marcharon a pie a lo largo de kilómetros para llegar a una Santa Cruz que esperó impasible la bofetada. Los pocos yuracarés marchistas se tomaron el escaño que pretendían y chitón. Ahí se sucedieron incalificables hechos de traición entre los asambleístas de Costas, como días antes vimos, apesadumbrados, los vergonzosos rezos y sollozos del Presidente de la Asamblea, e intentos desesperados de pactos con el oficialismo, y en el fondo, pánico.

Lejos han quedado los tiempos en que Santa Cruz era, para todo el país, garantía de sostén de la democracia y esperanza de bastión inexpugnable ante la trapacería masista. Nos perdieron el respeto entre los masistas collas que se multiplican como hormigas y copan los gremios más combativos de la ciudad y  los quintacolumnistas acruceñados, colaboracionistas que, desde dentro de casa, han dado estocadas certeras en órganos vitales contribuyendo a abrir camino al persistente intento de dominación aimara en nuestro departamento. Lo que los incas no pudieron en su tiempo frente a los bravos chiriguanos, hoy parece algo inevitable y para mayor vergüenza, fácil.

Cruceño que muestra una pancarta contra S.E. va preso sin más vueltas. Ciudadano que, como protesta, porque el Gobierno hace burla de la Constitución, la despedaza y la quema por inservible, cae en manos de un fiscal. Y las amenazas y las persecuciones en el añejo y desacreditado "caso Rózsa" siguen, de la mano de aquel fiscal que quería irse a su casa porque ya no tenía cómo sostener una acusación inconsistente. Sin embargo, los cruceños quedamos ante los ojos de mucha gente con nuestra imagen dañada, como unos encubiertos separatistas. Todo esto, es ampliamente sabido, lo debemos a tramposas conjuras palaciegas.

Si Santa Cruz, donde se suponía que estaba la resistencia sólida al avasallamiento, no es capaz de frenar a un Gobierno mediocre, inculto, caótico pero insultante, la situación se torna muy grave. Y más peligrosa todavía cuando, en plena democracia, el respaldo popular que obtiene la oposición no le sirve para nada porque el Gobierno la desconoce a través de ardites de la peor calaña. Todo adversario del MAS puede estar seguro de que ya tiene un fiscal que lo está investigando porque manejan la "justicia" a su gusto. Muchos de ellos ya están encarcelados o perdieron su mandato. El oficialismo tomó Pando, Tarija, se robó varios municipios, tiene bajo arresto domiciliario al gobernador beniano y ahora merodea, artero, la alcaldía de Oruro y se relame por la Alcaldía de La Paz.

¿Y la Gobernación cruceña? ¿Qué del gobernador Costas? ¿Acaso lo van a perdonar? Rubén Costas, después de la debilísima actitud de los Verdes y sus aliados ante el medio centenar de yuracarés descalzos que llegaron con arcos y flechas hasta las puertas de la Gobernación, está en un inminente peligro de ser destituido. Con una mayoría filomasista en la Asamblea y con tembladera en las piernas de paso, la democracia autonómica cruceña peligra. Esto, para que el Vicepresidente siga felicitando e incitando a quienes violan  las normas constitucionales.

El MAS disfruta derrocando administraciones legítimamente elegidas. Siempre hay algún vericueto legal para justificar el abuso. Pero a ver quién se atreve a poner en duda la legitimidad de un masista fraudulento o pillo. El que lo haga comete un atentado contra la democracia. Ellos son intocables, legalistas; la oposición son los desechables, la carne para los cuervos. Así se está acabando el estado de derecho.

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El Día: Raúl Prebish y el efecto China

