El fantasma ha vuelto. El responsable de invocarlo ha sido el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en declaraciones brindadas durante su periplo por la Madre Patria, o por las entrañas del monstruo colonizador según la versión plurinacional de la cosa.
Ha dicho García Linera que la legalización de autos “chutos” sería insostenible para el fisco, por lo cual no habría más remedio que proceder al alza de precios internos de combustibles.
En el mismo sentido apunta la postura asumida por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que recomienda un ajuste gradual de los precios de combustibles, así como la anunciada flexibilización que permitiría a las empresas petroleras comercializar líquidos a precio internacional de manera directa en el mercado boliviano.
La consecuencia de esto último es fácilmente previsible: aunque nominalmente los precios sigan siendo los correspondientes a la fase de subsidio, los que realmente regirían en el mercado serían los internacionales, ya que se produciría un “desabastecimiento” en la cadena subsidiada y sólo sería accesible el combustible de precio global.
En el fondo del asunto hay una pugna entre dos sectores del MAS: uno estrechamente ligado al comercio extralegal de movilidades (representado por un par de conocidos senadores oficialistas) y otro encabezado por una muy alta autoridad del Estado (no negamos ni afirmamos que sea mencionada en esta misma columna), que en los últimos tiempos habría superado la austeridad revolucionaria pasando a un próspero estado económico, que incluye la sociedad con una de las más importantes empresas de importación de vehículos asiáticos…
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