El Índice del Estado de Derecho 2011, de la organización The World Justice Project (WJP), alertó sobre problemas de corrupción y responsabilidad gubernamental. Venezuela es el peor país de la región y Chile, el mejor.
El Índice del Estado de Derecho analiza los aciertos, errores y deficiencias de 66 países, 11 de ellos de América Latina, a partir de ocho indicadores que tiene en cuenta la organización WJP para evaluar el desempeño de los gobiernos.
El informe 2011 señala que Latinoamérica y el Caribe tienen "marcados contrastes" entre los factores estudiados, como son la corrupción, los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la seguridad, entre otros. Añade que, pese a los recientes movimientos hacia la "apertura" y las "libertades políticas", las instituciones políticas "continúan frágiles".
El reporte se hace eco de las tasas de criminalidad de la región -las más altas del mundo- y advierte que la percepción de impunidad "se mantiene extendida" en todos los países latinoamericanos.
Venezuela, según el informe, es el "peor actor del mundo" en materia de responsabilidad y controles efectivos sobre el poder ejecutivo. La corrupción, el crimen y la violencia son "comunes" en ese país, del que se señala la falta de transparencia de las instituciones y un sistema de justicia "ineficaz" y "sujeto a las influencias políticas".
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La nación sudamericana que gobierna Hugo Chávez también presenta "serios defectos" en la garantía a los derechos humanos, en particular, la libertad de opinión y expresión y el derecho a la privacidad. No obstante, reconoce que tiene buenos resultados en materia de libertad religiosa, acceso a tribunales civiles y protección de derechos laborales.
La contraparte de Venezuela es Chile, que se sitúa a la cabeza en todos los indicadores y se coloca entre los 20 países que mejores calificaciones obtienen en cinco de las categorías.
Brasil es el segundo país latinoamericano con mejores resultados y se posiciona como el mejor entre las naciones del grupo BRIC de grandes economías emergentes que incluye también a Rusia, India y China. Sin embargo, en el área de orden y seguridad, el informe reporta "abusos policiales" y las "duras" condiciones de los correccionales en el país suramericano.
México, que sería el tercer país, tiene un resultado "mixto". Si bien reconocen su "larga trayectoria" constitucional, la libertad de expresión y religiosa, la corrupción se presenta como un "serio problema" en todo el gobierno, así como el "deficiente" sistema judicial, que lo sitúa en el puesto 63 en esta materia.
En cuanto a Colombia, es un país de "grandes contrastes". Por un lado, es considerado como uno de los "más abiertos" en cuanto al acceso a la información oficial, la participación, la responsabilidad gubernamental e independencia judicial. Pero en el área de orden y seguridad, obtiene el puesto 62 por las "altas tasas de crimen". También denuncia abusos policiales, violaciones de los derechos humanos y la situación en las cárceles.
Perú responde bien a los controles del Poder Ejecutivo y en la protección de los derechos humanos, incluidos la libertad de religión, opinión y expresión. Sin embargo, el sistema de justicia civil es "muy lento", "caro" e "inaccesible" para algunos grupos. La justicia criminal es otra de sus "debilidades", que se explican por la "corrupción", las deficiencias en las investigaciones y el sistema de decisiones.
Infobae – Buenos Aires