Uno de los economistas latinoamericanos más importantes fue Raúl Prebish, fundador de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). En los años cincuenta, Prebish analizó el deterioro de los términos de intercambio como una de las causas del atraso y subdesarrollo de la región. En base a datos sobre exportaciones e importaciones mostró, desde una perspectiva de largo plazo, que los precios de las materias primas que exportaba América Latina tendían a bajar, mientras que los precios de los bienes industriales que se compraba de las  economías desarrolladas tendían a subir.  Comparando los precios de exportación e importación, se verificó una tendencia estructural a recibir cada vez menos ingresos, hecho que era una de las causas de la pobreza y vulnerabilidad de América Latina. La solución propuesta por Prebish fue una estrategia de substitución de estas importaciones caras, para ello los países de la región debían promover procesos de industrialización y diversificación productiva. En los años sesentas y setentas, varias economías iniciaron este camino con diferente éxito, tal vez los que más avanzaron fueron Brasil, Argentina y México. Uno de los problemas que enfrentó el proceso de substitución de importaciones fue la falta de recursos para la inversión local. A partir del nuevo milenio, se inicia un ciclo comercial que parece ir contra ruta del concepto de deterioro de los términos de intercambio, porque en la primera década del siglo se ha registrado un mejora sustancial  de los precios de las materias primas que América Latina exporta, en especial del petrolero, gas natural, minerales y cereales, que al contrario del pasado, proporcionan inmensos recursos a las economías latinoamericanas para que puedan retomar procesos de industrialización.

El auge de los precios de los productos básicos, que se tradujo en incrementos significativos de los ingresos de exportación de América Latina, se debió al aumento de la demanda de los chinos. Éstos compran cada vez más petróleo, minerales y cereales de la región, pero al mismo tiempo el mayor consumo chino en el mundo también ha influido, de manera indirecta, a que los precios de los productos básicos suban a nivel internacional. De manera simple una parte relevante de la bonanza externa de la región se la debemos al efecto China. Rhys Jenkins ha calculado este valor en su trabajo "El ‘efecto China’ en los precios de los productos básicos y en valor de las exportaciones de América Latina" Revista CEPAL, 103, Abril 2011. El estudio analiza el comportamiento de los precios de los siguiente grupos de productos: Energía, Minerales y metales, Oleaginosas (soya y sus derivados), comidas y bebidas tropicales, productos cárnicos y forestales.  Según Jenkins, para el año 2007, las ganancias de América Latina derivadas del mayor precio de los recursos naturales atribuible a la demanda china estaría en torno a 56 mil millones de dólares.  Para el caso boliviano, la estimativa de ganancia varía entre un 40 y 23,8 por ciento si tomamos como punto de partida el 2002, a través de tres productos:  gas natural (vía incremento del barril de petróleo), minerales y soya.  En valores estaríamos hablando una cifra que oscila entre 1.400 y 830 millones de dólares que se origina en el efecto China.  América Latina y en especial Bolivia, le debe más a la revolución capitalista china que a la revolución socialista dizque en curso.  Aunque la práctica común por estas tierras es ganase indulgencias de ingreso de exportaciones con Avemarías ajenas, y sin decir Jesús.  Los tercos hechos muestran que el efecto China es mucho mayor que el efecto Evo.

Aunque ciertamente, habrá alguien del Gobierno que sostenga que el éxito chino capitalista es, en realidad, un resultado del luminoso proceso de cambio nacional, es decir, que la cola mueve al perro en la globalización. Posterior a la crisis del 2008, el efecto China continuó siendo muy grande porque nuestras exportaciones sobrepasaron los 7 mil millones de verdes. De hecho en el decenio 1999–2009, las exportaciones se incrementaron en 16,3 por ciento, el más grande de la región latinoamericana, en cuanto en el decenio anterior apenas habían aumentado en 2,6 por ciento. El estaño que hace unos años costaba 4 dólares la libra fina, ahora no baja de 14 verdes, el oro sobrepasa los 1.500 dólares la onza, el gas natural sigue también elevado. En términos económicos, estamos frente a una revolución en los precios, el resto es poesía. El choque de ingresos en los últimos 5 años debe estar en torno de 20 mil millones de dólares que lamentablemente no se los ve en la inversión ni el empleo.

Ahora bien, es desconcertante, para decir lo mínimo, que frente a este excelente  contexto de precios de las materias primas impulsada por la demanda china,  la producción de minerales (en el 2010, sólo la producción de estaño y wolfram aumentó), alimentos y petróleo en el país sea menor.  ¿Será una ingeniosa manera de luchar contra el neoliberalismo? Si el precio sube, nosotros ofertamos menos, así aboliremos una ley más, la ley de la oferta y la demanda.  En cuanto el gran Raúl Prebisch debe estar rezando, en el cielo de los economistas,  para que aprovechemos la mejora substancial de los términos de intercambio propiciada por la China y realicemos una revolución productiva.

