La diputada opositora María Cristina Viscarra (UN) advirtió hoy sobre las consecuencias que tendrá la aprobación de la Ley de Revolución Productiva, actualmente en tratamiento en el Congreso, señalando que una mayor intervención estatal podría acabar generando más desabastecimiento alimentario.
“Bajo la apariencia de ayudar a los productores lo que esta ley hace es abrirle el paso al intervencionismo estatal en el agro”, indicó.
La parlamentaria explicó que esta es “Una receta que el gobierno ya aplicó en menor medida en los últimos años con los cupos de exportación y la inseguridad jurídica creada por la ´reconducción comunitaria´ de la reforma agraria, y que sólo generó una reducción del 40% en la producción alimentaria, provocando desabastecimiento”.
“En cambio, en el mismo periodo la agricultura del vecino Paraguay se expandió al punto de hacer crecer el PBI del país en un 15%. Esto se logró aplicando políticas diametralmente opuestas a las de la ´Revolución Agraria` de Evo Morales. En vez de intervencionismo estatal, respeto al trabajo del sector privado y seguridad jurídica”, dijo.
María Cristina Viscarra recalcó que “El gobierno boliviano ya fracasó con su intervencionismo estatal en el agro, generando contracción alimentaria y desabastecimiento, y ahora quiere profundizar esa receta perdedora. La experiencia venezolana también demuestra que la intervención estatal, lejos de ampliar la producción agropecuaria, sólo logra destruirla.
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“La Ley de Revolución Productiva va a multiplicar las empresas estatales dedicadas al agro. Habrá varias ´Emapas`, que controlarán desde la exportación hasta el acopio de semillas y fertilizantes. Ya hemos visto los pobres resultados de las empresas estatales creadas por este gobierno en otros ámbitos (Papelbol, Cartonbol, Lacteosbol, Azucarbol, etc.), que apenas producen pero que sí generan déficit. No hay ninguna razón para creer que va a ser distinto con las empresas agro-estatales”, subrayó.
La diputada agregó que “Tampoco es nada alentadora la experiencia del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), cuyos créditos entregados a supuestas asociaciones de productores encabezadas por dirigentes rurales del MAS no están siendo pagados”.
“¿Se convertirá esta red de empresas agro-estatales en una nueva rama del árbol de la corrupción? ¿Se busca apoyar a los productores o en realidad se pretende ampliar la burocracia?”, se preguntó.
Críticas a la postura de las organizaciones agropecuarias
Viscarra lamentó que las organizaciones agropecuarias cruceñas “No se hayan pronunciado sobre la discriminación que se está acentuando entre los agricultores pequeños, medianos o grandes respecto a las comunidades indígenas-originarias-campesinas, en el derecho de compra y venta de semillas y en el almacenamiento de productos agrícolas”.
“Tampoco se han pronunciado sobre la desventaja cuantitativa del agro cruceño en los Consejos Económicos Productivos nacionales y departamentales, ya que sólo se permitirá un delegado de estos sectores contra un número indeterminado de representantes por las organizaciones indígenas-originarias-campesinas”, dijo la parlamentaria.
“Lamento muchísimo que las instituciones agropecuarias de nuestro departamento no se hayan preocupado de coordinar con los diputados regionales las observaciones al proyecto. Si les salen mal sus cálculos personalistas, que no vengan a llorar criticando la labor parlamentaria”, agregó.