 

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El Día: Bolítica

Se atropellaron las leyes,  la Constitución, los estatutos con el único propósito de tomar la Asamblea Legislativa Departamental. Lo que el MAS perdió con el voto quiere tomarlo por la fuerza, con una justicia controlada por el gobierno".

Rubén Costas
Gobernador de Santa Cruz


Se dice que: El gobernador Rubén Costas, luego de conocer los resultados de la sesión de la Asamblea Departamental, que pone al MAS en mayoría, dijo que desde esa instancia se producirá un golpe de estado contra la autonomía.


Rosmery Gutiérrez no representa al pueblo yuracaré, ellos la desconocen porque no vive en el pueblo. Están llegando a Santa Cruz los verdaderos yuracarés a reclamar un curul para el pueblo mojeño y otro distinto para el yuracaré".

José Luis Blanco
"Buita Matata" (Gran Cacique) del Pueblo Yuracaré

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El Día: Mojones de plastilina

En los últimos días se ha estado hablando de flan, plastilina y también de mantequilla. Han usado estos términos para referirse a lo que quedó de la otrora aguerrida dirigencia cruceña, esa que levantó los mojones de la autonomía y los plantó en toda la región y en muchas partes del país. Algunos siguen creyendo que Santa Cruz puede ser oposición o tal vez dar señales de resistencia frente al avasallamiento autoritario del régimen gobernante. Lo triste no es que sigan multiplicándose los gestos de sumisión y cobardía frente a la imposición, sino que la gente continúe creyendo que en el departamento todavía hay líderes capaces, por lo menos, de defender los medios de vida y de producción de los dos millones de ciudadanos que habitan esta tierra. Alguien tiene que dejar las cosas en claro y firmar la capitulación de una vez por todas, de frente al pueblo y sin tapujos. No le hace nada bien a la democracia seguir con esta impostura regional de frases trilladas y discursos baratos que insisten que en que “no lograrán arrodillarnos”. Hace mucho que estamos besando el suelo y hace mucho que debimos cambiar esos mojones de “cuchi”, por postes de plastilina o mantequilla.

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El Día: La pobreza de los niños

En los últimos años Bolivia ha dado importantes pasos en la lucha contra la pobreza extrema, esfuerzos que han merecido el reconocimiento internacional y han permitido entre otros logros, una notoria disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, a la sazón indicadores de calidad de vida de los grupos más vulnerables de la sociedad boliviana: las mujeres y los niños. Sin embargo, resulta sensato reconocer que todavía queda mucho por hacer en contra de la pobreza en general, y en especial de la pobreza con rostro de niño, que además de mostrar en toda su magnitud la insuficiencia de lo realizado hasta ahora, perfila la dramática perspectiva del llamado futuro de Bolivia.

El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sobre la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, viene a confirmar el hecho que el desafío prioritario de los gobiernos de la región estriba en atacar las causas primigenias que provocan las dolorosas características de la pobreza infantil, justamente porque la riqueza de sus recursos humanos del futuro está en entredicho. Como una dura bofetada a cualquier pose triunfalista sobre este tema, el informe de la CEPAL resulta lapidario: Bolivia se encuentra entre aquellos países que evidencian mayor pobreza infantil.

Esto significa que en el país no se están cumpliendo a cabalidad las instructivas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que toma en cuenta factores básicos como la nutrición, el acceso al agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda, el número de personas por habitación, la asistencia a la escuela y el acceso a los medios de comunicación e información. Resulta obvio que la insuficiencia de la satisfacción de estas necesidades fundamentales contribuye a un empeoramiento de la situación de pobreza y exclusión social, lo que muestra en última instancia la inmensa tarea pendiente gubernamental.

Para superar las dramáticas características de la pobreza infantil en Bolivia, hará falta un sostenido y sincero esfuerzo por la pacificación del país, de manera que se llegue a una fructífera concertación oposición-oficialismo para impulsar políticas públicas dirigidas a la inversión en la infancia, la reducción de las persistentes desigualdades económicas, territoriales, étnicas y de género, con énfasis en el aliento a la producción, con estímulo a la inversión privada, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad particular. El reto para el Gobierno consiste en que todas las intervenciones públicas a nivel multisectorial estén dirigidas a eliminar la pobreza infantil, para el consiguiente beneficio colectivo.

Conviene advertir que no se trata tan sólo de integrar las políticas sociales, las de empleo y las macroeconómicas, de buscar soluciones integrales para la convivencia civilizada de las opciones políticas en el escenario económico social, sino sobre todo de asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, con mayor provisión y calidad de los servicios básicos y la ampliación de los sistemas de protección social. Se trata de desarrollar tareas multidiversas para beneficio del colectivo nacional, con énfasis en la infancia, cuyos indicadores de calidad de vida reflejan que aún prevalece la retórica sobre la acción.

Resulta sensato reconocer que todavía queda mucho por hacer en contra de la pobreza en general, y en especial de la pobreza con rostro de niño.

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El Día: La silla vacía en Washington

La anunciada salida del jefe de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, ha dado lugar a un debate en Washington acerca de quién debería reemplazarlo, y si debería haber un cambio en las políticas de Estados Unidos hacia América Latina.

Valenzuela, un profesor de la Universidad de Georgetown, nacido en Chile que fue confirmado en su cargo en noviembre del 2009 tras una larga lucha por su ratificación en el Senado, ha anunciado que dejará su cargo en pocas semanas para regresar a la vida académica. El funcionario había sido blanco de duras críticas de los republicanos en el Congreso.

Su súbita partida ha desencadenado un debate acerca de si debe ser reemplazado por un diplomático de carrera, que tendría más experiencia y mejores posibilidades de ser confirmado por el Senado, o por otro designado político, como Valenzuela, que tendría la ventaja de estar más cerca de la Secretaria de Estado y de la Casa Blanca.

Entre los diplomáticos de carrera, fuentes legislativas y diplomáticas me dicen que los nombres que más circulan como posibles sucesores de Valenzuela son los embajadores William Brownfield y Anne W. Patterson.

Brownfield es el jefe de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, y fue embajador en Colombia, Venezuela y Chile. Patterson fue embajadora en Pakistán, embajadora interina ante las Naciones Unidas, y también fue embajadora en Colombia y El Salvador, además de ser la vice-encargada de asuntos latinoamericanos a mediados de la década de 1990.

Pero el problema es que Brownfield fue nombrado hace apenas cuatro meses en su cargo actual en la Oficina Internacional de Narcóticos, que tiene el mismo rango que el puesto de Valenzuela en la burocracia del Departamento de Estado. Sacarlo de allí en este momento enviaría un mensaje equivocado a la burocracia antidrogas de Estados Unidos, me dicen algunos de sus colegas.

Y la embajadora Patterson está actualmente entre los funcionarios más importantes a cargo de las relaciones de Estados Unidos con Egipto, y probablemente sea designada embajadora en Egipto, una prioridad de la política exterior estadounidense en estos momentos. No será fácil sacar a ninguno de los dos de sus cargos actuales, me aseguran fuentes diplomáticas.

Otros funcionarios de carrera que se mencionan son la embajadora en Tailandia, Christy Kenney, que ha sido embajadora en Ecuador y también estuvo destacada en Argentina y en Jamaica, y que además es la esposa de Brownfield; Roberta S. Jacobson, la actual vice-encargada de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, y que fue directora de asuntos mexicanos, ocupó un alto cargo en la embajada estadounidense en Perú, y fue coordinadora de asuntos cubanos; y el actual embajador en Colombia, Michael McKinley.

Entre los posibles designados políticos, que no pertenecen a la burocracia del Departamento de Estado, hay menos candidatos. Dos de los principales candidatos para el puesto, el ex asesor de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca Nelson Cunningham, y el actual subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Francisco Sánchez, les han dicho a varios amigos que no están interesados en el cargo.

Los partidarios de la idea de designar a un funcionario político — no de carrera — argumentan que algunos de los temas más críticos de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica —como los acuerdos de libre comercio con Colombia y Panamá, que aun no han sido ratificados por el Congreso estadounidense — requieren la designación de alguien con buenas conexiones políticas en Washington, mas que con gran conocimiento de la región.

Pero los partidarios de nombrar un funcionario de carrera dicen que el gobierno de Obama debería evitar otra larga lucha política con el Congreso, como la que debió enfrentar para lograr la confirmación en el cargo de Valenzuela hace dos años. Ahora que los republicanos han incrementado su representación en el Congreso, senadores republicanos de línea dura, como Jim DeMint, de Carolina del Sur, y Marco Rubio, de Florida, se sentirán aun más envalentonados para trabar la nominación de un demócrata de centro-izquierda para ese puesto, dicen fuentes bien situadas de ambos partidos.

Mi opinión: si no hay sorpresas, lo más probable que Valenzuela sea reemplazado por un funcionario de carrera del Departamento de Estado — hoy por hoy el que más suena es Brownfield — entre otras cosas porque el gobierno de Obama necesitará que el funcionario que ocupe la silla de Valenzuela sea confirmado por el Senado lo más pronto posible, para poder iniciar los preparativos para la Cumbre de las Américas que se celebrará en Cartagena, Colombia, en abril del 2012.

¿Cambiará algo la designación de un nuevo jefe de asuntos latinoamericanos en la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica? Lo ideal sería que sí. En una próxima columna les diré por qué.

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El Día: El doble discurso de Hugo Chávez y las FARC

El respetado Instituto Internacional de Estudios Estratégicos acaba de publicar, en Londres, una obra de investigación y análisis que no deja dudas acerca de la duplicidad, la mendacidad y las vinculaciones íntimas de Hugo Chávez con la insurgencia marxista colombiana, tanto las FARC como el ELN.

No se trata de una sorpresa, sino de una confirmación. Es que Chávez se presentaba insistentemente como presunto negociador neutral interesado en la paz cuando no lo era. Peor aún, convocaba cínicamente a otros mandatarios de la región a cooperar con sus "esfuerzos", cuando, según distintas investigaciones, tenía toda suerte de conexiones íntimas con las FARC, a las que los hombres de su gobierno y sus fuerzas armadas proveían santuario, tránsito libre, documentación personal apócrifa y entrenamiento operativo, alternativas de financiamiento, posibilidades de beneficiarse con el narcotráfico, protección personal para sus dirigentes y posibilidades de comprar armas mediante contactos con proveedores extranjeros.

Tampoco quedan dudas acerca de los objetivos de su intenso quehacer político en la región, constantemente coordinado con la dictadura cubana, en abierta violación del principio de "no intervención" en los asuntos internos de otros Estados.

La lectura del trabajo comentado daña asimismo la imagen del actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuya primera campaña, de acuerdo con la documentación secuestrada a las FARC, habría recibido financiamiento de esa organización.

La obra, titulada Los Archivos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de Raúl Reyes, está prolijamente editada. Con rigurosidad académica y sorprendentes fotografías, sus 240 páginas cautivan de inmediato al lector. En la contratapa, un CD adjunto provee todos los textos crudos de la documentación secuestrada sobre los que la institución académica basó su labor.

La obra se basa ciertamente en el estudio de la documentación secuestrada por las fuerzas armadas colombianas en la llamada "Operación Fénix", en marzo de 2008.

Reyes tenía en su poder documentación que describía tres décadas completas de operaciones de las FARC. La autenticidad e integridad de esta documentación ha sido certificada sin reservas por Interpol. El trabajo analiza la evolución estratégica y la acción de las FARC y, con todo detalle, su intenso despliegue internacional, tanto en la región como en el resto del mundo. La vinculación con Chávez se remonta a 1992, cuando se produjo la asonada golpista de Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, antes de su acceso al poder. Ya en 1999 la relación de Venezuela con las FARC operaba sobre la base de un detallado "memorando de entendimiento" suscripto entre la administración de Chávez y las FARC. Desde entonces, la intimidad entre ambas partes ha sido casi constante.

Entre las denuncias más graves contenidas en la obra comentada hay dos verdaderamente alarmantes. El entrenamiento en técnicas de guerrilla urbana por parte de las FARC a las milicias venezolanas provenientes de los llamados Círculos Bolivarianos y, peor, la utilización de sicarios provistos por las FARC para realizar asesinatos de opositores a Chávez en el territorio de Venezuela.

Quizás por todo esto es que Chávez finge ahora una suerte de poco creíble cambio de rumbo en virtud del cual, pese a las airadas protestas de las FARC, acaba de extraditar a Colombia a uno de los dirigentes más buscados de la organización terrorista, Joaquín Pérez Becerra.

Quizás porque sabe que, con las comprobaciones sobre su relación con las FARC, se abren para él dos caminos sumamente complejos. Uno vinculado con su papel en posibilitar el narcotráfico y el lavado de dinero, ya transitado por el ex presidente de Panamá, Manuel Noriega. Y el otro relacionado con su ahora clara complicidad con los crímenes de guerra cometidos por las FARC contra civiles inocentes, que son ciertamente delitos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno que azota a Colombia desde hace más de tres décadas. No sería extraño que, por esto último, el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, lo tenga que investigar.

Los organismos regionales y los países de América Latina no pueden dejar de tener en cuenta el trabajo comentado, que deja totalmente al desnudo la tremenda falsedad y la duplicidad en el andar de Hugo Chávez, denunciando dónde está parado, más allá de las cortinas de humo. Lo revelado confirma, creemos, que el líder venezolano constituye una grave amenaza para la paz y seguridad de toda la región.

Frente a lo descripto, nuestro país debería tomar en cuenta por lo menos dos realidades. La primera confirma una vez más aquello de que la duplicidad y las manipulaciones tienen vida corta y que, al final, la verdad suele aflorar. La mendacidad ha imperado por demasiado tiempo también entre nosotros, como lo evidencia la larga convivencia de nuestra sociedad con episodios realmente escandalosos, como el del Indec. Es hora de corregir esa conducta. La segunda es que la estrecha relación que nuestro país ha mantenido durante la era kirchnerista con Venezuela, lejos de mejorar nuestra imagen exterior, la deteriora seriamente.

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El Día: Bolítica

Esta situación nos obligó a cambiar al Comandante de la Policía y esperamos con el nuevo comandante y su estado mayor mejorar y superar algunas irresponsabilidades de algunos oficiales".

Evo Morales
Presidente de Bolivia


Se dice que: El Presidente de Bolivia destituyó al jefe de la Policía acusado de apoyar una mafia que falsificaba documentos de vehículos robados, en lo que ha constituido un nuevo escándalo de corrupción en la cúpula de esa institución.


Seremos inflexibles en hacer cumplir de manera puntual la Ley 101, que tiene por objeto regular el régimen disciplinario de la Policía Nacional en resguardo de la dignidad de los funcionarios policiales".

Jorge Santiesteban

Nuevo Comandante Nacional de la Policía

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El Día: Ingratas coincidencias

El prestigioso periodista boliviano Harold Olmos presentó el miércoles su libro “Allá donde me sepulten nadie se arrodillará”, un recuento milimétrico y perfectamente documentado sobre el “caso Rózsa”. Este informe periodístico delata con lujo de detalles el plan que armó el régimen de Evo Morales para desestabilizar a la oposición política que había encontrado en Santa Cruz su punta de lanza. Durante la ceremonia de presentación del libro, realizada en el Club Social 24 de Septiembre, circuló entre la concurrencia el dato sobre la destitución del comandante nacional de la Policía, Ciro Farfán y la posesión del sustituto, el general Jorge Santiesteban. Este oficial era el jefe de inteligencia cuando se produjo la matanza del hotel Las Américas, donde fueron ejecutados Eduardo Rózsa Flores y otros dos extranjeros. Él condujo el operativo policial aquella fatídica madrugada en la que actuaron también varios agentes del Gobierno que más tarde fueron acusados de “plantar” pruebas, sobornar testigos y armar un gran complot contra la dirigencia cruceña. Santiesteban fue destituido meses después en castigo por la fuga del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Su premio no tardó en llegar.

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El Día: El bebé de Rosmery

Pido disculpas a Roman Polanski y su filme de horror demoníaco de 1968, “El bebé de Rosemary”, pero yo asocio el engendro étnico “yuracaré-mojeño” con el bebé de Rosmery Gutiérrez, mezcla de una y otra etnia, de nombre blancoide, oriunda de Puerto Villarroel, departamento de Cochabamba. El meollo es la pretensión del partido de gobierno de arrebatar un curul a la oposición en la Asamblea Legislativa del departamento de Santa Cruz.

Las implicaciones son un platillo que solo se puede digerir aderezado con una salsa picante de sardonia. Uno, ¿viene al caso que Yuracarés y mojeños hayan caminado juntos en la Marcha de los pueblos originarios del oriente boliviano por el Territorio y la Dignidad, en 1990? También marchaban Esse-Ejja, Tacanas, Chimanes, etc., sin que ello signifique que apareamientos entre ellos multipliquen las etnias o “nacionalidades” reconocidas en la Constitución de La Calancha.

Dos, nadie mejor que el lingüista Xavier Albó, autor de un sesudo estudio sobre las mil caras del quechua, para confluir en que si la lengua es un aspecto principal de la identidad étnica, el “yuracaré” es un lenguaje aislado según Loukotka, que nada tiene que ver con el grupo lingüístico Mojo de stock arawako. La Asamblea Legislativa cruceña reconoce a los mojeños como uno de sus pueblos originarios con derecho a curul, no a los Yuracaré-mojeño, ni a las combinaciones ad infinitum de nuevas “nacionalidades” híbridas. Tales engendros son sustento de que Bolivia es mayormente mestiza.    

 
Tres, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 consolidó el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), la frontera entre pueblos originarios de tierras bajas –Trinitarios (de origen mojeño), Yuquis y Yuracarés- y los cocaleros del Chapare. Puerto Villarroel es una población donde toman contacto “urbano” –y lo que ello implica en presencia estatal y servicios asistenciales- indígenas de tierras bajas y cocaleros chapareños. La frase “que los indígenas no nos hagan renegar” define la actitud de estos últimos, grupo privilegiado de arrimados dedicados al cultivo de la coca y cobijados en su jefe máximo, que también es Presidente de “todos” los bolivianos. Fue una amenaza proferida por un senador cocalero del partido de gobierno, contra los Trinitarios (de origen Mojeño), Yuqui y Yuracaré, que se oponen al desborde de la frontera de la coca al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) con la carretera “transcocaleira”. ¿Quizá la migración del pueblo Yuracaré hacia tierras cruceñas de mojeños tiene que ver con irse a “regiones de refugio” lejos de los cocaleros?

El trasfondo es una típica cachaña política del régimen de Evo Morales, dentro su campaña para anular a la oposición. No es cuestión solo de subyugar cambas autonomistas en una Media Luna opositora, que incluye a chapacos que poco comen masaco. Empezó con la invasión de Pando y el cautiverio sin sentencia ni presunción de inocencia de su gobernador. Prosiguió con el acoso judicial de mandos electos en Chuquisaca. En Cochabamba comprar vehículos nuevos y en Potosí adquirirlos usados neutralizaron opositores elegidos en democracia. Luego le tocó el turno al gobernador de Tarija, que se exilió en Paraguay. Miren lo que pasó al otrora leal aliado sin miedo en el departamento de La Paz. Hoy aplican banderillas sangrantes al torete beniano: ya tenía clavada una de cuarto millón de fianza y arraigo; ahora le chantaron otra de cincuenta mil y arresto domiciliario.

No es poca cosa lo que se juega. Tomar la fortaleza cruceña es lo único que falta en este adiós a la democracia representativa de equilibrio de poderes y alternancia presidencial. La meta es un Estado Plurinacional autocrático, con Poder Legislativo de levanta-manos, un Poder Judicial sumiso y estamentos electorales y constitucionales cooptados.

Para mí, la principal implicancia es que el fundamento mismo del régimen de Evo Morales –la tan mentada plurinacionalidad- está siendo minada desde adentro por el apetito político. Es clara demostración de que la cantonización de Bolivia mediante un engendro basado en 36 nacionalidades “originarias”, es subalterna a la autocracia política en ciernes, a la centralización que niega la autonomía regional, y a la hegemonía aimara-céntrica.   

Causan sorna los charlatanes de ferias pueblerinas, que sacan de una canasta a una inofensiva e infeliz boa, para reunir a bobalicones atraídos por los curalotodos que ofrecen. De cuando en cuando profieren la frase “¡no me pise la víbora!”, cuando la montonera se distrae del reptil. 

La multicolor boa es la tan mentada plurinacionalidad, hoy mellada desde el oficialismo. El blablá de los “pajpakus” evoca la retórica y la propaganda gubernamentales, incluidas la cizaña presidencial y la sabihondez vicepresidencial. Los incautos boquiabiertos son los bolivianos, tanto los cooptados con pegas en un sector público duplicado en cuatro años –casi 70.000 votos seguros para las próximas elecciones,  piensan los estrategas del gobierno- como los miles a los que la desilusión con el actual régimen ha entrado por la barriga, después que la chambonada del “gasolinerazo” abrió la puerta a la inflación y volteó su patuleca estantería de control de precios.

¿Cuajará el engendro de la nueva nacionalidad étnica en el escenario cruceño, donde el mestizaje ha sido respetado, si no incentivado? Si así fuera, ojalá que reconociendo a la mayoría mestiza del país.
 

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El Día: La desintegración de la Policía

Ciro Farfán ha sido destituido de la comandancia de la Policía Boliviana luego de un estruendoso caso de corrupción. Apenas estuvo en el cargo dos meses y ocho días. Farfán asumió ese cargo en medio de otro escándalo que tuvo como epicentro al general  René Sanabria. En esos días comenzaron a granear los hechos de policías y oficiales envueltos en bandas delincuenciales y el presidente Morales le encargó al nuevo jefe limpiar la institución en un plazo de 90 días. Farfán no sólo incumplió con la tarea encomendada, sino que prohibió a sus subordinados hablar de corrupción policial. La orden no impidió, sin embargo, que se filtre el dato sobre una camioneta con la placa falsificada de propiedad del uniformado.

Todos los cambios y nombramientos policiales efectuados durante la gestión de Evo Morales han estado rodeados de polémica. Ciro Farfán recibió en premio ese cargo por la salvaje represión que condujo en la localidad de Caranavi, donde fueron ejecutados dos dirigentes campesinos que protestaban contra el Gobierno. Nadie que sabe que su puesto está basado en la docilidad, la connivencia y la lealtad al régimen político, tomará en serio una responsabilidad institucional de luchar contra la corrupción. Y la prueba es que Farfán no sólo se metió en el lodo confiado en la impunidad, sino que la podredumbre parece haberse incrementado en su corta gestión, tal como lo demuestra la existencia de una red delincuencial de clonación de placas de automóviles enquistada en Diprove.

¿Quién sustituye a Farfán? Se llama Jorge Santiesteban, el oficial que condujo la matanza del hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 y que actuó subordinado a agentes civiles del Gobierno del MAS, que usaron a la Policía para ejecutar un macabro plan de criminalización de la dirigencia cívica y empresarial de Santa Cruz. ¿Qué moral puede tener el régimen de Evo Morales para exigirle rectitud y apego a las leyes al nuevo comandante? ¿Con qué autoridad puede el flamante jefe exigirle limpieza a los policías y oficiales a su cargo? Es obvio que dentro de la institución puede estar anidando el malestar por esta burda manipulación de los ascensos y las designaciones y por otro lado, un sentimiento de que el camino correcto es la sumisión absoluta al “proceso de cambio” y en función de eso, aprovechar lo mejor posible las ventajas de la militancia. Ese fue el razonamiento que llevó al general Sanabria a convertirse en narcotraficante y seguramente hoy seguiría enviando contenedores con droga a Chile, de no haber sido por la DEA que se le cruzó en el camino.

Mientras que la imagen de la Policía Boliviana se desintegra en este mar de corrupción, el régimen de Evo Morales se cuida las espaldas, pese a que es precisamente el responsable de esa descomposición. Aprovechándose de esta coyuntura, el Gobierno ha decidido quitarle a la Policía la responsabilidad en el otorgamiento de cédulas de identidad y licencias de conducir, lo que podría incrementar el malestar y la división dentro de la entidad. La medida, que está dirigida lógicamente a incrementar la manipulación de los registros electorales, es absolutamente irreflexiva y obviamente, muy lejos de la supuesta lucha contra la corrupción que tanto predica el Estado Plurinacional.

Nadie que sabe que su puesto está basado en la docilidad y lealtad al régimen político, tomará en serio la responsabilidad de luchar contra la corrupción. Y la prueba es que Farfán no sólo se metió en el lodo confiado en la impunidad, sino que la podredumbre parece haberse incrementado en su corta gestión, con la red delincuencial de clonación de placas de automóviles.

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